Las personas víctimas del conflicto armado que necesiten realizar trámites o recibir orientación en Bucaramanga deberán recurrir temporalmente a los canales telefónicos y digitales, luego de que fuera suspendida la atención presencial en el Punto de Atención a Víctimas (PAV), ubicado en un inmueble de propiedad de la Alcaldía.Las víctimas del conflicto armado que necesitan hacer trámites o recibir orientación en Bucaramanga no podrán acudir temporalmente al punto de atención presencial de la Unidad para las Víctimas.La entidad suspendió el servicio mientras se evalúan las condiciones de seguridad del inmueble de propiedad de la Alcaldía, donde funcionan varias dependencias públicas.La medida se adoptó después del desprendimiento de una parte del techo de la edificación, un incidente que dejó personas afectadas y obligó a revisar las condiciones de la infraestructura. La reapertura dependerá de un concepto técnico favorable que permita garantizar la seguridad de quienes trabajan y acuden al lugar.Mientras se mantiene la suspensión, la Unidad para las Víctimas habilitó canales telefónicos y digitales para evitar que los ciudadanos se queden sin orientación sobre sus trámites y solicitudes.Las personas que requieran información pueden comunicarse a través de WhatsApp a los números 311 282 4365 y 320 353 5400, o llamar a la línea 601 796 5150, extensión 2601.La entidad señaló que informará oportunamente cuándo se restablecerá la atención presencial. Por ahora, no hay una fecha confirmada para la reapertura del punto de atención en Bucaramanga.La suspensión se mantendrá como medida preventiva hasta que la Alcaldía cuente con la evaluación técnica necesaria para autorizar el ingreso de usuarios y la reanudación de los servicios en la sede.
El Tribunal Superior de Bucaramanga impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre la finca Piedra Linda, una propiedad rural ubicada en Cimitarra, Santander, que estaría vinculada a actividades de estructuras paramilitares que delinquieron en el Magdalena Medio.El inmueble, que tiene una extensión de 1.154 hectáreas y está avaluado en más de 21.300 millones de pesos, fue ocupado durante una diligencia adelantada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la investigación, la propiedad habría sido utilizada para el entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares con presencia en la región. Las labores de policía judicial y los testimonios recopilados dan cuenta, de manera preliminar, de que en el lugar habrían permanecido instructores extranjeros contratados por esas organizaciones ilegales.Aunque Piedra Linda figura registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales realizados por las autoridades evidenciaron una posible relación del inmueble con personas involucradas en actividades de narcotráfico y en la conformación de estructuras armadas.La medida cautelar busca evitar que el inmueble sea transferido o dispuesto mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio. La actuación se desarrolla a partir de los elementos recopilados por la Fiscalía sobre el posible vínculo del predio con actividades ilícitas y estructuras armadas que operaron en la región del Magdalena Medio.Una vez adoptadas las medidas, la Fiscalía pondrá la hacienda a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el propósito de que el inmueble sea destinado a la generación de recursos en favor de las víctimas del conflicto armado.
El Consejo de Estado dejó sin efectos la decisión que había negado el reconocimiento como víctimas del conflicto armado a los familiares del periodista Jorge Enrique Pulido Sierra, asesinado en 1989 en hechos atribuidos al Cartel de Medellín.La alta corte ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudiar nuevamente el caso y emitir una nueva decisión en un plazo de 20 días, porque consideró que no aplicó correctamente los criterios establecidos por la Corte Constitucional.Los familiares de Pulido habían pedido a la Unidad para las Víctimas su inclusión en el Registro Único de Víctimas, RUV. También solicitaron que se reconociera como desplazamiento forzado la salida del país de una de las familiares y su hijo, que atribuyeron a las amenazas y hechos de violencia relacionados con el asesinato.Es importante recordar, que el periodista sufrió un atentado con explosivos el 16 de mayo de 1989 y, meses después, un ataque con arma de fuego el 29 de octubre. Finalmente, murió el 8 de noviembre de ese año. Por estos hechos, la justicia ordinaria condenó a uno de los responsables por homicidio con fines terroristas.La Unidad para las Víctimas negó la inscripción de sus familiares al considerar que no estaba demostrada una relación suficiente entre el homicidio y el conflicto armado. Esa decisión fue posteriormente respaldada por el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá y por el Tribunal de Cundinamarca.El Tribunal reconoció que no se trató de un hecho aislado de delincuencia común y que el Cartel de Medellín desarrollaba en esa época una campaña sistemática de terror contra funcionarios, jueces, políticos y periodistas. Sin embargo, concluyó que el asesinato obedeció a la estrategia criminal del cartel y que no estaba probado que hubiera ocurrido en el marco del conflicto armado.El Consejo de Estado explicó que, según la Corte Constitucional, no es necesario demostrar una relación directa entre un hecho victimizante y una confrontación. Lo que debe establecerse es una relación cercana y suficiente con el conflicto armado. Además, señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta una sentencia de 2015 sobre un atentado del Cartel de Medellín, en la que se analizó la relación entre narcotráfico, terrorismo y conflicto armado durante los años 80.El Consejo de Estado concluyó que el Tribunal desconoció el precedente constitucional e incurrió en un error jurídico. Por lo que tumbó la sentencia del 2 de octubre de 2025 y ordenó emitir una nueva decisión. El reconocimiento de los familiares como víctimas aún no ha sido concedido y deberá definirse en el nuevo estudio.
