El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Francisco Javier Estupiñán Bravo, exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por su participación en irregularidades relacionadas con un contrato de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para el suministro de carrotanques destinados a La Guajira.
Tras revisar los términos del allanamiento a cargos, el Tribunal ajustó la pena y determinó que Estupiñán Bravo deberá cumplir nueve años, 11 meses y 27 días de prisión por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, e interés indebido en la celebración de contratos.
Según la investigación adelantada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Estupiñán Bravo habría intervenido en el direccionamiento y la adjudicación irregular de una orden de proveeduría a favor de Yapurutú.
El contrato tenía un valor de 29.000 millones de pesos y contemplaba el suministro de 40 carrotanques destinados a atender necesidades de abastecimiento de agua en La Guajira.
La Fiscalía estableció que, durante el proceso contractual, el hoy condenado presentó una certificación en la que se garantizaba la disponibilidad y entrega inmediata de los vehículos. Sin embargo, esa información no correspondía con la realidad. Para ese momento, los carrotanques todavía se encontraban en etapa de ensamblaje.
Pese a esta situación, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, Estupiñán Bravo y otros involucrados tramitaron desembolsos por 25.375 millones de pesos.
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La investigación también identificó sobrecostos por 11.114 millones de pesos en el proceso contractual.
De acuerdo con la Fiscalía, Estupiñán Bravo y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de 4.330 millones de pesos, mientras que otros 6.784 millones de pesos habrían sido destinados para favorecer económicamente a terceros.
Además de la pena de prisión, el Tribunal impuso al procesado una inhabilidad de 119,9 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
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También deberá pagar dos multas: una de 5.000 millones de pesos, correspondiente a los recursos apropiados, y otra equivalente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En paralelo a la condena, un juez de control de garantías de Bogotá avaló un principio de oportunidad celebrado entre Estupiñán Bravo y la Fiscalía General de la Nación. En virtud de este acuerdo, el condenado se comprometió a entregar información relevante sobre otros posibles participantes en los hechos de corrupción investigados.
También deberá contribuir a la reparación económica de los perjuicios ocasionados y construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades indígenas reconocidas como víctimas.
A cambio de esta colaboración, la Fiscalía suspendió parcialmente la acción penal en su contra por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y falsedad en documento privado.