Archila critica falta de articulación de Gobierno y JEP para la reparación de víctimas
Archila explicó que la JEP y la implementación de los acuerdos son dos temas que están "íntimamente relacionados". Sin embargo, lamentó que, en su opinión "superrespetuosa," la JEP se equivocó al "nunca debió haberse inventado otras labores distintas de las que ya se estaban implementando en desarrollo de los acuerdos".
En el centro de las discusiones sobre la financiación de las sentencias del Acuerdo de Paz, el ex alto consejero para la estabilización durante el gobierno de Iván Duque, Emilio Archila, ofreció un panorama detallado sobre los activos entregados por las antiguas Farc y la falta de coordinación entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Gobierno Nacional. La preocupación central gira en torno a la procedencia de los recursos necesarios para pagar sentencias de reparación, un tema que, según Archila, se pudo haber resuelto si la JEP hubiera armonizado sus requerimientos con la institucionalidad de implementación ya establecida.
Archila explicó que la JEP y la implementación de los acuerdos son dos temas que están "íntimamente relacionados". Sin embargo, lamentó que, en su opinión "superrespetuosa," la JEP se equivocó "nunca debió haberse inventado otras labores distintas de las que ya se estaban implementando en desarrollo de los acuerdos".
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.
Foto: JEP
La cifra final:
Uno de los puntos clave abordados en la entrevista fue la rendición de cuentas sobre los bienes que las Farc se comprometieron a entregar como parte de sus obligaciones colectivas. Archila recordó que su equipo identificó todas las obligaciones del colectivo Farc, incluyendo la entrega de bienes y la información sobre rutas de narcotráfico.
Al referirse al inventario, Archila detalló la magnitud de lo declarado y lo que realmente pudo ser utilizado: “El inventario que en su momento entregó Las Farc era grosso modo un billón de pesos”. Sin embargo, la mayor parte de este valor no era recuperable. El exfuncionario especificó la composición de ese monto: “De ese billón de pesos la mitad eran monetizables, es decir, sí servían para para algo. La mitad nunca iban a servir para nada. Porque eran bienes que no son monetizables”.
Entre los activos no monetizables, las Farc declararon elementos como "carreteras que decían que habían construido o campañas de vacunación que decían que habían realizado". En el informe exacto, se reportaron 967.000 millones de pesos. De la mitad monetizable, que se estima en 500.000 millones de pesos, la cantidad efectiva fue mucho menor.
Archila reveló la cifra final de lo recuperado y monetizado: “Eso dio que entregaron, más o menos, unos 50,000 millones de pesos. Esos se monetizaron como 40,000 45,000 millones de pesos y esos, en su momento, los utilizamos para una de estas reparaciones colectivas...”. Estos fondos fueron destinados directamente a la reparación de las víctimas.
La desconexión entre Gobierno y JEP
Archila enfatizó que el origen de la actual crisis de financiación radica en la descoordinación institucional. Durante su gestión, insistió en que "La justicia especial para la paz no debía convertirse en un cuerpo aislado, en una isla, en algo que fuera completamente ajeno a todo lo que estaba realizando el gobierno del presidente Duque en la implementación de los acuerdos".
La falta de articulación llevó a que la JEP optara por crear sus propias reparaciones, que, según el ex alto consejero, "no hacen ningún sentido con lo que ya viene trabajándose en la implementación del gobierno".
JEP
Foto: Suministrada
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El exalto consejero detalló tres elementos que las víctimas han solicitado y que debieron haber sido contemplados por la JEP:
1. Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) – Capítulo 8: Los PDET incluyen un capítulo completo de armonización con las víctimas, que ya cuenta con financiación.
2. Reparaciones colectivas: “Esas reparaciones colectivas están en todas partes del país y es lo que las mismas víctimas han pedido, han solicitado como una reparación para cuando fueron afectados, no como individuo, sino como colectividad”.
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3. Planes de retorno: Estos planes son esenciales dado que la mitad de las víctimas son personas desplazadas. Estos son las condiciones que "las mismas víctimas pidieron" para poder regresar a sus regiones.
Archila concluyó que si la JEP hubiera obligado a los condenados "tanto de un lado como de otro" a cumplir con estos elementos, "esos 100,000 millones de pesos que ahora están tratando de de conseguir ya tendrían fuentes de financiación, que son las fuentes de financiación de lo que las víctimas pidieron en su momento". De haber existido coordinación, esto "nos ahorraría, como usted lo dice, a todos los colombianos un tarrado de plata".
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