Amnistía Internacional presenta este martes en el Teatro Colón de Bogotá, el informe “Transformar los dolores en derechos: Riesgos, amenazas y ataques a las mujeres buscadoras en Colombia”, que documenta la realidad que viven las mujeres que dedican su vida a buscar a las víctimas de desaparición forzada en Colombia, y la importancia de que la sociedad las reconozca y las autoridades garanticen sus derechos, ante los graves obstáculos que enfrentan al exigir verdad y justicia.En diálogo con Mañanas Blu, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, habló sobre lo que sería el informe y destacó por qué resulta ser un día crucial en materia de derechos humanos. Asegura que el principal avance que hay hoy y uno de los elementos fundamentales del informe es la aprobación de la Ley de Mujeres buscadoras, que se aprobó hace unos meses en Colombia. "Esa ley, a nuestro juicio, avanza en la dirección correcta, establece protecciones de derechos tanto para su labor de búsqueda como sus derechos económicos y sociales. También para impedir que los ataques de las que ellas son víctimas queden en la impunidad. Pero pasa todavía que es una ley muy reciente y que la implementación de la ley es lo que va a ser fundamental para ver si realmente ayuda y protege a las mujeres buscadoras de la manera que en el papel dice que lo va a hacer", señaló. El fenómeno de mujeres buscadoras en Colombia es alarmante. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, se estima que alrededor de 210,000 personas están desaparecidas en Colombia, y muchas de ellas son buscadas por sus madres, hermanas e hijas. El informe no solo busca visibilizar esta problemática, sino también ofrecer un marco legal que ayude a proteger a estas mujeres y a restablecer sus derechos. "Es importante que se reconozca la labor de búsqueda, ya que no solo se trata de encontrar a un ser querido, sino de buscar justicia y reparación", afirmó Ana Piquer. La realidad de las madres buscadorasA menudo, estas mujeres son vistas como excesivas o exageradas en sus demandas por parte de la sociedad, lo que expone una clara misoginia en la narración. La falta de reconocimiento de su papel como defensoras de derechos humanos complica aún más su situación.
En entrevista con El Radar de Blu Radio, Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hizo un llamado de atención sobre los desafíos que enfrenta este tribunal para cumplir con su mandato dentro de los tiempos establecidos por el acuerdo de paz. Ramelli advirtió que, de no lograrse procesar todos los casos, estos serán remitidos a la justicia ordinaria, lo que podría generar complicaciones jurídicas tanto para las víctimas como para los comparecientes.“Estamos haciendo todo lo posible, pero el tiempo es limitado. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”, explicó Ramelli, refiriéndose al riesgo latente de que algunos casos queden fuera del alcance de la JEP.Según Ramelli, la JEP tiene 10 años para investigar y cinco adicionales para juzgar. Sin embargo, aclaró que el tiempo destinado a la investigación ya se está agotando. “Llevamos seis años y diez meses; no queda mucho para investigar. Esto no significa que tengamos quince años para cada tarea. El tiempo se divide, y estamos en una carrera contrarreloj”, afirmó.El presidente de la JEP también señaló que el tribunal ya está procesando los casos más avanzados, como el de secuestro, que se encuentra en la etapa final antes de las sanciones. Sin embargo, los procesos masivos, que involucran miles de víctimas y comparecientes, requieren recursos y tiempo que la jurisdicción no siempre tiene.Ramelli también advirtió que el traslado de casos a la justicia ordinaria no solo afectaría el acceso a justicia para las víctimas, sino también la situación jurídica de los comparecientes. “En la justicia ordinaria las penas no son restaurativas, sino privativas de la libertad. Por eso es crucial que aprovechen la oportunidad de la JEP”, aseguró.La JEP enfrenta un contexto de presiones políticas y sociales, pero sigue comprometida con cumplir su labor. "Hacemos lo humanamente posible con los recursos y el tiempo que tenemos, pero hay un límite", concluyó Ramelli.
