Tras la reciente declaración del hipopótamo como "especie invasora" en el país, expertos coinciden en que la cacería asoma como una "opción necesaria" para controlar el problema ambiental que representa este insólito legado de Pablo Escobar.En los años ochenta, el capo de la droga adquirió una pareja de estos enormes animales semiacuáticos para su zoológico personal. La población ha crecido de manera descontrolada hasta llegar a unos 130 individuos que están desplazando a la fauna local y amenazan a la población aledaña a río Magdalena, en el centro del país, de acuerdo con expertos.Esta semana el Gobierno incluyó a este animal originario de África en un listado de "especies introducidas invasoras" y anunció un plan para "dar manejo" a su población, que se podría cuadriplicar en la próxima década, según algunos estudios."Lo único que Colombia no puede permitir es que esa especie exista en el territorio", dijo a la AFP Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia (1994-1997). Aunque el plan no ha sido revelado, Rodríguez ha intervenido en su diseño y pidió al ejecutivo usar "todas las medidas" para detener el avance del hipopótamo, incluida la cacería."Obviamente hay animalistas que se oponen pero pues ¿Cuál es la alternativa?", se cuestiona el exministro.Desde hace 10 años científicos de Cornare, la entidad de protección ambiental en el país, adelantan un programa de esterilización de hipopótamos en el oriente de Antioquia donde se concentran la mitad de los especímenes.A la fecha han logrado esterilizar quirúrgicamente a 11 individuos y a otros 40 con un medicamento llamado GonaCon. El costo estimado supera los 100.000 dólares."Todo con los hipopótamos es complejo, es costoso y es peligroso", sostiene David Echeverri, encargado de Cornare. A pesar de sus esfuerzos para capturar, sedar y castrar a estos animales de entre 1,3 y 1,8 toneladas, la población sigue creciendo en su región."En la medida que uno logra hacer una cirugía van naciendo 10 animales", se lamenta Echeverri. El medicamento GonaCon, que se administra con dardos, facilita la tarea, pero sigue siendo costoso (unos 1.000 dólares por individuo) y en la actualidad Cornare no tiene más dosis."Queda sobre la mesa el sacrificio. Es una opción necesaria (...) puede ser la última salida para no dejar que la problemática se vuelva peor", estima.Nativos vs. invasoresLa invasión de hipopótamos por la calurosa región del Magdalena Medio es un problema "inédito" y "peligroso", sostiene Rodríguez.Asegura que se trata de la única especie invasora de este tamaño en el mundo y advierte que pescadores y demás habitantes de la zona están "en peligro".El año pasado Cornare registró dos ataques de hipopótamos a pobladores, que afortunadamente solo resultaron heridos. En África los ataques fatales son usuales."Podríamos enfrentarnos a una tragedia", alerta Rodríguez.El manatí, un enorme y apacible herbívoro que nadaba a sus anchas por la cuenca del Magdalena Medio hasta la llegada de su competidor africano, también esta amenazado, al igual que los peces nativos, agrega.A principios de año, el animalista y candidato al parlamento Luis Domingo Gómez propuso crear "un santuario" para hipopótamos con recursos públicos y privados.Expertos coinciden en rechazar la propuesta por considerarla costosa y dañina para el ecosistema local."¿Vamos a mantener un santuario de hipopótamos que atentan contra el manatí?", criticó Rodríguez.También cuestiona la vialidad de abarcar en una reserva los 130.000 kilómetros cuadrados en los que hoy habita este curioso legado de Escobar, quien llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, según Forbes, tras fundar un imperio del crimen y el narcoterrorismo.La bióloga experta en manatíes Nataly Castelblanco resumió "sin titubeos" su posición en un tuit: "Las especies nativas tienen prioridad de conservación sobre las especies invasoras".Escuche ¿Por qué las dietas no funcionan? con Patricia López
Luego de la resolución 0264 del 22 de febrero de 2018, en la que el Ministerio de Ambiente resolvió que la realinderación de las reservas forestales quedaba en manos de las Corporaciones Autónomas Regionales de cada territorio, el alcalde de Bogotá decidió presentar un proyecto a la CAR de Cundinamarca para expandir el área total de la reserva y utilizar algunas hectáreas con el fin de materializar el proyecto de vías para descongestionar el tráfico hacia el norte de la capital.A propósito, Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente y experto en temas ambientales, habló en Mañanas BLU sobre el proyecto que abriría paso a construcción de vías en la reserva Van Der Hammen. Rodríguez aseguró que lo anunciado por el distrito no es “nada diferente a lo que se ha venido hablando en los últimos dos años”. Vea aquí: La 170, la Boyacá y la ALO cruzarán por reserva Van Der Hammen: Planeación Distrital Dijo que “lo que se quiere es urbanizar esa área y ponerle algo de verde, la gente debe entender eso”. Agregó que la información que está entregando el distrito es muy “confusa”. La decisión final la tomará la junta directiva de la CAR, un órgano colegiado compuesto por 16 miembros, entre los que se encuentra el propio alcalde. Además, también están presentes el gobernador de Boyacá, un alcalde de un municipio de ese departamento, el gobernador de Cundinamarca y dos alcaldes de la región, delegados del presidente Santos, y expertos en medio ambiente y ecología.La construcción de diferentes corredores viales en el norte de Bogotá, se convierten desde este momento en un debate que es puesto en la mesa por la propuesta que para el Gobierno distrital es uno de los pilares en la radicación del proyecto de la reserva Thomas Van Der Hammen, que en las últimas horas quedó en manos de las autoridades para que sea aprobado y empiece a materializarse. En el papel, se conectarían proyectos viales planificados como la doble calzada desde la 170 hasta Cota, la Avenida Boyacá hacia Chía con la unión de la Autopista Cajicá - Zipaquirá, la ALO como forma de manejo logístico de la región y entre otras, la avenida novena.
