Las recientes sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a integrantes del antiguo secretariado de las FARC generaron inconformidad entre las víctimas representadas por la Federación de Víctimas de las FARC. Así lo manifestó Sergio Alzate, abogado de esta organización, durante una entrevista en Recap Blu.Alzate aseguró que las víctimas no se sienten representadas por las decisiones conocidas y cuestionó el alcance de las sanciones. “Las víctimas están muy insatisfechas porque no se sienten representadas en esas decisiones. Son decisiones que son formales, son simbólicas, no son materiales”, afirmó.Según el abogado, uno de los principales reclamos está relacionado con el aporte de información sobre personas desaparecidas y con la entrega de bienes destinados a la reparación. Como ejemplo, señaló el caso de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. “Timochenko no ha entregado los computadores, los equipos, los dispositivos que utilizó en la guerra. Donde estaban todos los menores reclutados, todos los desaparecidos, todos los bienes de las FARC”, sostuvo.Acciones legales contra las decisionesFrente a las sanciones de la JEP, la Federación de Víctimas de las FARC prepara dos mecanismos jurídicos: una acción de tutela y una acción de revisión. Alzate explicó que esperan tener terminado el proceso en aproximadamente dos semanas, debido a la extensión y complejidad de las decisiones.El abogado también cuestionó la reparación a las víctimas individuales. Afirmó que la justicia transicional contempla principalmente mecanismos de reparación colectiva y señaló que, desde su perspectiva, esto deja pendientes las necesidades particulares de quienes fueron afectados por el conflicto.Expectativa por el caso de reclutamiento de menoresSobre el llamado de Sandra Ramírez dentro del Macrocaso 07, relacionado con el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, Alzate expresó una expectativa favorable. “Nosotros tenemos mucha esperanza en que este Macrocaso 7 pues se desenvuelva de la mejor forma y sentimos pues una gran satisfacción con este primer paso”, señaló.El abogado también destacó el trabajo de la magistrada Lili Rueda y sostuvo que las víctimas esperan avances en el esclarecimiento de los hechos investigados por la JEP.Cuestionan las sanciones de la JEPEl senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, cuestionó en Recap Blu las sanciones restaurativas anunciadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para antiguos integrantes de las FARC. Durante la entrevista, manifestó su desacuerdo con que las sanciones contemplen trabajos comunitarios y afirmó que, después de varios años, las consecuencias anunciadas resultan insuficientes frente a las expectativas de las víctimas. “Es insultante con las víctimas”, sostuvo.Cadavid también cuestionó la naturaleza de las sanciones al señalar que, en su opinión, después de cerca de una década de funcionamiento de la JEP, los resultados deberían tener otras características. “¿Te parece que suena en chiste? No existe. Pintan para hacer trabajo comunitario”, afirmó al referirse a las medidas anunciadas para los antiguos integrantes de las FARC.Otro de los puntos abordados por el senador fue el presupuesto destinado a la JEP. Cadavid sostuvo que la entidad debe demostrar resultados frente a los recursos que recibe y planteó que los controles sobre su funcionamiento son necesarios. En su opinión, la jurisdicción debería concentrarse en resolver los procesos que ya tiene abiertos.“Yo creo que la JEP ya fracasó en los tiempos”, manifestó Cadavid, quien agregó que, desde su perspectiva, la entidad no debería continuar abriendo nuevos macrocasos mientras existen investigaciones pendientes. También cuestionó actividades que, según dijo, se alejan de lo que considera el propósito central de la jurisdicción.Cuestionamientos sobre el tratamiento a la fuerza públicaCadavid también se refirió al tratamiento que han recibido integrantes de la fuerza pública dentro de la justicia transicional. El senador sostuvo que deberían revisarse algunos procesos y diferenciar las responsabilidades individuales. “No todos los miembros de la Fuerza Pública pueden ser metidos en el mismo saco”, expresó.Al referirse a los casos de actuaciones ilegales cometidas por integrantes de las Fuerzas Militares, señaló que quienes hayan cometido delitos deben responder por sus actuaciones. “Los que hayan manchado el honor militar, pues que tengan muy pocos beneficios”, afirmó.Finalmente, Cadavid insistió en que las sanciones deben guardar relación con las responsabilidades establecidas en los procesos. Al cuestionar las medidas anunciadas para los antiguos integrantes de las FARC, señaló que durante años algunos de ellos tuvieron participación política mientras avanzaban los procesos de la justicia transicional.“Pintan para hacer trabajo comunitario”, reiteró el senador, al expresar su posición sobre las sanciones y su alcance frente a las víctimas y los hechos investigados por la JEP.Escuche la entrevista completa acá:
Un grave incidente en la infraestructura de transporte de hidrocarburos en el sur de Nigeria ha provocado la pérdida de hasta el momento 37 vidas. De acuerdo con los reportes oficiales preliminares emitidos por una organización local, las 37 víctimas fallecieron en el lugar de los hechos. El suceso se desencadenó de manera directa por la inhalación de vapores altamente tóxicos emanados de carburante, mientras llevaba a cabo la sustracción no autorizada de combustible desde un oleoducto ubicado en esta región del país africano.El reporte fue emitido por el Centro para la Defensa de la Juventud y el Medio Ambiente. De acuerdo con el comunicado de prensa de esta asociación civil, además de las decenas de víctimas mortales plenamente confirmadas tras el contacto con las sustancias volátiles, un número considerable de personas adicionales permanece en condición de desaparecidas, lo que mantiene en vilo el balance definitivo de afectados por la emanación gaseosa. Por su parte, los cuerpos de seguridad han tomado conocimiento directo de la situación. La policía local ratificó y confirmó formalmente la veracidad del suceso acontecido en las inmediaciones de la tubería de distribución. No obstante, en sus declaraciones iniciales, la institución policial optó por la prudencia respecto a las cifras y decidió no proporcionar todavía un recuento preciso o un balance numérico oficial sobre la cantidad de decesos ocurridos en el terreno. La confirmación de las autoridades policiales ratifica que los hechos ocurrieron tal como fueron descritos por la entidad comunitaria, validando la ocurrencia del suceso en la infraestructura petrolera pero dejando abierta la cifra de víctimas a la espera de evaluaciones más detalladas en el área afectada.La causa técnica de los decesos informados radica de forma específica en la inhalación de los vapores nocivos que despide el carburante bajo estas condiciones de manipulación no regulada. El oleoducto, diseñado para el transporte seguro de hidrocarburos a lo largo del territorio del sur de Nigeria, se convirtió en el escenario de la tragedia cuando los vapores se concentraron en el ambiente circundante, afectando las vías respiratorias de quienes se encontraban en el perímetro.
Nepal elevó este lunes a 903 la cifra de muertos y a 4.247 la de desaparecidos tras la devastadora riada que arrasó el pasado miércoles una zona del norte y el centro de Nepal, según el último informe de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).Con un incremento de 115 fallecidos en el último recuento y más de 1.700 nuevos desaparecidos contabilizados solo en suelo nepalí, la tragedia a ambos lados de la frontera deja ya un saldo total de 919 muertos y 4.793 personas sin localizar.El drástico aumento en el registro de personas sin contacto, que pasó de 2.502 a 4.247 en menos de 24 horas, se debe a un progresivo restablecimiento de las comunicaciones en los distritos más aislados, que ha permitido consolidar los conteos de las diferentes administraciones.Según el desglose del organismo, la mayor parte de este aumento procede de los reportes del Centro Operativo de Emergencias del Distrito (DEOC) en Nuwakot, que registró un salto de 115 a 1.558 desaparecidos, mientras que en Rasuwa la cifra ascendió de 562 a 865 personas.A estos balances locales se suman 933 trabajadores atrapados o no localizados en complejos hidroeléctricos de la cuenca del Bhote Koshi y Trishuli, 83 miembros de las fuerzas de seguridad y 21 funcionarios de diversos organismos públicos.Unos 592 ciudadanos extranjeros siguen en paradero desconocido.La Junta de Turismo de Nepal (NBL) informó el domingo de que las autoridades han logrado entablar contacto directo con un grupo de cinco extranjeros que se encontraban localizados en la zona, entre ellos tres ciudadanos españoles, un estadounidense y un belga, aunque el informe oficial no precisa si han sido ya evacuados o permanecen a la espera de rescate en sus ubicaciones.Las labores de búsqueda y rescate sobre el terreno continúan, con un despliegue masivo de 20.811 efectivos de las fuerzas de seguridad, apoyados por seis equipos médico-quirúrgicos.Además, las operaciones de evacuación aérea dirigidas por el Ejército han completado 411 vuelos de helicóptero, logrando poner a salvo a 10.451 personas, entre ellas 3.344 ciudadanos nepalíes y 252 extranjeros, agregó el reporte.
La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación entregaron ante el Congreso un informe sobre los principales rezagos en la implementación de la Ley de Víctimas y de los Decretos Ley Étnicos, 15 años después de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011. Los reportes señalan dificultades especialmente en indemnización, reparación colectiva, vivienda, generación de ingresos y fortalecimiento institucional, mientras persisten las afectaciones derivadas del conflicto armado en distintas regiones del país.El Décimo Tercer Informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas reconoce que la política pública ha ejecutado 265,2 billones de pesos desde su implementación y registra avances normativos e institucionales en atención, asistencia y reparación. Sin embargo, las entidades advierten que persisten problemas relacionados con la suficiencia de los recursos, la oportunidad con la que se ejecutan y la capacidad para medir sus resultados. Uno de los principales llamados está relacionado con el aumento de las emergencias humanitarias. Durante 2025, 83.874 personas fueron afectadas por desplazamientos masivos, una cifra 68 % superior a la registrada en 2024. Además, con corte al 31 de marzo de 2026, permanecían activas 130 Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que advertían riesgos para la población en 421 municipios y 15 áreas no municipalizadas.A las dificultades de seguridad se suman las condiciones económicas de las víctimas. El informe señala que el 41,2 % se encuentra en pobreza monetaria y el 17,4 % en pobreza extrema. Además, más de 5,1 millones de víctimas no han logrado superar las dificultades para generar ingresos, lo que evidencia las barreras que todavía enfrentan para alcanzar una reparación integral y mejorar sus condiciones de vida.La indemnización administrativa continúa siendo uno de los mayores pendientes. Desde 2011 se han entregado cerca de 1,95 millones de indemnizaciones, equivalentes al 24,7 % de las víctimas susceptibles de recibir esta medida. De acuerdo con el informe, si el proceso continúa al ritmo actual, se necesitarían 31,5 años para atender a las personas que permanecen pendientes de esta reparación.La situación también es crítica en materia de reparación colectiva. De los 1.292 sujetos que se encontraban en ruta de reparación, apenas el 5 % había culminado su Plan Integral de Reparación Colectiva, con corte a marzo de 2026. Las entidades también identificaron brechas en el acceso de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas a diferentes medidas de reparación.Otro de los problemas está en la capacidad de las entidades territoriales para ejecutar la política pública. Según el informe, el 46 % de los municipios del país presenta una necesidad alta o muy alta de fortalecimiento institucional, lo que limita la capacidad para garantizar de manera adecuada los derechos de las víctimas.Pueblos étnicos, entre los más afectadosEl panorama es especialmente preocupante para los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom. El XIV Informe de Seguimiento advierte que los grupos armados ilegales continúan afectando la movilidad de estas comunidades, sus procesos de retorno, sus derechos territoriales y el acceso a medidas de reparación.Además, el 36,5 % de la población indígena del país está inscrita en el Registro Único de Víctimas, frente a un promedio nacional del 19 %. En los pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, la proporción alcanza el 37 %. Entre 2023 y 2025, la Unidad para las Víctimas reportó 643 emergencias masivas. De ellas, 291 afectaron a población indígena y afrocolombiana, lo que equivale al 45 %. Los departamentos con mayores afectaciones son Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Guaviare.Frente a este panorama, la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría insistieron en la necesidad de acelerar la implementación de las medidas de atención y reparación, fortalecer la coordinación entre las entidades y mejorar las capacidades de los territorios. Las entidades consideran que la implementación de la Ley 2421 de 2024 será determinante para enfrentar los rezagos históricos y responder a las nuevas dinámicas del conflicto armado.