El Gobierno Nacional designó al psicólogo y defensor de derechos humanos, Yesid Triana Castillo, como nuevo director de la Unidad para las Víctimas en Santander.En la hoja de vida de Triana Castillo se destaca su trabajo como secretario de Talento Humano de la Alcaldía de Barrancabermeja, en el gobierno de Alfonso Eljach. Así como su paso como coordinador psicosocial en la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS.El psicólogo Yesid Triana fue coordinador del Centro Regional de Atención a Víctimas – CRAV, en la Alcaldía de Barrancabermeja, Santander.“En 81 municipios de Santander tiene atención y orientación directa de la Unidad para las Víctimas y más de las 250.00 víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas han recibido una o varias medidas de reparación. Por ejemplo, el trabajo que se viene realizando en reparación y justicia a las víctimas del corregimiento Paujil de Matanza, y de Riachuelo, Charalá, en reparación colectiva en Santander”, señaló Yesid Triana, nuevo director de la Unidad de Atención de Víctimas en Santander.El funcionario dijo que la Unidad para las Víctimas entregó en octubre 115 nuevas indemnizaciones por un valor total de 1.046 millones de pesos en Santander, lo que se suma a los 51.000 millones de pesos en estos dos años del gobierno de Petro en el país.Yesid Triana, es psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derechos Humanos y magíster en Administración Pública de la ESAP.
El fin de semana se desarrolló la operación Perseo en el corregimiento de El Plateado, departamento del Cauca. En esa zona había presencia de las disidencias de las FARC al mando de alias 'Iván Mordisco'.Ese grupo y otros que tienen presencia en la zona se han enfrentado en los últimos días, y esta situación llevó al desplazamiento de al menos 1.200 personas a las cuales la Unidad de Víctimas comenzó a entregarles ayuda humanitarias."Desde el inicio de esta emergencia derivada del conflicto armado en esta zona conocida como el Cañón del Micay, la Unidad para las Víctimas activó la ruta de atención, que incluyó la entrega de kits de alimentos y aseo para atender la subsistencia mínima de más de 1.200 personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado tipo disperso", señaló la Unidad de Víctimas.La entidad también anunció una jornada de atención e indemnizaciones que se va a realizar en esa zona del país el próximo 22 de octubre."El próximo 22 de octubre, la Unidad para las Víctimas adelantará en el municipio de Argelia una jornada de atención, con la entrega de más ayudas humanitarias e indemnizaciones que permitan garantizar los derechos de la población víctima desplazada por la situación de orden público, que se calcula en más de 1.700 personas desplazadas ubicadas en varios puntos de la zona", agregaron desde la entidad.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia instó al Gobierno de Gustavo Petro a adoptar estándares internacionales de DD.HH. en los actos de reconocimiento de verdad con víctimas del conflicto armado, pues considera que deben ser ellas "las protagonistas" y "no los perpetradores"."Instamos al Gobierno e instituciones del Estado a asegurarse que la participación de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos en espacios públicos institucionales, no genera riesgos de revictimización", señaló el organismo en un hilo en la red social X.Allí agregó que "los actos de reconocimiento de la verdad y las demandas de perdón deben tomar en cuenta la situación y el sentir de las víctimas de estas violaciones y su vivir, siendo ellas las protagonistas centrales de dichos actos y no los perpetradores".Este mensaje de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llega apenas una semana después de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), participara en el Encuentro Nacional de Reparación Colectiva.En este evento, algunas personas aseguraron que lo que estaba ocurriendo era una "revictimización" y criticaron a la Unidad para las Víctimas, organizadora del evento, porque consideraron que no eran escuchadas.Incluso cuando el exjefe paramilitar -que pidió perdón por sus crímenes- estaba hablando, se escucharon abucheos y solicitaron a los organizadores que una mujer, que estaba alterada, pudiera hablarle directamente a Mancuso, algo que ocurrió pero en privado y no en público como lo estaban requiriendo.Para la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, que no mencionó este caso específico, es importante ajustar este tipo de procesos "a normas y estándares internacionales de derechos humanos"."Invitamos al Estado a adoptar normas y estándares internacionales que protejan los derechos de las víctimas, garantizando su dignidad y respeto en cualquier escenario público. La reparación integral supone dignificar y garantizar la centralidad de las voces de las víctimas", añadió el organismo.Las AUC se desmovilizaron en 2006 y se creó el tribunal especial de Justicia y Paz para juzgar a este grupo armado y su actuar en el conflicto armado.