Patricia Tobón, exdirectora de la Unidad para las Víctimas, hizo un llamado para que la atención por el terremoto también llegue a las comunidades indígenas y rurales que permanecen afectadas en diferentes zonas del país.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Tobón aseguró que existen reportes de daños en comunidades de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cauca y Caldas, y advirtió que todavía no se conoce con precisión la magnitud de la emergencia en varias áreas rurales.“Creo que el país no ha dimensionado la magnitud del daño en las áreas rurales y las afectaciones a pueblos indígenas se encuentran muy invisibilizadas”, señaló.Según explicó, un primer informe preliminar identificó más de 100 comunidades afectadas en 13 municipios del Chocó, además de reportes en otras zonas del país. Entre las afectaciones aparecen daños en viviendas, infraestructura educativa y comunitaria, así como problemas en los medios de vida de las comunidades.Tobón agregó que en municipios como San José del Palmar y Nóvita todavía existe poca información sobre lo ocurrido fuera de las cabeceras urbanas y que varias comunidades permanecen incomunicadas.“Las comunidades han sido las primeras acudientes”La exdirectora sostuvo que en las zonas rurales han sido las propias autoridades y comunidades indígenas las primeras en atender la emergencia.“A las zonas rurales no [ha llegado el despliegue]. Han sido las autoridades y comunidades las primeras acudientes”, afirmó durante la entrevista.También indicó que buena parte de las ayudas se ha concentrado en las ciudades capitales, por lo que pidió a las instituciones ampliar la atención hacia las áreas rurales, fluviales y dispersas.Las necesidades, explicó, tampoco son iguales en todos los territorios, pues algunas comunidades ribereñas han solicitado herramientas para reconstruir viviendas temporales, mientras otras requieren alimentos, atención en salud y elementos específicos para movilizarse o recuperar su infraestructura.Tobón señaló que las autoridades indígenas sí mantienen canales de comunicación con el Gobierno nacional, pero están solicitando un trato diferencial para las zonas rurales debido a que no han tenido el mismo nivel de despliegue y verificación que las áreas urbanas.“Las comunidades están exigiendo un trato diferencial para estas áreas, porque aquí no hay un despliegue como se ha hecho en las áreas urbanas”, concluyó.Escuche la entrevista aquí:
La Contraloría detectó presuntas irregularidades con incidencia fiscal por $33.009 millones en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), relacionadas con bienes entregados por la DIAN en calidad de donación que, según el organismo de control, no cuentan con soportes de entrega a los beneficiarios finales, no pudieron ser ubicados físicamente y tampoco fueron registrados en la contabilidad de la entidad.Los hallazgos fueron establecidos durante la Auditoría Financiera realizada a los estados financieros y a la ejecución presupuestal de la Unidad para las Víctimas correspondientes a la vigencia 2025. En el proceso se evaluó la información financiera con corte al 31 de diciembre de ese año, así como la ejecución del presupuesto y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con discapacidad, posconflicto, paz, equidad de género, rendición de cuentas, participación ciudadana, austeridad del gasto y desarrollo sostenible.En materia presupuestal, la Contraloría evidenció una baja ejecución de los recursos apropiados. Para la vigencia 2025, la Unidad para las Víctimas contó con un presupuesto vigente de $4,436 billones. Aunque los compromisos alcanzaron $4,341 billones, equivalentes al 97 % del presupuesto, las obligaciones ejecutadas llegaron a $2,23 billones, es decir, al 50 % del total asignado.Según el organismo de control, esta situación generó rezagos cercanos a $2 billones, afectando el cumplimiento de las metas institucionales. La Contraloría indicó que, si bien la entidad adelantó gestiones para impulsar la ejecución de los recursos y el cumplimiento de sus compromisos misionales, estas acciones no fueron suficientes para alcanzar una ejecución presupuestal acorde con las necesidades institucionales y los objetivos programados.Durante la auditoría también se identificaron deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables. Entre ellas, la Contraloría destacó la falta de reconocimiento de los recursos entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante donaciones.Precisamente, este aspecto dio origen a tres hallazgos, uno de ellos con presunta incidencia fiscal por $33 mil millones. Para la Contraloría, estas circunstancias configuran un presunto daño patrimonial, al señalar que existe una pérdida cierta de bienes públicos y un posible detrimento al patrimonio del Estado.Como resultado del proceso auditor, el organismo de control consolidó 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno presenta incidencia fiscal por $33.009 millones y uno más dio lugar a la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio, además de otras observaciones derivadas de la revisión financiera y presupuestal practicada a la entidad.
