Patricia Tobón, exdirectora de la Unidad para las Víctimas, hizo un llamado para que la atención por el terremoto también llegue a las comunidades indígenas y rurales que permanecen afectadas en diferentes zonas del país.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Tobón aseguró que existen reportes de daños en comunidades de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cauca y Caldas, y advirtió que todavía no se conoce con precisión la magnitud de la emergencia en varias áreas rurales.“Creo que el país no ha dimensionado la magnitud del daño en las áreas rurales y las afectaciones a pueblos indígenas se encuentran muy invisibilizadas”, señaló.Según explicó, un primer informe preliminar identificó más de 100 comunidades afectadas en 13 municipios del Chocó, además de reportes en otras zonas del país. Entre las afectaciones aparecen daños en viviendas, infraestructura educativa y comunitaria, así como problemas en los medios de vida de las comunidades.Tobón agregó que en municipios como San José del Palmar y Nóvita todavía existe poca información sobre lo ocurrido fuera de las cabeceras urbanas y que varias comunidades permanecen incomunicadas.“Las comunidades han sido las primeras acudientes”La exdirectora sostuvo que en las zonas rurales han sido las propias autoridades y comunidades indígenas las primeras en atender la emergencia.“A las zonas rurales no [ha llegado el despliegue]. Han sido las autoridades y comunidades las primeras acudientes”, afirmó durante la entrevista.También indicó que buena parte de las ayudas se ha concentrado en las ciudades capitales, por lo que pidió a las instituciones ampliar la atención hacia las áreas rurales, fluviales y dispersas.Las necesidades, explicó, tampoco son iguales en todos los territorios, pues algunas comunidades ribereñas han solicitado herramientas para reconstruir viviendas temporales, mientras otras requieren alimentos, atención en salud y elementos específicos para movilizarse o recuperar su infraestructura.Tobón señaló que las autoridades indígenas sí mantienen canales de comunicación con el Gobierno nacional, pero están solicitando un trato diferencial para las zonas rurales debido a que no han tenido el mismo nivel de despliegue y verificación que las áreas urbanas.“Las comunidades están exigiendo un trato diferencial para estas áreas, porque aquí no hay un despliegue como se ha hecho en las áreas urbanas”, concluyó.Escuche la entrevista aquí:
La Contraloría detectó presuntas irregularidades con incidencia fiscal por $33.009 millones en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), relacionadas con bienes entregados por la DIAN en calidad de donación que, según el organismo de control, no cuentan con soportes de entrega a los beneficiarios finales, no pudieron ser ubicados físicamente y tampoco fueron registrados en la contabilidad de la entidad.Los hallazgos fueron establecidos durante la Auditoría Financiera realizada a los estados financieros y a la ejecución presupuestal de la Unidad para las Víctimas correspondientes a la vigencia 2025. En el proceso se evaluó la información financiera con corte al 31 de diciembre de ese año, así como la ejecución del presupuesto y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con discapacidad, posconflicto, paz, equidad de género, rendición de cuentas, participación ciudadana, austeridad del gasto y desarrollo sostenible.En materia presupuestal, la Contraloría evidenció una baja ejecución de los recursos apropiados. Para la vigencia 2025, la Unidad para las Víctimas contó con un presupuesto vigente de $4,436 billones. Aunque los compromisos alcanzaron $4,341 billones, equivalentes al 97 % del presupuesto, las obligaciones ejecutadas llegaron a $2,23 billones, es decir, al 50 % del total asignado.Según el organismo de control, esta situación generó rezagos cercanos a $2 billones, afectando el cumplimiento de las metas institucionales. La Contraloría indicó que, si bien la entidad adelantó gestiones para impulsar la ejecución de los recursos y el cumplimiento de sus compromisos misionales, estas acciones no fueron suficientes para alcanzar una ejecución presupuestal acorde con las necesidades institucionales y los objetivos programados.Durante la auditoría también se identificaron deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables. Entre ellas, la Contraloría destacó la falta de reconocimiento de los recursos entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante donaciones.Precisamente, este aspecto dio origen a tres hallazgos, uno de ellos con presunta incidencia fiscal por $33 mil millones. Para la Contraloría, estas circunstancias configuran un presunto daño patrimonial, al señalar que existe una pérdida cierta de bienes públicos y un posible detrimento al patrimonio del Estado.Como resultado del proceso auditor, el organismo de control consolidó 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno presenta incidencia fiscal por $33.009 millones y uno más dio lugar a la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio, además de otras observaciones derivadas de la revisión financiera y presupuestal practicada a la entidad.