“Ni perdón ni olvido. Justicia para Juancho”. Con mensajes como este escritos en pancartas, decenas de personas acompañaron el funeral de Juan David Raccini Hernández, un joven de 20 años que murió en Tierralta, Córdoba, el pasado sábado 15 de agosto.Blu Radio conoció que la Fiscalía asignó un fiscal para investigar las circunstancias que rodearon la muerte del joven, quien fue arrollado por un carro todoterreno, tipo UTV, en ese municipio. Sin embargo, su familia denunció en redes sociales que los presuntos responsables no fueron capturados por las autoridades, a pesar de los videos que registraron el hecho y de los testigos que habrían presenciado la tragedia.Como lo registra una cámara de video, casi a la medianoche del 15 de agosto, Juan David conducía una motocicleta en la carrera 19 con calle 10, cuando fue embestido por un vehículo todoterreno que también terminó averiado producto del golpe.Vicente Raccini, padre de la víctima, cuestionó en redes sociales que vehículos como el que arrolló y mató a su hijo circularan por el municipio a alta velocidad. Precisamente, para el día del accidente se desarrollaba en zona rural de Tierralta el evento de vehículos todoterreno Off Road Alto Sinú.Raccini también recalcó que los involucrados deben ser puestos a disposición de las autoridades para que respondan por la muerte de Juan David, quien en el municipio era admirado por su trabajo como técnico veterinario.Frente al hecho, la Fiscalía General de la Nación en Córdoba anunció la apertura de la investigación. Sin embargo, los responsables de la muerte de Juan David permanecen en libertad.La Alcaldía de Tierralta también lamentó la muerte de Juan David y, en un comunicado publicado en redes sociales, “exhortó a los organismos de investigación y a las autoridades judiciales a determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los acontecimientos, así como establecer las responsabilidades a que haya lugar”.
Faltando pocos meses para que se cumplan diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y las extintas Farc, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al próximo Gobierno, al Congreso de la República y a las demás instituciones del Estado para que la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la no repetición de la violencia se mantengan como una prioridad en la agenda pública.El pronunciamiento se produjo tras la publicación del sexto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), denominado "Tejidos para la reparación", que evalúa los avances y los retos en la implementación de las medidas orientadas a reparar a las víctimas y consolidar la paz.La Defensoría destacó que el informe reconoce progresos importantes en la política de atención a las víctimas. Entre ellos mencionó la prórroga de la Ley de Víctimas y el incremento en el número de personas víctimas de violencia sexual que han recibido indemnización.También mencionó los avances en restitución de tierras, el reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado, el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas y la expedición del documento CONPES sobre soluciones duraderas para la población desplazada.No obstante, la entidad advirtió que aún existen rezagos significativos. El informe señala que la implementación de la reparación colectiva para pueblos étnicos, mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas continúa siendo limitada. También identifica desafíos en la atención a las víctimas que permanecen en el exilio.La Defensoría coincidió con el Comité en que la estructura institucional creada hace 15 años para atender a las víctimas ha sido desbordada por la dimensión del conflicto armado y enfrenta restricciones presupuestales que dificultan el cumplimiento de las obligaciones del Estado.En ese contexto, la entidad resaltó la importancia de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como un mecanismo para buscar alternativas que fortalezcan la capacidad institucional y permitan garantizar una respuesta más efectiva.En ese contexto, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno de Abelardo De La Espriella, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, al Congreso y a las entidades estatales para convertir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en decisiones concretas que fortalezcan la reparación integral, la memoria, la construcción de paz y las garantías de no repetición.