“Se ha hablado mucho que esto es producto del fenómeno de El Niño, además de una falta de planificación del sector y falta de previsión reciente por parte del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Lo fundamental es entender que este no es solamente un producto del fenómeno de El Niño”, manifestó. (Lea también: Por crisis energética, Congreso pide renuncia a los integrantes de la Creg). En ese sentido, dijo el exministro Rodríguez que Colombia tiene graves daños en la cuenca del Magdalena y el Cauca, donde se genera el 75 % de la energía hidroeléctrica del país. “Esos daños de esas cuencas se manifiestan en dos hechos fundamentales: con la deforestación se ha desestabilizado el ciclo del agua, lo que significa que en períodos de como El Niño la sequía se multiplique y en La Niña las inundaciones se multipliquen. El segundo es que con la deforestación se ha aumentado la erosión”, explicó el experto medioambiental. Según reportó Codensa, entre diciembre de 2015 y enero de 2016 aumentó el consumo de energía en Bogotá. A continuación el consumo detallado por estratos en la ciudad (en Gwh): Estrato Dic. 2015 Ene. 2016Residencial 1: 26,71 30,14Residencial 2: 146,76 165,71Residencial 3: 124,59 137,50Residencial 4: 47,30 50,57Residencial 5: 19,57 20,60Residencial 6: 23,60 24,35Comercial: 191,72 207,43Industrial: 89,53 84,18Oficial: 20,47 21,43
Becerra expone que en materia de posconflicto se deben implementar políticas que no deterioren el ambiente, sino que lo recuperen (Lea también: No tendría grandes implicaciones declarar emergencia ecológica: minAmbiente). En segunda instancia, el exministro señala que deben cumplirse los compromisos y metas planteadas en la más reciente cumbre de cambio climático en París “para que no se conviertan en retórica del Gobierno, sino en una realidad”, indica. En ese sentido, Becerra agregó que no ve factible el compromiso del Gobierno de reducir la deforestación a cero “puesto que con las actuales políticas sectoriales, lo único que se puede pensar es que aumentará” (Lea también: ¿Qué tanto porvenir tenemos con los proyectos hidroeléctricos?). Frente a la Ley Zidres, el exministro asegura que no se incorporó lo necesario para asegurar el desarrollo agrícola de Colombia, “particularmente sería ideal que los grandes negocios se hagan de manera sostenible”, dijo Becerra, quien propuso que la ley debe modificarse o regularse nuevamente. El entrevistado comentó que “las CAR tienen la sartén en el mango para que la urbanización sea de forma sostenible”, en referencia a los planes de ordenamiento territorial, que para Becerra “ha sido caótica su ejecución” (Lea también: La importancia de la reserva forestal Thomas van der Hammen, un pulmón de Bogotá). Finalmente, el primer ministro de la cartera de ambiente en Colombia expresó que otro de los problemas que enfrentará el país tiene que ver con la cuenca del Magdalena y el Cauca. “El país tiene que discutir seriamente este tema, estamos sometiendo a todo tipo de abusos a la cuenca en el que el 80% de los colombianos incidimos en ella”, concluyó. Puede consultar el informe de Semana Sostenible aquí.
