La abogada salvadoreña Lucrecia Landaverde, con casi 20 años de ejercicio profesional y directora de un despacho especializado en derecho penal, en diálogo con Mañanas Blu, ha puesto en duda la eficacia y las verdaderas intenciones tras la decisión del presidente Nayib Bukele de enviar un contingente de 2,000 militares a Haití. Según la jurista, estas intervenciones obedecen a una estrategia mediática para sostener su proyección global más que a una solución real para los problemas de violencia en el país caribeño. Para Landaverde, el mandatario se caracteriza por ser un "fenómeno que siempre está ofreciendo ayuda a todos los países del mundo como un superhéroe", recordando que recientemente ofreció también solventar los problemas internos de Francia.Landaverde advierte que la sociedad salvadoreña se encuentra dividida respecto a estas medidas: "obviamente hay una población polarizada debido a toda esta propaganda política que el presidente Bukele ha hecho desde siempre y por siempre para mantener unos índices de popularidad que sean visibles a nivel internacional". En ese contexto, la especialista enfatiza que quienes realizan "análisis un poco más despegados de la fascinación y de toda la fantasía política que aquí se promueve" observan este tipo de acciones con profunda preocupación.Interrogantes sobre el supuesto secuestro de tropas y la falta de transparenciaEl anuncio del envío masivo de tropas salvadoreñas se dio tras el reporte sobre el supuesto secuestro de cuatro efectivos militares en territorio haitiano. Al respecto, la abogada cuestiona la veracidad y el manejo de esta versión oficial, considerando sospechoso que miembros de fuerzas armadas entrenadas terminen capturados en medio de sus labores operativas. "¿Estos secuestrados verdaderamente fueron secuestrados por los haitianos o había alguna necesidad de llamar internacionalmente la atención y seguir manteniendo la imagen de superhéroe a nivel internacional? Son preguntas", aseveró la penalista.Asimismo, Landaverde vinculó este episodio con la opacidad que rodea varios eventos críticos dentro de El Salvador, mencionando la caída de un helicóptero en la que murieron el director y el subdirector de la Policía Nacional Civil junto a un procesado de alto perfil del caso denominado Cosabi. "Cuando vemos que en nuestro país pasan cosas muy oscuras, sin una explicación, también nos cuestionamos», afirmó Landaverde, concluyendo que desplegar un contingente de 2,000 efectivos es una medida desproporcionada y muy llamativa que obliga a pensar críticamente, pues «detrás de todo esto hay unas intenciones que están muy poco claras".Escuche aquí la entrevista:
Claudia Herrera, directora de la Fundación Esposas de Veteranos y vocera de las familias de los 17 colombianos detenidos por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, aseguró en Mañanas Blu que el Gobierno colombiano ya designó a un abogado para coordinar el apoyo jurídico en Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que las familias desconocen por qué los militares en retiro fueron extraditados desde Puerto Príncipe hacia Florida, donde responderán por el magnicidio cometido en julio de 2021.Reuniones con el Gobierno y abogado designadoSegún Herrera, la comunicación con las autoridades colombianas se mantiene desde agosto, con reuniones en la Cancillería, el Ministerio de Defensa y otras instituciones. Afirmó que tras las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella, quien ordenó brindar asistencia judicial a los detenidos, el proceso "tomó otro rumbo".La vocera indicó que se reunió con el ministro de Justicia, Iván Cancino, con el ministro de Defensa, general Jorge Mora, con la cónsul de Colombia en Miami, quien asume funciones al día siguiente de la entrevista, y con el abogado designado para apoyar a los connacionales.Precisó que la función del abogado será reunirse con los abogados de cada detenido para empezar los trámites de apoyo. No reveló su nombre completo porque, dijo, no ha sido autorizada para hacerlo: "No te puedo dar el nombre porque no he sido autorizada para entregarlo". Tampoco pudo confirmar si el Estado colombiano asumirá el pago de sus honorarios. Sobre ese punto respondió que solo sabe que es la persona designada por el presidente "para que se ponga al frente y empiece su tarea de investigación, apoyo".La reunión con los defensores ya está pactada, pero aún no se ha realizado. Según Herrera, se informará "paso a paso" lo que se haga, respetando las leyes estadounidenses y el debido proceso.Cada detenido tiene un abogado de oficioLa vocera explicó que desde el segundo día de su llegada a Estados Unidos cada uno de los 17 detenidos cuenta con un abogado de oficio, que ya está en contacto con las familias. Aclaró que se trata de un derecho de cualquier detenido en ese país y que los costos los asume el sistema estadounidense: "Es pago por el gobierno americano". Recordó, además, que en Haití tampoco pudieron costear defensa privada.Herrera también precisó que los detenidos no son militares activos, sino miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro."Es un caso individual"La vocera insistió en que el proceso debe examinarse de forma separada para cada detenido, en línea con lo dicho por el presidente: "Acá no se puede juzgar un grupo, sino individual, porque todas las situaciones son completamente diferentes".Sin claridad sobre la extradición a Estados UnidosConsultada sobre por qué el caso se adelanta en Estados Unidos si el magnicidio ocurrió en Haití, Herrera afirmó que ni las familias ni el Gobierno colombiano esperaban el traslado: "fue sorpresa". Explicó que, por no existir tratado de extradición entre