La ponencia señala que no hubo una investigación integral, además indica que se violó el principio de la presunción de inocencia y que la Procuraduría General no tuvo en cuenta algunas pruebas. (Lea también: Ponencia pide anular destitución de Petro por esquema de basuras en Bogotá). Así mismo, señala que no tuvo en cuenta si hubo intención o no del alcalde mayor de la capital de violar la ley, uno de los principios para poder aplicar la sanción. En conclusión, la ponencia sugiere que violaron los principios de tipicidad, imparcialidad, de presunción de inocencia y de culpabilidad y por eso se pide la nulidad de la sentencia que destituyó e inhabilitó a Gustavo Petro. Blu Radio también conoció que la Sala Plena del Consejo de Estado se reunirá este martes para poder tomar una decisión.
En el documento el togado, según conoció BLU Radio, habría solicitado a los demás magistrados anular la destitución que profirió la Procuraduría General de la Nación el 9 de diciembre de 2013 por la presunta responsabilidad del entonces burgomaestre de la crisis que sufrió la capital por cuenta del esquema de basuras que en su momento se implementó. El sentido de la ponencia pide que se caiga toda determinación sancionatoria emitida por el despacho del procurador general, Alejandro Ordóñez, y que apartó por unos días a Petro del Palacio Liévano, cargo que pudo retomar gracias a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La destitución e inhabilidad por 15 años fue determinada por el procurador Alejandro Ordóñez sobre el alcalde de Bogotá por las tres irregularidades que encontró en la implantación del sistema de aseo en diciembre de 2012. La Procuraduría indicó que comprobó que Gustavo Petro le asignó el servicio de aseo a dos empresas sin capacidad, además de que improvisó la compra de compactadores usados incurriendo en detrimento al patrimonio público y finalmente, pasado unos días, volvió a contratar a los operadores que había sacado del negocio. Además, el procurador aseguró que con el decreto que sacaba de circulación a esos operadores se vulneró el derecho a la libre empresa. “Él sabía que sus decisiones eran irregulares, como lo habían advertido en forma oportuna entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente”, dijo Ordóñez en su momento. La Procuraduría estableció además que la inclusión de los recicladores en el modelo de recolección, como ordenaba la Corte Constitucional, no era condicional para asignar los contratos a las empresas del Distrito. El 21 de junio de 2013 el Ministerio Público abrió un proceso disciplinario por tres cargos contra el entonces alcalde de Bogotá, a causa del sistema de recolección de basuras y que, según dijo, se instauró con irregularidades. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -El presidente Juan Manuel Santos descartó que su falta de popularidad vaya a tener un efecto negativo en el proceso de paz con las Farc. -Organismos de rescate dieron por finalizada la búsqueda de sobrevivientes en Manta, Ecuador. -Ocho departamentos del país registran más casos de reclutamiento de menores por parte de grupos al margen de la ley. -La muerte del cantante Prince tiene conmovido al mundo del espectáculo. -River Plate quiere consolidar su clasificación en condición de local frente al Trujillanos de Venezuela. -Alerta en Santander por desbordamiento del río Magdalena.
El Gobierno nacional anunció cinco medidas para atender a los productores afectados por los incendios forestales en el Tolima. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, confirmó acciones para garantizar alimento para el ganado, acceso al agua, alivios financieros y apoyo en vivienda rural.El drama que dejan los incendios forestales en el Tolima ya tiene una respuesta desde el Gobierno Nacional. Tras una reunión en Bogotá entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero; la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas, y alcaldes de los municipios afectados, fue firmado el acuerdo denominado “Compromiso Tolima”, una estrategia de atención para las familias productoras golpeadas por la emergencia.La prioridad será evitar que las pérdidas en el campo sigan aumentando. El ministro Dangond anunció cinco frentes de intervención dirigidos especialmente a los agricultores y ganaderos que perdieron pastos, cultivos y fuentes de agua como consecuencia de las conflagraciones.Uno de los primeros puntos será la creación de centros de distribución de pacas de heno para alimentar al ganado afectado por la sequía y los incendios. La estrategia busca evitar la muerte de bovinos y otros animales que quedaron sin alimento tras la destrucción de extensas zonas de pastoreo.El segundo frente