Después de más de una década de trámites, acompañamiento institucional y construcción comunitaria, el resguardo indígena Sabaleta y la comunidad La Puria, pertenecientes al pueblo Emberá en el departamento del Chocó, lograron cerrar oficialmente sus procesos de reparación colectiva, una medida contemplada dentro de la Ley de Víctimas para atender afectaciones derivadas del conflicto armado.Ambas comunidades ingresaron a los Planes Integrales de Reparación Colectiva entre 2013 y 2014, luego de ser reconocidas como sujetos colectivos afectados por años de confrontaciones armadas en una zona estratégica para economías ilegales y corredores de movilidad entre el Urabá antioqueño, el centro del Chocó y la salida hacia el Pacífico colombiano.Durante años, estos territorios estuvieron expuestos a disputas entre las FARC, el ELN y estructuras paramilitares provenientes del Urabá antioqueño. Las comunidades enfrentaron desplazamientos forzados, amenazas, confinamientos y múltiples hechos de violencia que dejaron cerca de 12.000 víctimas relacionadas con el conflicto en la región.El cierre de estos procesos representa la culminación de una serie de acciones construidas conjuntamente entre las comunidades y la Unidad para las Víctimas. Según explicó Amaury Gómez, subdirector de Reparación Colectiva de la entidad, en uno de los planes se implementaron 17 acciones y en el otro 18 medidas orientadas a reconstruir las capacidades sociales, económicas y culturales de las comunidades Emberá.Más allá de los documentos institucionales, las medidas desarrolladas tuvieron impacto directo sobre la vida cotidiana de las familias indígenas. Entre las iniciativas ejecutadas aparecen talleres de confección acompañados de capacitaciones y entrega de equipos, fortalecimiento de proyectos agropecuarios, apoyo a la producción y comercialización de artesanías, así como procesos de transferencia de saberes ancestrales. También se implementaron mejoras en espacios educativos mediante nuevo mobiliario escolar para niñas y niños, además de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la autonomía organizativa y política de las comunidades indígenas. Parte de las acciones incluyó ejercicios de reconstrucción de memoria histórica enfocados en preservar relatos, prácticas tradicionales y procesos de recuperación cultural.Para las autoridades indígenas, el cierre de los planes marca un punto importante dentro de los procesos comunitarios. Efraín Velásquez Tanugama, gobernador del resguardo Sabaleta, aseguró sentirse satisfecho con las medidas implementadas por el Gobierno nacional y la Unidad para las Víctimas como parte de la reparación por las afectaciones sufridas durante años de confrontación armada.Según la Unidad para las Víctimas, las acciones ejecutadas buscan responder no solo a daños materiales, sino también a impactos sobre las formas de vida de estas comunidades étnicas. El conflicto alteró prácticas culturales, limitó la autonomía territorial y afectó dinámicas tradicionales asociadas a la organización comunitaria y espiritual del pueblo Emberá.La reparación colectiva es uno de los mecanismos contemplados dentro de la Ley 1448 de 2011, normativa que estableció rutas de atención y reparación para comunidades, organizaciones y grupos afectados por el conflicto armado en Colombia. En el caso de los pueblos indígenas, estos procesos incorporan componentes relacionados con identidad cultural, territorio y fortalecimiento organizativo.De acuerdo con cifras entregadas por la Unidad para las Víctimas, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han implementado indemnizaciones superiores a los 62.000 millones de pesos que han beneficiado a más de 100 comunidades étnicas en distintas regiones del país. La entidad también informó sobre inversiones que superan los 10.000 millones de pesos destinadas al fortalecimiento de capacidades organizativas de sujetos colectivos no étnicos y organizaciones sociales. Además, reportó la firma de 230 planes de reparación colectiva en diferentes territorios del país.En el caso de Sabaleta y La Puria, el cierre de los procesos se convierte en uno de los avances recientes más relevantes para las comunidades indígenas del Chocó, una de las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado y las economías ilegales. Las medidas implementadas apuntan a recuperar prácticas comunitarias, fortalecer proyectos productivos y reconstruir dinámicas sociales alteradas durante años de confrontación.