Después de más de una década de trámites, acompañamiento institucional y construcción comunitaria, el resguardo indígena Sabaleta y la comunidad La Puria, pertenecientes al pueblo Emberá en el departamento del Chocó, lograron cerrar oficialmente sus procesos de reparación colectiva, una medida contemplada dentro de la Ley de Víctimas para atender afectaciones derivadas del conflicto armado.Ambas comunidades ingresaron a los Planes Integrales de Reparación Colectiva entre 2013 y 2014, luego de ser reconocidas como sujetos colectivos afectados por años de confrontaciones armadas en una zona estratégica para economías ilegales y corredores de movilidad entre el Urabá antioqueño, el centro del Chocó y la salida hacia el Pacífico colombiano.Durante años, estos territorios estuvieron expuestos a disputas entre las FARC, el ELN y estructuras paramilitares provenientes del Urabá antioqueño. Las comunidades enfrentaron desplazamientos forzados, amenazas, confinamientos y múltiples hechos de violencia que dejaron cerca de 12.000 víctimas relacionadas con el conflicto en la región.El cierre de estos procesos representa la culminación de una serie de acciones construidas conjuntamente entre las comunidades y la Unidad para las Víctimas. Según explicó Amaury Gómez, subdirector de Reparación Colectiva de la entidad, en uno de los planes se implementaron 17 acciones y en el otro 18 medidas orientadas a reconstruir las capacidades sociales, económicas y culturales de las comunidades Emberá.Más allá de los documentos institucionales, las medidas desarrolladas tuvieron impacto directo sobre la vida cotidiana de las familias indígenas. Entre las iniciativas ejecutadas aparecen talleres de confección acompañados de capacitaciones y entrega de equipos, fortalecimiento de proyectos agropecuarios, apoyo a la producción y comercialización de artesanías, así como procesos de transferencia de saberes ancestrales. También se implementaron mejoras en espacios educativos mediante nuevo mobiliario escolar para niñas y niños, además de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la autonomía organizativa y política de las comunidades indígenas. Parte de las acciones incluyó ejercicios de reconstrucción de memoria histórica enfocados en preservar relatos, prácticas tradicionales y procesos de recuperación cultural.Para las autoridades indígenas, el cierre de los planes marca un punto importante dentro de los procesos comunitarios. Efraín Velásquez Tanugama, gobernador del resguardo Sabaleta, aseguró sentirse satisfecho con las medidas implementadas por el Gobierno nacional y la Unidad para las Víctimas como parte de la reparación por las afectaciones sufridas durante años de confrontación armada.Según la Unidad para las Víctimas, las acciones ejecutadas buscan responder no solo a daños materiales, sino también a impactos sobre las formas de vida de estas comunidades étnicas. El conflicto alteró prácticas culturales, limitó la autonomía territorial y afectó dinámicas tradicionales asociadas a la organización comunitaria y espiritual del pueblo Emberá.La reparación colectiva es uno de los mecanismos contemplados dentro de la Ley 1448 de 2011, normativa que estableció rutas de atención y reparación para comunidades, organizaciones y grupos afectados por el conflicto armado en Colombia. En el caso de los pueblos indígenas, estos procesos incorporan componentes relacionados con identidad cultural, territorio y fortalecimiento organizativo.De acuerdo con cifras entregadas por la Unidad para las Víctimas, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han implementado indemnizaciones superiores a los 62.000 millones de pesos que han beneficiado a más de 100 comunidades étnicas en distintas regiones del país. La entidad también informó sobre inversiones que superan los 10.000 millones de pesos destinadas al fortalecimiento de capacidades organizativas de sujetos colectivos no étnicos y organizaciones sociales. Además, reportó la firma de 230 planes de reparación colectiva en diferentes territorios del país.En el caso de Sabaleta y La Puria, el cierre de los procesos se convierte en uno de los avances recientes más relevantes para las comunidades indígenas del Chocó, una de las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado y las economías ilegales. Las medidas implementadas apuntan a recuperar prácticas comunitarias, fortalecer proyectos productivos y reconstruir dinámicas sociales alteradas durante años de confrontación.
