El Tribunal Superior de Medellín rechazó por improcedente una tutela que buscaba dejar sin efectos la resolución del Consejo Nacional Electoral que asignó las dos curules de la Circunscripción Especial de las Comunidades Afrodescendientes para el periodo 2026-2030.La demanda fue presentada por Anderson Becerra García, quien sostenía que la distribución de los escaños no se ajustó a las reglas establecidas en el artículo 263 de la Constitución y que, por esa razón, se vulneraron derechos como la participación política, el debido proceso y la representación efectiva de las comunidades afrodescendientes.Para Becerra, ninguna organización alcanzó el cuociente electoral, pero el Consejo Comunitario El Naranjo sí superó el umbral del 30 % de ese cuociente, por lo que era la única lista habilitada para participar en la distribución de las curules mediante el sistema de mayores residuos. Por eso, para él, no existía fundamento constitucional para adjudicar la segunda curul al Partido Demócrata Colombiano.Ante esto, el Consejo Nacional Electoral y uno de los representantes elegidos respondieron que la decisión fue adoptada dentro de sus competencias y que existía un mecanismo judicial específico para discutir la legalidad del acto administrativo.Fue por eso que el Tribunal explicó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario, por lo que no puede utilizarse para reemplazar los procesos ordinarios previstos por la ley. Las diferencias relacionadas con actos administrativos de carácter electoral, como la declaratoria de una elección o la asignación de curules, deben tramitarse mediante el medio de control de nulidad electoral ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mecanismo que incluso permite solicitar medidas cautelares, como una suspensión provisional.Por otra parte, en la decisión se determinó que Becerra García no acreditó haber participado como candidato, representar legalmente a alguna de las listas inscritas o ser destinatario directo de la resolución del CNE. Aunque afirmó actuar en defensa de la comunidad afrodescendiente, no demostró contar con representación jurídica para hacerlo en nombre de toda esa población, la cual ya cuenta con representación en la Cámara de Representantes mediante las dos curules adjudicadas.
La reciente formalización del Decreto Ley 4635 de 2011 marca un punto de inflexión en el acceso a medidas integrales de atención, asistencia y reparación para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Estas medidas fueron diseñadas con un enfoque diferencial que reconoce sus particularidades culturales, territoriales y colectivas.El decreto es el resultado de un prolongado proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades, en el que se recogieron múltiples voces, preocupaciones y propuestas. Durante este camino, se llevaron a cabo decenas de encuentros territoriales que permitieron construir de manera conjunta la reglamentación necesaria para hacer efectivo el decreto.Para algunos líderes como Arnulfo Cardosi Rubio, delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por el departamento de Bolívar, este es un logro histórico: “Hoy las comunidades negras logran recuperar su dignidad, el respeto y, sobre todo, la posibilidad de volver al territorio con dignidad y las garantías que brinda este decreto.”Desde la La Unidad para las Víctimas se ha subrayado el esfuerzo importante que ha significado llegar a este avance. Por su parte, la directora general de la Unidad para las Víctimas, Alix Aguilar, destacó la importancia de este logro y el proceso que lo hizo posible: “Fue más de un año de trabajo, 34 asambleas territoriales. Este proceso permitió concertar la reglamentación y garantizar que las víctimas accedan a sus derechos en atención, asistencia y reparación con enfoque diferencial étnico. Ahora el reto es implementar esta reglamentación y hacerla realidad en los territorios”.Tras años de lucha por el reconocimiento de sus derechos y particularidades, los beneficiados ven en este avance una oportunidad para que el Estado implemente acciones que respondan verdaderamente a sus realidades. La expectativa es que, por fin, se adopte un enfoque diferenciado que tenga en cuenta sus contextos históricos y sociales.La formalización de este decreto se suma a otros avances recientes en materia de reparación integral para grupos étnicos en el país. En el último año, el Gobierno actual ha impulsado medidas similares dirigidas a otros pueblos, lo que evidencia un esfuerzo más amplio por saldar deudas históricas con comunidades afectadas por el conflicto armado.Este conjunto de acciones refleja una apuesta por fortalecer la justicia étnica y avanzar en la construcción de paz. Además de reconocer la diversidad del país y garantizar los derechos de quienes han sufrido de manera desproporcionada las consecuencias de la violencia, este se presenta como un paso fundamental hacia un país más equitativo.
A pesar de que el representante Miguel Polo Polo, quien ocupa la curul afro, solicitó a la autoridad electoral no otorgar reconocimiento jurídico y político al Partido Ecologista Colombiano (PEC), el Consejo Nacional Electoral (CNE), le otorgó reconoció personería jurídica a la colectividad, que en un comunicado anunció que se declarará partido de Gobierno. La decisión pone en un difícil escenario al congresista, que ha protagonizado agrios desencuentros con comunidades afros del país que reclaman su salida ya que aseguran que no les representa. Con ponencia de la magistrada Maritza Martínez, la sala plena del Consejo Nacional Electoral decidió reconocer personería jurídica al (PEC), organización derivada del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo - ELEGUA. Dicha organización fue el que otorgó el aval al ahora representante a la Cámara por la circunscripción afrodescendiente. La autoridad electoral también negó por improcedente la solicitud que hizo el representante Polo Polo de abstenerse de otorgar la personería jurídica por cuenta de que no se le hizo partícipe de las asambleas y encuentros constitutivos de la organización.
El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su Gobierno trabajará de manera articulada con la Alcaldía de Bogotá para sacar adelante los principales proyectos de la capital, entre ellos la segunda línea del metro y la proyección de una cuarta línea.“Bogotá necesita que trabajemos juntos, desde la alcaldía mayor, las alcaldías locales y el Gobierno nacional, para articular como debe ser esos grandes proyectos que sin duda alguna implican más progreso, más desarrollo y más futuro para la ciudad”, afirmó.En materia de transporte, el presidente señaló que una de las prioridades será garantizar que la primera línea del metro continúe avanzando hasta su terminación. Al mismo tiempo, planteó una hoja de ruta para ampliar la red de transporte masivo de la capital. “Vamos a trabajar conjuntamente para sacar adelante la línea 2, avanzar en la factibilidad de la línea 3 y comenzar a soñar y a proyectar, querido alcalde, la línea 4”, sostuvo.El jefe de Estado también incluyó dentro de la agenda conjunta otros proyectos considerados estratégicos para Bogotá y la región, como el Regiotram y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas. Sobre el primero, señaló que será fundamental para mejorar la conexión entre Bogotá y Cundinamarca, mientras que destacó la importancia de Canoas para avanzar en la recuperación del río Bogotá.“Cuando exista una diferencia técnica, la discutiremos técnicamente como corresponde, sin ideología. Cuando haya un problema financiero, buscaremos alternativas. Y cuando haya que tomar decisiones, las vamos a tomar conjuntamente por el bien de la ciudad”, afirmó.Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán agradeció la disposición del Gobierno para trabajar con Bogotá y destacó que esta coordinación puede permitir destrabar proyectos que permanecían pendientes. “Eso es lo que Bogotá necesita, eso es lo que los bogotanos estamos esperando, y están esperando de un trabajo coordinado entre la nación y el distrito”, manifestó.Galán también resaltó la importancia de contar con una persona encargada de facilitar la articulación entre el Distrito y el Gobierno, pues este martes también se oficializó el nombramiento de Clara Lucía Sandoval como gerente para Bogotá. El alcalde agregó que mantendrá la interlocución directa con el presidente y los ministros para avanzar en la agenda de infraestructura, vivienda, ambiente y desarrollo social.De La Espriella, además, planteó que la relación entre la Nación y el Distrito debe estar enfocada en resultados y no únicamente en reuniones. “No quiero reuniones que terminen en fotos o en un documento que después nadie vuelva a consultar. No quiero foros y reuniones interminables, quiero responsables, cronogramas, seguimientos y, por supuesto, lo que más me gusta, resultados”, concluyó.
La educación se convirtió en una de las principales preocupaciones tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. La emergencia dejó miles de estudiantes sin espacios adecuados para recibir clases, especialmente en el departamento del Chocó.De acuerdo con informes del Ministerio de Educación Nacional, con corte al 18 de agosto, entre 400.000 y 500.000 estudiantes resultaron afectados directamente en diferentes regiones del país. A esto se suma el deterioro de la infraestructura escolar: cerca de 2.000 sedes educativas presentan algún tipo de daño, mientras que el balance inicial consolidado por las autoridades registra 1.631 establecimientos afectados en 19 departamentos.Chocó, Valle del Cauca, Tolima y Risaralda aparecen entre los territorios con mayores afectaciones, además de ciudades como Cali y Pereira. Ante este panorama, el desafío no consiste únicamente en reconstruir los colegios, sino en encontrar soluciones que permitan que los niños y jóvenes regresen a estudiar mientras avanzan las obras definitivas.Shakira anunció inversión de un millón de dólares para reconstruir escuelasLa situación también ha llamado la atención de organizaciones privadas, fundaciones y figuras públicas. Una de las voces que se ha pronunciado sobre la emergencia es la de la cantante colombiana Shakira, quien llegó hasta el departamento del Chocó para anunciar una inversión de un millón de dólares destinada a apoyar la reconstrucción de escuelas, en articulación con autoridades locales y el Gobierno nacional.Durante su visita, la artista puso el foco en el impacto que la interrupción de las clases puede tener sobre los menores afectados.“Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro”.La preocupación radica en que la reconstrucción de la infraestructura destruida podría tomar años, mientras que los estudiantes necesitan una respuesta mucho más inmediata. Expertos y organizaciones que trabajan en la emergencia han planteado que el objetivo debería ser lograr que cientos de miles de alumnos puedan regresar a espacios educativos seguros en cuestión de semanas y no de años.Megaulas: la propuesta para que los estudiantes regresen a clasesUna de las alternativas planteadas para enfrentar esta emergencia es la implementación de las denominadas Megaulas, una propuesta presentada por Alejandro de Zubiría, director de la Fundación Social Alberto Merani.Se trata de estructuras geodésicas de gran formato diseñadas para funcionar como espacios educativos abiertos. Según la propuesta, cada una tendría capacidad para albergar simultáneamente a cerca de 250 estudiantes y podría instalarse en zonas donde exista una alta concentración de alumnos que hayan perdido sus aulas de manera temporal o definitiva.La iniciativa busca responder a una de las principales dificultades después de un desastre natural: los tiempos de construcción. Mientras la reconstrucción de un colegio convencional puede tardar entre tres y cinco años, debido a procesos de licitación, diseños, contratación y ejecución de las obras civiles, el sistema de componentes estandarizados de las Megaulas permitiría realizar su ensamblaje en cuestión de semanas.El objetivo, por tanto, sería separar la atención de la emergencia educativa de los cronogramas necesarios para reconstruir de manera permanente las instituciones.
La Red de Veedurías Ciudadanas solicitó a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango; a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y al presidente Abelardo De La Espriella suspender y revisar de manera preventiva, antes de su eventual adjudicación, la convocatoria pública ST1-2026, relacionada con la construcción de una nueva subestación eléctrica en Lorica, Córdoba.La solicitud plantea que el proceso sea revisado con la participación de los organismos de control antes de que se adopte una decisión sobre su adjudicación. Según la información entregada, la convocatoria fue promovida durante el gobierno saliente y está relacionada con la gestión del exministro de Minas y Energía Edwin Palma y de la exgerente Cristina Portocarrero.La petición se conoce después de que el abogado Pablo Bustos presentara una denuncia ante la Fiscalía contra los exfuncionarios por presuntos sobrecostos que, de acuerdo con el señalamiento de la Red de Veedurías, alcanzarían los $2 billones. La denuncia también cuestiona que el proceso cuente con un único proponente.En paralelo, la Contraloría General de la República solicitó información a la UPME sobre la convocatoria ST1-2026. El requerimiento fue dirigido a la entidad y establece un plazo de tres días para entregar la documentación solicitada, con la advertencia correspondiente frente al cumplimiento del requerimiento.Entre los documentos solicitados por el organismo de control se encuentran los relacionados con el proceso de selección, las especificaciones técnicas, el acuerdo de confidencialidad, el contrato de fiducia y las respuestas entregadas a las observaciones formuladas por los inversionistas, además de otros elementos relacionados con la convocatoria.
A pocos días del cierre del mercado de fichajes de verano, el nombre de Richard Ríos vuelve a tomar fuerza en Europa. El mediocampista colombiano habría entrado en el radar de la Roma, que, según medios italianos y portugueses, estaría preparando una oferta formal para intentar sacarlo del Benfica de Portugal.“Un rumor sensacional desde Portugal. Según informa CNN Portugal, en las últimas horas, el director deportivo de la Roma, D'Amico, habría contactado al entorno de Richard Ríos para llegar a un acuerdo económico sobre su contrato y también habría enviado una oferta oficial al Benfica”, señaló el medio Gazzetta al referirse al posible fichaje.Sin embargo, la negociación dependería de otros movimientos en el mercado. La llegada del colombiano a la Roma estaría sujeta a la salida de El Aynaoui, quien es pretendido por dos clubes de Arabia Saudita. Además, el centrocampista del Brighton, Ayari, también habría estado entre las opciones que manejaba el conjunto italiano en las últimas horas.El interés de la Roma por Ríos no resulta casualidad. Aunque su rendimiento durante su primera temporada en Europa no alcanzó el nivel que mostró en otros momentos de su carrera, el colombiano mantiene un importante reconocimiento internacional gracias a sus actuaciones con la Selección Colombia y a lo que demostró durante su etapa en Palmeiras, rendimiento que finalmente le abrió las puertas del fútbol europeo.En su primera temporada con el Benfica, Richard Ríos disputó 25 partidos y marcó ocho goles. Son cifras destacadas para un mediocampista y que ayudan a explicar por qué su nombre continúa despertando interés entre clubes importantes del continente.Ahora, la Roma aparece como uno de los posibles destinos para el colombiano. Su perfil físico, capacidad para recorrer el campo y experiencia internacional podrían encajar en el fútbol italiano y, especialmente, en un equipo que también busca competir al máximo nivel europeo.
El Gobierno nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y las Fuerzas Militares, avanzan en la evaluación de una estrategia de reclusión especial marítima de alta seguridad, que contempla la posibilidad de utilizar un buque cárcel para el aislamiento de cabecillas de organizaciones criminales.La medida fue planteada en medio de las decisiones adoptadas para reforzar la seguridad y el control penitenciario en el Atlántico. Durante un Consejo de Seguridad realizado en la región se definieron acciones para fortalecer la seguridad, la convivencia y el orden público, entre ellas la implementación de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS).Sobre la iniciativa Busca articular las capacidades penitenciarias del Inpec con las de la Armada de Colombia. Dentro de este esquema se evalúa la instalación de un buque destinado a la reclusión y aislamiento de cabecillas, como parte de las medidas para impedir que personas privadas de la libertad mantengan comunicación y vínculos con estructuras criminales que continúan operando fuera de los establecimientos penitenciarios.La estrategia tiene como antecedente el uso de este tipo de mecanismo para la reclusión de personas consideradas de alta peligrosidad. Un método utilizado en el pasado en casos como el de Diego Fernando Montoya Sánchez, alias ‘Don Diego’.La discusión sobre esta alternativa se conoce en paralelo con nuevos traslados de personas privadas de la libertad.El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que, por orden directa suya, el Inpec ejecuta el traslado de 20 personas que permanecían recluidas en Barranquilla, diez estaban en estaciones de Policía y otras diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal.De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, estas personas son trasladadas hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá bajo medidas de seguridad con apoyo de la Fuerza Pública. El objetivo es evitar posibles fugas, rescates o atentados durante los desplazamientos.Una vez los internos lleguen a Bogotá, durante los siguientes 15 días serán distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec.En paralelo, dentro de las acciones anunciadas en el Atlántico también se contempla reforzar el control sobre las comunicaciones ilícitas desde los establecimientos penitenciarios. Para ello, se plantea trasladar a la Policía Nacional la operación de los sistemas inhibidores de señal, con participación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de los operadores de telefonía móvil.