La Ley de Víctimas, una pieza legislativa fundamental que reconoce a quienes han sufrido el conflicto armado en Colombia como sujetos de derechos, cumple 15 años de vigencia. Sin embargo, la celebración llega acompañada de una cifra alarmante: el universo de afectados superó con creces las expectativas iniciales, alcanzando hoy a 10 millones de personas, lo que representa a una de cada cinco ciudadanos en el país."Jamás nos imaginamos que el universo de víctimas iba a ser de ese tamaño", indicó Rivera.Un origen marcado por la oposición y el éxito de la paz El exministro Guillermo Rivera recordó que la historia de esta ley comenzó en 2007, cuando el Partido Liberal, entonces en oposición, atendió el llamado de víctimas de todo el país. Aunque el proyecto fue archivado inicialmente por las mayorías del gobierno de Álvaro Uribe, logró ver la luz durante el mandato de Juan Manuel Santos.Según Rivera, este texto no solo estableció mecanismos de reparación, sino que "resultó ser definitivo para que se pudiera iniciar el proceso de paz de La Habana y culminar con éxito" en 2016.El desafío presupuestal, una deuda de 407 billonesEl principal obstáculo actual es la financiación. Los cálculos iniciales se quedaron cortos ante la magnitud del registro de víctimas. La consejera de paz, Isabelita Mercado, ha señalado un rezago de 5.9 millones de víctimas aún por atender.Para cubrir las indemnizaciones pendientes, se estima que se requieren entre 300 y 407.3 billones de pesos. Ante la dificultad de obtener estos recursos del presupuesto nacional debido al déficit fiscal, Rivera planteó una solución alternativa:"Una reforma que le permita al sistema nacional de regalías por una sola vez usar los saldos que existen para cubrir ese déficit", dijo. Escuche la entrevista aquí:
Después de más de una década de trámites, acompañamiento institucional y construcción comunitaria, el resguardo indígena Sabaleta y la comunidad La Puria, pertenecientes al pueblo Emberá en el departamento del Chocó, lograron cerrar oficialmente sus procesos de reparación colectiva, una medida contemplada dentro de la Ley de Víctimas para atender afectaciones derivadas del conflicto armado.Ambas comunidades ingresaron a los Planes Integrales de Reparación Colectiva entre 2013 y 2014, luego de ser reconocidas como sujetos colectivos afectados por años de confrontaciones armadas en una zona estratégica para economías ilegales y corredores de movilidad entre el Urabá antioqueño, el centro del Chocó y la salida hacia el Pacífico colombiano.Durante años, estos territorios estuvieron expuestos a disputas entre las FARC, el ELN y estructuras paramilitares provenientes del Urabá antioqueño. Las comunidades enfrentaron desplazamientos forzados, amenazas, confinamientos y múltiples hechos de violencia que dejaron cerca de 12.000 víctimas relacionadas con el conflicto en la región.El cierre de estos procesos representa la culminación de una serie de acciones construidas conjuntamente entre las comunidades y la Unidad para las Víctimas. Según explicó Amaury Gómez, subdirector de Reparación Colectiva de la entidad, en uno de los planes se implementaron 17 acciones y en el otro 18 medidas orientadas a reconstruir las capacidades sociales, económicas y culturales de las comunidades Emberá.Más allá de los documentos institucionales, las medidas desarrolladas tuvieron impacto directo sobre la vida cotidiana de las familias indígenas. Entre las iniciativas ejecutadas aparecen talleres de confección acompañados de capacitaciones y entrega de equipos, fortalecimiento de proyectos agropecuarios, apoyo a la producción y comercialización de artesanías, así como procesos de transferencia de saberes ancestrales. También se implementaron mejoras en espacios educativos mediante nuevo mobiliario escolar para niñas y niños, además de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la autonomía organizativa y política de las comunidades indígenas. Parte de las acciones incluyó ejercicios de reconstrucción de memoria histórica enfocados en preservar relatos, prácticas tradicionales y procesos de recuperación cultural.Para las autoridades indígenas, el cierre de los planes marca un punto importante dentro de los procesos comunitarios. Efraín Velásquez Tanugama, gobernador del resguardo Sabaleta, aseguró sentirse satisfecho con las medidas implementadas por el Gobierno nacional y la Unidad para las Víctimas como parte de la reparación por las afectaciones sufridas durante años de confrontación armada.Según la Unidad para las Víctimas, las acciones ejecutadas buscan responder no solo a daños materiales, sino también a impactos sobre las formas de vida de estas comunidades étnicas. El conflicto alteró prácticas culturales, limitó la autonomía territorial y afectó dinámicas tradicionales asociadas a la organización comunitaria y espiritual del pueblo Emberá.La reparación colectiva es uno de los mecanismos contemplados dentro de la Ley 1448 de 2011, normativa que estableció rutas de atención y reparación para comunidades, organizaciones y grupos afectados por el conflicto armado en Colombia. En el caso de los pueblos indígenas, estos procesos incorporan componentes relacionados con identidad cultural, territorio y fortalecimiento organizativo.De acuerdo con cifras entregadas por la Unidad para las Víctimas, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han implementado indemnizaciones superiores a los 62.000 millones de pesos que han beneficiado a más de 100 comunidades étnicas en distintas regiones del país. La entidad también informó sobre inversiones que superan los 10.000 millones de pesos destinadas al fortalecimiento de capacidades organizativas de sujetos colectivos no étnicos y organizaciones sociales. Además, reportó la firma de 230 planes de reparación colectiva en diferentes territorios del país.En el caso de Sabaleta y La Puria, el cierre de los procesos se convierte en uno de los avances recientes más relevantes para las comunidades indígenas del Chocó, una de las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado y las economías ilegales. Las medidas implementadas apuntan a recuperar prácticas comunitarias, fortalecer proyectos productivos y reconstruir dinámicas sociales alteradas durante años de confrontación.