El evento de perdón que estaba programado en El Carmen de Viboral para que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, les pidiera perdón a las víctimas de los flagelos ocurridos en la vereda La Esperanza en 1996, se realizó a pesar de que el mandatario llegó un par de horas después de los previsto. Durante la jornada de conmemoración hubo una marcha y una eucaristía, misma que no contó con la presencia de Petro.Ya en la tarde de este 8 de octubre hizo presencia el mandatario que tenía la potestad para pedirle perdón a decenas de personas que, directa o indirectamente fueron víctimas de los hechos en los que la Fuerza Militar asesinó o desapareció a campesinos que presuntamente fueron identificados como guerrilleros. Esta orden la dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, además, recordó que en este lugar habrían ocurrido las desapariciones forzadas de 16 personas entre junio y diciembre de 1996.Durante su intervención, el presidente Petro indicó lo siguiente:"Si sobrevivimos" se encargará de que se haga justicia con estas personas víctimas del conflicto armado en el país."La democracia será y la justicia será y me encargo. Que se haga justicia a fondo con las personas de la vereda La Esperanza asesinadas, desaparecidas, golpeadas, bajo la gobernanza paramilitar", manifestó Petro.Sin embargo, el mandatario no fue el único que habló durante el acto de perdón. Allí intervinieron varias víctimas de la vereda La Esperanza, quienes insistieron que lo que quieren es que se haga justicia. Precisamente, y como se reconoció a lo largo del evento, no fueron solamente hombres que desaparecieron, sino familias enteras que tuvieron que migrar del campo para superar las cicatrices que les dejó la violencia en Colombia.Yor Marti Cardona, representante de las víctimas, entregó un impactante relato sobre su experiencia y las preguntas que constantemente se hacen él y las demás familias víctimas de la situación."Para nosotros era muy difícil responder la pregunta ¿dónde está mi papá? ¿por qué no ha llegado por mí a la escuela? ¿por qué a nuestra familia y por qué a mí? Se sentía como un hueco en el pecho", relató.A su vez el mandatario criticó que haya sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ordenó pedir perdón y que no hayan sido las autoridades colombianas las que tomen medidas al respecto.Y allí no quedó todo, porque fue el mismo Gustavo Petro, quien, durante su intervención, manifestó que la justicia no ha llegado para darle una respuesta a estas personas, ya que, aunque hayan pasado 28 años de los delitos, la situación seguía vigente y lo seguirá con el pasar de los años."Quizás esas personas que siguieron órdenes de alguien y que la justicia no ha sido capaz de condenar, no saben que cuando se comete este tipo de tropelía contra la vida y la gente y la persona y el ser humano, no se olvida nunca", insistió el mandatario.Con esto, el presidente Petro cumplió con el pedido de la CIDH, hecho que resaltaron varias víctimas quienes destacaron que tuvieron que esperar casi 30 años para que el Estado reconociera su responsabilidad en estos hechos.
La reciente participación de Salvatore Mancuso en un evento en Bogotá, organizado por la Unidad para las Víctimas ha generado una fuerte polémica a nivel nacional. Durante el encuentro, varias víctimas del exlíder paramilitar intentaron interpelarlo públicamente, lo que dio lugar a una controversia sobre si se les permitió o no expresar sus opiniones.En entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, Lilia Solano, directora de la unidad, defendió la organización del evento y negó que las víctimas hubieran sido silenciadas deliberadamente.Solano fue enfática al aclarar que el evento no fue diseñado para centrarse en Mancuso, sino que se trató del "Encuentro Nacional de los Sujetos de Reparación Colectiva". Asimismo destacó que el objetivo principal era avanzar en el proceso de reparación de las víctimas, y no dar protagonismo al exparamilitar, quien asistió en su rol de gestor de paz por un corto espacio de tiempo. "El evento no era de Mancuso. El evento era el encuentro nacional de los sujetos de reparación colectiva. Hubiera sido una gran equivocación que hiciéramos girar todo nuestro evento alrededor de eso", afirmó Solano durante la entrevista.¿Por qué no hablar en público?Uno de los puntos más álgidos de la entrevista giró en torno a la decisión de la Unidad de Víctimas de no permitir que las víctimas interpelaran a Mancuso en público. Solano explicó que el formato se diseñó de esa manera para evitar un ambiente de confrontación masiva, dado que la situación de muchas de las víctimas sigue siendo extremadamente dolorosa y compleja. "Estamos hablando de una señora que estaba en una condición en la que necesitaba sacar historias muy dolorosas, como la historia de su mamá, y no creo que estuviera dispuesta a exponerla ahí públicamente. Por respeto a las víctimas, nosotros queríamos proteger ese momento", explicó Solano. La directora también argumentó que la intención de la organización era crear un ambiente controlado para que las víctimas tuvieran la oportunidad de hablar con Mancuso de una manera más privada y menos traumática. "¿Cómo vas a exponer una situación tan dolorosa en una audiencia de 1600 personas?", se preguntó la directora. La reparación integral como prioridadA lo largo de la entrevista, Solano hizo énfasis en que la verdadera prioridad del evento era avanzar en la reparación integral de las víctimas. En este sentido, destacó que, más allá del espacio dedicado a la intervención de Mancuso, la jornada estuvo centrada en la entrega de cartas de reparación a comunidades que han sido víctimas del conflicto. "Lo que hicimos fue un acto para la reparación de víctimas de sujetos colectivos. El momento de reconocimiento de responsabilidad fue un momento muy corto de todo el evento", puntualizó Solano, tras resaltar que se busca que las víctimas puedan "reconstituir su trabajo" y avanzar hacia la reconstrucción de sus proyectos de vida, muchos de los cuales han sido interrumpidos por el desplazamiento forzado y otros crímenes atroces.La reparación de bienes y el rol de Mancuso como gestor de pazA la pregunta de si la participación de Mancuso en eventos futuros implicaría una mayor interacción pública con las víctimas, Solano subrayó que la Unidad para las Víctimas no decide de manera unilateral el formato de estos encuentros, sino que responde a las solicitudes de las víctimas.Sin embargo, aclaró que uno de los objetivos clave es que Mancuso, como gestor de paz, no solo reconozca sus responsabilidades, sino que contribuya a la reparación efectiva a través de la entrega de bienes para resarcir a las comunidades afectadas."Mancuso no solo se ha comprometido con el reconocimiento de responsabilidad, sino justamente con la entrega de bienes que tiene conocimiento que se entregaron y que no están en el fondo de reparación a las víctimas", señaló Solano. Aclaró además que el proceso de recuperación de estos bienes está siendo adelantado a través de la Fiscalía, ya que la Unidad de Víctimas no tiene competencia en tareas policiales o judiciales.
La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, anunció que la ciudad tendrá un espacio para que todas las personas que estén certificadas como víctimas del conflicto armado sean acogidas una vez lleguen desplazadas a la capital de Antioquia. El nuevo albergue estará ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, en el suroccidente de la región.Los detalles entregados por el Distrito indican que el lugar estará ubicado en una zona campestre para facilitar que los campesinos e indígenas, que terminan desplazados en Medellín, y que son el mayor porcentaje de víctimas, puedan realizar las actividades a las que se dedicaban en su municipio de origen.El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, indicó que esto es una buena noticia para las víctimas del conflicto armado, ya que Medellín no tenía un espacio que esté dispuesto para esa población."Hemos mejorado todas las condiciones para el albergar las víctimas que tienen hecho victimizante en la ciudad de Medellín en Antioquia y Colombia sabemos del conflicto que vive el país y muchos pasan por nuestra ciudad la alcaldía pone al centro las víctimas del conflicto mientras superan esta situación", dijo Arcila.La Alcaldía de Medellín detalló que el alojamiento temporal es una de las medidas con las que cuenta la Administración Distrital para garantizar la atención de las víctimas de desplazamiento forzado. Allí las personas tendrán alimentación, artículos de aseo, abastecimiento, utensilios y la vivienda transitoria.Esta medida se tomó justo cuando la Jurisdicción Especial para la Paz y el mismo Distrito anunciaron la puesta en marcha de proyectos para que los comparecientes por la violencia en el departamento paguen sus sanciones, en otra situación que ayuda a las víctimas del conflicto armado en Antioquia.
La Unidad de Víctimas anunció que llegará a dos municipios del departamento de Antioquia que fueron golpeados recientemente por los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley que se encuentran disputando el territorio de Briceño y El Bagre. En estas dos localidades se han registrado desplazamientos y posibles confinamientos.Según la Unidad de Víctimas en El Bagre, confirmaron que se desplazaron al casco urbano 36 familias, mientras que en Briceño habrían sido 8, a pesar de la negación que realizó la Alcaldía, que aseguró que en el municipio no hubo ni desplazamiento ni confinamientos. Sin embargo, en ambos municipios sí hubo enfrentamientos que causaron temor y angustia entre las comunidades.La directora territorial de la Unidad para las Víctimas, Claudia Vallejo, manifestó que la situación en varias subregiones es preocupante, pero más que todo en el Nordeste del departamento.“Llegaron al casco urbano del municipio ocho familias, que fueron precisamente las que crearon la alarma y la razón por la cual se convocó de manera extraordinaria al Comité de Justicia Transicional en el día de ayer a las 2 de la tarde, pero tenemos conocimiento de que al parecer han llegado otras tres familias a la ciudad de Medellín, también provenientes del municipio de Briceño”, manifestó Vallejo.Según Vallejo, han ayudado con dinero, alimentos, artículos de aseo y albergue a más de 3.400 familias en los municipios de Segovia, Remedios y El Bagre, esto entre 2023 y 2024."Podemos decir que estamos en una situación de alarma. Nosotros estamos en este momento atendiendo la situación que se viene presentando en el Bagre, Segovia y Remedios, y esta última semana en el municipio de Briceño, pero concretamente lo que está pasando en el nordeste antioqueño, nos preocupa demasiado, ya hemos atendido durante este año ocho confinamientos", dijo la directoraAnte esta preocupación la Unidad para las Víctimas ha priorizado las subregiones de Bajo Cauca y el Nordeste para apoyar a las poblaciones afectadas por el conflicto con proyectos agrícolas y dotaciones para que se mejore la infraestructura social y comunitaria de las regiones.
Fueron varios los compromisos que se pactaron en una reunión que se dio en la capital de Antioquia para revisar el estado del proyecto de construcción de 2,89 kilómetros de apertura de la vía al corregimiento de El Aro, en Ituango, Antioquia, tema que suscitó polémica en el mes de agosto entre el presidente Gustavo Petro, EPM y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, como presidente de la junta directiva.Con los puntos sobre las íes, se espera entonces que se dé viabilidad a este proyecto, esperado por esta población víctima de una masacre en 1997, para que tener un acceso vial adecuado al corregimiento, pues presenta un 34 por ciento de atraso.En el encuentro, en el que la Procuraduría le puso la lupa a la problemática, la directora nacional de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano, indicó que todo está dado para que sea una realidad al año 2026 y que hay voluntad política."Esa vía tiene la proyección de que pueda ser entregada en 2026, pero lo más importante como yo dije tiene el compromiso y la voluntad política de quienes estamos en gobierno de sacar adelante este compromiso histórico", manifestó la directora.De momento, la Gobernación de Antioquia, Invías y el Ministerio de Transporte consultarán la ampliación, del alcalde del contrato de consultoría, pasando de 5.2 kilómetros a 8.1, es decir, ampliando en 2.9 kilómetros la intervención de la vía. A su turno, EPM entregará insumos para el diseño de la vía de los 2.9 kilómetros.El ente departamental también adelantará estudios y diseños de la vía al Aro, cuyo contrato culmina el 21 de diciembre. Todos los elementos serán revisados en otro encuentro, el próximo 23 de septiembre, para evaluar lo adelantado por el contratista y EPM.