Un grupo de 40 víctimas del conflicto armado bloquea la intersección de la avenida Caracas con Primera de Mayo, en Bogotá, debido presunto al incumplimiento en el pago de giros económicos por parte de la Unidad para las Víctimas. La protesta, que inició en las primeras horas de la tarde, afecta la movilidad de más de 22.000 usuarios del sistema de transporte masivo.La movilización ciudadana está conformada por aproximadamente 40 personas, entre las que se encuentran adultos mayores, menores de edad y ciudadanos en condición de discapacidad. Según los manifestantes, la vía de hecho responde a la falta de desembolso de recursos por parte de la entidad adscrita al Gobierno nacional. Los ciudadanos exigen soluciones inmediatas ante la precariedad económica que enfrentan por la ausencia de estos pagos institucionales.Afectación en TransMilenio y cierres de estaciones hoy 4 de mayoA las 04:44 p.m., el reporte de movilidad indica que 158.911 usuarios han resultado afectados por los bloqueos. Ante la imposibilidad de transitar por el punto crítico, la flota troncal de TransMilenio ejecuta desvíos por la calle 27 al oriente, la carrera décima al norte y la calle 6 al occidente para retomar el trazado original.Debido a la persistencia de la protesta, las estaciones Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo se encuentran fuera de servicio de manera indefinida. Por su parte, el servicio KH54 mantiene su operación desviada por la carrera décima y la calle 26 en ambos sentidos para garantizar la conectividad de los pasajeros hacia el centro y norte de la capital.
Tras más de una década de espera, el Estado colombiano formalizó la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011, una norma dirigida a garantizar medidas de atención, asistencia y reparación integral para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La protocolización de esta reglamentación marca un paso relevante en el reconocimiento de derechos, con un enfoque que incorpora dimensiones culturales y territoriales.El proceso culmina luego de 14 años desde la expedición inicial del decreto, tiempo durante el cual diferentes sectores comunitarios insistieron en la necesidad de establecer mecanismos claros para su aplicación. La normativa busca responder a las particularidades de estos grupos poblacionales, contemplando su relación con el territorio, sus prácticas culturales y sus estructuras organizativas.La consolidación de este decreto fue resultado de un proceso de concertación que involucró a múltiples actores. Durante más de un año se desarrollaron espacios de diálogo en distintas regiones del país, donde se recogieron propuestas y necesidades específicas de las comunidades. En total, se llevaron a cabo 34 asambleas territoriales que permitieron estructurar un marco normativo ajustado a las realidades locales.¿Qué posibilidades abre la nueva normativa?Arnulfo Cardosi Rubio, delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por el departamento de Bolívar, calificó la formalización como un hecho significativo para las comunidades. Según explicó, la reglamentación abre la posibilidad de restablecer condiciones de vida con garantías institucionales, así como fortalecer el respeto por los derechos colectivos.Por su parte, desde la institucionalidad, la directora encargada de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alix Aguilar, destacó el alcance del proceso participativo. De acuerdo con la funcionaria, este ejercicio permitió avanzar en una reglamentación que facilita el acceso a medidas de reparación con enfoque diferencial étnico, alineadas con los derechos reconocidos a estas comunidades.Por su parte, liderazgos sociales también subrayaron el impacto del anuncio. Nelly Murillo López señaló que este avance representa un reconocimiento esperado durante años, en el que las particularidades culturales y sociales comienzan a ser consideradas dentro de las políticas públicas.El Decreto 4635 forma parte de un conjunto de normas diseñadas para atender a poblaciones específicas dentro del marco de reparación integral. En este grupo también se encuentran el Decreto 4633, orientado a pueblos indígenas, y el Decreto 4634, enfocado en la población Rrom. Estas disposiciones han sido impulsadas para atender las necesidades diferenciadas de grupos étnicos en el país.La implementación de esta reglamentación se produce en el contexto del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha priorizado el desarrollo de políticas orientadas al reconocimiento de la diversidad y la inclusión. La protocolización del decreto se convierte en uno de los avances recientes en materia de atención a víctimas, consolidando una agenda institucional centrada en el enfoque diferencial.A partir de este momento, el desafío se traslada a la ejecución de las medidas contempladas en la norma. Esto implica coordinar acciones entre entidades del Estado, garantizar recursos y asegurar que los beneficios lleguen efectivamente a los territorios donde habitan las comunidades. La reglamentación establece lineamientos que deberán traducirse en programas concretos de atención, asistencia y reparación, como avance del Gobierno actual hacia un país más equitativo e inclusivo.
