“No obtuve justicia, tampoco paz”: víctimas rechazan sanciones de la JEP

La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcó un hito en Colombia, pero también dejó un sabor amargo. Aunque el fallo fue presentado como un paso histórico en la justicia transicional, las víctimas han expresado un sentimiento de vacío. Una frase resume ese descontento: “con esta sentencia quedo con la sensación de que no obtuve justicia, no quedé conforme con lo que se expresó frente a la verdad y tampoco tengo paz”.Esa voz, recogida en Sala de Prensa Blu este domingo 21 de septiembre, refleja el sentir mayoritario de quienes sufrieron el conflicto. Mientras los magistrados defienden el alcance restaurativo de las sanciones, la mayoría de víctimas asegura que lo emitido por la JEP está lejos de significar reparación real.Restricción de la libertad, la gran dudaDurante la emisión, se explicó que siete exintegrantes del secretariado de las FARC y doce exmilitares recibieron sanciones restaurativas de entre 5 y 8 años. Sin embargo, la ambigüedad sobre la “restricción efectiva de la libertad” ha desatado una fuerte controversia.El expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, señaló que la justicia transicional quedó incompleta: “pareciera que no va a haber una restricción de la libertad; eso es simplemente trabajos restaurativos. El componente de justicia necesitaba también una pena restrictiva y aquí definitivamente no se van a dar”.Mientras en el caso de los militares la JEP determinó residencias en Valledupar con horarios y perímetros definidos, para los excomandantes de las FARC no se ha precisado cómo ni dónde cumplirán las sanciones. Esa diferencia, advirtieron analistas, deja la sensación de que se aplican medidas más laxas a quienes fueron responsables de miles de secuestros.Justicia tardía y sensación de impunidadEl retraso en las decisiones también genera inconformidad. Han pasado más de siete años desde la firma del Acuerdo de Paz y solo ahora aparecen las primeras sanciones. “Justicia tardía no es justicia”, recalcó Arrubla, quien advirtió que el proceso puede incluso ser cuestionado en instancias internacionales por incumplir estándares básicos.Las apelaciones, como la presentada por los familiares de los diputados del Valle, podrían extender aún más la entrada en firme de las medidas. Esto, según la Defensoría del Pueblo, mantiene a las víctimas en un limbo y retrasa su derecho a la verdad, justicia y reparación.Víctimas inconformes y un país divididoLa periodista Tatiana Zanabria, que ha seguido de cerca estos procesos, confirmó en la entrevista que al hablar con las víctimas el balance es casi unánime: la mayoría está inconforme. “No hemos encontrado una sola víctima que diga que quedó tranquila con estas sanciones, salvo un caso puntual en Valledupar”, relató.Ese sentimiento de insatisfacción pone en entredicho la legitimidad de la justicia restaurativa en Colombia. Aunque se reconoce que el proceso de paz no podía implicar condenas de 40 años de cárcel, las víctimas sienten que entre la verdad contada y la reparación simbólica se perdió lo esencial: justicia.La sentencia de la JEP abre un capítulo inédito, pero también deja claro que la paz no se decreta con documentos judiciales. Sin la sensación de justicia en quienes más sufrieron la guerra, la reconciliación seguirá siendo un camino pendiente.