En una reciente reunión con el Gobierno Nacional, la Asociación de Capitales (Asocapitales) presentó un diagnóstico crítico sobre el estado de la aviación en el país. Bajo el título "El país más que nunca vuela sobre la misma infraestructura", el informe revela que, a pesar de que más de 57 millones de pasajeros transitaron por las terminales aéreas, un crecimiento superior al 340%, la infraestructura física y tecnológica no ha avanzado al mismo ritmo.Crisis en Cali y Barranquilla: El fracaso de la administración directaUno de los puntos más alarmantes del informe se centra en los aeropuertos de Cali y Barranquilla, actualmente bajo la administración de la Aeronáutica Civil. Según Andrés Santamaría, director de Asocapitales, la situación en el aeropuerto Bonilla Aragón de Cali es insostenible: "Más de 10 cronogramas de licitación incumplidos en Cali desde el año 2020, fisuras en la pista sin informe técnico oficial, desmoronamiento de las condiciones de infraestructura y deterioro continuo".La situación en Barranquilla no es más alentadora, con obras que apenas presentan un 6% de avance tras la liquidación de su concesión.Santamaría, en diálogo con Mañanas Blu, enfatizó que la mala prestación de servicios básicos, como baños y aire acondicionado, se suma a problemas de fondo en la seguridad operativa: "Si algo no funciona, pues la entidad responsable por sus acciones u omisiones sigue siendo la entidad que tiene la responsabilidad del transporte aeronáutico".Riesgos de seguridad y saturación en El DoradoEl aeropuerto El Dorado de Bogotá, que concentra más del 40% del tráfico nacional, también está bajo la lupa por incidentes graves de seguridad. El director recordó el caso de un menor de edad que tomó el mando de las comunicaciones: "El tráfico aéreo de Bogotá estuvo por 3 minutos por parte de un adolescente sin tener los criterios ni las calificaciones para ello". A esta vulnerabilidad se suma la falta de modernización tecnológica. Santamaría señaló que existen "alertas con temas de control y seguridad" y que aún no se han implementado mejoras críticas en radares y torres de control. Para el directivo, la gravedad radica en que "en la seguridad aérea no puede haber errores... están jugando con las vidas de las personas".El informe también destaca la necesidad de una segunda pista para el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, cuya pista actual lleva "40 años sin intervención estructural profunda", a pesar de ser el segundo terminal más importante del país.Finalmente, para mitigar el alto costo de volar en ciudades intermedias, Asocapitales propuso al Gobierno Nacional replantear la carga tributaria. "El tema del IVA del 19%, yo creo que hay que empezar a replantearlo al 5%", afirmó Santamaría, subrayando que los impuestos nacionales y el elevado costo de la gasolina son los principales responsables de los precios de los tiquetes. Escuche aquí la entrevista:
Los retrasos en varios de los principales aeropuertos del país encendieron las alertas de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Durante el Primer Encuentro Regional de Infraestructura, el gremio pidió al Gobierno entrante acelerar los trámites para poner en marcha proyectos que ya están estructurados y que, según aseguró, no están frenados por falta de dinero, sino por demoras administrativas.La presidenta de la CCI, María Consuelo Araújo, explicó que ya existen iniciativas privadas para cuatro aeropuertos estratégicos: la ampliación de El Dorado, la ampliación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el aeropuerto de Cartagena y la pista del aeropuerto de Antioquia.Sin embargo, señaló que estos proyectos siguen detenidos porque los procesos entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aerocivil avanzan lentamente."Necesitamos garantizar que los permisos, los requisitos y las respuestas entre funcionarios sean más rápidas, porque la ampliación de El Dorado y del aeropuerto del Valle del Cauca ya cumplen prácticamente una década y ni siquiera se requiere plata. Lo que necesitamos es avanzar en los trámites para que estas iniciativas privadas sean una realidad", afirmó Araújo.Ante este panorama, la Federación Nacional de Departamentos advirtió que el rezago también afecta los aeropuertos no concesionados. De los 14 aeródromos incluidos en un programa de la Aerocivil, solo seis tienen contratos, ocho siguen sin iniciar contratación y las obras presentan un avance promedio de apenas el 3 %, por lo que también pidió agilizar los procesos.La dirigente gremial también aseguró que una mayor presencia del Gobierno nacional en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali puede facilitar el trabajo conjunto entre la Nación, los departamentos y los municipios para sacar adelante proyectos estratégicos que llevan años esperando decisiones.Para la CCI, el principal desafío del nuevo Gobierno será acelerar la gestión institucional para convertir en realidad obras que ya están listas para avanzar. El gremio insistió en que destrabar estos proyectos permitirá mejorar la conectividad entre las regiones, fortalecer la competitividad del país e impulsar el desarrollo económico.
Para muchos, viajar hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado en transporte público puede convertirse en un dolor de cabeza. En muchos casos, desplazarse con maletas pesadas y realizar varios transbordos resulta incómodo. Ante ello, TransMilenio confirmó modificaciones en las rutas que conectan con la terminal aérea.El sistema informó que se realizarán ajustes en los servicios que operan desde y hacia el Portal El Dorado, uno de los puntos más estratégicos de la movilidad en Bogotá debido a su conexión con el principal aeropuerto de Colombia.La medida busca facilitar los desplazamientos de quienes diariamente viajan hacia el aeropuerto, así como de trabajadores, estudiantes y pasajeros que utilizan este corredor para movilizarse por distintos sectores de la ciudad. Con estos cambios se espera ofrecer más opciones de conexión, optimizar los tiempos de viaje y mejorar la integración entre servicios troncales, zonales y alimentadores.Cambios en TransMilenio para llegar al Aeropuerto El DoradoDentro de la oferta disponible para los usuarios se mantienen varios servicios troncales que conectan distintos puntos de Bogotá con el Portal El Dorado.Entre las rutas destacadas se encuentran:BK16.BK23.GK43.HK54.LK10.Ruta Fácil 1 – Universidades.A estas alternativas se suman nuevos servicios zonales que circulan por la calle 26 y fortalecen la conexión con el aeropuerto y sectores cercanos.Las rutas zonales disponibles son:Dual KM86.KH317.CG147.KC321.KC315.P500.BK903.BK905.G502.También continuará operando el alimentador 16-14 Aeropuerto, diseñado para facilitar el acceso directo a la terminal aérea desde el sistema integrado.Cómo llegar al Aeropuerto El Dorado desde el Portal El DoradoUno de los principales objetivos de estos cambios es mejorar la conectividad entre diferentes zonas de Bogotá y el Aeropuerto El Dorado. Si bien no existe una ruta troncal que ingrese directamente a la terminal, los usuarios pueden aprovechar varias alternativas de conexión mediante los servicios zonales y alimentadores.Entre las opciones más utilizadas se encuentra la ruta KM86, así como el servicio alimentador 16-14 Aeropuerto, que permiten completar el trayecto, aunque la elección depende del punto de origen y de la demanda del sistema.Con estos cambios, TransMilenio busca distribuir mejor los flujos de pasajeros y ofrecer desplazamientos más eficientes para quienes utilizan este corredor.Recomendaciones para usuarios de TransMilenioLa entidad recordó la importancia de tener personalizada la tarjeta TuLlave para aprovechar los beneficios del sistema.Entre las principales ventajas están:Realizar transbordos sin costo adicional.Disfrutar de una ventana de integración de hasta 2 horas y 5 minutos.Reducir gastos en los desplazamientos diarios.Además, TransMilenio recomendó utilizar la aplicación TransMiApp, disponible para dispositivos Android y iPhone.A través de esta herramienta los usuarios pueden:Consultar el saldo de la tarjeta.Revisar horarios y recorridos.Ubicar puntos de recarga.Realizar recargas virtuales.Con estas novedades, el sistema busca que los viajes hacia el Aeropuerto El Dorado sean más ágiles y cuenten con más alternativas de movilidad para bogotanos y visitantes.
El aeropuerto Internacional El Dorado, puso en funcionamiento la ampliación y modernización de su zona de inmigración, una obra con la que aumentó la capacidad operativa para la atención de pasajeros internacionales.Con la intervención, el aeropuerto pasó a contar con 61 puntos de control migratorio: 33 módulos de atención manual y 28 módulos de migración biométrica Biomig. La adecuación busca optimizar los procesos de ingreso y salida del país y reducir los tiempos de atención en la terminal aérea.El área destinada al control migratorio también fue ampliada. Pasó de 1.624 metros cuadrados a 2.162 metros cuadrados, lo que representa un incremento del 33 % en el espacio operativo para la atención de viajeros internacionales.De acuerdo con Migración Colombia, el fortalecimiento de los puntos biométricos permitirá mejorar la eficiencia en los controles migratorios y reforzar las entrevistas de verificación realizadas a viajeros extranjeros.“Este plan de mejoramiento permitió fortalecer los puntos biométricos para agilizar los controles de entrada y salida del país y mejorar los procesos de validación de información de los viajeros”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.Las obras también incluyeron la entrega de nuevas instalaciones para el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM), equipado con sistemas de videovigilancia, climatización y redes de seguridad técnica.El proyecto tuvo una inversión superior a los 18.600 millones de pesos y fue desarrollado de manera conjunta entre la Agencia Nacional de Infraestructura, Migración Colombia y la concesionaria OPAIN.“Esta ampliación de la infraestructura, sumada a la reconfiguración y adquisición tecnológica de nuevos módulos de migración biométrica, permitirá que el ingreso y salida al país sea más ágil. Las intervenciones que adelantó la concesionaria Opain representan un avance estratégico en capacidad, eficiencia operativa del aeropuerto y modernización tecnológica del proceso migratorio”, afirmó Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI.
La Aeronáutica Civil informó que los próximos domingos 31 de mayo y 7 de junio de 2026 avanzará en un proceso de calibración y verificación técnica de los Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) en el Aeropuerto Internacional El Dorado, una tecnología de antenas en tierra que permite aproximaciones de alta precisión sin depender de satélites.La medida, concertada con las aerolíneas, no generará repercusiones a los usuarios del transporte aéreo y busca garantizar la máxima seguridad operacional en condiciones de baja visibilidad y minimizar las afectaciones a los pasajeros. Desde la Aeronáutica aseguraron que estas acciones se realizarán bajo un esquema de inspección y certificación periódica de estas radioayudas, que se concentrarán específicamente en la pista sur de la terminal aérea.Por ello, la entidad señaló que, con el fin de salvaguardar la eficiencia del servicio y mitigar el impacto en la experiencia de los viajeros, las jornadas se llevarán a cabo en los días de menor flujo de tráfico aéreo, que en este caso corresponderán a los próximos domingos 31 de mayo y 7 de junio, en horario de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía de cada día.Es importante destacar que el aeropuerto operará con normalidad durante este lapso en la pista norte, hasta que concluyan las actividades programadas y se retomen los despegues y aterrizajes en ambas pistas, por lo que no se afectará la frecuencia de los vuelos.Desde la Aeronáutica aseguran que este plan de trabajo es el resultado de mesas técnicas concertadas entre la autoridad aeronáutica, las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas. Asimismo, señalaron que las compañías aéreas realizarán los ajustes necesarios en sus itinerarios programados, de manera que la afectación a los usuarios sea mínima.Además, señalaron que con estas acciones se garantiza la completa disponibilidad de la infraestructura aeronáutica y de las ayudas a la navegación, permitiendo operaciones de precisión y máxima seguridad incluso en escenarios de visibilidad reducida o niebla densa.Finalmente, se recomienda a quienes tengan vuelos programados en las fechas señaladas mantener contacto directo con sus respectivas aerolíneas ante eventuales modificaciones en los itinerarios.
Avianca anunció acciones penales y civiles contra un pasajero que estaba en aparente estado de embriaguez y acosó sexualmente a una mujer, además de realizar actos obscenos dentro del avión en un vuelo Bogotá-Madrid, ocasionándole pérdidas por más de USD 40.000 a la aerolínea y alterando los planes de viaje de 276 pasajeros, pues la situación obligó al capitán a devolverse al aeropuerto El Dorado, por razones de seguridad operacional.La aerolínea confirmó que ya inició denuncias penales y una demanda civil por daños y perjuicios contra el implicado, quien fue detenido por las autoridades a su llegada a Bogotá. Además, advirtió que este tipo de episodios son cada vez más frecuentes: solo en 2026 ya se han reportado 212 incidentes relacionados con pasajeros agresivos, mientras que durante 2025 se contabilizaron 572 casos.Tras conocerse el caso, trabajadores y sindicatos del sector aeronáutico rechazaron de manera contundente lo sucedido y alertaron sobre el incremento de situaciones violentas dentro de los vuelos.“El país no puede seguir aplazando una discusión que hoy afecta directamente la seguridad operacional, la integridad de las tripulaciones y la tranquilidad de los pasajeros. Cada vez son más frecuentes los casos de agresiones, amenazas, alteraciones del orden y comportamientos violentos o sexuales indebidos dentro de los vuelos”, afirmó Daniel Gallo, vocero del sector y presidente del Sindicato de Trabajadores Aéreos de Colombia (Sintratac).Los trabajadores hicieron un llamado urgente al Congreso de la República para evitar que se hunda el proyecto de ley contra pasajeros agresivos, iniciativa que ya había sido aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero que no volvió a ser agendada para continuar su trámite legislativo.Según los sindicatos, pilotos, auxiliares de vuelo y personal aeroportuario enfrentan diariamente escenarios de alta tensión, muchas veces relacionados con pasajeros bajo efectos del alcohol u otras sustancias. Por ello, consideran fundamental avanzar en una legislación que permita endurecer sanciones y establecer mecanismos más estrictos frente a conductas que pongan en riesgo la seguridad aérea.Avianca también respaldó ese llamado y reiteró la necesidad de avanzar en el Proyecto de Ley 153 de 2024, que contempla medidas para fortalecer la protección del personal aeronáutico y de los viajeros frente a este tipo de comportamientos.
Por actos obscenos de un pasajero en un vuelo Bogotá - Madrid, el avión tuvo que devolverse a Bogotá y la tripulación solicitó apoyo de la Policía Nacional para llevarse esposado al hombre.De acuerdo con la información provisional, los hechos ocurrieron el pasado lunes en un vuelo de Avianca. Ya con el avión en el aire este hombre, en aparente estado de embriaguez, terminó acosando a los mujeres abordo y presuntamente se estaba masturbando.La situación generó momentos de tensión y angustia y la tripulación se vio forzada a volver a Bogotá, donde la Policía Nacional capturó al pasajero.Este es el video de la captura"Cada vez son más frecuentes los casos de agresiones, amenazas, alteraciones del orden y comportamientos violentos o sexuales indebidos dentro de los vuelos”, señaló Daniel Gallo vocero del sector y Presidente del Sindicato de Trabajadores Aéreos de Colombia, Sintratac.Los trabajadores de la industria pidieron al Congreso de la República que apruebe la ley de pasajeros disruptivos que está actualmente en trámite y solo ha tenido un debate.Avianca prepara un pronunciamiento sobre los hechos.
La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) encendió las alarmas por medio de un comunicado en el que manifiestan su profunda preocupación por los recientes reportes de presencia de drones en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Esto, según advierten los pilotos, representa una amenaza seria para la seguridad operacional del país.Para los aviadores civiles, este tipo de incidentes no puede seguir siendo tratado como un hecho aislado y por eso advierten que la presencia de este tipo de elementos en áreas sensibles cercanas a un aeropuerto constituye un riesgo operacional de alto nivel, especialmente durante fases críticas del vuelo como el despegue, la aproximación y el aterrizaje.“Cualquier interferencia en el espacio aéreo durante estas etapas puede comprometer la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves”, señaló la asociación en el documento, insistiendo en que este fenómeno debe abordarse con una estrategia integral y urgente.Los pilotos recordaron que, aunque los drones han ganado popularidad en múltiples sectores que van desde la recreación hasta actividades comerciales y de vigilancia, su uso irresponsable o ilegal cerca de aeropuertos puede derivar en incidentes de consecuencias graves, incluyendo colisiones con aeronaves, daños estructurales o fallas en maniobras críticas.En ese sentido, ACDAC hizo un llamado directo a las autoridades competentes para reforzar de manera inmediata los mecanismos de vigilancia, detección y mitigación de drones no autorizados, especialmente en aeropuertos de alta complejidad operativa como El Dorado y recuerdan que la seguridad aérea no puede depender únicamente de la capacidad de reporte de las tripulaciones, quienes muchas veces detectan estos dispositivos de manera visual durante las operaciones, cuando el margen de reacción es limitado.Entre las medidas que podrían implementarse, expertos del sector han planteado el uso de sistemas antidrones, radares especializados, sensores de detección y mayores controles regulatorios sobre el uso de aeronaves no tripuladas en zonas urbanas y cercanas a infraestructuras críticas.El comunicado también deja ver una preocupación de fondo: la necesidad de que la aviación sea tratada como una prioridad nacional. Para ACDAC, esperar a que ocurra un accidente grave para tomar decisiones sería un error costoso.
En las últimas horas se registró hallazgo de un dron acondicionado con explosivos improvisados en el suroccidente de Bogotá. El dispositivo, ubicado en inmediaciones del río Bogotá y a solo 5,4 kilómetros de la rampa militar de CATAM, tenía un sistema de adecuación no convencional con fibra óptica para guiado, una modalidad que, según las autoridades, busca evadir los sistemas de inhibición electrónica.De acuerdo con información preliminar, el artefacto sería del frente Carlos Patiño, una de las estructuras de las disidencias de las Farc señaladas de emplear drones explosivos en diferentes regiones del país.El hallazgo se produjo luego de información suministrada por la Fiscalía de Popayán, que alertó sobre posibles coordenadas de lanzamiento en la capital. En la zona fueron encontrados elementos tipo cambuche y, tras labores de correlación de imágenes y rastreo, las autoridades localizaron el dron adaptado junto a la batería y la carga explosiva separada del fuselaje.Durante la inspección técnica, expertos antiexplosivos detectaron una compleja adecuación artesanal compuesta por tubería plástica, cableado especial y un carrete de fibra óptica conectado al sistema de guiado. El explosivo estaba contenido en un tubo de PVC con detonador improvisado en jeringa y contenía aproximadamente 258 gramos de explosivo tipo C4, material con alto poder destructivo.Las autoridades realizaron la desactivación controlada del artefacto y posteriormente entregaron los elementos al CTI de la Fiscalía para el inicio de los actos urgentes y la cadena de custodia. Las autoridades también relacionan este caso con otros hallazgos recientes de drones explosivos registrados el pasado 25 de abril en Popayán, Cauca, y en Apiay, Meta, lo que incrementó las alertas por el uso de esta modalidad por parte de grupos armados ilegales.
En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, abordó temas críticos para la infraestructura y la seguridad del país, desde los incidentes con drones que paralizaron el aeropuerto El Dorado hasta los retos técnicos y financieros del Regiotram de Occidente. El desafío de los drones y la seguridad en El DoradoTras el cierre de operaciones por ocho minutos en el aeropuerto El Dorado debido al avistamiento de un dron, la ministra explicó que este es un fenómeno global que requiere regulación urgente.Según Rojas, se está trabajando en una ley en el Congreso y en una campaña nacional de seguridad aeronáutica basada en cuatro pilares estratégicos.La ministra destacó que se han realizado ajustes al Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC 100) para responder de manera asertiva. “Inicialmente la norma decía que si se observaba en un radio de 6 km alrededor del aeropuerto el movimiento de un dron, tocaba tomar medidas para detener la operación... 6 km es una cosa enorme. Entonces, era prácticamente inviable”, señaló la funcionaria al explicar por qué ahora se utiliza un polígono de marcado específico.Además, enfatizó la necesidad de endurecer el castigo para quienes infrinjan estas normas: “A mí lo que me parece realmente muy flojo son las sanciones para cuando alguien afecta la seguridad”.En cuanto a la tecnología para combatir estas incursiones, la ministra aclaró que los sistemas antidrones son competencia del sector defensa, pero se está gestionando para que la policía aeronáutica pueda acceder a ellos. Actualmente, existen 1.800 empresas en Colombia que usan drones, lo que hace imperativo un control más riguroso. Sobre el Regiotram de Occidente, la ministra Rojas fue enfática en que el proyecto no puede detenerse a pesar de las inquietudes planteadas por la Alcaldía de Bogotá. Rojas mencionó que el Gobierno Nacional está dispuesto a aportar 2 billones de pesos que hacían falta para asegurar la obra. “Irnos sin dejarle a Bogotá esta solución que la necesita... es un desperdicio de oportunidad que no nos lo perdonaríamos”, afirmó. Escuche aquí la entrevista:
El comercio electrónico continúa ganando terreno en Colombia, pero su crecimiento también está acompañado por nuevos desafíos para las empresas que reciben pagos por internet.Un estudio elaborado por la empresa brasileña de prevención de fraude Koin, en alianza con Gmattos, estima que las pérdidas por chargeback (contracargo) en compras online realizadas con tarjetas de crédito podrían alcanzar los US$48 millones en Colombia durante 2026. La cifra representa un aumento frente a los US$43 millones estimados para 2025 y aparece en medio de una expansión acelerada de las ventas digitales en el país.Según el documento, las proyecciones más recientes apuntan a que el comercio electrónico crecerá 22% en Colombia, por encima del 18% previsto para México y del 10% para Brasil. En América Latina, las ventas online aumentaron 12,2% durante 2025.