Colombia y Haití, nunca se contempló esa posibilidad en ese país.Cuando el periodista le preguntó si hasta ahora no es claro el motivo de la extradición a Estados Unidos, la vocera respondió: "Pues la verdad ahí sí no te puedo responder algo que no sé". Agregó que sabe que la situación "no va a ser para bien para todos y cada uno de ellos".Años de reclamos sin respuesta en HaitíHerrera relató que las familias llevaban años solicitando apoyo diplomático sin respuesta. Según dijo, los detenidos permanecían abandonados, "sin traductores, sin abogados", y los familiares hacían lo posible con sus propios medios. Señaló que el 26 de agosto dejó personalmente una solicitud en la embajada de Haití en Bogotá y que aún espera respuesta: "Haití nunca nos respondió ninguna de las cartas que nosotros pasamos a la embajada".Pese a la incertidumbre, calificó el traslado como "entre comillas un alivio", porque espera que los detenidos cuenten con "un debido proceso", respeto, derecho a la defensa, a un traductor y a presentar sus pruebas y testimonios.Contexto del casoEl presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en julio de 2021. Los 17 colombianos, hoy bajo custodia en Estados Unidos, son señalados en el proceso por ese magnicidio.
Las familias de los 17 exmilitares colombianos detenidos en Estados Unidos y acusados de su presunta participación en el magnicidio del expresidente de Haití Jovenel Moïse recibieron con expectativa la decisión del Gobierno de brindarles acompañamiento jurídico. Claudia Herrera, vocera de los familiares, aseguró en Recap Blu que durante años se sintieron abandonados y celebró que ahora puedan contar con respaldo institucional.“Después de 5 años de abandono de un presidente, que nuestro presidente nos quiera escuchar, quiera escuchar la verdad, quiera empezar por respetar derechos humanos y el debido proceso”, manifestó Herrera.La vocera explicó que tanto el ministro de Defensa como el ministro de Justicia ya se comunicaron con ella y que las familias esperan que este acompañamiento permita avanzar en la situación jurídica de los colombianos.Críticas al Gobierno PetroHerrera cuestionó duramente la atención que recibieron los exmilitares durante su permanencia en Haití y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por lo que, según ella, fue una falta de asistencia. “No se podía esperar nada de un gobierno guerrillero cuando un presidente guerrillero fue a pedir perdón por un delito, que ni siquiera tuvieron las ganas de leer un mensaje”, afirmó. Además, sostuvo que los detenidos no tuvieron abogados, médicos, dentistas ni traductor durante buena parte del proceso y añadió: “El gobierno de Gustavo Petro no hizo absolutamente nada por ellos”.Actualidad de los exmilitaresSobre las condiciones actuales de los colombianos, la vocera explicó que fueron atendidos médicamente después de su llegada a Estados Unidos y que cada uno cuenta con un abogado. Según Herrera, el cambio frente a las condiciones que enfrentaban en Haití ha sido significativo: “Todos venían enfermos. Están en sus respectivas celdas, todos están en una celda separada, tienen sus 3 comidas, tienen dignidad, tienen derecho a una cama”. Los familiares esperan además que las autoridades estadounidenses revisen las pruebas y las circunstancias particulares de cada uno de los 17 casos.Herrera también defendió la versión de las familias sobre lo ocurrido la noche del asesinato de Moïse. Aseguró que los colombianos fueron contratados por una empresa estadounidense para prestar servicios de seguridad y sostuvo que llegaron al lugar después de que el presidente ya había sido asesinado.“Ellos fueron contratados para prestar servicios de seguridad, no para matar un presidente”, afirmó. Según su relato, los exmilitares se han declarado no culpables ante las autoridades y ahora esperan que el proceso en Estados Unidos permita esclarecer individualmente la responsabilidad de cada uno.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, se pronunció sobre la orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella de brindar asistencia jurídica a los militares colombianos detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití.A través de la red social X, el ministro Mora aseguró que el Ministerio de Defensa cumplirá la instrucción presidencial y garantizará el acompañamiento de los uniformados durante el proceso, así como el respaldo a sus familias. “Nuestros militares tendrán acompañamiento jurídico y sus familias no estarán solas”.El general Mora señaló que el objetivo será garantizar que los militares puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, siempre bajo el respeto al debido proceso. “Garantizaremos que puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, con respeto absoluto al debido proceso”, sostuvo.El jefe de la cartera de Defensa también destacó que el respaldo institucional a los integrantes de la Fuerza Pública debe estar acompañado por el respeto a las actuaciones judiciales y las garantías procesales. “Defender a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública también significa garantizar que la justicia actúe con todas las garantías”, manifestó Mora.La posición del ministro se conoció luego de que el presidente De La Espriella instruyera a los ministerios de Defensa y Justicia para brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos y apoyo económico a sus familias.El mandatario manifestó que busca esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los militares involucrados. “No pueden pagar justos por pecadores”, afirmó el presidente, al señalar que los uniformados contarán con respaldo para ejercer su defensa mientras avanza el proceso.