En el municipio de Santa Helena del Opón, la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado sigue avanzando. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), junto a familias y organizaciones sociales, intervino el cementerio del corregimiento de La Aragua, en un nuevo intento por esclarecer el paradero de dos campesinos desaparecidos en 1988.Según los relatos reconstruidos con las familias y el acompañamiento del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, los hechos ocurrieron cuando un grupo armado llegó a la zona rural para despojarlos de sus tierras. Las víctimas, dos campesinos que se opusieron a abandonar sus hogares, fueron desaparecidas y posteriormente asesinadas.Durante años, los familiares han mantenido viva la búsqueda. Con base en testimonios recogidos a lo largo de casi cuatro décadas, se logró establecer que los cuerpos habrían sido enterrados en el cementerio del corregimiento.La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas retomó el caso tras una solicitud inicial que hacía referencia a una sola persona. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación humanitaria y extrajudicial, se determinó que en realidad eran dos las víctimas.Durante tres días, un equipo forense integrado por antropología, criminalística y topografía intervino varios puntos del cementerio. En total, se descartaron cuatro sitios de interés forense que habían sido priorizados como posibles lugares de inhumación.Aunque no se logró el hallazgo en esta fase, la entidad destacó que cada lugar descartado representa un avance en el proceso investigativo.Esta acción también se relaciona con las solicitudes de medidas cautelares elevadas en 2024 ante la Jurisdicción Especial para la Paz por organizaciones de víctimas. No obstante, tras la intervención de la UBPD, se evidenció que el Estado ya adelanta acciones concretas en el sitio.La búsqueda hace parte del Plan Regional Yariguíes, que incluye a Santa Helena del Opón, donde se tiene registro de 876 personas desaparecidas y al menos 166 solicitudes activas.Las familias insisten en que no perderán la esperanza. Después de 38 años, siguen esperando encontrar a sus seres queridos y darles una sepultura digna.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó los cuerpos de 10 personas en el departamento de Nariño, en medio de acciones humanitarias que contaron con aportes de información de firmantes del Acuerdo de Paz, del grupo Comuneros del Sur y de comunidades.Las intervenciones se desarrollaron en municipios como La Llanada, Cumbal, Samaniego y Santacruz de Guachavés, territorios donde, por primera vez en algunos casos, se pudo ingresar con el apoyo de autoridades indígenas para adelantar labores de búsqueda en zonas rurales y resguardos.En el centro de Nariño, dos de los cuerpos fueron hallados en el resguardo de Santacruz de Guachavés, donde ya existen hipótesis de identidad gracias a la información entregada. En Samaniego, otros dos cuerpos fueron recuperados y trasladados a Bogotá para avanzar en su identificación forense.“Fue muy motivante cuando la Unidad de Búsqueda me llamó para contarme que querían sacar personas en el territorio que están quedadas por el conflicto armado. Hubo un poco de incertidumbre en la comunidad porque nunca se había visto esto dentro del territorio. Yo concienticé a las personas sobre la entidad para así avanzar y que les entreguen los cuerpos a sus familiares”, subrayó Sandra Cuastumal, gobernadora del resguardo Colonial de Santacruz.A esto se suman hallazgos en La Llanada, donde el trabajo comunitario permitió ubicar uno de los puntos de inhumación, y en el resguardo indígena de Cumbal, donde se recuperaron cuatro cuerpos más, en un proceso que combinó investigación humanitaria con aportes de civiles y exintegrantes de grupos armados.“En el resguardo indígena del Gran Cumbal se recuperaron cuatro cuerpos de personas que desaparecieron a causa del conflicto armado. Para el hallazgo de una de ellas, se recibieron aportes de información de al menos seis personas civiles, lo que permitió su recuperación. Sin embargo, en 2023, momento en que inició la investigación humanitaria y extrajudicial, aún no se contaba con su identidad”.Uno de los casos más relevantes es el de una persona cuya identidad pudo establecerse gracias a la información suministrada por Comuneros del Sur, lo que permitió ubicar a sus familiares y avanzar en el proceso de búsqueda.En total, fueron intervenidos cuatro sitios y recuperados 10 cuerpos. Las acciones estuvieron acompañadas de rituales de armonización propios de las comunidades étnicas, como parte de los procesos de sanación colectiva y dignificación de las víctimas.
