La Corte Constitucional le exigió al Gobierno nacional cumplir nuevas órdenes para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en materia de seguridad para los excombatientes de las Farc que dejaron las armas. El alto tribunal estableció plazos de 20 y 30 días hábiles para que distintas entidades demuestren qué están haciendo y cómo garantizarán el cumplimiento de los compromisos.
"Para la Corte, la exigencia de la implementación normativa del Acuerdo no es una simple formalidad, sino que “(…) representa la sujeción (i) al principio democrático y de legalidad, conforme al cual las autoridades públicas solo están sometidas al ordenamiento jurídico", se lee en la decisión.
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Entre las principales exigencias está incluir un componente específico de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, con recursos, proyectos y acciones concretas para cumplir lo pactado.
"En primer lugar, la Sala reitera que el Acuerdo Final de Paz constituye una política pública de Estado y que su implementación, desarrollo y seguimiento vinculan de buena fe a todas las autoridades. También explica que el Gobierno nacional cuenta con un amplio margen de apreciación para adoptar las acciones necesarias y para definir los medios de cumplimiento", señala la alta Corte.
Además, pidió incorporar medidas para superar las fallas en las garantías de seguridad de los firmantes, situación que fue declarada como un estado de cosas inconstitucional en 2022. Para este punto, el Gobierno tendrá 30 días hábiles para entregar un informe detallado.
Asimismo, la Corte requirió garantizar el funcionamiento efectivo de una entidad encargada de coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz dentro del Gobierno. Esta instancia deberá contar con presupuesto, personal, capacidad institucional y suficiente autoridad para coordinar a las diferentes entidades.
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En cuanto al seguimiento de los compromisos, el alto tribunal exigió a los representantes del Gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) garantizar la continuidad de esta instancia y su trabajo conjunto con los representantes de los firmantes. Para demostrar cómo se hará ese seguimiento, deberán presentar un informe en un plazo de 20 días hábiles.
De igual forma, les pidió a los ministros del Interior, Defensa y Justicia, junto con los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, la Unidad Nacional de Protección y otros funcionarios, poner en funcionamiento el sistema encargado de planear, recopilar información y medir los avances en materia de seguridad. También deberán definir y entregar indicadores que permitan establecer si las medidas de protección están dando resultados. El plazo es de 20 días hábiles.
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Por otra parte, la Corte requirió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección garantizar el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contempla medidas para proteger la vida y la integridad de los firmantes de paz. Esta instancia deberá demostrar en 20 días cómo está verificando que las medidas se cumplan efectivamente.
A estas exigencias se suma la orden al Ministerio del Interior de presentar un balance sobre la Política Pública Nacional de Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización. El Gobierno deberá explicar en 20 días qué acciones adelanta para evitar la discriminación y los señalamientos contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz y cómo está haciendo seguimiento a su implementación.
La Corte también pidió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad asegurar la implementación y el seguimiento de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz. Esto implica demostrar qué acciones se están ejecutando para combatir las estructuras ilegales que amenazan a los firmantes y otros sectores protegidos por el Acuerdo.
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Finalmente, el alto tribunal requirió a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que encabeza el Sistema Nacional de Reincorporación, garantizar el funcionamiento efectivo del subcomité encargado de coordinar, planificar y hacer seguimiento al Programa de Reincorporación Integral. La entidad deberá explicar cómo está articulando las acciones para que los excombatientes avancen en su reincorporación económica y social.
La decisión de la Corte Constitucional se conoce en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que se aprobara un recorte de $170.000 millones para su funcionamiento en 2027. La reducción obligó a la entidad a anunciar medidas de austeridad que incluyen entregar, en marzo del próximo año, su actual sede en Bogotá, trasladarse a un edificio más pequeño y convertir la virtualidad en la principal modalidad de trabajo.
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Además, el nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, anunció una reducción del 85 % de los contratos de prestación de servicios y ajustes en los esquemas de seguridad de magistrados, víctimas, testigos y comparecientes.