Los productos comprados por mujeres y madres están entre los que más han subido de precio en el último año, de acuerdo con un estudio de la consultora Sinnetic sobre la percepción de los hogares.Por ejemplo, hace un año apenas el 22% de los hogares se quejaba del costo de productos para la menstruación como las toallas y tampones y hoy estamos hablando ya del 40%. La segunda categoría con más aumento de esa percepción de carestía fue la de cuidado para bebés, donde están incluidos los pañales, pañitos, leches de fórmula, entre otros. La tercera categoría tiene que ver con el cuidado personal, principalmente cosméticos.Muchos hogares dicen que se disparó el costo de los productos para el cuidado de sus mascotas, especialmente por el precio de la comida. De acuerdo con el Dane, los alimentos en Colombia son los principales causantes de la inflación. En ese sentido, el estudio encontró que los productos que los hogares perciben como más costosos son el café, las gaseosas, los lácteos y los embutidos.La principal estrategia de los hogares para afrontar la carestía es comprar productos de marcas más económicas y buscar ofertas. Vale resaltar que se disparó el número de hogares que decidieron cocinar más en casa.Escuche el podcast "Zorros y Erizos" y conozca el acontecer político del país:
Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.
La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó las sanciones impuestas a Tecnoquímicas, Familia y Kimberly, por haber incurrido, durante más de una década (2001 - 2012), en actos ilegales de cartelización empresarial para fijar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en el mercado colombiano. Las sanciones impuestas equivalen a las máximas sanciones previstas en la ley de competencia. La Superindustria también confirmó la sanción a 16 altos directivos de las 3 empresas sancionadas por haber participado en los actos de cartelización. Entre los sancionados están los presidentes y expresidentes de las compañías: Francisco José Barberi, Felipe José Alvira y Darío Rey Mora, quienes lideraron el cartel al interior de sus empresas. Las sanciones confirmadas por la Superindustria a Tecnoquímicas, Familia y Kimberly y a los 16 altos directivos de las empresas ascienden a una suma global superior a los $ 208 mil millones de pesos. Las multas impuestas a las empresas, no superan el 8 % de su patrimonio ni el 7 % por ciento de sus ingresos operacionales anuales. La Superintendencia confirmó que Drypers participó en el cartel empresarial hasta el año 2006, por lo que archivó la investigación contra esta empresa por caducidad de la facultad sancionatoria del Estado. La investigación de la Superintendencia logró evidenciar que TECNOQUÍMICAS, FAMILIA y KIMBERLY interiorizaron la cartelización empresarial en pañales desechables para bebé como parte de su dinámica empresarial, al punto de ser activamente liderada, promovida y patrocinada desde los más altos cargos directivos de las compañías. Según el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, las empresas, en virtud de los actos de cartelización sancionados, renunciaron a las más elementales consideraciones de comportamiento empresarial, buen gobierno corporativo, interiorizaron la cartelización como parte de su ADN empresarial, violando su deber constitucional, legal y ético de competir en el mercado y por esa vía defraudaron la confianza de los colombianos y de la economía social de mercado, al haber fijado artificialmente los precios de los pañales desechables para bebé en el mercado colombiano por más de una década (2001-2012). El cartel empresarial en el que incurrieron por más de una década Tecnoquímicas, Familia y Kimberly afectó, preponderantemente, a 2 millones de hogares con niños menores de 2 años, fundamentalmente aquellos pertenecientes a los estratos 0, 1 y 2.
La sanción es de 68.900 millones de pesos a cada una de las compañías por incurrir durante más de una década en conductas concertadas para fijar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en el mercado colombiano. "Tecnoquímicas, Familia y Kimbery interiorizaron la cartelización como parte de su dinámica empresarial aplicada desde los más altos cargos", dijo Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio. Además la Superintendencia sancionó a 16 altos directivos de las tres empresas multadas por haber colaborado, facilitado, autorizado y violado el régimen de la libre competencia económica. La Superintendencia archivó la investigación de Tecnosur tras comprobarse que esta empresa únicamente fabricaba los pañales, pero no participaba en la comercialización de los mismos. También archivó la investigación de Drypers.
"El compromiso es que en dos o tres meses, el país va a tener unas decisiones definitivas de la Superintendencia de Industria y Comercio en los presuntos carteles de cuadernos, papel higiénico y pañales, que tienen como elemento común que en cada una de esas investigaciones hay empresas delatoras", señaló Robledo. Dijo que también se espera que en próximos meses sean radicados informes por parte del delegado para darle fin a la etapa de instrucción de las investigaciones en las que están involucrados los presuntos carteles del cemento, de las subastas ganaderas y de la seguridad privada en licitaciones públicas.
La compañía está presente en el mercado colombiano desde el año 2008 cuando adquirió Drypers Andina, la empresa productora de los pañales Babysec y que desde agosto del año 2014 está siendo investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio, presuntamente por participar en un cartel que, durante 13 años, aumentó artificialmente los precios de los pañales desechables para bebé (Lea también: Venta de Isagen, ¿beneficia o afecta al país? Debate de congresistas). Algo similar le ocurre en Chile, puesto que la misma empresa matriz de Colbúm está siendo investigada por cartelizarse en el papel higiénico. La justicia chilena reconoce que empezó a practicar las prácticas empresariales de la macro-compañía después de conocer la investigación por los pañales que se llevaba a cabo en territorio colombiano (Lea también: Académicos, políticos y expertos preparan tutelatón para frenar venta de Isagen). Colbún pertenece a un conjunto mayor de empresas diversificadas, administradas por Matte, el tercer grupo económico más grande de Chile. Cabe destacar que la generación de energía no es la principal actividad del grupo, sino que es la producción de celulosa a través de las empresas CMPC, que en ese país se conocen como ‘La Papelera’ (Lea también: Venta de Isagen “puede ser la mermelada para el plebiscito”: Andrés Pastrana). La empresa chilena nació en 1986 y se dedica a la generación de energía: 48% hidroeléctrica y 52% termoeléctrica, con una capacidad instalada de 1278 megawatts. Colbún y la empresa Brookfield estarán en la subasta de la generadora de energía.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