La reciente formalización del Decreto Ley 4635 de 2011 marca un punto de inflexión en el acceso a medidas integrales de atención, asistencia y reparación para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Estas medidas fueron diseñadas con un enfoque diferencial que reconoce sus particularidades culturales, territoriales y colectivas.El decreto es el resultado de un prolongado proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades, en el que se recogieron múltiples voces, preocupaciones y propuestas. Durante este camino, se llevaron a cabo decenas de encuentros territoriales que permitieron construir de manera conjunta la reglamentación necesaria para hacer efectivo el decreto.Para algunos líderes como Arnulfo Cardosi Rubio, delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por el departamento de Bolívar, este es un logro histórico: “Hoy las comunidades negras logran recuperar su dignidad, el respeto y, sobre todo, la posibilidad de volver al territorio con dignidad y las garantías que brinda este decreto.”Desde la La Unidad para las Víctimas se ha subrayado el esfuerzo importante que ha significado llegar a este avance. Por su parte, la directora general de la Unidad para las Víctimas, Alix Aguilar, destacó la importancia de este logro y el proceso que lo hizo posible: “Fue más de un año de trabajo, 34 asambleas territoriales. Este proceso permitió concertar la reglamentación y garantizar que las víctimas accedan a sus derechos en atención, asistencia y reparación con enfoque diferencial étnico. Ahora el reto es implementar esta reglamentación y hacerla realidad en los territorios”.Tras años de lucha por el reconocimiento de sus derechos y particularidades, los beneficiados ven en este avance una oportunidad para que el Estado implemente acciones que respondan verdaderamente a sus realidades. La expectativa es que, por fin, se adopte un enfoque diferenciado que tenga en cuenta sus contextos históricos y sociales.La formalización de este decreto se suma a otros avances recientes en materia de reparación integral para grupos étnicos en el país. En el último año, el Gobierno actual ha impulsado medidas similares dirigidas a otros pueblos, lo que evidencia un esfuerzo más amplio por saldar deudas históricas con comunidades afectadas por el conflicto armado.Este conjunto de acciones refleja una apuesta por fortalecer la justicia étnica y avanzar en la construcción de paz. Además de reconocer la diversidad del país y garantizar los derechos de quienes han sufrido de manera desproporcionada las consecuencias de la violencia, este se presenta como un paso fundamental hacia un país más equitativo.
Este martes, 25 de agosto, se corrió la cuarta etapa de la Vuelta a España y hubo movimientos en la clasificación general luego de contundente ataque del esloveno Tadej Pogacar a 50 kilómetros de meta, para así sumar otra victoria y consolidar su liderato de la roja.Luego de la llegada en Andorra, aquí le traemos la clasificación de los cinco colombianos en competencia, que son Harold Tejada (Astana), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost).Clasificación etapa 4 de la Vuelta a España:Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 2:40:35Jарno Widar (BEL/Lotto-Intermarché) a 2:39Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 2:39Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 2:39Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 2:39Enric Mas (ESP/Movistar) a 2:39Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 2:39Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 2:57Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 3:17Gregor Mühlberger (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:1713. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 4:3428. Juan Rodríguez (COL/EF Education-EasyPost) a 10:4550. Iván Ramiro Sosa (COL/Kern Pharma) a 19:4477. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorius) a 22:4580. Juan Guillermo Martínez (COL/ Picnic-PostNL) a 22:45Clasificación general Vuelta a España:Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 7:38:59Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 3:21Enric Mas (ESP/Movistar) a 3:32Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 3:44Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 3:45Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 3:50Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:57Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 4:06Jarno Widar (BEL/Lotto-Intermarché) a 4:06 Jay Vine (AUS/UAE Emirates-XRG) a 4:1114. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 5:3029. Juan Rodríguez (COL/EF Education-EasyPost) a 12:4949. Iván Ramiro Sosa (COL/Kern Pharma) a 22:3262. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorius) a 23:43128. Juan Guillermo Martínez (COL/ Picnic-PostNL) a 26:14Impresionante ataque de PogacarEl esloveno Tadej Pogacar (UAE), líder de la Vuelta a España, señaló que a pesar de aventajar a sus rivales más directos en más de 3 minutos después de su exhibición en Andorra, "nunca puedes decir que está decidida, aunque tengas 20 minutos de ventaja".Pogacar arrasó en la primera cita de montaña con un ataque a 50 km de meta que no tuvo respuesta. Poco antes tuvo que sofocar la estrategia del equipo Decathlon, que trató se aislarle en los primeros puertos."Diría que fue un buen día, pero también duro. Después de un buen intento de Decathlon para aislarme, me sentí bien y decidí atacar. Fue un momento bonito e importante para poder ganar", comentó en meta.Una escapada marca de la casa en la que a pesar de ir a tope, aún tuvo tiempo para saludar a un conocido que le seguía desde la cuneta, su compañero Adam Yates."Conozco bien a Adam Yates, pero no esperaba verlo en la cuneta. Fue bonito encontrarle, creí que era un fan. Fui capaz de reconocerlo a pesar de que iba a tope", señaló.Pogacar, con 5 victorias en la Vuelta, 2 de ellas en la presente edición, no se propone buscar el récord de 13 victorias en una sola edición lograda por el esprinter belga Freddy Maertens en 1976.