Colombia, con más de 53 millones de habitantes, movilizó poco más de 2 millones de contenedores entre importaciones y exportaciones el año pasado, una cifra que, según Roberto Carlos Martínez, director de Servicio al Cliente de la Sociedad Portuaria de Cartagena, refleja el potencial comercial que aún tiene el país por desarrollar. “Y eso nos pone en un nivel más bajo o al mismo nivel de Haití”, afirmó.El directivo señaló que el país todavía tiene mucho por hacer para aprovechar su capacidad de producción y ampliar sus exportaciones. Su apuesta es aumentar el número de contenedores movilizados por habitante, al menos hasta alcanzar la mitad de lo que considera posible. “Eso cambiaría todo”, aseguró.Sin embargo, advirtió que para lograrlo es necesario mejorar la infraestructura vial y las conexiones logísticas, pues las actuales no son suficientes para responder a las necesidades del comercio. “Donde hagamos eso, el país crece y explota”, agregó. En cuanto al desarrollo portuario, Martínez indicó que se espera que las inversiones en los terminales continúen aumentando, pero destacó la importancia de que el Gobierno y el sector privado tengan claridad sobre las renovaciones de las concesiones.De cara a los próximos 10 años, la visión del grupo es pasar de una capacidad de 5 millones a 10 millones de contenedores y lograr que todos los actores de la cadena logística estén conectados y puedan compartir información en tiempo real.Martínez explicó que esto permitiría, por ejemplo, que un exportador en Bogotá pudiera gestionar desde una aplicación el transporte de un contenedor hasta el puerto, seleccionar la empresa transportadora y al conductor, y hacer seguimiento a la carga durante todo el recorrido. La idea es que el contenedor llegue al puerto en 12 horas, salga en barco en tres días y llegue a Róterdam en unos 20 días.Un sistema de este tipo facilitaría el envío de productos colombianos como uchuvas, flores y café, así como la llegada de mercancías importadas, como los vehículos. “¿Difícil? Sí, pero yo creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo realidad”, dijo el directivo, quien reconoció que, aunque los distintos actores ya están invirtiendo y haciendo cambios, es necesario trabajar de manera más articulada. “Tenemos que alinearnos un poquito más”, concluyó.
Esposados de pies y manos, vestidos con ropa de recluso color arena y tras permanecer cinco años detenidos en Puerto Príncipe, 17 exmilitares colombianos llegaron a la Corte del Distrito Sur de la Florida. El traslado desde Haití hasta territorio estadounidense se concretó el fin de semana para que respondan por la conspiración en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.Durante la comparecencia inicial, la juez indagó la situación económica de los procesados para evaluar la asignación de un abogado de oficio. La mayoría indicó depender de su pensión militar, mientras que la magistrada aclaró que los bienes inmuebles reportados por algunos integrantes se analizarán con sus defensores para determinar si deben asumir parte de los costos legales.¿Cómo fue el traslado a Estados Unidos y qué denunciaron las familias?Según denunció Milena Carmona, esposa del subteniente Jheyner Alberto Carmona Flores, el operativo de traslado desde la isla se realizó sin aviso ni acompañamiento del Gobierno. Carmona aseguró que no existió confirmación oficial de la Cancillería y que se enteró del procedimiento a las 11:00 a. m. del día del viaje a través de una fuente privada.De acuerdo con el testimonio de la vocera de las familias, el oficial fue contratado por la empresa estadounidense CTU para prestar servicios de seguridad privada en un país de Centroamérica, enterándose de que el destino era Haití en el aeropuerto El Dorado. Asimismo, sostienen que los acusados fueron utilizados como "chivos expiatorios" y que no existe material probatorio en su contra.¿Qué evidencias cuestiona la defensa sobre el momento del magnicidio?La defensa de los allegados indicó que las autoridades de Haití incurrieron en contradicciones en la reconstrucción del crimen. Según declaraciones entregadas por los detenidos a agencias de Estados Unidos como el FBI y Homeland Security, la propia policía haitiana los contactó la noche del hecho para apoyar la captura de un objetivo de alto perfil.De acuerdo con un video citado por Carmona, los colombianos abordaron camionetas junto a agentes policiales a las 2:44 a. m., mientras que los reportes oficiales fijaron la hora de la muerte de Moïse a la 1:00 a. m. Al llegar al perímetro residencial, la esposa del oficial sostuvo que el lugar estaba sin anillos de seguridad y que la policía abandonó a los exmilitares en la escena junto al cuerpo del mandatario.¿Cuáles son los cargos que enfrentan en la Corte de Florida?Los 17 exmilitares colombianos y el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano, Joseph Félix Badio, enfrentan tres cargos federales en Estados Unidos. Entre las acusaciones constan la conspiración para proporcionar apoyo material con resultado de muerte, la provisión de dichos recursos y la conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de territorio estadounidense.Los tres delitos contemplan la pena máxima de cadena perpetua. En el expediente judicial se describe a los imputados como mercenarios colombianos que habrían simular ser agentes de la DEA. Las audiencias de lectura formal de cargos y de evaluación de detención preventiva o fianza se llevarán a cabo entre el 24 y el 29 de septiembre.
