El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, obtuvo el jueves el acuerdo del partido del independentista catalán Carles Puigdemont, indispensable para volver a ser investido como jefe del ejecutivo, a cambio de una polémica ley de amnistía que ha disparado la tensión en el país.Tras semanas de intensas negociaciones, el Partido Socialista de Sánchez y la formación de Puigdemont (Junts per Catalunya) llegaron a un acuerdo indicó una fuente próxima a las negociaciones, sin dar más detalles.Según los medios españoles, ambas partes deberían presentar este pacto alrededor del mediodía en Bruselas, donde se instaló Carles Puigdemont desde su salida de España en 2017 para esquivar a la justicia española.Dado por muerto políticamente hace apenas unos meses, Sánchez parece muy cerca ahora de lograr una nueva investidura después de haber contradicho los sondeos que proyectaban su derrota definitiva en las elecciones legislativas del 23 de julio, celebradas solo dos meses después de la debacle de la izquierda en las elecciones locales.En el poder desde 2018, Sánchez aguantó mejor de lo previsto ante su rival conservador Alberto Núñez Feijóo, cuyo Partido Popular (PP, derecha) ganó las elecciones, pero no consiguió después los apoyos suficientes de otras formaciones para ser investido por el Parlamento.A cambio de los votos indispensables de los diputados independentistas catalanes, el socialista tuvo que ceder ante su exigencia de impulsar una ley de amnistía para sus dirigentes y militantes procesados por la justicia española, principalmente por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017.Esta ley, que debería permitir el regreso a España de Puigdemont, tendrá que ser votada en el Parlamento, en cuanto Sánchez sea investido por los diputados, previsiblemente la próxima semana. El miércoles, la Comisión Europea pidió a Madrid "información detallada" sobre este proyecto de amnistía.Derecha movilizadaSánchez, quien llegó al poder en 2018 gracias, entre otros, al apoyo de los partidos catalanes, indultó en 2021 a los nueve dirigentes separatistas condenados a prisión por su implicación en la intentona separatista y, al año siguiente, su mayoría reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados.Pero esta nueva concesión a los independentistas subió la tensión en el país.La derecha y la extrema derecha acusan al socialista, quien se oponía en el pasado a la idea de una amnistía, a estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder.Numerosas manifestaciones se convocaron sobre la medida, y las últimas movilizaciones de la extrema derecha frente a la sede del Partido Socialista en Madrid terminaron en enfrentamientos con la policía, unas imágenes de violencia poco frecuentes en España.Organizaciones próximas al partido de extrema derecha Vox llamaron a una nueva protesta en la noche del jueves contra lo que califican como un "golpe de Estado"."Estamos ante un acuerdo vergonzante con el que Sánchez va a humillar a España", al estar apoyado por un "prófugo de la justicia", criticó de su lado la número dos del PP, Cuca Gamarra, en referencia a Carles Puigdemont. Figura ascendente de la derecha, la presidenta de la región de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, llegó a acusar al presidente del gobierno de estar implementando una "dictadura".El Partido Popular llamó a sus simpatizantes a concentrarse el domingo en todas las capitales de provincia contra la medida, y otra gran manifestación está prevista en Madrid el sábado 18.Más allá de la oposición de la derecha y del sector conservador de la magistratura, que estima que esta amnistía es una grave amenaza al Estado de derecho, Sánchez enfrenta las críticas de algunos de los barones más moderados de su partido.Además, en cuanto consiga ser investido nuevamente presidente del gobierno, deberá manejar una mayoría que se anuncia inestable.Todo apunta a que el partido de Puigdemont y los nacionalistas vascos del PNV, muy cercanos al mundo empresarial, pueden tener dificultades para votar la reducción de la semana de trabajo a 37,5 horas, medida insignia del acuerdo de gobierno firmado entre los socialistas y su principal aliado, la plataforma de extrema izquierda de Sumar.Le podría interesar:
Carles Puigdemont, que fue presidente del gobierno regional catalán durante la declaración fallida de independencia de 2017, fue detenido en la isla italiana de Cerdeña (oeste) tras cuatro años huido de la justicia española."El President Puigdemont ha sido detenido a su llegada a Cerdeña, donde acudía como eurodiputado", anunció en Twitter su abogado, Gonzalo Boye, precisando que su detención se produjo en cumplimiento de una orden europea de detención del 14 de octubre de 2019.Puigdemont, actualmente eurodiputado, está establecido en Bruselas desde 2017 y viajó a Alguer, Cerdeña, para un festival cultural, explicó el responsable de su oficina, Josep Lluis Alay."Cuando ha llegado al aeropuerto de Alguer, ha sido retenido por la policía fronteriza italiana", explicó Alay en las redes sociales."Mañana (viernes) el presidente será puesto a disposición de los jueces de la corte de apelación de Sassari, que es competente para decidir su puesta en libertad o su extradición", añadió Alay.El gobierno español del socialista Pedro Sánchez, inmerso en un proceso de diálogo con el gobierno catalán, se limitó a comentar que a detención "obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos".En ese sentido, "manifiesta su respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos, al igual que siempre lo ha hecho con los tribunales españoles y europeos".En las redes sociales aparecieron llamamientos independentistas a manifestarse ante el consulado italiano en Barcelona, y otro líder independentista, Quim Torra, pidió a sus correligionarios "estar en alerta máxima porque la posible extradición del presidente Puigdemont sería catastrófica", en declaraciones a la televisión catalana TV3.Puigdemont, de 58 años, llegó inesperadamente a la presidencia del gobierno regional catalán en 2016 desde la alcaldía de Girona, por la renuncia de Artur Mas, después de figurar en puestos lejanos a la cabeza en las listas de las elecciones regionales.A él le correspondió liderar un movimiento independentista en plena efervescencia que no estaba dispuesto en 2017 a conformarse con menos que la secesión.Tras proclamarla, y suspenderla en espera de negociaciones, el gobierno español de Mariano Rajoy intervino la administración regional y convocó elecciones autonómicas, invalidando así la tentativa.Sin inmunidad parlamentariaPuigdemont se estableció en Bruselas, reclamado por la justicia española, en contraste con sus compañeros de gobierno que acabaron siendo juzgados, como su vicepresidente Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel, y finalmente indultado en 2021 por el gobierno español de Pedro Sánchez, como el resto de los encausados.En tanto que eurodiputado, Puigdemont debería normalmente gozar de inmunidad, pero el Tribunal General de la Unión Europea decidió a finales de julio que no era el caso, y mantuvo firme la suspensión de su inmunidad legislativa decidida por el Parlamento Europeo.En la misma situación estaban otros dos eurodiputados catalanes, Toni Comín y Clara Ponsatí.El tribunal rechazó los argumentos presentados por considerar que no demostraron con "grado de probabilidad suficiente" los temores de persecución judicial o arresto.La justicia española acusa a Puigdemont de sedición y malversación de fondos por el intento de independencia de Cataluña en 2017, y exige su extradición.El tribunal señaló que "nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro [de la UE] puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas", por lo que no está claro qué decidirá el tribunal italiano que el viernes lo escuchará.La detención de Puigdemont provocó un seísmo de reacciones en la política española."España dialoga siempre de la misma manera", lamentó en las redes sociales su sucesor, Quim Torra.El líder de la oposición, el conservador Pablo Casado pidió que se le juzgue en España y lanzó un mensaje al presidente del gobierno: "Puigdemont debe ser juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional, y Sánchez debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder".Le puede interesar: Escuche la Intérprete en Spotify:
El Tribunal Supremo español (TS) decidió este lunes dictar una nueva orden europea de detención y entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica y declarado en rebeldía en España.El juez Pablo Llarena decidió cursar la petición después de que el TS publicara la sentencia por la que nueve líderes secesionistas catalanes son declarados culpables de sedición y condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión por el proceso independentista catalán ilegal de 2017.Lea también: Gobierno español está interesado en crear confusión y fake news: Carles Puigdemont. Fuentes jurídicas confirmaron a EFE que el magistrado, que instruyó la causa del proceso independentista, ha activado el mecanismo para solicitar la entrega a España del exgobernante catalán, a quien un tribunal regional de Alemania ya rechazó extraditar por el delito de rebelión, que no ha sido contemplado por el Supremo.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.Encuentre en BLU Radio las principales noticias del mundo y los hechos internacionales. Información actualizada en video, imágenes y artículos periodísticos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y el resto del mundo.