Un grupo de 40 víctimas del conflicto armado bloquea la intersección de la avenida Caracas con Primera de Mayo, en Bogotá, debido presunto al incumplimiento en el pago de giros económicos por parte de la Unidad para las Víctimas. La protesta, que inició en las primeras horas de la tarde, afecta la movilidad de más de 22.000 usuarios del sistema de transporte masivo.La movilización ciudadana está conformada por aproximadamente 40 personas, entre las que se encuentran adultos mayores, menores de edad y ciudadanos en condición de discapacidad. Según los manifestantes, la vía de hecho responde a la falta de desembolso de recursos por parte de la entidad adscrita al Gobierno nacional. Los ciudadanos exigen soluciones inmediatas ante la precariedad económica que enfrentan por la ausencia de estos pagos institucionales.Afectación en TransMilenio y cierres de estaciones hoy 4 de mayoA las 04:44 p.m., el reporte de movilidad indica que 158.911 usuarios han resultado afectados por los bloqueos. Ante la imposibilidad de transitar por el punto crítico, la flota troncal de TransMilenio ejecuta desvíos por la calle 27 al oriente, la carrera décima al norte y la calle 6 al occidente para retomar el trazado original.Debido a la persistencia de la protesta, las estaciones Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo se encuentran fuera de servicio de manera indefinida. Por su parte, el servicio KH54 mantiene su operación desviada por la carrera décima y la calle 26 en ambos sentidos para garantizar la conectividad de los pasajeros hacia el centro y norte de la capital.
Tras más de una década de espera, el Estado colombiano formalizó la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011, una norma dirigida a garantizar medidas de atención, asistencia y reparación integral para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La protocolización de esta reglamentación marca un paso relevante en el reconocimiento de derechos, con un enfoque que incorpora dimensiones culturales y territoriales.El proceso culmina luego de 14 años desde la expedición inicial del decreto, tiempo durante el cual diferentes sectores comunitarios insistieron en la necesidad de establecer mecanismos claros para su aplicación. La normativa busca responder a las particularidades de estos grupos poblacionales, contemplando su relación con el territorio, sus prácticas culturales y sus estructuras organizativas.La consolidación de este decreto fue resultado de un proceso de concertación que involucró a múltiples actores. Durante más de un año se desarrollaron espacios de diálogo en distintas regiones del país, donde se recogieron propuestas y necesidades específicas de las comunidades. En total, se llevaron a cabo 34 asambleas territoriales que permitieron estructurar un marco normativo ajustado a las realidades locales.¿Qué posibilidades abre la nueva normativa?Arnulfo Cardosi Rubio, delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por el departamento de Bolívar, calificó la formalización como un hecho significativo para las comunidades. Según explicó, la reglamentación abre la posibilidad de restablecer condiciones de vida con garantías institucionales, así como fortalecer el respeto por los derechos colectivos.Por su parte, desde la institucionalidad, la directora encargada de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alix Aguilar, destacó el alcance del proceso participativo. De acuerdo con la funcionaria, este ejercicio permitió avanzar en una reglamentación que facilita el acceso a medidas de reparación con enfoque diferencial étnico, alineadas con los derechos reconocidos a estas comunidades.Por su parte, liderazgos sociales también subrayaron el impacto del anuncio. Nelly Murillo López señaló que este avance representa un reconocimiento esperado durante años, en el que las particularidades culturales y sociales comienzan a ser consideradas dentro de las políticas públicas.El Decreto 4635 forma parte de un conjunto de normas diseñadas para atender a poblaciones específicas dentro del marco de reparación integral. En este grupo también se encuentran el Decreto 4633, orientado a pueblos indígenas, y el Decreto 4634, enfocado en la población Rrom. Estas disposiciones han sido impulsadas para atender las necesidades diferenciadas de grupos étnicos en el país.La implementación de esta reglamentación se produce en el contexto del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha priorizado el desarrollo de políticas orientadas al reconocimiento de la diversidad y la inclusión. La protocolización del decreto se convierte en uno de los avances recientes en materia de atención a víctimas, consolidando una agenda institucional centrada en el enfoque diferencial.A partir de este momento, el desafío se traslada a la ejecución de las medidas contempladas en la norma. Esto implica coordinar acciones entre entidades del Estado, garantizar recursos y asegurar que los beneficios lleguen efectivamente a los territorios donde habitan las comunidades. La reglamentación establece lineamientos que deberán traducirse en programas concretos de atención, asistencia y reparación, como avance del Gobierno actual hacia un país más equitativo e inclusivo.