En las últimas horas se confirmó la extradición desde Haití hacia territorio estadounidense de 17 exmilitares colombianos vinculados a las investigaciones por el magnicidio del presidente haitiano Jovenel MoïseEntre los trasladados se encuentra el subteniente Jheyner Alberto Carmona Flores, cuya esposa, Milena Carmona, denunció la falta absoluta de comunicación previa y de acompañamiento por parte de las autoridades gubernamentales.Sobre la forma en que se enteró del traslado de su esposo y de sus compañeros, Carmona afirmó: "A mí me llama una fuente que tengo desde hace muchos años que me ha ayudado a recaudar información a favor de mi esposo y de sus compañeros y me dice que sobre las 11 de la mañana más o menos, posiblemente se los podían llevar a todos para los Estados Unidos. Eh, así fue que yo me enteré, pero yo no tengo ningún una confirmación oficial por parte de cancillería, mucho menos de las diligencias que se realizaron en ese país".La vocera agregó que "absolutamente nada, ni a mí ni a nadie del grupo, ningún representante nos dijeron nada"."Fueron tomados como los perfectos chivos para involucrarlos", dijo.Fue arrestado el 8 de julio de 2021Tras permanecer cerca de cinco años detenido en Puerto Príncipe bajo condiciones que la familia califica de irregulares y sin garantías de debido proceso, su esposa reitera que el oficial no tuvo ningún grado de responsabilidad en el crimen del mandatario.Según explicó Carmona, su esposo fue contratado por la firma estadounidense CTU para prestar servicios de seguridad privada sin conocer de antemano el país de destino"Sencillamente él, de hecho, tampoco sabía qué país era, solamente la persona que lo reclutó... le decían que era un país de Centroamérica y que se iban a enterar de qué país era cuando estuvieran eh ya próximos a viajar. Y efectivamente, él se entera que el país era esta este Haití, pero lo hizo fue en el aeropuerto El Dorado, cuando ya la empresa CTU les había comprado los ticketes".Respecto al avance de las investigaciones judiciales en Haití, Milena Carmona fustigó la ausencia de material probatorio: "El gobierno de ese país no ha podido demostrar eh ni una sola prueba en contra, una prueba real. Solo han sido especulaciones y suposiciones... desafortunadamente pues ellos fueron tomados como los perfectos chivos para involucrarlos en este crimen, incluyendo mi esposo".Inconsistencias horarias en la noche del magnicidioLa defensa de las familias sostiene que existen severas contradicciones en la reconstrucción de los hechos efectuada por las autoridades de Haití. De acuerdo con los testimonios que los propios detenidos entregaron a agencias estadounidenses como el FBI y Homeland Security (HSI), la noche del crimen fueron contactados por la misma policía haitiana bajo el argumento de prestar apoyo en la captura de un alto perfil."Nosotros tenemos un video que los capta a ellos subiendo en las camionetas con la policía a las 2:44 de la mañana y el reporte de todas las entidades que participaron del levantamiento de del cadáver del presidente escribió, por decirlo así, que su muerte fue la 1 de la mañana, es decir, una hora en la que ellos ni siquiera estaban en el lugar", detalló Carmona. La mujer añadió que al arribar al perímetro de la residencia presidencial, las puertas estaban abiertas, no existían anillos de seguridad y los agentes policiales procedieron a abandonarlos en el sitio junto al cuerpo del presidente.Aislamiento, cargos desestimados y el proceso en MiamiA lo largo de los años de reclusión, los familiares enfrentaron serios obstáculos logísticos y económicos para mantener contacto o viajar a la isla, debido a la falta de visado, barreras de seguridad y costos de escolta privada que alcanzaban los 1.500 dólares diarios. Las comunicaciones se restringieron a cartas durante los dos primeros años y posteriormente a videollamadas trimestrales bajo supervisión consular.En el ámbito legal, aunque inicialmente enfrentaron siete cargos, un juez desestimó la mayoría por falta de pruebas, reduciéndolos a dos. Los 17 colombianos, que no han sido condenados, comparecerán ante la Corte del Distrito Sur de la Florida en Miami. Escuche la entrevista completa aquí:
La Cancillería se pronunció sobre el traslado a Estados Unidos de 17 ciudadanos colombianos que permanecían privados de la libertad en Haití desde 2021, por su presunta participación en el asesinato del entonces presidente de ese país, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de ese mismo año.Frente a esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que continuará haciendo seguimiento a la situación de los connacionales y brindará la asistencia consular correspondiente, sin interferir en las decisiones de las autoridades judiciales competentes.“El Gobierno de Colombia, a través de su servicio diplomático y consular, ha realizado seguimiento permanente a la situación de los connacionales, adelantando las gestiones propias de la asistencia consular a personas privadas de la libertad, entre ellas, la verificación de sus condiciones de reclusión, el contacto con sus familiares y las autoridades competentes, así como las acciones orientadas a promover el respeto de sus derechos, su integridad personal y sus garantías judiciales”, indicaron.Según la Cancillería, el Gobierno colombiano no intervino en la decisión ni en el procedimiento que permitió el traslado de estas 17 personas a Estados Unidos, y señaló que este asunto corresponde a las autoridades competentes de los países involucrados. Asimismo, indicó que, a partir del traslado, serán las autoridades judiciales estadounidenses las encargadas de determinar las responsabilidades individuales que puedan existir en relación con los hechos que son materia de investigación.
El Gobierno de la República Dominicana inició la construcción de 14,5 kilómetros de muro o cerca perimetral en el sur de la frontera con Haití -que incluirá seis torres de vigilancia, 35 alcantarillas y tendrá una altura total de 13 pies (3,9 metros)- para mejorar la seguridad fronteriza y reforzar el combate al contrabando, informó este sábado el Ministerio dominicano de Defensa.La construcción se levantará en Hoya de Enriquillo, provincia de Independencia (sur del país), uno de los puntos de "mayor importancia" de la frontera con Haití, que durante décadas ha supuesto un desafío para las autoridades debido a los intentos de tráfico irregular de mercancías, detalló la cartera -en un comunicado-.En dicha provincia, donde opera uno de los principales mercados binacionales, la nueva infraestructura permitirá reforzar el combate contra el contrabando y otras actividades ilícitas, a la vez que "contribuirá a un intercambio comercial más organizado, seguro y dentro del marco de las leyes dominicanas", afirma el ministerio.Según el texto, la edificación incluirá también calles de patrullaje con un ancho conjunto de siete metros, distribuidas a ambos lados de la estructura, destinadas a incrementar la vigilancia, mejorar la movilidad de las unidades militares y facilitar una respuesta "más rápida y efectiva" ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad en esta parte de la frontera.Plan "Frontera Fuerte"Esta obra hace parte de la segunda etapa de la construcción de la enrejada perimetral fronteriza, de la cual se han construido tramos anteriormente con características similares en la provincia de Jimaní y que es parte del proyecto "Frontera Fuerte", una estrategia "integral" desarrollada por el Gobierno dominicano para fortalecer la seguridad, la infraestructura y el desarrollo de la zona limítrofe, añade el comunicado.Según el Ministerio, el plan articula presencia militar, infraestructura, tecnología, vigilancia, movilidad y coordinación interinstitucional, con el objetivo de garantizar un control "efectivo y permanente" del territorio dominicano y "generar mejores condiciones para las comunidades fronterizas".Como parte de este plan se han construido unos 55 kilómetros de cerca, de los cuales 38 corresponden a la frontera norte, además de tramos en Elías Piña (centro), Independencia (sur) y Pedernales (sur).Según el ministro dominicano de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, el proyecto "Frontera Fuerte" cuenta con 1.500 luminarias solares, fibra óptica, cámaras inteligentes y una red de drones operada desde el centro de control de la cartera que encabeza.A esta infraestructura se suman unos 11.000 militares desplegados en las distintas líneas de defensa y equipos para reforzar las labores de vigilancia y patrullaje, afirma el documento.Desde octubre de 2024, el Ejecutivo dominicano implementa un plan de deportaciones con el que buscaba repatriar a 10.000 haitianos por semana para controlar la inmigración irregular.Según cifras oficiales, entre enero y julio de este año, 250.429 haitianos indocumentados fueron deportados a su país, que vive una crisis en todos los órdenes.