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelantó la recuperación material de dos predios rurales en Cáceres, Antioquia, que suman más de 200 hectáreas y que ahora serán destinados a comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado en la región. El operativo, desarrollado los días 6 y 7 de mayo en articulación con varias entidades estatales, incluyó procedimientos administrativos, acompañamiento institucional y el retiro de bienes y animales ubicados en uno de los terrenos.Las propiedades recuperadas corresponden a los predios La Ilusión y Marlengo, ubicados en la vereda El Jardín, corregimiento El Jardín, en jurisdicción del municipio de Cáceres. La Ilusión tiene una extensión de 158 hectáreas, mientras que Marlengo cuenta con cerca de 60 hectáreas. Ambos estaban bajo administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas tras haber sido entregados dentro de procesos de reparación integral relacionados con antiguos jefes paramilitares.Según la ANT, estos terrenos pasarán ahora a programas de acceso a tierra dirigidos a campesinos sin predios y a familias afectadas por el conflicto armado. El procedimiento contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Personería de Cáceres, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Secretaría de Gobierno municipal y la Comisaría de Familia.De acuerdo con información oficial, el predio Marlengo estuvo vinculado en el pasado con Hebert Veloza García, conocido con el alias de ‘HH’, antiguo comandante del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En tanto, sobre La Ilusión existen antecedentes relacionados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, otro exjefe paramilitar señalado en investigaciones sobre despojo de tierras y desplazamiento forzado en Antioquia y otras regiones del país.La ANT explicó que el predio La Ilusión era utilizado para actividades de ganadería de levante por parte de un exarrendatario identificado como Jorman Giraldo Duque. De acuerdo con la entidad, el ocupante pagaba un canon mensual de un millón de pesos al Fondo para la Reparación de las Víctimas por el uso de las 158 hectáreas, contrato que posteriormente fue terminado de manera anticipada.Durante la diligencia inicial, funcionarios de la Agencia informaron a los trabajadores presentes que el inmueble quedaba bajo administración de la ANT y que debían retirarse los animales y enseres existentes en el lugar. Entre los bienes inventariados se encontraban 332 novillas, un búfalo, tres caballos, tres perros pastor belga y 183 gallinas ponedoras.El procedimiento incluyó varias conversaciones entre la ANT y Jorman Giraldo Duque, quien llegó desde Medellín para atender la diligencia. La entidad señaló que inicialmente se propuso un plazo de tres días para retirar los semovientes y pertenencias, luego una extensión a cinco días y posteriormente una alternativa de diez días planteada por la Personería Municipal de Cáceres. Sin embargo, no se logró un acuerdo definitivo durante esa jornada.Posteriormente, el 7 de mayo, la Agencia Nacional de Tierras retomó la diligencia junto con funcionarios del ICA, la Personería y la Alcaldía de Cáceres. En ese momento, según el reporte oficial, se informó nuevamente al ocupante que la entidad estaba dispuesta a concederle 15 días para retirar los bienes y animales del predio, plazo que había solicitado previamente. Pese a ello, Giraldo Duque manifestó que no abandonaría el terreno.Ante esa situación, la Agencia Nacional de Tierras aplicó medidas contempladas en el artículo 225 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en el Decreto 1007 de 2022. Como parte del procedimiento, los enseres fueron trasladados a una bodega en Caucasia y se realizó el inventario de los animales presentes en la finca.La ANT indicó, además, que se concedió un plazo de un mes para reclamar los elementos trasladados y 15 días para retirar los semovientes del predio. La entidad advirtió que, en caso de incumplimiento, los animales podrían ser declarados en abandono conforme a la normativa vigente.Durante la diligencia también se registraron momentos de tensión. Según el reporte oficial de la Agencia, Jorman Giraldo Duque y algunas personas que lo acompañaban protagonizaron episodios de agresión verbal contra funcionarios y uno de los acompañantes habría intentado agredir físicamente al equipo institucional.Cinco días después de ejecutarse la recuperación material del predio La Ilusión, la Agencia Nacional de Tierras informó que el exarrendatario comenzó el retiro de semovientes y pertenencias, en cumplimiento de los acuerdos establecidos tras el procedimiento.Con esta actuación, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, continúa adelantando acciones legales y en cumplimiento de la Ley para garantizar que la tierra vuelva a manos del campesinado y de quieres realmente la trabajan.