En el municipio de Santa Helena del Opón, la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado sigue avanzando. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), junto a familias y organizaciones sociales, intervino el cementerio del corregimiento de La Aragua, en un nuevo intento por esclarecer el paradero de dos campesinos desaparecidos en 1988.Según los relatos reconstruidos con las familias y el acompañamiento del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, los hechos ocurrieron cuando un grupo armado llegó a la zona rural para despojarlos de sus tierras. Las víctimas, dos campesinos que se opusieron a abandonar sus hogares, fueron desaparecidas y posteriormente asesinadas.Durante años, los familiares han mantenido viva la búsqueda. Con base en testimonios recogidos a lo largo de casi cuatro décadas, se logró establecer que los cuerpos habrían sido enterrados en el cementerio del corregimiento.La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas retomó el caso tras una solicitud inicial que hacía referencia a una sola persona. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación humanitaria y extrajudicial, se determinó que en realidad eran dos las víctimas.Durante tres días, un equipo forense integrado por antropología, criminalística y topografía intervino varios puntos del cementerio. En total, se descartaron cuatro sitios de interés forense que habían sido priorizados como posibles lugares de inhumación.Aunque no se logró el hallazgo en esta fase, la entidad destacó que cada lugar descartado representa un avance en el proceso investigativo.Esta acción también se relaciona con las solicitudes de medidas cautelares elevadas en 2024 ante la Jurisdicción Especial para la Paz por organizaciones de víctimas. No obstante, tras la intervención de la UBPD, se evidenció que el Estado ya adelanta acciones concretas en el sitio.La búsqueda hace parte del Plan Regional Yariguíes, que incluye a Santa Helena del Opón, donde se tiene registro de 876 personas desaparecidas y al menos 166 solicitudes activas.Las familias insisten en que no perderán la esperanza. Después de 38 años, siguen esperando encontrar a sus seres queridos y darles una sepultura digna.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó los cuerpos de 10 personas en el departamento de Nariño, en medio de acciones humanitarias que contaron con aportes de información de firmantes del Acuerdo de Paz, del grupo Comuneros del Sur y de comunidades.Las intervenciones se desarrollaron en municipios como La Llanada, Cumbal, Samaniego y Santacruz de Guachavés, territorios donde, por primera vez en algunos casos, se pudo ingresar con el apoyo de autoridades indígenas para adelantar labores de búsqueda en zonas rurales y resguardos.En el centro de Nariño, dos de los cuerpos fueron hallados en el resguardo de Santacruz de Guachavés, donde ya existen hipótesis de identidad gracias a la información entregada. En Samaniego, otros dos cuerpos fueron recuperados y trasladados a Bogotá para avanzar en su identificación forense.“Fue muy motivante cuando la Unidad de Búsqueda me llamó para contarme que querían sacar personas en el territorio que están quedadas por el conflicto armado. Hubo un poco de incertidumbre en la comunidad porque nunca se había visto esto dentro del territorio. Yo concienticé a las personas sobre la entidad para así avanzar y que les entreguen los cuerpos a sus familiares”, subrayó Sandra Cuastumal, gobernadora del resguardo Colonial de Santacruz.A esto se suman hallazgos en La Llanada, donde el trabajo comunitario permitió ubicar uno de los puntos de inhumación, y en el resguardo indígena de Cumbal, donde se recuperaron cuatro cuerpos más, en un proceso que combinó investigación humanitaria con aportes de civiles y exintegrantes de grupos armados.“En el resguardo indígena del Gran Cumbal se recuperaron cuatro cuerpos de personas que desaparecieron a causa del conflicto armado. Para el hallazgo de una de ellas, se recibieron aportes de información de al menos seis personas civiles, lo que permitió su recuperación. Sin embargo, en 2023, momento en que inició la investigación humanitaria y extrajudicial, aún no se contaba con su identidad”.Uno de los casos más relevantes es el de una persona cuya identidad pudo establecerse gracias a la información suministrada por Comuneros del Sur, lo que permitió ubicar a sus familiares y avanzar en el proceso de búsqueda.En total, fueron intervenidos cuatro sitios y recuperados 10 cuerpos. Las acciones estuvieron acompañadas de rituales de armonización propios de las comunidades étnicas, como parte de los procesos de sanación colectiva y dignificación de las víctimas.