Los familiares de los militares en retiro detenidos en Haití señalados como los presuntos responsables del magnicidio del presidente de ese país Jovenel Moise le enviaron una carta al presidente Abelardo De La Espriella, al ministro de justicia, Iván Cancino, y al canciller, Omar Bula.En una primera medida, aseguran que en el sistema judicial haitiano hay corrupción y por eso el proceso no avanza.“Han transcurrido cinco años desde su detención y en este tiempo la profunda crisis institucional y la corrupción que han primado en el sistema de justicia haitiano han impedido que se surta un juicio con las garantías mínimas de un debido proceso. No se les ha permitido presentar ante un tribunal las pruebas y evidencias que obran a su favor”, se lee en la carta.Es por eso que piden que desde cada cartera se activen de manera urgente las vías judiciales y diplomáticas que permitan el traslado de los militares a Colombia.“Donde puedan acceder a un juicio justo, imparcial y con plenas garantías procesales ante nuestra propia institucionalidad. Para ello solicitamos que se evalúen, entre otras figuras, la extradición, deportación humanitaria, el traslado de personas condenadas o procesadas, traslado de reos a Colombia, el canje o intercambio con otros connacionales privados de la libertad en el exterior o incluso la expulsión hacia Colombia, dado que los términos legales de reclusión ya fueron superados sin que exista una sentencia en firme”, dice el documento.En el mismo sentido en el documento las familias dicen que los militares colombianos habrían aceptado “una oferta de trabajo legal”, por parte de una empresa de seguridad estadounidense.“Fueron objetivo de una organización criminal que los involucró, los engañó y los abandonó a su suerte y hoy están señalados por la sociedad como los autores de crímenes que no han cometido”, dicen las familias.En la misiva manifiestan su disponibilidad para asistir a reuniones con el Gobierno y entregador documentación o información requerida.La carta está firmada por Claudia Herrera, quien actúa como vocera de los familiares ante el Gobierno y radicó el documento en el Dapre y el Ministerio de Justicia.Recordemos que el presidente Jovenel Moise, fue asesinado el 7 de julio del 2021 y desde entonces hay 17 militares colombianos detenidos en ese país.
El partido entre Junior de Barranquilla y Cúcuta Deportivo tuvo un significado especial para Teófilo Gutiérrez. Además del compromiso correspondiente a la Liga BetPlay, el encuentro representó su último partido como profesional en Barranquilla, una despedida que estuvo marcada por el balance que hizo el delantero sobre la temporada del equipo rojiblanco.Aunque el conjunto barranquillero quedó eliminado antes de lo esperado en el segundo semestre y recibió diferentes críticas por su rendimiento, el histórico goleador defendió el trabajo realizado durante el año. Para Teófilo, los resultados obtenidos por Junior permiten hacer un balance positivo, especialmente por el título de Liga conseguido a mitad de temporada.“El Real Madrid no ha ganado títulos este año, Junior ha ganado dos. Creo que no ha sido fácil, pero ya tenemos acostumbrada a la gente, ese es un mal de nosotros. Nos quedamos con ese legado, de dejarlo todo, de entregarlo todo por esta camiseta y esperemos que los que vengan lo hagan con amor propio”, fueron las palabras del delantero al referirse a si el 2026 había sido un mal año para el equipo.La comparación de Teófilo con el Real Madrid no pasó desapercibida. Sin embargo, también es importante precisar que el último título oficial del equipo merengue había sido la Copa Intercontinental de la FIFA, conquistada el 18 de diciembre de 2024, cuando derrotó 3-0 a Pachuca en Doha.En el caso de Junior, uno de los principales motivos para defender su temporada está relacionado con lo conseguido durante el primer semestre. Los dirigidos por el conjunto tiburón conquistaron la Liga BetPlay después de superar a Atlético Nacional en la final, con un marcador global de 3-1, y celebrar la vuelta olímpica en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.Ese campeonato representó uno de los momentos más importantes del año para la institución barranquillera y le permitió sumar una nueva estrella a su historia. No obstante, el rendimiento del segundo semestre estuvo lejos de las expectativas de los aficionados, que esperaban una mayor regularidad y protagonismo en la competencia.