En un operativo fue capturado en flagrancia un criminal conocido como 'El Gafas', señalado de cometer varios atracos en establecimientos comerciales del sur de Bogotá. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Fraguita, en la localidad de Antonio Nariño, luego de una denuncia ciudadana que permitió activar la reacción de las autoridades.Trabajadores de un comercio en el sector de Ciudad Berna alertaron a una patrulla de vigilancia sobre un robo ocurrido minutos antes. Con el apoyo de cámaras de seguridad y las características físicas entregadas por las víctimas, se inició un plan de búsqueda que permitió ubicar al presunto responsable cuando, al parecer, intentaba ingresar a otro establecimiento para cometer un nuevo atraco.Al notar la presencia policial, el hombre emprendió la huida, pero fue interceptado pocas cuadras más adelante. Durante el procedimiento, los uniformados le hallaron un arma de fuego y una herramienta que, según las autoridades, utilizaba para violentar cajas registradoras.Las investigaciones indican que el capturado utilizaba casco y gafas como método para dificultar su identificación mientras perpetraba los robos bajo la modalidad de atraco. Además, se le atribuyen varios hurtos a comercios de mediana y baja superficie en esta zona de la ciudad.El hombre, de 28 años, ya contaba con tres anotaciones judiciales por el delito de hurto. Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados, donde deberá responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.
El senador paraguayo Gustavo Leite, del Partido Colorado, arremetió contra el expresidente Santiago Peña, su compañero de partido, a quien calificó de “bandido” y acusó de haber traicionado al país en medio de la crisis de Ueno Bank, el escándalo financiero que dejó a cerca de 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero y que terminó con la destitución y captura del exmandatario. En diálogo con Mañanas Blu, el legislador afirmó que la ciudadanía exige ver a Peña en una cárcel común y que el proceso judicial “recién comienza”.“Nos traicionó a todos los paraguayos, y con más razón a nosotros”, afirmó Leite al explicar por qué cuestiona con dureza a un político de su misma colectividad. Según recordó, el Partido Colorado acogió a Peña en 2016, cuando provenía del partido tradicional de oposición.“Resultó ser un gran impostor. No sé si un caballo de Troya o un impostor”, sostuvo el senador, quien aseguró que en la sesión del Senado en la que se votó la destitución pidió que el exmandatario saliera del cargo “con deshonra”.Partido Colorado debe asumir “el error histórico”, según LeiteEl legislador insistió en que la filiación política no puede servir de escudo ante los hechos investigados. “Da igual que sea mi partido o no, cuando uno comete una traición no importa de qué partido sea”, declaró.Leite fue más allá y señaló la responsabilidad de su propia colectividad: “El Partido Colorado tiene que asumir históricamente el error de haber puesto a un bandido en la presidencia, que tenemos que tener el coraje para sacarlo y que la fiscalía tiene que tener el coraje para meterlo en la cárcel”.Peña fue enviado a prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían acarrear hasta 10 años de cárcel. Además, los fiscales del caso allanaron su vivienda en la ciudad de San Bernardino.Para el senador, sin embargo, la situación de reclusión del expresidente no responde a lo que reclama la ciudadanía. “La gente quiere a Peña no en el regimiento escolta, lo quiere en la cárcel nacional donde van todos los delincuentes comunes”, dijo, y agregó: “La gente lo quiere a Peña sin sonrisa, lo quiere esposado como todos los delincuentes comunes”.Senador anticipa nuevas imputaciones contra Santiago PeñaDe acuerdo con Leite, el caso podría ampliarse en las próximas semanas. El senador afirmó que existen presunciones de que Peña era socio oculto del banco y que la entidad actuó “sin dudas en connivencia con el Ejecutivo”, señalamientos que forman parte de su versión y que deberán ser establecidos por la justicia.