La Ley de Víctimas, una pieza legislativa fundamental que reconoce a quienes han sufrido el conflicto armado en Colombia como sujetos de derechos, cumple 15 años de vigencia. Sin embargo, la celebración llega acompañada de una cifra alarmante: el universo de afectados superó con creces las expectativas iniciales, alcanzando hoy a 10 millones de personas, lo que representa a una de cada cinco ciudadanos en el país."Jamás nos imaginamos que el universo de víctimas iba a ser de ese tamaño", indicó Rivera.Un origen marcado por la oposición y el éxito de la paz El exministro Guillermo Rivera recordó que la historia de esta ley comenzó en 2007, cuando el Partido Liberal, entonces en oposición, atendió el llamado de víctimas de todo el país. Aunque el proyecto fue archivado inicialmente por las mayorías del gobierno de Álvaro Uribe, logró ver la luz durante el mandato de Juan Manuel Santos.Según Rivera, este texto no solo estableció mecanismos de reparación, sino que "resultó ser definitivo para que se pudiera iniciar el proceso de paz de La Habana y culminar con éxito" en 2016.El desafío presupuestal, una deuda de 407 billonesEl principal obstáculo actual es la financiación. Los cálculos iniciales se quedaron cortos ante la magnitud del registro de víctimas. La consejera de paz, Isabelita Mercado, ha señalado un rezago de 5.9 millones de víctimas aún por atender.Para cubrir las indemnizaciones pendientes, se estima que se requieren entre 300 y 407.3 billones de pesos. Ante la dificultad de obtener estos recursos del presupuesto nacional debido al déficit fiscal, Rivera planteó una solución alternativa:"Una reforma que le permita al sistema nacional de regalías por una sola vez usar los saldos que existen para cubrir ese déficit", dijo. Escuche la entrevista aquí:
Después de más de una década de trámites, acompañamiento institucional y construcción comunitaria, el resguardo indígena Sabaleta y la comunidad La Puria, pertenecientes al pueblo Emberá en el departamento del Chocó, lograron cerrar oficialmente sus procesos de reparación colectiva, una medida contemplada dentro de la Ley de Víctimas para atender afectaciones derivadas del conflicto armado.Ambas comunidades ingresaron a los Planes Integrales de Reparación Colectiva entre 2013 y 2014, luego de ser reconocidas como sujetos colectivos afectados por años de confrontaciones armadas en una zona estratégica para economías ilegales y corredores de movilidad entre el Urabá antioqueño, el centro del Chocó y la salida hacia el Pacífico colombiano.Durante años, estos territorios estuvieron expuestos a disputas entre las FARC, el ELN y estructuras paramilitares provenientes del Urabá antioqueño. Las comunidades enfrentaron desplazamientos forzados, amenazas, confinamientos y múltiples hechos de violencia que dejaron cerca de 12.000 víctimas relacionadas con el conflicto en la región.El cierre de estos procesos representa la culminación de una serie de acciones construidas conjuntamente entre las comunidades y la Unidad para las Víctimas. Según explicó Amaury Gómez, subdirector de Reparación Colectiva de la entidad, en uno de los planes se implementaron 17 acciones y en el otro 18 medidas orientadas a reconstruir las capacidades sociales, económicas y culturales de las comunidades Emberá.Más allá de los documentos institucionales, las medidas desarrolladas tuvieron impacto directo sobre la vida cotidiana de las familias indígenas. Entre las iniciativas ejecutadas aparecen talleres de confección acompañados de capacitaciones y entrega de equipos, fortalecimiento de proyectos agropecuarios, apoyo a la producción y comercialización de artesanías, así como procesos de transferencia de saberes ancestrales. También se implementaron mejoras en espacios educativos mediante nuevo mobiliario escolar para niñas y niños, además de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la autonomía organizativa y política de las comunidades indígenas. Parte de las acciones incluyó ejercicios de reconstrucción de memoria histórica enfocados en preservar relatos, prácticas tradicionales y procesos de recuperación cultural.Para las autoridades indígenas, el cierre de los planes marca un punto importante dentro de los procesos