La reconstrucción del occidente colombiano tras el terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto tendrá un costo estimado de $58,29 billones según el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, que atribuyen el cálculo a las evaluaciones realizadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el PNUD y la CEPAL, siendo uno de los mayores desafíos económicos y sociales del país.El balance técnico registra daños físicos directos por $38,66 billones y pérdidas económicas por $5,99 billones, cifras que representan una afectación equivalente al 2,3 % del PIB. El texto también señala que la evaluación del Plan de Acción Específico ubica los daños por encima de los $40 billones, una diferencia que aparece en los distintos cálculos incluidos en el borrador.La emergencia dejó 776.131 personas y 363.793 familias afectadas, de acuerdo con el Registro Único de Damnificados. El impacto se extendió a 16 departamentos y más de 400 municipios. La vivienda concentró el 47,6 % de los daños físicos reportados, lo que convirtió la recuperación habitacional en uno de los componentes centrales de la respuesta estatal.Además, se contabilizaron 255.079 viviendas afectadas: 203.301 averiadas y 51.778 destruidas. Del total, el 65,5 % corresponde a inmuebles ubicados en zonas urbanas y el 34,5 % a viviendas rurales. La vulnerabilidad fue especialmente visible en departamentos como Chocó y Cauca, donde entre el 40 % y el 52 % de las viviendas destruidas no contaban con muros de mampostería y estaban construidas en madera o bahareque.Las bases del borrador del Plan Nacional de Desarrollo reportan que “se afectaron 5.738 sedes en 480 municipios de 22 departamentos”, con consecuencias para 1.324.402 estudiantes de preescolar, básica y media. La emergencia obligó a interrumpir actividades académicas y a esto se suman los daños estructurales en 60 instituciones de educación superior, que impactaron a una población de 347.611 estudiantes.Para financiar las obras, el Gobierno propone que “el Fondo Milagro será el instrumento central de la Patria Milagro para financiar y articular la reconstrucción”. El esquema contempla recursos de distintas fuentes, en un contexto de restricciones fiscales. Entre las alternativas están los saldos disponibles de las cuentas maestras del régimen subsidiado de salud, los excedentes de rentas cedidas, las apropiaciones sectoriales no giradas y los recursos del FONPET en entidades territoriales que tengan cubierto su pasivo pensional. También se plantea utilizar liquidez del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías.Otra de las apuestas es vincular los recursos de los colombianos que viven en el exterior. La iniciativa “Remesas para la reconstrucción y el desarrollo” parte de que el país tiene más de 3,6 millones de connacionales fuera de sus fronteras y recibió USD 13.098 millones en remesas durante 2025. La Cancillería, junto con el Ministerio de Hacienda y el sector Fintech, buscará desarrollar “mecanismos voluntarios, seguros y accesibles que permitan canalizar remesas, ahorro e inversión” hacia las zonas afectadas, con énfasis en vivienda de interés social y proyectos productivos.El plan también contempla la participación del sector privado mediante Obras por Impuestos y la nueva figura de Obras por Regalías, que busca agilizar el acceso de los municipios afectados a recursos del Sistema General de Regalías. En materia de crédito, Findeter podría ofrecer redescuento y financiación directa a patrimonios autónomos, mientras que el Fondo Nacional de Garantías respaldaría créditos para familias y comercios damnificados. La meta para 2030, según el documento, es que la reconstrucción “se medirá en familias que habitan viviendas más seguras, comunidades con servicios más confiables y productores que recuperaron sus ingresos”.
Este martes se conoció el borrador del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2026-2030, redactado por el gobierno de Abelardo De la Espriella. El documento lleva por título “Colombia, la Patria Milagro” y propone una transformación económica, social e institucional sustentada en cuatro principios: “la vida, la familia, la libertad y la seguridad”, valores que, además, quiere convertir en decisiones de gobierno.En materia económica, el plan fija una de sus metas más ambiciosas: llevar al país a un crecimiento cercano al 6 % anual. Para lograrlo, propone elevar la inversión pública y privada hasta el 25 % del PIB en 2030 y reducir la pobreza monetaria al 20 %. El documento apuesta por impulsar la productividad, las exportaciones y el empleo formal, con sectores como energía, infraestructura, agroindustria, turismo, ciencia y tecnología y bioeconomía como motores de expansión.Además, bajo el lema “Colombia desde las Regiones”, el borrador organiza la planeación alrededor de trece regiones estratégicas y busca romper con el centralismo en la definición de las grandes inversiones. Para acelerar los proyectos introduce el concepto de “decisiones habilitantes”: en lugar de esperar indefinidamente a que aparezcan las condiciones para invertir, el Estado deberá identificar los obstáculos y convertirlos en responsabilidades, trámites y decisiones concretas. Los megaproyectos, según el texto, deberán atraer capital y generar empleo en los territorios.En el frente social, el Gobierno plantea pasar de las ayudas permanentes a mecanismos que faciliten la generación de ingresos, la formalización y la acumulación de patrimonio. El horizonte que propone es un “capitalismo popular”, en el que trabajadores, productores y ciudadanos puedan convertirse en accionistas de empresas y participar en los beneficios de la actividad productiva. La apuesta incluye ampliar el acceso al crédito, fortalecer pequeños negocios y conectar la creación de riqueza con oportunidades de movilidad social.El documento sostiene además que el Gobierno “romperá con la falsa paz que presenta la negociación con la ilegalidad como único camino para la convivencia”. Su enfoque prioriza el fortalecimiento de la justicia, la investigación penal y la acción contra las organizaciones criminales, a las que el texto atribuye un propósito delictivo y económico.En la reforma institucional, el borrador propone la “Operación Destrabe”, una estrategia para revisar normas, simplificar trámites y reducir barreras que, a juicio del Gobierno, frenan la actividad económica y la gestión pública. Su principio rector es: “lo que no tiene propósito se elimina; lo que lo tiene se modifica u optimiza”. La iniciativa contempla herramientas tecnológicas y el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de hacer más ágiles los procedimientos estatales.El plan dedica un capítulo a la reconstrucción y atención de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, el cual dejó daños valorados en $38,66 billones y pérdidas económicas estimadas en $5,99 billones. La respuesta contempla recuperar viviendas, servicios esenciales y corredores de transporte, además de fortalecer la resiliencia de los territorios afectados.Para articular la reconstrucción y las demás apuestas económicas, el plan contempla instrumentos de financiación y coordinación entre entidades. Entre ellos, está el Fondo Milagro, concebido para apoyar la recuperación de las zonas afectadas, y la Misión Crecer, coordinada por la Vicepresidencia de la República. Esta última deberá facilitar la inversión y coordinar iniciativas en financiación, talento, energía y modernización del Estado, sin reemplazar las competencias de los ministerios y demás entidades.
Este martes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.Escuche el programa completo acá:
Los amantes del regional mexicano en Colombia tendrán su propio espacio este 2025 con el regreso del Orale Wey Fest, un evento que, en 2025, llevó a cabo su primera edición en El Campín con Grupo Firme como la cabeza principal del mismo.En esta ocasión, Christian Nodal y Tito Double P serán los encargados de liderar la fiesta de este evento que, hasta ahora, ha sido un éxito en Colombia gracias a la estrecha relación entre ambas culturas, en especial a través de la música.“El cartel de esta edición reúne a grandes exponentes y nuevas figuras de la música mexicana. Tito Double P llegará con los corridos que lo han posicionado como uno de los nombres destacados de la nueva generación; Christian Nodal, con su propuesta que conecta el regional mexicano con sonidos contemporáneos”, expresaron desde la organización.¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Orale Wey Fest en Bogotá?Esta edición 2026 se llevará a cabo en el Vive Claro el próximo 12 de diciembre, en donde se espera la llegada de miles de fanáticos del regional mexicano para disfrutar de un día lleno de artistas de este género.Un encuentro que reunirá en un mismo escenario a Tito Double P, Christian Nodal, Julión Álvarez, Los Dos Carnales, Lenin Ramírez, Emmanuel Cortes, Patria Chica y Cumbia Pedregal.Precios y localidades del Orale Wey Fest 2026Gradería 117 - 124 (Numerado): Precio $139.500 + Servicio $29.000 = Precio Full $168.500Gradería 125 - 132 (Numerado): Precio $180.000 + Servicio $37.000 = Precio Full $217.000Gradería 109 - 116 (Numerado): Precio $315.000 + Servicio $64.000 = Precio Full $379.000Preferencial (De pie): Precio $315.000 + Servicio $64.000 = Precio Full $379.000Gradería 101 - 108 (Numerado): Precio $495.000 + Servicio $101.000 = Precio Full $596.000Palco Bronce (x10 personas): Precio $9.000.000 + Servicio $1.400.000 = Precio Full $10.400.000Palco Plata (x10 personas): Precio $13.500.000 + Servicio $2.090.000 = Precio Full $15.590.000Palco Oro (x10 personas): Precio $18.000.000 + Servicio $2.790.000 = Precio Full $20.790.000Palco Patrocinadores (x10 personas): Precio $22.500.000 + Servicio $3.490.000 = Precio Full $25.990.000