contempla inversiones para mejorar el acceso al agua y apoyar a los productores durante los periodos de mayor sequía. El paquete incluye alternativas como pozos profundos, motobombas sumergibles, paneles solares, mangueras y sistemas de riego, con el propósito de recuperar la producción de pastos y cultivos destinados también a la alimentación animal.Otra de las decisiones anunciadas está relacionada con la situación financiera de los campesinos afectados. El Ministerio de Agricultura planteó establecer mecanismos de alivio para quienes tienen créditos, especialmente con el Banco Agrario, y gestionar ante el sector financiero medidas frente a los intereses y obligaciones de los productores que no puedan cumplir con sus pagos durante 2026.El acuerdo también contempla avanzar en una regulación de las tarifas que deben pagar los productores por el uso del agua destinada al riego. La gobernadora Adriana Magali Matiz destacó este compromiso, una solicitud que, según indicó, venía planteándose desde hace varios meses. La medida deberá ser abordada mediante un decreto del Ministerio de Ambiente y busca reducir los costos de producción para los agricultores.El “Compromiso Tolima” incluye, además, apoyo para subsidios y mejoramientos de vivienda rural, así como la revisión y puesta en marcha de un Plan Integral de Reactivación Productiva. La propuesta busca acelerar la recuperación económica de las zonas afectadas y devolver la capacidad productiva a las familias que perdieron parte de sus medios de sustento.Durante el encuentro, la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas presentó ante el Gobierno Nacional la dimensión de la emergencia. Según las cifras expuestas, 27.000 hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales, de las cuales cerca de 8.000 corresponden al sector productivo. Matiz destacó que el acuerdo permitirá concentrar la atención en los agricultores y ganaderos más golpeados por la emergencia.“Hoy, cuando el departamento del Tolima pasa por una época difícil, encontramos el respaldo del Gobierno Nacional”, destacó la gobernadora al referirse al compromiso adquirido para atender a los productores afectados.Con la firma del “Compromiso Tolima”, el Gobierno Nacional y el departamento acordaron avanzar en una ruta de atención que incluye alimentación para el ganado, acceso al agua, alivios financieros, reducción de costos para los productores, vivienda rural y estrategias de reactivación económica.La apuesta ahora será convertir los anuncios en ayudas concretas para las familias campesinas que, después de perder cultivos, pastos y extensas áreas productivas, enfrentan el reto de recuperar el campo tolimense.
Viajar se ha convertido en una prioridad para miles de colombianos que, mes a mes, buscan nuevos destinos para conocer. Ante esta demanda, varias aerolíneas han lanzado promociones para facilitar los viajes durante los próximos meses.En ese contexto, JetSMART anunció una campaña con vuelos desde menos de $50.000 para la temporada alta, que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, con opciones hacia diferentes destinos nacionales e internacionales.La promoción estará disponible únicamente durante una semana, entre el 24 y el 31 de agosto de 2026, e incluye descuentos de hasta 68 % en vuelos nacionales y del 17 % en rutas internacionales. Entre los destinos disponibles se encuentran Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Lima y Punta Cana, entre otros.Tiquetes baratos en Colombia: estos son algunos de los vuelos disponiblesVuelos nacionales: tarifas por trayecto desde $46.300, con tasas e impuestos incluidos, además de la posibilidad de acumular hasta 1.500 millas.Medellín–Cali: desde $46.300Bucaramanga–Bogotá: desde $68.300Bogotá–Cúcuta: desde $73.100Medellín–Montería: desde $77.600Bogotá–Medellín: desde $82.100Medellín–Bogotá: desde $83.200Vuelos internacionales: tarifas por trayecto desde $514.100, con la posibilidad de acumular hasta 7.500 millas.Cali–Antofagasta: desde $514.100Cartagena–Lima: desde $540.600Medellín–Lima: desde $545.500Medellín–Punta Cana: desde $581.500Cali–Santiago de Chile: desde $596.000Cali–Punta Cana: desde $607.000La campaña, por su vigencia limitada, estará disponible hasta el 31 de agosto de 2026, por lo que los viajeros interesados deberán consultar las condiciones y disponibilidad de cada ruta antes de realizar la compra.Es importante recordar que este tipo de campañas no incluyen ciertos parámetros de equipaje, por eso, es importante revisar antes de tiempo que cada vuelo se ajuste a las necesidades del destino que busca cada usuario y así evitar problemas luego en el trayecto porque, tal vez, no cumpla lo que necesitaba.
