La Unidad para las Víctimas coordinó con éxito el traslado de 1.401 integrantes del pueblo Emberá que estaban asentados en Bogotá, lo que representa un avance significativo en la atención a esta población indígena víctima del conflicto armado.
En un trabajo liderado por el Gobierno nacional, en articulación con las entidades territoriales, se logró este proceso en el que se invirtieron más de $4.000 millones en ayudas humanitarias, kits de habitabilidad, kits de aseo y apoyo logístico. Además, se dispuso de 130 jeeps para los trayectos rurales, 10 camiones para el trasteo de enseres y más de 3.000 raciones alimentarias durante el tránsito.
"Más de 1.400 personas de la población Emberá retornaron a sus territorios ancestrales. La Unidad para las Víctimas realizó una inversión por más de $4.000 millones en todas las fases de ese retorno. Con dignidad seguimos cumpliendo a las víctimas del conflicto armado", afirmó el director general de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero.
Wilmar Arias Murry, líder Emberá del resguardo Alto Andágueda, aseguró que "hay condiciones favorables para trasladar a nuestra comunidad. Estamos muy felices de volver a nuestros territorios ancestrales y poder sentirnos tranquilos con nuestras familias".
Del total de la población retornada, 744 personas llegaron al resguardo Alto Andágueda, 333 a Gitó Dokabú, 259 al Unificado Chamí y 65 a otros territorios, donde seguirán recibiendo ayuda humanitaria y acciones en materia de salud, educación y vivienda, como parte de la ruta interinstitucional de atención dispuesta para su retorno.
Para el operativo de retorno, la Unidad para las Víctimas ha invertido más de $4.000 millones en ayudas humanitarias en especie, kits de habitabilidad, kits de aseo y apoyo logístico. Además, se dispuso de 130 jeeps para los trayectos rurales, 10 camiones para el trasteo de enseres y más de 3.000 raciones alimentarias durante el tránsito.
Dentro del grupo retornado se encontraban 686 niños y niñas, así como 39 madres gestantes que tuvieron acompañamiento permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para la garantía de sus derechos.
Tras completar este proceso de retorno, la Unidad para las Víctimas reiteró su compromiso con la reparación integral y el restablecimiento de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por el conflicto, y anunció que seguirá articulando a las instituciones para garantizar retornos seguros, dignos y sostenibles en el tiempo.