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Tras el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre un posible anuncio de decretar emergencia económica por el hundimiento de la reforma tributaria, varios gremios económicos reaccionaron y criticaron la decisión. Dentro de las razones que exponen, está la inconstitucionalidad de dicho decreto.
La Andi, a través de un comunicado, argumentaron que no existe un hecho “sobreviniente”, que habilite al Gobierno para declarar emergencia económica. Además, también afirman que los problemas fiscales que tiene el país son resultado de las decisiones del propio Gobierno.
Por otro lado, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, dijo que “fabricar la crisis para luego decretarla como “emergencia” es manosear la figura constitucional y gobernar por atajo. La Constitución exige choques súbitos y excepcionales, no errores de gestión”.
Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, comentó que “los $16 billones de la ley de financiamiento representan menos del 3 % del presupuesto para 2026. Imposible argumentar que un impacto de esta magnitud pueda perturbar o amenazar, perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, que es lo que exige la Constitución en su artículo 215”.
Entretanto, la presidenta de Amcham, Maria Claudia Lacoutur, afirmó que “sí hay fragilidad fiscal. Pero eso no significa que exista un escenario constitucional de “emergencia económica”. No es ideología, son reglas de juego: Constitución, jurisprudencia y datos”.
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