El empresario Mario Hernández habló sobre los planes de expansión de su marca en Colombia, los retos económicos que enfrenta su compañía y la importancia de generar empleo en distintas regiones del país. En entrevista con El Radar de Blu Radio, destacó la apertura de una tienda en Florencia, Caquetá, y aseguró que la empresa continúa creciendo, pese a que las ventas no han alcanzado las expectativas previstas para 2026.La llegada a nuevos mercados hace parte de la estrategia de expansión de la marca, que ya tiene presencia en ciudades como Pereira, Armenia, Manizales, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga. Según Hernández, el crecimiento depende de factores como la demanda, la disponibilidad de centros comerciales y la cantidad de personas en cada mercado.“Nuestro país tiene 52 millones de personas. Queremos en la marca colombiana que compita con las marcas europeas, y la gente quiere la marca Mario Hernández”, afirmó el empresario al explicar las razones para ampliar la presencia de su compañía.¿Qué dificultades económicas enfrenta la empresa de Mario Hernández?El empresario reconoció que los resultados de 2026 han estado por debajo de lo esperado y señaló varios factores que han afectado el comportamiento del negocio, entre ellos la inflación, el endeudamiento del país y las dificultades relacionadas con el Gobierno.“No tan bien como esperábamos por todos los problemas que hemos tenido de gobierno, del endeudamiento del país, de la inflación, ha sido golpeada, ha golpeado mucho el consumo. Pero ahí vamos, hay que seguir adelante”, dijo Hernández.Pese a este panorama, aseguró que la compañía mantiene a sus trabajadores y continúa con sus actividades. “Seguimos construyendo país, seguimos teniendo toda nuestra gente, no hemos liquidado a nadie”, precisó.Mario Hernández habló sobre el empleo y la inversión en ColombiaDe cara a 2027, el empresario señaló que el desempeño económico dependerá, entre otros aspectos, de la inversión, la llegada de capital extranjero y la participación de los empresarios en la generación de puestos de trabajo.“Tenemos que trabajar, tenemos un per cápita de 7.000 dólares, que es nada. Tenemos que subirlo siquiera a 15.000, pero esto es un compromiso de todos los empresarios. Sin empresarios no se genera empleo”, destacó.También sostuvo que el país necesita fortalecer su capacidad productiva y avanzar en asuntos como educación, salud, seguridad y vivienda.Su balance sobre el nuevo GobiernoHernández manifestó optimismo frente al comienzo de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, aunque reconoció que será necesario esperar para evaluar sus resultados.“Hay que esperar los cuatro años de gobierno. Tiene un equipo muy profesional en todas las áreas, sí, que eso es muy bueno para poder trabajar con gente que sabe. Hay que esperar los resultados, pero hay una esperanza en el país”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
En El Radar de este sábado, 10 de octubre de 2026, Ricardo Ospina abordó los efectos del sismo en la salud mental de los sobrevivientes y la falta de medicamentos. También se habló sobre una convocatoria de emprendimiento para jóvenes que ofrece la posibilidad de recibir un millón de dólares y sobre la alianza de Mario Hernández con Juan Valdez para impulsar el optimismo, el empleo y el desarrollo empresarial en Colombia.Gabriel Fernando Oviedo, director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, hizo énfasis en los trastornos mentales que enfrentan los sobrevivientes del sismo ocurrido hace dos meses en Colombia, así como los duelos, las pérdidas, los riesgos y la falta de medicamentos.Annika Betancourt, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, y Sebastián Giraldo, subdirector de Innovación del Centro Colombo, brindaron información sobre un programa de incubación y emprendimiento que busca impulsar proyectos de jóvenes de 18 a 30 años, con la posibilidad de recibir un millón de dólares. Los equipos deben tener entre dos y cuatro integrantes y al menos uno debe ser estudiante activo de educación superior. La convocatoria cierra el 15 de octubre de 2026. Consulte los requisitos en https://www.colombobogota.edu.co/convocatoria-e4i.Mario Hernández, fundador de homónima de marroquinería y artículos de lujo, destacó su alianza con Juan Valdez para motivar a los colombianos a trabajar con optimismo, mientras continúa expandiendo sus tiendas a regiones como Florencia. Asimismo, enfatizó el compromiso empresarial de generar empleo y aumentar el ingreso per cápita para el desarrollo del paísEscuche el programa completo aquí:
El Super Astro Sol es uno de los juegos de suerte y azar que cuenta con participación en distintas regiones de Colombia. Para ganar, los apostadores deben acertar un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, según la combinación del sorteo oficial.Resultado del Super Astro Sol hoy, 10 de octubre de 2026El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: (en minutos)Dos últimas cifras: (en minutos)Tres últimas cifras: (en minutos)Signo zodiacal: (en minutos)Cómo jugar al Super Astro SolPara participar en el Super Astro Sol, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras y asociarlo con un signo del zodiaco. El objetivo es acertar la combinación que resulte ganadora en el sorteo.Para realizar una apuesta es necesario:Elegir un número entre 0000 y 9999.Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.Escoger la opción Todos los signos, si desea jugar el mismo número con cualquiera de los signos zodiacales.Tener en cuenta que cada tiquete permite incluir hasta cuatro apuestas diferentes.Estas opciones permiten participar con distintas combinaciones en una misma compra, de acuerdo con las modalidades disponibles.¿A qué hora juega el Super Astro Sol?El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Desde julio de 2025, este es el horario establecido para el juego. Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta.Dónde jugar Super Astro SolLos interesados pueden realizar sus apuestas en puntos de venta autorizados distribuidos en diferentes regiones de Colombia. Se recomienda acudir a establecimientos habilitados para participar y conservar el tiquete en buen estado, pues este documento es necesario para verificar la combinación elegida y gestionar un eventual premio.Cuánto cuesta jugar Super Astro SolEl valor de las apuestas del Super Astro Sol depende de la cantidad que cada participante decida invertir, dentro de los límites establecidos para el juego:Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.Antes de participar, es importante revisar las condiciones de la apuesta y conservar el comprobante para consultar los resultados oficiales.Cómo reclamar un premioQuienes acierten la combinación ganadora deben presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo. Mantener el comprobante sin alteraciones facilita el proceso de validación.Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos requeridos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación solicitada. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.Los participantes deben verificar sus números y el signo zodiacal con los resultados oficiales del Super Astro Sol y seguir las indicaciones del operador autorizado para reclamar el premio, si corresponde.
El Dorado Tarde es uno de los juegos de suerte y azar consultados por los colombianos que buscan probar su suerte a través de diferentes modalidades de apuesta. Este sorteo cuenta con presencia en Bogotá y Cundinamarca, y sus resultados se pueden verificar en los canales autorizados.Resultado del Dorado Tarde hoy, 10 de octubre de 2026El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: (en minutos)Dos últimas cifras: (en minutos)Tres últimas cifras: (en minutos)La quinta: (en minutos)Se recomienda verificar el resultado en los canales autorizados y conservar el tiquete en buenas condiciones para facilitar su validación.¿A qué hora juega el Dorado Tarde?El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los domingos y días festivos no hay sorteo. Una vez termina la jornada, los resultados se publican a través de los medios autorizados y en los puntos de venta habilitados.Plan de premios del Dorado TardeEl valor de los premios depende de la modalidad elegida y de la cantidad apostada. Estas son las opciones disponibles y sus pagos por cada peso jugado:Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.Cuatro cifras combinado: paga 208 veces el valor apostado.Tres últimas cifras directo: paga 400 veces el valor apostado.Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.Una última cifra o uña: paga 5 veces el valor apostado.Antes de jugar, es importante conocer las condiciones de cada modalidad y comprobar los resultados oficiales para determinar si el tiquete es ganador.Requisitos para reclamar un premioPara reclamar un premio de $100.000 o más, el ganador debe ser mayor de edad y presentar los documentos solicitados para validar la apuesta:El tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.Una copia legible del documento de identidad.Documento de identidad originalEs importante verificar que el tiquete esté en buenas condiciones, pues cualquier alteración, corrección o irregularidad podría dificultar el proceso de pago del premio.Requisitos según el valor del premioPremios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica para realizar el trámite de reclamación.Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.Premios superiores a 182 UVT: se debe aportar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.Cumplir con estos requisitos permite verificar la información del ganador y facilita el proceso de entrega del premio.
Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer, lanzó graves acusaciones contra la exprimera dama. Ferrer aseguró que Alcocer habría estado involucrada en una red de tráfico de drogas y que, en viajes a Venezuela, se habrían transportado millones de dólares en el avión oficial de la primera dama.“Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (de Verónica Alcocer), está involucrado Agmeth Escaf. Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, afirmó Ferrer. Este viaje, según dijo la ex consejera presidencial, habría sido en enero de 2023, según dijo en entrevista con la revista Semana. Por su parte, Manel Grau, es un empresario catalán-colombiano que tuvo cercanía con Verónica Alcocer durante el Gobierno Petro y que también estuvo en medio de controversias durante ese periodo. De hecho, recientemente enfrentó una denuncia ante la Fiscalía por parte del abogado Carlos Soler por una presunta estafa de $4.900 millones a varios empresarios del país.Según la versión de Eva Ferrer, habría fotografías de Alcocer bajando de su avión oficial con droga en algunos de esos viajes. “Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, dijo en entrevista con Semana.Pero no solo se refirió a un presunto tráfico de dinero y drogas, también habló de tráfico de armas. Ferrer contó que fue invitada a almorzar a la casa del italiano Enrico Romagnoli —empresario que fue socio de Manuel Grau y cercano al entorno del expresidente—, en Barcelona, y que durante ese encuentro hubo una reunión aparte a la que no entró. “A mí no me metieron en muchísimas reuniones”, dijo, y agregó que ella tampoco quiso entrar en muchas durante su paso por el Gobierno. “Ellos sabrán sus temas”, afirmó.Según Ferrer, el punto de quiebre fue una llamada. En ella le advirtieron: “Eva, estás loca, que aquí hay tráfico”. Explicó que la ubicaron en ese entorno por haber hablado de los italianos. “A mí cuando me dicen: ‘Tú estás loca, quieres que te peguen un tiro’; sí, es tráfico de armas”, afirmó.Por otro lado, la exconsejera presidencial aseguró que, durante la campaña, las reuniones que Manel Grau organizaba con Alcocer tenían un precio. “Cada reunión que le montaba Manel valía 50.000 euros”, dijo que le contaron. También relató que una persona le contó que Alcocer le pidió a Grau recoger un aporte de Papá Pitufo, el contrabandista Diego Marín Buitrago, señalado zar del contrabando, para la campaña, pero que, al ir por el dinero, le dijeron que eran 50.000 euros y se negó a recibirlos.Además, Ferrer sostuvo que Alcocer tenía “muchas fichas puestas” en el Gobierno y que ejercía control sobre nueve entidades, entre esas ProColombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la subdirección del Departamento Administrativo de la Presidencia, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Fondo de Adaptación y el Icetex.Eva Ferrer también acusó a Fernández Alcocer, el primo de la ex primera dama, y a Escaf de intervenir en el ICBF y presionar en ProColombia. “Se apoderan del ICBF. Hacen sacar a esta señora”, dijo. Agregó que sacaron a la subdirectora del Dapre, que terminó siendo Luz Karime Fernández, y la calificó como “la ficha de Mario”. Sobre ProColombia, afirmó que “Carmen Caballero (expresidenta de ProColombia) sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel”. Entre otras cosas, Ferrer aseguró que el expresidente Petro tuvo un papel en los hechos que denuncia. “La última vez que hablé con Gustavo, me dijo que a mí y a los catalanes nos trajo ella. Claro, uno dice: ‘Sí, nos trajo ella, pero te beneficiaste tú (Petro). Conseguiste votos en tu campaña, conseguiste hacer una campaña que te dio la presidencia, y luego esta gente te ha estado resolviendo tus bodegas, tus manifestaciones’. Entonces, él también ha sacado provecho de las acciones de ella”, afirmó Ferrer.Finalmente, Ferrer reiteró su voluntad de colaboración con la Fiscalía General de la Nación, pero afirmó que hacer estas declaraciones pone en riesgo su vida y pidió protección al presidente Abelardo de la Espriella. “Necesito protección. Me siento víctima, soy víctima desde septiembre de 2022”, dijo Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer.