El exintegrante de la agrupación "Los 50 de Joselito", cantante, guitarrista y compositor, presentó en BLU Radio su más reciente trabajo discográfico titulado 'He Vuelto'.El álbum es una fusión musical entre la cumbia colombiana, la cumbia villera del sur del continente y la cumbia mexicana, sin dejar de lado la parranda tradicional, con temas como Paloma Moreno, la apuesta decembrina y de fin de año.Alex Joselito Parrandero trae sonidos característicos de la voz ícono de las festividades navideñas de Colombia.Escuche el audio completo de esta entrevista
La Corte Constitucional le exigió al Gobierno nacional cumplir nuevas órdenes para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en materia de seguridad para los excombatientes de las Farc que dejaron las armas. El alto tribunal estableció plazos de 20 y 30 días hábiles para que distintas entidades demuestren qué están haciendo y cómo garantizarán el cumplimiento de los compromisos."Para la Corte, la exigencia de la implementación normativa del Acuerdo no es una simple formalidad, sino que “(…) representa la sujeción (i) al principio democrático y de legalidad, conforme al cual las autoridades públicas solo están sometidas al ordenamiento jurídico", se lee en la decisión. Entre las principales exigencias está incluir un componente específico de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, con recursos, proyectos y acciones concretas para cumplir lo pactado."En primer lugar, la Sala reitera que el Acuerdo Final de Paz constituye una política pública de Estado y que su implementación, desarrollo y seguimiento vinculan de buena fe a todas las autoridades. También explica que el Gobierno nacional cuenta con un amplio margen de apreciación para adoptar las acciones necesarias y para definir los medios de cumplimiento", señala la alta Corte.Además, pidió incorporar medidas para superar las fallas en las garantías de seguridad de los firmantes, situación que fue declarada como un estado de cosas inconstitucional en 2022. Para este punto, el Gobierno tendrá 30 días hábiles para entregar un informe detallado. Asimismo, la Corte requirió garantizar el funcionamiento efectivo de una entidad encargada de coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz dentro del Gobierno. Esta instancia deberá contar con presupuesto, personal, capacidad institucional y suficiente autoridad para coordinar a las diferentes entidades.En cuanto al seguimiento de los compromisos, el alto tribunal exigió a los representantes del Gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) garantizar la continuidad de esta instancia y su trabajo conjunto con los representantes de los firmantes. Para demostrar cómo se hará ese seguimiento, deberán presentar un informe en un plazo de 20 días hábiles. De igual forma, les pidió a los ministros del Interior, Defensa y Justicia, junto con los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, la Unidad Nacional de Protección y otros funcionarios, poner en funcionamiento el sistema encargado de planear, recopilar información y medir los avances en materia de seguridad. También deberán definir y entregar indicadores que permitan establecer si las medidas de protección están dando resultados. El plazo es de 20 días hábiles.Por otra parte, la Corte requirió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección garantizar el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contempla medidas para proteger la vida y la integridad de los firmantes de paz. Esta instancia deberá demostrar en 20 días cómo está verificando que las medidas se cumplan efectivamente. A estas exigencias se suma la orden al Ministerio del Interior de presentar un balance sobre la Política Pública Nacional de Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización. El Gobierno deberá explicar en 20 días qué acciones adelanta para evitar la discriminación y los señalamientos contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz y cómo está haciendo seguimiento a su implementación.La Corte también pidió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad asegurar la implementación y el seguimiento de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz. Esto implica demostrar qué acciones se están ejecutando para combatir las estructuras ilegales que amenazan a los firmantes y otros sectores protegidos por el Acuerdo. Finalmente, el alto tribunal requirió a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que encabeza el Sistema Nacional de Reincorporación, garantizar el funcionamiento efectivo del subcomité encargado de coordinar, planificar y hacer seguimiento al Programa de Reincorporación Integral. La entidad deberá explicar cómo está articulando las acciones para que los excombatientes avancen en su reincorporación económica y social.La decisión de la Corte Constitucional se conoce en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que se aprobara un recorte de $170.000 millones para su funcionamiento en 2027. La reducción obligó a la entidad a anunciar medidas de austeridad que incluyen entregar, en marzo del próximo año, su actual sede en Bogotá, trasladarse a un edificio más pequeño y convertir la virtualidad en la principal modalidad de trabajo.Además, el nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, anunció una reducción del 85 % de los contratos de prestación de servicios y ajustes en los esquemas de seguridad de magistrados, víctimas, testigos y comparecientes.
Las fiestas de fin de año podrían verse afectadas en las tradiciones de millones de hogares colombianos. En muchas familias, el consumo de cerveza hace parte de la temporada decembrina y, ante esto, el precio de esta bebida alcohólica podría aumentar si el Congreso aprueba el esquema tributario propuesto en la Ley de Rescate Económico.La propuesta ha generado preocupación entre los tenderos, que temen una reducción de las ventas durante diciembre, una temporada en la que estos establecimientos registran un mayor movimiento comercial por la venta de bebidas.De acuerdo con las estimaciones de Fenaltiendas, en el país hay cerca de 450.000 tiendas de barrio, que registran ventas anuales por alrededor de $48 billones. De ese total, $25,8 billones corresponden a cerveza y $22 billones a otras bebidas alcohólicas.Sin embargo, si la iniciativa se aprueba en los términos presentados, los ingresos por la comercialización de cerveza podrían bajar a $13 billones y los de bebidas no alcohólicas, a $11 billones. El gremio señala que esta caída podría deberse al aumento de los precios y a una eventual disminución del consumo.La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, presentó una estimación sobre el impacto que tendría el cambio en el precio al consumidor. Según sus cálculos, una cerveza que actualmente cuesta en promedio $2.400 podría pasar a valer entre $3.571 y $3.841, lo que representaría un incremento de entre el 49 % y el 60 %.La congresista también advirtió que las tiendas de barrio comercializan cerca del 92 % de la cerveza que se vende en Colombia, por lo que un aumento de precios podría afectar los ingresos de estos negocios.¿Por qué podría subir el precio de la cerveza?El proyecto de Ley 477 de 2026 de la Cámara, radicado el 29 de octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, propone reemplazar el actual impuesto al consumo de cerveza, que corresponde al 48 % del precio de venta del productor al detallista.En su lugar, los artículos 33 a 36 plantean un impuesto a la producción con dos componentes: uno del 10 % sobre el precio de venta al público sin impuestos y otro de $330 por cada grado de alcohol en una presentación de 330 centímetros cúbicos. Las cervezas sin alcohol quedarían excluidas del cobro fijo por grado de alcohol.El valor final dependería de la graduación de la bebida, la marca y la proporción del impuesto que los productores y comercializadores trasladen al consumidor.¿Qué impacto tendría el nuevo impuesto para los tenderos?Según la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno espera recaudar $7,1 billones adicionales con el impuesto a la producción de cerveza para financiar el aseguramiento en salud. A esa cifra se sumarían $2,1 billones provenientes del impuesto al consumo de licores.No obstante, el propio Gobierno estima que los cambios tributarios sobre alcohol y tabaco podrían elevar la inflación hasta 0,6 puntos porcentuales en 2027, si el aumento de los impuestos se traslada completamente a los consumidores.Por ahora, el incremento no es un hecho. La propuesta debe ser discutida en el Congreso, donde también están en debate sus posibles efectos sobre el consumo, los pequeños comerciantes y las rentas de los departamentos.
En medio de una riña por presuntamente haber orinado en su vehículo, un hombre disparó contra otros dos en el occidente de Medellín. Todos los involucrados fueron capturados por las autoridades.Un nuevo hecho de intolerancia en la capital antioqueña terminó con tres heridos que fueron capturados por las autoridades, tras protagonizar una riña en plena vía pública en el occidente de la ciudad.Fueron disparos de arma de fuego los que alertaron a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que atendieran la situación en la que inicialmente un hombre de 41 años de edad relató a las autoridades que había accionado su arma en defensa propia tras ser víctima de un intento de hurto.Sin embargo, tras la revisión de cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo determinar que la situación respondió a un altercado entre esta persona y otros dos sujetos, de 27 y 30 años de edad, aparentemente porque el primero les reclamó por orinar sobre su carro.En medio de la discusión estos sacaron armas cortopunzantes que llevaron al propietario del vehículo a desenfundar una pistola de su propiedad que los dejó heridos a la altura de la cadera y las piernas por lo que fueron trasladados a la Unidad Intermedia de Belén para recibir atención.Por su parte, el responsable de accionar el arma de fuego se presentó ante las autoridades para poner a disposición de las investigaciones una pistola calibre nueve milímetros que contaba con el permiso de porte vigente.Las autoridades confirmaron que los tres implicados en el caso están fuera de peligro. Sin embargo, fueron capturados para esclarecer lo ocurrido y responder ante las respectivas autoridades judiciales.
A tres meses del terremoto, Risaralda exige celeridad al Gobierno Nacional para acelerar la reconstrucción y el pago de ayudas. Tres meses después del terremoto que sacudió al Eje Cafetero el pasado 10 de agosto, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, hizo un enfático llamado al Gobierno nacional. El mandatario departamental urgió en Mañanas Blu a agilizar la transferencia de recursos y la ejecución de los planes diseñados para atender a las familias damnificadas y restaurar la infraestructura afectada. Un llamado urgente a pasar de los anuncios a las accionesAunque el gobernador reconoció la presencia del Gobierno nacional en la zona, destacando que el presidente de la República ha visitado cinco veces la ciudad de Pereira, recalcó que la comunidad requiere resultados inmediatos y desembolsos efectivos. Al referirse a la necesidad de acelerar la llegada de los giros e inversiones, Patiño declaró: "Hoy aprovechando estos micrófonos, hacer un llamado de atención especial para la celeridad. Ya son tres meses, ya hay un Fondo Milagro creado y estamos de verdad expectantes a que podamos avanzar rápidamente en el territorio para la reconstrucción de lo que la gente hoy está esperando". En ese sentido, el mandatario precisó que su petición no responde a una rivalidad política, sino al clamor de las comunidades damnificadas: "Más que una queja, es la voz de la gente que hoy está solicitando no más anuncios, sino ya acciones contundentes en el territorio". Plan de Acción Específica y estado de los subsidiosPara orientar la recuperación, el departamento formuló un Plan de Acción Específica (PAE) que abarca 15 planes (uno por cada uno de los 14 municipios más el departamental), el cual ya cuenta con la aprobación del Gobierno Nacional. No obstante, el gobernador explicó que la ejecución depende de la disponibilidad de liquidez del recién creado Fondo Milagro, cuya gerencia fue asignada a la doctora Ana María Cuartas.En materia de ayudas financieras directas, se han dispersado 13.000 millones de pesos en un primer giro a través de un convenio con Supergiros. Actualmente está pendiente la firma para un segundo paquete por 17.000 millones de pesos, así como la asignación de 70.000 millones de pesos adicionales para culminar los tres meses de subsidios prometidos a los inscritos en el Registro Único de Damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables. Paralelamente, la Gobernación de Risaralda ha avanzado con fuentes propias, destinando el 60 % de sus regalías para adjudicar contratos de reconstrucción, además de radicar proyectos por 80.000 millones de pesos ante el Ministerio de Vivienda para mejoramiento de viviendas, 17.000 millones de pesos para infraestructura educativa y 5.000 millones de pesos para seguridad alimentariaSobre la gestión de la administración local, Patiño enfatizó: "Seguiremos avanzando con los recursos limitados que tenemos, pero de verdad accionando todos los procesos". Frente a los retos del proceso reconstructivo, Patiño resaltó la unión institucional existente entre la Gobernación, los alcaldes municipales y la gerencia del Fondo Milagro, así como el interés en impulsar la figura de obras por impuestos con el sector privado. Escuche aquí la entrevista:
Atlético Bucaramanga trabaja en la recuperación de sus jugadores lesionados con la expectativa de tener alternativas para afrontar los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. El departamento médico del equipo entregó un nuevo reporte sobre la condición de cuatro futbolistas que presentan diferentes lesiones musculares y articulares.Uno de los casos es el de Nilson Castrillón, quien sufrió un esguince grado I del retináculo patelofemoral lateral durante el compromiso frente a Atlético Nacional. El defensor adelanta un proceso de rehabilitación y su regreso a las canchas dependerá de su evolución clínica y funcional.Por su parte, Fabry Castro presenta una distensión muscular leve del gastrocnemio medial de la pierna derecha, también sufrida en el partido contra Nacional. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación y manejo terapéutico.En el caso de Diego Novoa, el guardameta presenta un desgarro muscular del glúteo medio izquierdo. Según el reporte médico, su evolución es favorable y ya avanza en la fase de readaptación deportiva, con trabajos específicos en campo.El cuarto jugador es Luis Mateus, quien sufrió un desgarro muscular grado I del recto femoral del muslo derecho durante una sesión de entrenamiento. Actualmente realiza un programa individualizado de fisioterapia.La recuperación de estos futbolistas resulta importante para Atlético Bucaramanga de cara a los cuadrangulares semifinales, una instancia en la que el equipo necesitará alternativas en diferentes posiciones para competir por un cupo en la final.Aunque Diego Novoa presenta una evolución favorable y ya realiza trabajos en campo, los otros tres jugadores continúan en sus respectivos procesos de rehabilitación.El club no estableció fechas para el regreso de ninguno de los futbolistas y aclaró que la reincorporación a los entrenamientos y la competencia dependerá de la evolución clínica y funcional de cada uno.