¿Qué es un chargeback y por qué genera pérdidas?Un chargeback o contracargo ocurre cuando una transacción realizada con tarjeta es revertida a solicitud del banco del cliente. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando una persona denuncia que no realizó una compra o cuando se detecta que la tarjeta fue utilizada de manera fraudulenta. Esta función que ofrecen los bancos se puede usar maliciosa y deliberadamente por un comprador para obtener un bien o servicio y, después, reportar la compra para recibir el dinero de vuelta.El problema para los comercios es que recuperar ese dinero no siempre resulta sencillo. De acuerdo con el estudio, en América Latina la recuperación de este tipo de operaciones apenas supera el 12%, mientras que en América del Norte se acerca al 20%.En los casos en los que el reclamo corresponde efectivamente a un fraude, el establecimiento puede terminar asumiendo el valor de la compra perdida.El documento advierte además que América Latina y Europa presentan uno de los mayores niveles relativos de fraude electrónico entre las regiones analizadas. Un estudio citado en el informe señala que 4,1% de los pedidos online terminaron en fraude, frente al 3,1% de América del Norte y al 3% de Asia-Pacífico.Las compras legítimas también pueden ser rechazadasEl estudio identifica un segundo problema para los comercios electrónicos: los llamados falsos positivos.Se trata de compras realizadas por clientes legítimos que son bloqueadas porque los sistemas de seguridad las consideran, equivocadamente, potencialmente fraudulentas.Aunque en estos casos no existe un robo de dinero, el comercio pierde una venta y el usuario puede abandonar la compra o incluso optar por otra plataforma donde no suceda este error.Koin señala que las tasas de aprobación de transacciones online en América Latina son inferiores a las registradas en América del Norte, lo que, según su análisis, evidencia una mayor cantidad de operaciones legítimas rechazadas durante el proceso de pago. El desafío que estos dos fenómenos presentan para las plataformas es bloquear operaciones sospechosas sin afectar a los compradores reales.Inteligencia artificial entra en la lucha contra el fraudeEl informe señala que el crecimiento y sofisticación del fraude está obligando a las plataformas de comercio electrónico y medios de pago a incorporar herramientas capaces de evaluar un mayor número de variables en tiempo real. Entre ellas aparece la IA, utilizada para identificar comportamientos anómalos y determinar con mayor precisión cuándo una transacción representa un riesgo y cuándo corresponde a una compra legítima.El estudio fue elaborado a partir del monitoreo de algunas de las principales tiendas online de Colombia y México y analizó además la evolución del comercio electrónico en mercados como Brasil. Entre los principales actores de la región menciona plataformas como Mercado Libre, Amazon, Falabella, Temu, Rappi, Sodimac, Éxito y Alkosto.Con unas ventas digitales que continuarían creciendo a gran ritmo en Colombia, el reto para los comercios será encontrar un equilibrio entre detectar cada vez mejor los intentos de fraude sin convertir las medidas de seguridad en una barrera para quienes simplemente quieren realizar una compra por internet.
Un sismo de magnitud 3,8 se registró este martes 11 de agosto, a las 10:43 de la mañana, en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento hace parte de la actividad sísmica posterior al terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, cuyo epicentro también estuvo localizado en esta zona del departamento del Chocó. Tras el terremoto, se han registrado numerosas réplicas en el área.De acuerdo con la información del SGC, el nuevo sismo tuvo una profundidad de 99 kilómetros y su epicentro fue localizado a 14 kilómetros de San José del Palmar. Las coordenadas reportadas fueron 4,88 de latitud y -76,36 de longitud.¿Por qué se presentan réplicas?Las réplicas son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal y que se producen mientras la zona afectada continúa ajustándose a los cambios generados por la ruptura.En este caso, la actividad se concentra alrededor de la zona donde ocurrió el terremoto de 7,4 del lunes, que tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros y fue sentido en buena parte del territorio colombiano.El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y advierte que los datos de sus boletines pueden ser modificados a medida que avanza el procesamiento de la información. Por ahora, el reporte corresponde a un sismo de magnitud 3,8 y no se han informado nuevas afectaciones asociadas específicamente a este movimiento.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.