comunitarios. Efraín Velásquez Tanugama, gobernador del resguardo Sabaleta, aseguró sentirse satisfecho con las medidas implementadas por el Gobierno nacional y la Unidad para las Víctimas como parte de la reparación por las afectaciones sufridas durante años de confrontación armada.Según la Unidad para las Víctimas, las acciones ejecutadas buscan responder no solo a daños materiales, sino también a impactos sobre las formas de vida de estas comunidades étnicas. El conflicto alteró prácticas culturales, limitó la autonomía territorial y afectó dinámicas tradicionales asociadas a la organización comunitaria y espiritual del pueblo Emberá.La reparación colectiva es uno de los mecanismos contemplados dentro de la Ley 1448 de 2011, normativa que estableció rutas de atención y reparación para comunidades, organizaciones y grupos afectados por el conflicto armado en Colombia. En el caso de los pueblos indígenas, estos procesos incorporan componentes relacionados con identidad cultural, territorio y fortalecimiento organizativo.De acuerdo con cifras entregadas por la Unidad para las Víctimas, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han implementado indemnizaciones superiores a los 62.000 millones de pesos que han beneficiado a más de 100 comunidades étnicas en distintas regiones del país. La entidad también informó sobre inversiones que superan los 10.000 millones de pesos destinadas al fortalecimiento de capacidades organizativas de sujetos colectivos no étnicos y organizaciones sociales. Además, reportó la firma de 230 planes de reparación colectiva en diferentes territorios del país.En el caso de Sabaleta y La Puria, el cierre de los procesos se convierte en uno de los avances recientes más relevantes para las comunidades indígenas del Chocó, una de las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado y las economías ilegales. Las medidas implementadas apuntan a recuperar prácticas comunitarias, fortalecer proyectos productivos y reconstruir dinámicas sociales alteradas durante años de confrontación.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelantó la recuperación material de dos predios rurales en Cáceres, Antioquia, que suman más de 200 hectáreas y que ahora serán destinados a comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado en la región. El operativo, desarrollado los días 6 y 7 de mayo en articulación con varias entidades estatales, incluyó procedimientos administrativos, acompañamiento institucional y el retiro de bienes y animales ubicados en uno de los terrenos.Las propiedades recuperadas corresponden a los predios La Ilusión y Marlengo, ubicados en la vereda El Jardín, corregimiento El Jardín, en jurisdicción del municipio de Cáceres. La Ilusión tiene una extensión de 158 hectáreas, mientras que Marlengo cuenta con cerca de 60 hectáreas. Ambos estaban bajo administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas tras haber sido entregados dentro de procesos de reparación integral relacionados con antiguos jefes paramilitares.Según la ANT, estos terrenos pasarán ahora a programas de acceso a tierra dirigidos a campesinos sin predios y a familias afectadas por el conflicto armado. El procedimiento contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Personería de Cáceres, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Secretaría de Gobierno municipal y la Comisaría de Familia.De acuerdo con información oficial, el predio Marlengo estuvo vinculado en el pasado con Hebert Veloza García, conocido con el alias de ‘HH’, antiguo comandante del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En tanto, sobre La Ilusión existen antecedentes relacionados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, otro exjefe paramilitar señalado en investigaciones sobre despojo de tierras y desplazamiento forzado en Antioquia y otras regiones del país.La ANT explicó que el predio La Ilusión era utilizado para actividades de ganadería de levante por parte de un exarrendatario identificado como Jorman Giraldo Duque. De acuerdo con la entidad, el ocupante pagaba un canon mensual de un millón de pesos al Fondo para la Reparación de las Víctimas por el uso de las 158 hectáreas, contrato que posteriormente