Faltando pocos meses para que se cumplan diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y las extintas Farc, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al próximo Gobierno, al Congreso de la República y a las demás instituciones del Estado para que la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la no repetición de la violencia se mantengan como una prioridad en la agenda pública.
El pronunciamiento se produjo tras la publicación del sexto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), denominado "Tejidos para la reparación", que evalúa los avances y los retos en la implementación de las medidas orientadas a reparar a las víctimas y consolidar la paz.
La Defensoría destacó que el informe reconoce progresos importantes en la política de atención a las víctimas. Entre ellos mencionó la prórroga de la Ley de Víctimas y el incremento en el número de personas víctimas de violencia sexual que han recibido indemnización.
También mencionó los avances en restitución de tierras, el reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado, el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas y la expedición del documento CONPES sobre soluciones duraderas para la población desplazada.
No obstante, la entidad advirtió que aún existen rezagos significativos. El informe señala que la implementación de la reparación colectiva para pueblos étnicos, mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas continúa siendo limitada. También identifica desafíos en la atención a las víctimas que permanecen en el exilio.
A casi diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, las víctimas deben seguir siendo el centro de los esfuerzos institucionales para consolidar una paz duradera. Por ello, nos unimos al llamado del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión para el… pic.twitter.com/KWEzvMzEzA
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) July 11, 2026
La Defensoría coincidió con el Comité en que la estructura institucional creada hace 15 años para atender a las víctimas ha sido desbordada por la dimensión del conflicto armado y enfrenta restricciones presupuestales que dificultan el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
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En ese contexto, la entidad resaltó la importancia de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como un mecanismo para buscar alternativas que fortalezcan la capacidad institucional y permitan garantizar una respuesta más efectiva.
En ese contexto, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno de Abelardo De La Espriella, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, al Congreso y a las entidades estatales para convertir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en decisiones concretas que fortalezcan la reparación integral, la memoria, la construcción de paz y las garantías de no repetición.
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