“Hay demasiados rastros que van a acelerar otras imputaciones. Aquí creo que no se va a salvar de lavado de dinero y de asociación ilícita”, aseguró.El legislador también se refirió al papel del ente acusador: “Yo dije en mi intervención en el Senado cuando el día de la destitución que el fiscal general del estado tiene la brillante ocasión de ser héroe o villano”.El juicio político que llevó a la salida de Peña se desarrolló en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país, cuando el mandatario había cumplido tres años de gobierno.Las alertas sobre Ueno Bank que no fueron atendidasLeite relató que su distanciamiento con Peña comenzó en marzo de este año, cuando, siendo aún embajador de Paraguay en Estados Unidos, denunció públicamente que durante el gobierno de Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, “no había olor a coima y los proveedores cobraban al día”. Tras esa ruptura, renunció a la embajada y regresó a Asunción.Según el senador, un grupo de legisladores colorados, entre ellos el actual vicepresidente Antonio Barrios, solicitó al Banco Central del Paraguay un informe de 31 puntos sobre la supervisión de la entidad. La respuesta, afirmó, se limitó a invocar el secreto bancario. “El Banco Central, por instrucciones de Peña, nos responde una estupidez, no nos responde nada”, aseguró.El congresista sostuvo que posteriormente se conocieron créditos que calificó de “absolutamente temerarios”, como préstamos de 40 millones de dólares a empresas relacionadas con el grupo del banco que facturaban 10.000 dólares al mes. “Eso ya era un indicio de vaciamiento”, dijo. Añadió que, aun con el banco sometido a un sumario público, la entidad siguió recibiendo fondos estatales, entre ellos recursos de Itaipú.Comisión bicameral para establecer “quién dio la orden”Frente al destino de los recursos públicos depositados en el banco, Leite anunció que impulsará este miércoles en el Senado una comisión bicameral de investigación. “Es para ir al fondo de la cuestión y entender quién dio la orden, y entender quién dio la orden de esconder el déficit, porque es un daño tremendo a la reputación de Paraguay”, explicó.El nuevo Gobierno también busca rastrear el dinero: el vicepresidente Barrios anunció que solicitará cooperación internacional, incluso a Estados Unidos, para establecer el paradero de los recursos y los bonos manejados por la entidad.Así avanza la devolución de ahorros en ParaguayLa crisis de Ueno Bank estalló luego de que la junta del Banco Central sometiera a la entidad a un procedimiento de resolución, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.Mediante una ley especial, el Banco Central reportó en apenas dos días pagos a 1.196.000 personas por unos 160 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Aún quedan pendientes 669.336 cuentas, y cerca de 32.000 pensionados serán trasladados a otras ocho entidades bancarias.Leite explicó que la ley garantiza la devolución de hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, con recursos acumulados desde la última crisis financiera, y dimensionó el impacto: “3 millones de ahorristas para 6 millones de paraguayos, es la mitad del país damnificado”.Qué espera el senador del gobierno de Pedro AllianaSobre el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña y asumió tras la destitución, Leite expresó confianza en un cambio: “Porque o cambiamos o nos cambian”. A su juicio, Alliana, expresidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, “sabrá entender que la gente quiere cambio de verdad”.Al cierre, el senador envió un mensaje de calma. Aseguró que la crisis afecta al 8 % del sistema financiero, que calificó de sólido, solvente y líquido. “Es un hecho aislado, tremendo pero aislado”, afirmó, y destacó que las instituciones dieron cuenta del caso en 72 horas “sin que haya un muerto”.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista:
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.