El Gobierno de Donald Trump anunció el lunes nuevamente un golpe para un tipo de visado especial. Se trataría de imponer una tasa de 103.265 dólares a los empleadores que contraten extranjeros a través de un programa de visado muy utilizado en el sector de tecnología en Estados Unidos.El visado H-1B permite a los empleadores estadounidenses patrocinar a trabajadores extranjeros de profesiones especializadas, como científicos, médicos, ingenieros o desarrolladores informáticos. Estos permisos tienen un periodo inicial de tres años, ampliable hasta seis.La tasa para las visas H-1B funcionaría como un "mecanismo de ingresos" para recuperar los costos que conlleva administrar el sistema de inmigración legal, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en su nueva normativa.El Gobierno sostiene que este programa de visados se ha explotado para sustituir, en lugar de complementar, a la fuerza laboral estadounidense.En septiembre de 2025, la administración republicana emitió una proclamación presidencial que imponía una tasa de 100.000 dólares para combatir lo que calificó como un "abuso sistémico".Pero en junio, un juez federal bloqueó esa orden y se alineó con 20 estados gobernados por demócratas en una demanda que argumentaba que la tasa constituía un impuesto ilegal que eludía a la autoridad del Congreso.A la espera de la revisión en apelación de esta decisión, el Gobierno de Trump intenta imponer estas tasas por otra vía.La propuesta queda ahora abierta a comentarios antes de su posterior entrada en vigor. Es probable que también sea impugnada por opositores a la medida.El Congreso creó el programa H-1B en 1990. Actualmente, Estados Unidos concede unos 85.000 de estos visados al año.Algunos destacados directores ejecutivos del sector tecnológico, como Elon Musk (SpaceX) y Sundar Pichai (Google), tuvieron en su momento visados H-1B.Los críticos sostienen que las nuevas normas generarían graves carencias de personal en ámbitos como la medicina, la ingeniería y las ciencias.
El número de muertos por los devastadores terremotos de hace dos meses en Venezuela llegó a 6.509, según el balance oficial publicado este lunes, que suma 71 fallecimientos respecto a los reportados la semana pasada.El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó que 226.696 personas han sido atendidas en los hospitales, 140.338 más en comparación con el balance del pasado 17 de agosto.Entretanto, el número de viviendas entregadas se mantiene en 335, mientras que el de inmuebles residenciales inspeccionados subió a 60.785, de los cuales 11.001 tienen daños de "alto riesgo".Por otra parte, dos meses después de los sismos, han sido recogidas 600.790 toneladas de escombros, según el diputado, también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.La mandataria anunció hace minutos que le hablará a la nación suramericana a las 20:00 hora local (00:00 GMT) con motivo de los dos meses de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, que devastaron, principalmente, el estado costero de La Guaira (norte), aledaño a Caracas.Las autoridades siguen sin ofrecer cifras de personas desaparecidas, mientras continúa la búsqueda de cuerpos en La Guaira.El pasado 4 de agosto, el gobernador de esa región, el chavista Alejandro Terán, dijo a Caracol Radio que familiares de los afectados en el estado han reportado unas 1.579 personas desaparecidas.Por otra parte, la ayuda internacional ha disminuido, según dijeron a EFE este lunes varios representantes de ONG, como Aurora Pretel, responsable de la Asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana de España, quien señaló que las mayores necesidades que han encontrado son las relacionadas con el agua, la higiene y los insumos médicos.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, anunció el fortalecimiento de las operaciones contra las estructuras criminales dedicadas al robo de crudo y combustibles refinados de Ecopetrol y la Nación, en cumplimiento de la orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella.Rodríguez sostuvo una reunión con la viceministra de Defensa y Seguridad, Claudia Carrasquilla; el director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera; junto a representantes de Ecopetrol y los jefes de Operaciones de las Fuerzas Militares para reforzar la estrategia contra este delito.“Las Fuerzas Militares y la Policía actuarán de manera monolítica y con determinación para proteger los recursos estratégicos de la Nación”, afirmó el comandante, quien señaló que las operaciones estarán dirigidas contra las organizaciones que se lucran del hurto de hidrocarburos.La decisión se produce después de que el presidente De La Espriella alertara que cada mes serían hurtados cerca de 123.700 barriles de gasolina, diésel y nafta, producidos o importados por Ecopetrol. Según el mandatario, el robo se concentra principalmente en los departamentos del Cesar y Magdalena, a través de un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país.Si los grupos armados continúan robándose dicha cantidad, las pérdidas superarían los 1,5 millones de barriles al año y 500.000 millones de pesos anuales para Ecopetrol y la Nación.La estrategia contempla inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, judicialización y extinción de dominio sobre vehículos, predios, depósitos y demás bienes utilizados por las organizaciones criminales.El Gobierno también mantiene bajo vigilancia el apoderamiento ilegal de crudo en otras regiones, particularmente en el Oleoducto Trasandino (OTA) y el Caño Limón-Coveñas, en el Catatumbo.El combustible robado estaría siendo utilizado en el procesamiento de cocaína. Los grupos criminales emplean caravanas con hasta 600 vehículos, para transportar y escoltar el combustible, algunos de ellos con destino a la región del Catatumbo.
