La reciente formalización del Decreto Ley 4635 de 2011 marca un punto de inflexión en el acceso a medidas integrales de atención, asistencia y reparación para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Estas medidas fueron diseñadas con un enfoque diferencial que reconoce sus particularidades culturales, territoriales y colectivas.
El decreto es el resultado de un prolongado proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades, en el que se recogieron múltiples voces, preocupaciones y propuestas. Durante este camino, se llevaron a cabo decenas de encuentros territoriales que permitieron construir de manera conjunta la reglamentación necesaria para hacer efectivo el decreto.
Para algunos líderes como Arnulfo Cardosi Rubio, delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por el departamento de Bolívar, este es un logro histórico: “Hoy las comunidades negras logran recuperar su dignidad, el respeto y, sobre todo, la posibilidad de volver al territorio con dignidad y las garantías que brinda este decreto.”
Desde la La Unidad para las Víctimas se ha subrayado el esfuerzo importante que ha significado llegar a este avance. Por su parte, la directora general de la Unidad para las Víctimas, Alix Aguilar, destacó la importancia de este logro y el proceso que lo hizo posible: “Fue más de un año de trabajo, 34 asambleas territoriales. Este proceso permitió concertar la reglamentación y garantizar que las víctimas accedan a sus derechos en atención, asistencia y reparación con enfoque diferencial étnico. Ahora el reto es implementar esta reglamentación y hacerla realidad en los territorios”.
Tras años de lucha por el reconocimiento de sus derechos y particularidades, los beneficiados ven en este avance una oportunidad para que el Estado implemente acciones que respondan verdaderamente a sus realidades. La expectativa es que, por fin, se adopte un enfoque diferenciado que tenga en cuenta sus contextos históricos y sociales.
La formalización de este decreto se suma a otros avances recientes en materia de reparación integral para grupos étnicos en el país. En el último año, el Gobierno actual ha impulsado medidas similares dirigidas a otros pueblos, lo que evidencia un esfuerzo más amplio por saldar deudas históricas con comunidades afectadas por el conflicto armado.
Este conjunto de acciones refleja una apuesta por fortalecer la justicia étnica y avanzar en la construcción de paz. Además de reconocer la diversidad del país y garantizar los derechos de quienes han sufrido de manera desproporcionada las consecuencias de la violencia, este se presenta como un paso fundamental hacia un país más equitativo.
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