Más de cien templos y capillas del Valle del Cauca presentan afectaciones tras el terremoto del pasado 10 de agosto. En el área de jurisdicción de la Arquidiócesis de Cali, el reporte inicial da cuenta de 47 templos y capillas afectados, de los cuales 14 presentan daños de consideración, por lo que deberán ser sometidos a intervenciones de gran magnitud.Los casos más críticos Se destaca la Catedral Metropolitana de Cali, entre otras. Por ahora, los templos que presentan condiciones de riesgo permanecen restringidos al acceso de los ciudadanos, debido a que las estructuras podrían representar un peligro tanto para quienes ingresen como para las personas que transitan por sus alrededores."Hay que hacer una restauración prácticamente total, la recuperación en la medida de las posibilidades de la Merced, la Iglesia de la Milagrosa en la Rutbel, el templete también, tenemos la Iglesia de Terrón Colorado, San Ignacio de Loyola, la Capilla de la Merced en la Alameda y otras iglesias que con menor afectación, pero estas requerirán una intervención muy grande, sobre todo, tampoco puedo olvidar San Francisco, tambien una pequeña afectación tuvo también el Templo de San Antonio en Cali.", dijo monseñor Luis Fernando Rodríguez, arzobispo de Cali.La situación también es compleja en otros municipios del departamento. La Cumbre y Dagua quedaron sin sus iglesias parroquiales, lo que representa una dificultad adicional para las comunidades que utilizan estos espacios para sus actividades religiosas y sociales."Totalmente no pueden acceso porque son de riesgo para quienes están allí, e incluso los ciudadanos que pasan alrededor de los templos. Entre las prioridades se encuentran la Catedral de San Pedro Apóstol y la Iglesia de La Merced, considerados dos de los principales templos emblemáticos y bienes de interés patrimonial nacional", expresó Monseñor.Este es el balance preliminar, pero se espera que las evaluaciones técnicas permitan establecer con mayor precisión la magnitud de los daños y las obras que serán necesarias para garantizar la recuperación y seguridad de estos espacios religiosos y patrimoniales.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 25 de agosto de 2026:La reconstrucción tras el terremoto podría costar cerca de $40 billones. El Departamento Nacional de Planeación estimó que recuperar las zonas más afectadas por el sismo podría tardar entre cinco y seis años y requerirá la participación del Gobierno Nacional, autoridades territoriales, sector privado y otras fuentes de financiación.El presidente Abelardo De La Espriella pidió investigar posibles casos de corrupción del Gobierno Petro. Durante la posesión del nuevo contralor general, Jorge Eliecer Laverde, el mandatario solicitó crear un grupo élite para revisar denuncias y aseguró que también se investigará cualquier irregularidad dentro de su propio gobierno.Autoridades investigan presuntas manos criminales detrás de incendios forestales en Tolima y Cundinamarca. En San Luis, Tolima, denunciaron que personas en motocicleta estarían provocando nuevas conflagraciones, mientras en Cundinamarca señalaron que varios incendios tendrían origen intencional y ya hay personas judicializadas.Cali anunció investigaciones por aumentos abusivos en los arriendos tras el terremoto. Las autoridades habilitaron canales de denuncia luego de reportes de incrementos en los precios de vivienda para familias damnificadas; algunos alquileres pasaron de cerca de dos millones de pesos a tres millones o más.Comenzará la entrega de subsidios de arriendo y apoyo económico a damnificados por el terremoto. Las familias afectadas en Chocó recibirán $875.000 mensuales durante tres meses, mientras en Buenaventura el apoyo será de $1.050.000 mensuales en el mismo periodo, según los criterios establecidos por el Registro Único de Damnificados.Escuche el programa completo aquí:
El presidente Abelardo De La Espriella actualizó su declaración de renta y patrimonio, documento en el que corrigió y precisó algunos datos que no habían sido detallados en la primera versión publicada.De acuerdo con la actualización, durante el año gravable 2025 el mandatario reportó ingresos por 546.110.936, correspondientes a 30 millones de pesos en honorarios y 516.110.936 en otros ingresos y rentas.En cuanto a sus cuentas bancarias, declaró saldos en Colombia, Estados Unidos e Italia. En Colombia registra una cuenta de ahorros por 45.044.515 millones de pesos y una cuenta corriente por $49.224.000. En Estados Unidos reportó dos cuentas corrientes por $16.584.000 y $159.561.150, mientras que en Italia declaró tres cuentas corrientes por $28.475.000, $6.357.517 y $9.011.500. La declaración también relaciona sus bienes patrimoniales. De La Espriella reportó inversiones en Bogotá por $8.230.131.000 y $1.429.481.000, una inversión en Estados Unidos por $913.369.000 y activos fijos en Bogotá por $9.882.959.000.En cuanto a sus obligaciones financieras, registra un préstamo hipotecario de $2.526.597.000, además de dos préstamos por $968.790.000 y $94.933.000.Participación en sociedades y otros datosEn la actualización, el presidente registra que sí tiene participación en corporaciones, sociedades y asociaciones y señala que es accionista de Cosenza SAS.Al mismo tiempo, el documento precisa que no tiene participación en juntas, consejos, corporaciones, sociedades y/o asociaciones. En el ítem relacionado con actividades económicas privadas, De La Espriella respondió “No”.La declaración también establece que sí tiene cónyuge o compañera permanente y registra el nombre de Ana Lucía Pineda Aruachan, la primera dama de la Nación actualmente.Otra claridad que hace el mandatario es que no tiene fideicomisos en Colombia ni en el exterior.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria urgente por la comercialización de unidades falsificadas del medicamento efervescente Bonfiest Plus.De acuerdo con la entidad, el lote afectado corresponde al código 5H6839, con fecha de vencimiento JUN 2027. La alteración del producto fue notificada al Instituto por la empresa TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario.El Invima aclaró que la versión original del sobre efervescente de 5,1 gramos cuenta con el registro sanitario vigente INVIMA 2022M-0004285-R2, por lo que la advertencia recae únicamente sobre las unidades que coincidan con las características del lote falsificado.Riesgos para la salud por consumo del producto falsoWilliam Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, advirtió que el consumo de estas unidades fraudulentas representa un peligro alto para los usuarios, al desconocerse los ingredientes y las condiciones de fabricación."Una dosis no controlada de principios activos como el ácido acetilsalicílico o la cafeína que contiene el producto BONFIEST PLUS puede incrementar el riesgo de presentar efectos adversos graves, entre ellos hemorragias gastrointestinales, úlceras o alteraciones del ritmo cardíaco", explicó el funcionario.Saza agregó que existe un riesgo elevado de intoxicación por el posible uso de sustancias no aptas para el consumo humano para elaborar el polvo efervescente, tales como tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes.Cómo identificar el Bonfiest falsificadoSegún los datos técnicos provistos por el titular del registro sanitario, el sobre alterado presenta varias diferencias visuales respecto al empaque original:Errores de ortografía: contiene palabras mal escritas como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y la frase “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”.Código de barras: los números ubicados debajo del código son más grandes y resaltados que en el empaque oficial.Impresión y diseño: muestra una envoltura opaca con menor nitidez, textos con apariencia de negrilla y bordes muy marcados.Gráficos y empaque: el gráfico de burbujas tiene menor visibilidad frente al fondo azul, el sellado es irregular (con arrugas y burbujas de aire) y carece del sistema abrefácil.Impresión del lote: la tipografía del número de lote luce más oscura, lineal y pixelada.Recomendaciones del Invima a la ciudadaníaEl instituto recomendó a los ciudadanos que hayan comprado unidades con el lote 5H6839 (FV JUN 2027) abstenerse de consumirlas y suspender su uso de forma inmediata.Asimismo, solicitó reportar la aparición de reacciones adversas o denunciar los canales de venta, redes sociales y establecimientos donde se distribuya el producto falso.A las secretarías de Salud, IPS y programas de farmacovigilancia se les ordenó reforzar las inspecciones para decomisar las unidades y notificar cualquier novedad.