fue terminado de manera anticipada.Durante la diligencia inicial, funcionarios de la Agencia informaron a los trabajadores presentes que el inmueble quedaba bajo administración de la ANT y que debían retirarse los animales y enseres existentes en el lugar. Entre los bienes inventariados se encontraban 332 novillas, un búfalo, tres caballos, tres perros pastor belga y 183 gallinas ponedoras.El procedimiento incluyó varias conversaciones entre la ANT y Jorman Giraldo Duque, quien llegó desde Medellín para atender la diligencia. La entidad señaló que inicialmente se propuso un plazo de tres días para retirar los semovientes y pertenencias, luego una extensión a cinco días y posteriormente una alternativa de diez días planteada por la Personería Municipal de Cáceres. Sin embargo, no se logró un acuerdo definitivo durante esa jornada.Posteriormente, el 7 de mayo, la Agencia Nacional de Tierras retomó la diligencia junto con funcionarios del ICA, la Personería y la Alcaldía de Cáceres. En ese momento, según el reporte oficial, se informó nuevamente al ocupante que la entidad estaba dispuesta a concederle 15 días para retirar los bienes y animales del predio, plazo que había solicitado previamente. Pese a ello, Giraldo Duque manifestó que no abandonaría el terreno.Ante esa situación, la Agencia Nacional de Tierras aplicó medidas contempladas en el artículo 225 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en el Decreto 1007 de 2022. Como parte del procedimiento, los enseres fueron trasladados a una bodega en Caucasia y se realizó el inventario de los animales presentes en la finca.La ANT indicó, además, que se concedió un plazo de un mes para reclamar los elementos trasladados y 15 días para retirar los semovientes del predio. La entidad advirtió que, en caso de incumplimiento, los animales podrían ser declarados en abandono conforme a la normativa vigente.Durante la diligencia también se registraron momentos de tensión. Según el reporte oficial de la Agencia, Jorman Giraldo Duque y algunas personas que lo acompañaban protagonizaron episodios de agresión verbal contra funcionarios y uno de los acompañantes habría intentado agredir físicamente al equipo institucional.Cinco días después de ejecutarse la recuperación material del predio La Ilusión, la Agencia Nacional de Tierras informó que el exarrendatario comenzó el retiro de semovientes y pertenencias, en cumplimiento de los acuerdos establecidos tras el procedimiento.Con esta actuación, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, continúa adelantando acciones legales y en cumplimiento de la Ley para garantizar que la tierra vuelva a manos del campesinado y de quieres realmente la trabajan.
En un operativo fue capturado en flagrancia un criminal conocido como 'El Gafas', señalado de cometer varios atracos en establecimientos comerciales del sur de Bogotá. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Fraguita, en la localidad de Antonio Nariño, luego de una denuncia ciudadana que permitió activar la reacción de las autoridades.Trabajadores de un comercio en el sector de Ciudad Berna alertaron a una patrulla de vigilancia sobre un robo ocurrido minutos antes. Con el apoyo de cámaras de seguridad y las características físicas entregadas por las víctimas, se inició un plan de búsqueda que permitió ubicar al presunto responsable cuando, al parecer, intentaba ingresar a otro establecimiento para cometer un nuevo atraco.Al notar la presencia policial, el hombre emprendió la huida, pero fue interceptado pocas cuadras más adelante. Durante el procedimiento, los uniformados le hallaron un arma de fuego y una herramienta que, según las autoridades, utilizaba para violentar cajas registradoras.Las investigaciones indican que el capturado utilizaba casco y gafas como método para dificultar su identificación mientras perpetraba los robos bajo la modalidad de atraco. Además, se le atribuyen varios hurtos a comercios de mediana y baja superficie en esta zona de la ciudad.El hombre, de 28 años, ya contaba con tres anotaciones judiciales por el delito de hurto. Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados, donde deberá responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.
En medio de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en el Congreso de la República, víctimas lanzaron fuertes cuestionamientos por la baja asistencia de congresistas y la falta de respuestas frente a la reparación integralLa sesión, que tradicionalmente se desarrolla con la participación de víctimas de distintas regiones del país, fue levantada de manera anticipada, ya que al final del acto, solo permanecían en el salón elíptico 19 representantes a la Cámara y 8 senadores.Desde la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, Adriana Pérez calificó lo ocurrido como una falta de respeto.“Fueron por los votos el pasado 8 de marzo al territorio, para hoy desconocer nuevamente las víctimas aquí en el Congreso. 12 años lleva esta mesa nacional viniendo al Congreso, y es primera vez que se levanta una sesión, es primera vez que un congresista solicita quórum para levantar el día de la memoria y la solidaridad con las víctimas. Eso es una falta de respeto con las víctimas que viajaron por horas para ser escuchadas acá”, recalcó.En esa misma línea, Rubiela Benítez, coordinadora del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Casanare, cuestionó la ausencia de los congresistas y advirtió sobre la persistencia de la violencia.“Pararnos en este escenario como víctimas nos da tristeza, de ver el escenario, si ustedes ven a su alrededor un escenario vacío, que no debía estar vacío… Nos siguen asesinando, no pasa nada. Nos siguen atropellando con nuestros derechos y no pasa nada. Tenemos 995 defensores de derechos humanos asesinados y no pasa nada”, agregó Benítez.Durante la jornada, el presidente del Congreso, Lidio García, también se refirió a la baja asistencia: “Aquí también falló el Gobierno, no veo al ministro del Interior, a quienes manejan víctimas”.El senador reconoció además las necesidades en materia de reparación: “La realidad es que la reparación integral avanza con un rezago profundo, existe un déficit presupuestal que limita la capacidad del estado para cumplir plenamente con las obligaciones que ha asumido… aún hoy diez millones de víctimas siguen esperando una reparación efectiva”.En el desarrollo del acto, las intervenciones coincidieron en señalar que la conmemoración no puede quedarse en un ejercicio simbólico, sino que debe traducirse en acciones concretas frente a la violencia y la reparación.Adriana Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, aseguró que las curules de paz se han convertido en el “fortín político” de partidos tradicionales.“En algunos territorios las curules de paz elegidas para este nuevo período no estarán representando verdaderamente a las víctimas, han sido ocupadas por intereses políticos que hoy no conocen y viven nuestro dolor. Aún así, mantenemos la esperanza que quienes hoy ocuparán estos espacios entiendan la responsabilidad histórica que tendrán y que tienen con la dignidad de las víctimas”, señaló Pérez.La conmemoración también estuvo marcada por testimonios de víctimas del conflicto armado. Deisy Guanaro relató su experiencia de reclutamiento forzado siendo menor de edad.“Fui reclutada, siendo una niña de 11 años por los criminales de las Farc, que ahora los veo sentados como honorables congresistas. Fui arrancada de mi madre, de mi familia y de mi infancia. Fui abusada, fui torturada. Mi historia no es una no es un caso aislado, es el reflejo de 1000 de historias silenciadas en este país. Historias de niños y niñas, quienes les robaron la infancia la dignidad y la libertad”, expresó.Además, le envió un mensaje a Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes y hoy vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.“Quien le habla es una de sus víctimas, senadora. Hoy le pido que acuda a la JEP, que reconozca los crímenes cometidos contra los niños de Colombia. Usted me conoce perfectamente, una víctima que hoy la mira de frente y que seguirá denunciando estos crímenes que hoy permanecen en total impunidad, porque aquí no hay instrumentalización, aquí no hay un libreto, aquí no hay víctimas impostoras, aquí hay una verdad que exige justicia. Hoy le quiero decir a los del partido comunes que ustedes pueden cambiar de discurso, pueden cambiar de escenario incluso, pero para mí y para las víctimas seguirán siendo los peores criminales de lesa humanidad que siguen en total impunidad”, agregó Guanaro.Por su parte, la esposa del excandidato presidencial y senador Miguel Uribe, Claudia Tarazona, señaló que “somos mucho más que un pésimo Gobierno, que es indolente y cómplice del dolor, la violencia y la criminalidad a lo largo y ancho de nuestro país”.
La reciente formalización del Decreto Ley 4635 de 2011 marca un punto de inflexión en el acceso a medidas integrales de atención, asistencia y reparación para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Estas medidas fueron diseñadas con un enfoque diferencial que reconoce sus particularidades culturales, territoriales y colectivas.El decreto es el resultado de un prolongado proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades, en el que se recogieron múltiples voces, preocupaciones y propuestas. Durante este camino, se llevaron a cabo decenas de encuentros territoriales que permitieron construir de manera conjunta la reglamentación necesaria para hacer efectivo el decreto.Para algunos líderes como Arnulfo Cardosi Rubio, delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por el departamento de Bolívar, este es un logro histórico: “Hoy las comunidades negras logran recuperar su dignidad, el respeto y, sobre todo, la posibilidad de volver al territorio con dignidad y las garantías que brinda este decreto.”Desde la La Unidad para las Víctimas se ha subrayado el esfuerzo importante que ha significado llegar a este avance. Por su parte, la directora general de la Unidad para las Víctimas, Alix Aguilar, destacó la importancia de este logro y el proceso que lo hizo posible: “Fue más de un año de trabajo, 34 asambleas territoriales. Este proceso permitió concertar la reglamentación y garantizar que las víctimas accedan a sus derechos en atención, asistencia y reparación con enfoque diferencial étnico. Ahora el reto es implementar esta reglamentación y hacerla realidad en los territorios”.Tras años de lucha por el reconocimiento de sus derechos y particularidades, los beneficiados ven en este avance una oportunidad para que el Estado implemente acciones que respondan verdaderamente a sus realidades. La expectativa es que, por fin, se adopte un enfoque diferenciado que tenga en cuenta sus contextos históricos y sociales.La formalización de este decreto se suma a otros avances recientes en materia de reparación integral para grupos étnicos en el país. En el último año, el Gobierno actual ha impulsado medidas similares dirigidas a otros pueblos, lo que evidencia un esfuerzo más amplio por saldar deudas históricas con comunidades afectadas por el conflicto armado.Este conjunto de acciones refleja una apuesta por fortalecer la justicia étnica y avanzar en la construcción de paz. Además de reconocer la diversidad del país y garantizar los derechos de quienes han sufrido de manera desproporcionada las consecuencias de la violencia, este se presenta como un paso fundamental hacia un país más equitativo.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en un contrato suscrito por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con una empresa de externalización de procesos de negocio. La actuación fue iniciada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública, tras una denuncia recibida en 2025 que advierte sobre presuntas anomalías en la ejecución del acuerdo.De acuerdo con la información conocida, la denuncia alerta sobre un supuesto manejo irregular de personal, posible desviación de poder, extralimitación de funciones, coadministración indebida y vulneración de derechos laborales en el marco del contrato. Estos señalamientos llevaron al ente de control a activar una indagación preliminar con el fin de identificar a eventuales responsables dentro de la entidad.Entre los aspectos bajo revisión se encuentra una presunta toma de decisiones administrativas y contractuales calificadas como de extrema gravedad. Según lo advertido en la denuncia, se habría producido la sustitución de más del 80 % del personal operativo y jurídico vinculado al contrato, sin que existiera evidencia de evaluaciones técnicas objetivas, matrices de desempeño, informes de auditoría o criterios de mérito debidamente documentados que justificaran dichos cambios.Asimismo, se indaga una posible desmejora deliberada de las condiciones salariales contempladas en el contrato, lo que podría implicar afectaciones a derechos laborales del personal involucrado. Este punto forma parte de las pruebas que el Ministerio Público ordenó practicar para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos objeto de análisis.Por ahora inició de manera formal una etapa de verificación orientada a recopilar elementos que permitan establecer si hubo o no irregularidades en la contratación y ejecución del convenio suscrito por la Unidad de Víctimas.
A nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, el actual Gobierno ha demostrado con hechos que la reparación y la dignidad de las víctimas son el pilar de la construcción de un país reconciliado.En este sentido, la paz no es solo silenciar los fusiles, es reconstruir el tejido social y garantizar los derechos de quienes más sufrieron la violencia. El Punto 5 del acuerdo exige la reparación integral y eso implica ir más allá del dinero. Significa reconocer el sufrimiento de más de 10 millones de víctimas e impulsar su participación activa para que sean ellos los protagonistas de las políticas de reparación. La memoria histórica que se construye con la voz de las víctimas es la herramienta más poderosa para la no repetición del conflicto, un camino de justicia que el Estado tiene la obligación de pavimentar.La inversión del Gobierno del Cambio es contundente y sin precedentes, así lo afirma el Director General de la Unidad para las Víctimas Adith Rafael Romero Polanco: “se han destinado más de $5,73 billones a la indemnización de las víctimas del conflicto armado, el monto más alto en la historia de la implementación del Acuerdo de Paz”. De los $14,85 billones invertidos en total, casi el 40% ha sido ejecutado durante este cuatrienio, lo que traduce su compromiso en cifras irrefutables y un apoyo tangible a más de 2 millones de víctimas indemnizadas históricamente.Durante el segundo semestre del 2025, la entidad ha reforzado su presencia institucional para que las cifras se traduzcan en acompañamiento y atención. En los últimos meses se han entregado más de 158.000 indemnizaciones a 144.000 personas, con una inversión superior a $1,3 billones. Además, la entrega de ayuda humanitaria también llegó a territorios con crisis agudas, como la región del Catatumbo. Allí, mientras las comunidades enfrentaban nuevos ciclos de desplazamientos masivos, la Unidad garantizó la atención humanitaria de emergencia a 10.124 hogares, con la entrega de 13.765 giros por $10.181 millones.
En el Bajo Cauca antioqueño continúan las consecuencias humanitarias de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Esta semana, 139 familias desplazadas y confinadas en Tarazá y El Bagre recibieron más de seis toneladas de ayuda básica para sortear la situación, mientras pueden regresar sus casas.En el municipio de Tarazá, 62 familias que huyeron de las veredas Doradas Altas y Tahamí a finales de septiembre, y que hoy están albergadas en la zona urbana, recibieron alimentos y kits de aseo.Según, Maribel de la Valvanera López Zuluaga, directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, otros 50 hogares que permanecen confinados en esas mismas zonas rurales también fueron atendidos."Nosotros, ahí como Unidad de Víctimas llegamos con nuestra ayuda humanitaria para acompañarlos y que puedan tener una subsistencia mínima mientras se superan estas condiciones", manifestó López.La situación no es distinta en el municipio de El Bagre, en donde hasta el resguardo Los Almendros llegó apoyo humanitario para 27 familias que salieron de las veredas Sentada de Villa y Arenas Blancas, en medio de las disputas entre grupos armados ilegales.Según reportes oficiales de las autoridades departamentales, solo este año más de 4.000 familias han sido afectadas por desplazamientos y confinamientos en Antioquia, en al menos 30 emergencias masivas derivadas del conflicto armado.
Una nueva masacre ha conmocionado a la comunidad en el norte del Valle del Cauca. Los hechos ocurrieron al interior de un bar, ubicado en pleno centro del municipio de El Águila, cuando un grupo de personas que departía en el lugar fue atacado a disparos por sujetos armados.De manera preliminar las autoridades confirmaron que la balacera dejó como saldo cuatro personas asesinadas, y por lo menos otras tres resultaron heridas y fueron trasladadas inmediatamente al hospital local, el cual está ubicado muy cerca al lugar del crimen.Actualmente, las autoridades se encuentran en el sitio haciendo las respectivas labores judiciales, el levantamiento de los cuerpos y recolección de pistas de lo ocurrido para esclarecer lo que sucedió.Por el momento se desconoce las identidades de la víctimas, al parecer eran habitantes de la zona rural del municipio. Entre las personas heridas habría una mujer y un menor de edad.
Como hace tres años y medio en Catar 2022, cuando consumó su eliminación pese a su triunfo final sobre Ghana, la selección de Uruguay volvió a fallar en el acceso a las eliminatorias del Mundial por segunda edición seguida; un hecho nunca visto a lo largo de su historia, cuando jamás fracasó consecutivamente.No le había ocurrido nunca a lo largo de sus quince participaciones, incluida la actual, en el torneo de los torneos. Sí había caído en la primera fase hasta en cuatro ocasiones, cinco con Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero nunca de forma sucesiva. Un síntoma del momento del campeón del mundo original, el ganador de la primera edición.Si Catar 2022, eliminada por la derrota de Portugal ante Corea del Sur en la última cita, pese a vencer ella a Ghana, entre las reclamaciones de dos penaltis a su favor, ya fue un golpe duro, inasumible entonces para el conjunto dirigido por Diego Alonso, el adiós al Mundial 2026 incide en la misma línea, con el agravante de que no ha ganado a nadie.Ni a Arabia Saudí, con la que empató a uno en la primera jornada; ni a Cabo Verde, con la que igualó a dos en la segunda; ni a España, con la que perdió 0-1 en el último y decisivo capítulo, en el que debía superar a su rival para lograr la clasificación. No le valía ni el equilibrio ni la derrota. Está fuera del Mundial el equipo de Marcelo Bielsa.Hasta el episodio de Catar en 2022, Uruguay había alcanzado todas las eliminatorias desde la eliminación también en esta instancia en Japón y Corea 2002. Entonces tampoco ganó ninguno de sus encuentros, como ahora, con dos empates y una derrota y tan solo dos puntos. Marcó cuatro goles y encajó cinco. Fue derrotada por Dinamarca (1-2) y niveló tanto con Francia (0-0) como con Senegal (3-3). Fue insuficiente. Acabó tercera.No fue más allá de esa ronda, igualmente, en Alemania 1974. Ubicada en el fondo de la tabla de su grupo, no venció tampoco a nadie. Ni a Países Bajos, cuando fue doblegada por 0-2; ni a Bulgaria, con un 1-1; ni a Suecia, que la superó por 3-0. Un punto. Y un gol.El Mundial de Chile 1962 completan la lista de cinco eliminaciones en la fase de grupos del conjunto celeste. Aquel torneo lo comenzó con un triunfo frente a Colombia (2-1), que después no le sirvió para nada porque cayó con las entonces Yugoslavia, por 3-1, y Unión Soviética, por 2-1. La tercera posición del grupo lo dejó fuera de la siguiente ronda.Por el contrario, Uruguay sí fue más allá hasta en diez de sus quince participaciones en las fases finales de los Mundiales. Fue campeona en 1930 y 1950; cuarta en 1954, 1970 y 2010, su último gran éxito en este torneo; llegó a cuartos tanto en 1966 como en 2018; y su límite fueron los octavos de final en 2014, 1990 y 1986.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, continúa recibiendo mensajes de reconocimiento y estableciendo contactos con líderes internacionales de cara a su posesión el próximo 7 de agosto. En las últimas horas, el mandatario electo recibió una carta de felicitación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y sostuvo conversaciones telefónicas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del partido español Vox, Santiago Abascal.En el mensaje difundido por la Embajada de Rusia en Colombia, Putin felicitó a De la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales y destacó que las relaciones entre Rusia y Colombia "tradicionalmente tienen un carácter amistoso".Además, expresó su confianza en que el nuevo Gobierno contribuya al fortalecimiento de la cooperación bilateral en distintos ámbitos y le deseó éxitos, salud y bienestar durante su mandato.Tras conocer la carta de felicitación, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, respondió a través de su cuenta de X, donde agradeció el mensaje enviado por Vladímir Putin y expresó su disposición a fortalecer las relaciones entre ambos países. De la Espriella aseguró que Colombia y Rusia trabajarán para reforzar una comunicación fluida y avanzar en decisiones bilaterales que contribuyan a la reciprocidad, el progreso y el crecimiento de ambas naciones.Por otra parte, el equipo del presidente electo informó que De la Espriella conversó con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien coincidió en la importancia de fortalecer los vínculos entre Colombia y España en esta nueva etapa política. La llamada se produjo pocos días después de que la dirigente española felicitara públicamente al mandatario electo por su triunfo en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio.Asimismo, De La Espriella dialogó con Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, como parte de los acercamientos internacionales que adelanta antes de asumir el cargo.
La Lotería de Risaralda realizó su sorteo número 2956 el viernes 26 de junio de 2026. El premio mayor, con un valor de $2.333 millones, quedó en manos del billete con el número (en minutos), combinación que se convirtió en la gran ganadora del sorteo.Premios secos de la Lotería de RisaraldaAdemás del premio principal, la Lotería de Risaralda repartió una amplia variedad de premios secos con valores entre $30 millones y $300 millones, beneficiando a varios apostadores mediante categorías especiales como El Gordo de Risaralda, Ángel de la Suerte y La Escalera Millonaria.Millonarios premios entregados en el sorteoCon la realización del sorteo 2955, la Lotería de Risaralda volvió a entregar una importante suma de dinero entre sus participantes. Aunque el premio mayor concentró la atención de los apostadores, los premios secos permitieron que más jugadores tuvieran la posibilidad de resultar ganadoresLos premios secundarios alcanzaron montos de hasta $300 millones, ampliando las oportunidades para quienes adquirieron su billete y acertaron las combinaciones premiadas.¿Cómo verificar si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?Los jugadores pueden confirmar si su billete obtuvo algún premio revisando los resultados oficiales publicados por la lotería. Para reclamar cualquier valor ganado es necesario que coincidan exactamente el número y la serie del billete con las combinaciones anunciadas durante el sorteo.La recomendación para los participantes es conservar el billete en buen estado y verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la entidad.
La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5074 durante la noche del viernes 26 de junio de 2026, una jornada que generó expectativa entre miles de jugadores. En esta edición, el premio mayor, con un valor de $6.500 millones, quedó en manos del billete con el número (en minutos).Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5074Además del máximo premio, la Lotería de Santander entregó una amplia variedad de premios secos, con montos que fueron desde los $5 millones hasta los $700 millones, beneficiando a varios participantes del tradicional juego de azar.Recomendaciones para verificar los resultadosLa Lotería de Santander recordó a los apostadores la importancia de revisar cuidadosamente sus billetes antes de adelantar cualquier proceso relacionado con el cobro de premios.Para evitar errores o inconvenientes, los participantes deben:Confirmar que coincidan correctamente el número y la serie del billete.Acudir únicamente a puntos de pago autorizados.Consultar los resultados mediante los canales oficiales de la lotería.Revisar el acta oficial del sorteo para verificar la información definitiva.¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?El siguiente sorteo de la Lotería de Santander quedó programado para el viernes 3 de juliode 2026, fecha en la que nuevamente miles de colombianos podrán participar por importantes premios económicos.Los interesados también podrán consultar y revivir el sorteo completo a través de los canales oficiales de la entidad.
Este viernes, 26 de junio, la Lotería de Medellín lleva a cabo el sorteo 4838, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número (en minutos).Premios secos de la Lotería de MedellínComo es habitual, además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a los participantes en todo el país.En la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, puede recorfirmar los resultados, en caso de que su billete haya resultado ganador.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?Las personas que resultaron ganadoras deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Una vez realizada esta comprobación, deberán acercarse a los puntos autorizados o a la entidad bancaria designada por la lotería para iniciar el proceso de reclamación.Asimismo, es obligatorio presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.La Lotería de Medellín se mantiene como una de las loterías más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios, la frecuencia de sus sorteos y su amplia cobertura de distribución. Estas características la convierten en una de las opciones preferidas por miles de colombianos que participan semanalmente en busca de la suerte.