El expresidente catalán Carles Puigdemont habló en Mañanas BLU sobre la crisis del gobierno español y las posibilidades de un nuevo referendo independentista como el que se vivió en esa región en 2017. “Tenemos las cosas claras ante un nuevo Gobierno de España, cualquiera que se escoja, queremos organizar un referendo”, sostuvo Puigdemont. El expresidente catalán, que se encuentra fuera de territorio ibérico desde octubre de 2017, lanzó duros ataques en contra de la coalición gobernante en su país. “El Gobierno de España está muy interesado en crear confusión y fake news sobre nuestra situación”, aseveró. Sobre su situación jurídica, Puigdemont aseguró que es un ciudadano libre. “Soy un ciudadano europeo, libre, sin alguna restricción, pero sin posibilidad de volver a Cataluña o España”, sostuvo el político quien recalcó en la paradoja que mientras él no tiene procesos en contra, sus aliados sí. “El conflicto entre Cataluña y España debe resolverse políticamente, pacíficamente y democráticamente”, anotó. Escuche esta entrevista:
Un año después de tratar de separar Cataluña del resto de España, el expresidente regional Carles Puigdemont intenta desde el exilio relanzar su desafío con un nuevo partido que pretende reunificar el independentismo ante unas bases cada vez más impacientes. Pero muchos de sus antiguos aliados, que apuestan ahora por posiciones más moderadas, ya han rechazado unirse a su nuevo partido, La Crida (El Llamado), que convocó su convención fundacional el sábado por la tarde en Manresa, 60 km al norte de Barcelona. Ni el lugar, ni la fecha son casuales: a apenas 6 km de la cárcel de Lledoners, donde esperan juicio por rebelión varios líderes independentistas, y justo un año después de que el Parlamento catalán proclamara una república independiente, el 27 de octubre de 2017. Mientras los fieles al expresidente seguirán su discurso por una pantalla gigante, los militantes más radicales, los Comités de Defensa de la República (CDR), protestarán ante la sede del gobierno regional de Barcelona, dirigido por un fiel a Puigdemont, Quim Torra, para reprocharle su prudencia.Vea también: Justicia alemana decide extraditar a Puigdemont por malversación de fondos El mensaje de la protesta: "Un año de renuncias, un año de sumisión. ¡Basta! ¡Tomemos las calles!". Estos comités, formados hace un año para preparar el referéndum ilegal de autodeterminación que precedió a la proclamación de la república, se han caracterizado por sus acciones contundentes. El 1 de octubre, en el aniversario de ese referéndum marcado por la violencia de los policías enviados por Madrid para requisar las urnas, se enfrentaron a la policía regional catalana cuando querían ocupar la sede del Parlamento regional. Por su parte, la influyente asociación ANC, organizadora de masivas manifestaciones independentistas, llamó a sus militantes a presentarse el sábado en edificios de la administración regional para reclamar la publicación en el Diario Oficial de la proclamación de independencia. La proclamación fue entonces baldía: ningún país reconoció la efímera república y el gobierno español tomó el control de Cataluña, suspendiendo de facto su autonomía, después de destituir al ejecutivo de Puigdemont y disolver el Parlamento para convocar elecciones anticipadas en diciembre. No recuperó la autonomía hasta el 2 de junio, cuando el gobierno de Quim Torra tomó posesión. Fiel a Puigdemont, Torra lo visita regularmente en Bélgica y el martes presentará el llamado Consejo de la República, una especie de gobierno en el exilio creado para que lo presida desde su nueva casa en Waterloo (Bélgica).
