¿Cómo la sanción a los exlíderes de las Farc garantiza el resarcimiento de las víctimas?

Esta semana ha marcado un hito histórico para Colombia con la emisión de sentencias clave por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Una de estas decisiones, dirigida contra el antiguo secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad asociados al secuestro, ha sido calificada como un momento fundamental para el cierre de una parte del conflicto armado.En entrevista con El Radar de Blu Radio, el magistrado Camilo Andrés Suárez del Tribunal Especial de Paz, encargado de la redacción de la sentencia, enfatizó la trascendencia de esto. El magistrado afirmó: "Yo creo que es un momento absolutamente importante, trascendental e histórico para el país porque consolida uno de los elementos muy más importantes del acuerdo final de paz". Además, recordó que este sistema judicial coloca a las víctimas en el centro, visibilizándolas y reconociéndolas. El propósito es "restaurar y reparar el daño causado", estableciendo la responsabilidad criminal por los 13 crímenes internacionales reconocidos.La sentencia impone una sanción de ocho años, el máximo permitido por la ley, que se traduce en trabajos, obras y actividades con fin reparador en lo urbano y en lo rural. Esta reparación tiene un impacto en lo colectivo, no individual. Suárez comentó que las actividades se enfocarán en cuatro líneas restaurativas principales: contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, preservar la memoria de las víctimas, participar en el desminado humanitario para generar desarrollo y paz, y la preservación de medio ambiente y naturaleza, reparando el daño causado por el conflicto.La sanción consta de dos componentes: uno restaurativo y otro de restricción de derechos. La restricción no implica cárcel, sino limitaciones a la movilidad y la habitabilidad en un espacio geográfico definido por el Tribunal. El control es permanente y constante por los 8 años que dura la sanción. Suárez detalló: "Esta restricción establece restricciones de habitabilidad y restricciones de movilidad". Todo desplazamiento debe ser autorizado por el Tribunal.Respecto a la participación política de algunos comparecientes, la JEP aclara que el cumplimiento de la sanción se privilegia y está por encima del ejercicio de la política.