La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, le envió una carta al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, en la que le pide intervenir urgente en el caso de presunto abuso sexual contra la teniente Kelly Sierra.
Ramírez pidió que la investigación esté orientada hacia la protección de la denunciante y determine si hubo negligencia o connivencia enla Policía Nacional o por parte de algunos funcionarios que pudieron negarse a denunciar o a adelantar la investigación correspondiente.
Ver también: Capturan a capitán de la Policía acusado de violar a una teniente
En la carta también pide adoptar las medidas necesarias para atender a la denunciante, protegerla y garantizar sus derechos.
“Nuestro país no puede tolerar más hechos de irrespeto ni de abuso contra las mujeres, menos cuando provienen de las propias entidades del Estado y particularmente cuando se presentan en aquellas instituciones encargadas de asegurar la dignidad de los colombianos y el cumplimiento de la ley”, dice.
Procuraduría advierte que tomó investigación de abuso sexual por desatención de la Policía
En el oficio de la Procuraduría, firmado desde el pasado 24 de diciembre, se advierte la necesidad de asumir la investigación por “gravedad” la denuncia.
En el documento, el viceprocurador general, Juan Carlos Cortés, hace una serie de consideraciones para que el Ministerio Público deba ser el que asuma la investigación para proteger los derechos de la teniente, quien en su condición de mujer, fue objeto de discriminación por parte de sus superiores.
La Procuraduría dijo que, según el análisis del caso, al parecer, “los comandantes del departamento no iniciaron actuación alguna o no se ha adelantado con la prioridad necesaria, circunstancia que genera una connotación especial en la opinión pública”.
Por esta situación fue ordenada a la Procuraduría Delegada de la Fuerza Pública y la Policía Nacional practicar la visita al expediente a través de un funcionario de su despacho o “comisionar a la Procuraduría Provincial de Valledupar”.
“Comunicar por el medio más expedito a los jurídicamente interesados, advirtiéndoles que contra ella no proceden recursos por la vía administrativa”, señala el documento.