La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein decidió este jueves extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión.El tribunal indicó asimismo que no percibe inconvenientes o impedimentos a la extradición de Puigdemont, aunque no apunta fechas concretas ni un período en el que se deba llevar a cabo esta operación, un proceso que deberá ejecutar la fiscalía.Además, decidió que Puigdemont no entre en prisión preventiva, desoyendo la petición de la fiscalía, ya que "siempre" ha cumplido con las obligaciones derivadas de su estado actual de libertad bajo fianza.El tribunal indicó en un comunicado que considera "no admisible" extraditar al líder soberanista por rebelión, como había solicitado el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo español, reiterando los argumentos que ya había expuesto previamente, en los que apuntaba que no se produjo el grado de violencia "suficiente".Tampoco admite el delito de perturbación del orden público, que planteó también la Justicia española en el caso de que no se admitiese finalmente el delito de rebelión.Vea aquí: Puigdemont sale de la prisión alemana de NeumünsterSin embargo, la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein sí que consideró "admisible" la petición de extradición por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.El escrito del tribunal asegura que Puigdemont pudo haber tenido una "corresponsabilidad" en decisiones que supusieron una carga para las arcas públicas, un extremo que, no obstante, subraya que se deberá sustanciar en un juicio en España.La Audiencia desdeñó asimismo los argumentos de la defensa del líder soberanista, que pedía no extraditar a España a Puigdemont porque era un perseguido político y no iba a poder tener allí un juicio justo.La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein asegura que tiene una "confianza ilimitada" en que la Justicia española actuará en este caso dentro de los estándares que se esperan de la "comunidad de valores" y del "espacio de derecho común" de la Unión Europa.
El independentista catalán Carles Puigdemont salió este viernes de prisión después de que la justicia alemana decidiera no retener el cargo por "rebelión" contra él, aunque sigue amenazado por una posible extradición a España por otros cargos."Nos vemos mañana. ¡Muchas gracias a todos!", tuiteó el jueves por la noche el líder independentista catalán, tras la decisión del tribunal regional alemán competente en su caso, en Schleswig-Holstein.Puigdemont salió poco antes de las 14H00 (12H00 GMT) de la prisión de Neumünster, en el norte de Alemania, donde llevaba detenido desde hace unos diez días tras su arresto por la policía alemana, en aplicación de una euroorden emitida por Madrid.Sigue abierto contra él un proceso de extradición.Vea aquí: Justicia alemana deja en libertad a Carles PuigdemontPuigdemont tendrá prohibido salir de Alemania, a la espera de una decisión final sobre su caso y tendrá que presentarse una vez a la semana en comisaría. Con todo, la decisión de descartar el cargo de rebelión el jueves supuso para el líder independentista un éxito notable.La decisión de la justicia alemana, que continuará examinando la demanda de extradición de España, supuso un duro revés para las autoridades españolas, al rechazar la acusación de "rebelión", clave en la orden de detención europea recientemente reactivada por Madrid. La justicia española lo acusa de "malversación de fondos" públicos por haber organizado un referéndum sobre la independencia de Cataluña en octubre de 2017 considerado ilegal por Madrid, cuyo coste se calcula en 1,6 millones de euros, pero sobre todo por "rebelión", una acusación pasible con hasta 30 años de prisión. Pero los magistrados alemanes consideraron que esta acusación no podía mantenerse en virtud del derecho alemán, pues eso implicaría que Puigdemont fuera directamente responsable de hechos de violencia."Ese no es el caso", fallaron, en consonancia con la postura de los simpatizantes del exjefe de gobierno catalán.Con todo, el tribunal seguirá examinando la acusación de malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum de independencia, para lo cual le solicitó a la justicia española más elementos.
La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) descartó este jueves el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y lo dejó en libertad bajo fianza mientras estudia la entrega.Según explica el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera en principio que la imputación del delito de rebelión es "inadmisible", pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante. La Audiencia no cree que Puigdemont corra riesgo de persecución política.Vea aquí: El independentista Puigdemont renuncia a asumir Presidencia de Cataluña Aunque afirma que continúa el riesgo de fuga, el tribunal considera que al ser "inadmisible" el delito de rebelión éste se reduce de forma considerable, por lo que deja en libertad al político independentista con una fianza de 75.000 euros. Según apunta, "por motivos jurídicos" no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que "los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí". A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de "alta traición", no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la "violencia".
El expresidente catalán Carles Puigdemont permanecerá detenido en Alemania, dijo el lunes una portavoz del tribunal de Neumünster a la AFP. Puigdemont fue detenido el domingo poco después de haber ingresado en territorio alemán por la frontera con Dinamarca en función de una orden europea emitida por España que lo acusa del delito de rebelión.En un comunicado, el tribunal de primera instancia de esa localidad, donde compareció el político catalán, aceptó la petición de la Fiscalía general del estado federado de Schleswig Holstein para que Puigdemont continúe en prisión por considerara que existe "riesgo de fuga".Según explicó, no se puede dar por hecho que el detenido vaya a permanecer en Alemania si queda en libertad y también hay que tener en cuenta que viajaba hacia Bélgica, donde tiene su residencia actualmente y donde no se puede presumir que el proceso de extradición siguiera el mismo camino, lo que podría ser para él un "incentivo notable" para tratar de llegar a ese país.El político independentista es prófugo de la justicia española desde hace cinco meses, cuando huyó a Bélgica.El fiscal explicó que Puigdemont seguirá detenido hasta que tome una decisión sobre él la Audiencia Territorial de Schleswig, a donde pasa ahora el caso.Según el tribunal de primera instancia, solo la Fiscalía de esa Audiencia puede pedir la libertad provisional del detenido.La vista se prolongó durante más de tres horas y se centró en confirmar la identidad del detenido y en una discusión legal sobre la procedencia de iniciar el proceso de extradición, explicó Güntge.Puigdemont se mantuvo "tranquilo" y participó en la vista, añadió el fiscal, quien señaló que ahora el caso queda en manos de la Audiencia Territorial de Schleswig, encargada de analizar toda la documentación remitida por España y tomar las decisiones pertinentes.Según el tribunal, "no hay aún evidencia" de que la euroórden de detención y extradición a España, emitida el 23 de marzo pasado, "no esté justificada", cuestión ésta que, en última instancia, deberá determinar la Fiscalía de Schleswig.Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado de Carles Puigdemont, llegó por la tarde a la prisión de Neumünster, procedente de Bruselas junto al también letrado Gonzalo Boye, defensor de los exconsejeros Antoni Comín y Meritxell Serret (que permanecen huidos en Bélgica), para coordinar su estrategia de defensa.
Miles de manifestantes portando banderas de Cataluña salieron la tarde del domingo a las calles de Barcelona, comprobó un reportero del AFP, para protestar contra la detención en Alemania del ex presidente del gobierno regional, Carlés Puigdemont, reclamado por España.Vea aquí: Trasladan a Carles Puigdemont a cárcel en Neumünster, norte de Alemania Convocados por el grupo independentista radical Comités de Defensa de la República, los manifestantes se congregaron sobre las Ramblas de Barcelona, y entonando estribillos en los que reclamaban la "libertad a los presos políticos", se encaminaron hacia la sede de la delegación de la Comisión Europea en Barcelona.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo (norte).El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