Los efectos de un terremoto no terminan cuando deja de moverse la tierra. Para los espacios que albergan animales, como el Bioparque Ukumarí, en Pereira, las labores de revisión, mantenimiento y cuidado continúan incluso después de superar la emergencia.El sismo de magnitud 7,4 que ocurrió el pasado 10 de agosto en Colombia también generó preocupación en el Eje Cafetero y llevó al parque a cerrar temporalmente sus instalaciones como medida preventiva.Aunque las autoridades del parque informaron que no se presentaron daños considerables, fue necesario hacer inspecciones en la infraestructura, los hábitats y los espacios donde permanecen los animales. La prioridad durante esos días fue garantizar la seguridad de los colaboradores y de la fauna.Tras completar las revisiones, el Bioparque Ukumarí retomó la atención al público el martes 18 de agosto. Sin embargo, la necesidad de recursos para garantizar el bienestar y la protección de los animales continúa, por lo que el parque lanzó una iniciativa para que las personas puedan contribuir de diferentes maneras.Así puede ayudar a los animales del Bioparque UkumaríEl gerente del parque Raúl Murillo Betancur invitó a la ciudadanía a hacer parte de la iniciativa ‘Misión Ukumarí’ y convertirse en Guardián del Santuario mediante una membresía.De acuerdo con la información publicada por el parque, estos aportes ayudan a que su familia de fauna continúe recibiendo cuidado, bienestar y protección. Las personas pueden elegir entre diferentes opciones de membresía, con valores y beneficios distintos:Guardián de la Suricata: $50.000.Guardián del Oso: $200.000. Incluye dos entradas al Bioparque Ukumarí, parqueadero, 10 % de descuento en la tienda y certificado virtual de Guardián del Oso, con vigencia de un año.Guardián del Jaguar: $300.000. Incluye tres entradas, parqueadero, 15 % de descuento en la tienda, certificado virtual, fotografía personalizada virtual, pin de Guardián y vigencia de un año.Guardián de la Jirafa: $500.000. Incluye cinco entradas al Bioparque, parqueadero, 20 % de descuento en la tienda, certificado individual, fotografía personalizada virtual, pin de Guardián y otros beneficios asociados a la membresía.La adquisición de estas membresías puede hacerse a través de la tienda virtual del Bioparque Ukumarí, o mediante el enlace disponible en la biografía de sus redes sociales.De esta manera, quienes quieran contribuir pueden hacerlo no solo visitando el parque, sino también mediante una membresía que, además de ofrecer beneficios a sus compradores, busca aportar al cuidado de los animales que permanecen bajo protección del Bioparque.
En medio de las audiencias en las que la Fiscalía General de la Nación solicita una medida de aseguramiento contra ocho presuntos implicados en la investigación por supuesto contrabando y lavado de activos relacionado con Lili Pink, la defensa de la organización cuestionó la actuación del ente investigador y alertó por la falta de avances en varias denuncias relacionadas con mercancía decomisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.La defensa, encabezada por el abogado Juan David Bazanni, se opuso a la solicitud de medida de aseguramiento y cuestionó la investigación que adelanta la Fiscalía. Durante la diligencia, además, puso de presente que la compañía ha denunciado la presunta comercialización ilegal de mercancía que había sido decomisada en 2023. Según la defensa, “entre mayo y septiembre de 2023 la DIAN visitó la compañía y tras revisar menos del 1% de la mercancía objeto de fiscalización, decomisó la totalidad de la misma que correspondía a más de 3.000.000 de prendas avaluadas en $54.000 millones”. La compañía, de acuerdo con el mismo planteamiento, sostiene que “la mercancía contaba con toda la documentación exigida por la regulación vigente”.La defensa aseguró que, a raíz de lo ocurrido, en 2023 la compañía presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y demandó ante el Consejo de Estado los actos administrativos mediante los cuales se ordenó el decomiso de la mercancía.El abogado agregó que en enero de 2026 la empresa detectó que parte de esa mercancía decomisada estaba siendo comercializada en establecimientos que, según la defensa, no estaban autorizados y no tenían vínculo con la marca. “En enero de 2026 la compañía detectó que la mercancía decomisada en 2023 estaba siendo comercializada ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo con la marca L. Por estos hechos se interpusieron dos nuevas denuncias penales”, señaló la defensa.El cuestionamiento central está relacionado con el avance de esas investigaciones. Según la organización, “a la fecha, la Fiscalía no ha avanzado en las denuncias presentadas por la compañía en 2023 y 2026”.Durante la audiencia, el abogado Bazanni aseguró: “Prendas revendidas ilegalmente en el mercado informal. No solamente están dañando la marca, sino que además el verdadero lavado de activos, el verdadero enriquecimiento ilícito sí que lo están cometiendo los funcionarios que revendieron esta mercancía”, afirmó el abogado.En ese mismo sentido, cuestionó la hipótesis de la Fiscalía frente al supuesto lavado de activos: “A la Fiscalía le pareció brillante imputarle el delito de contrabando y de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a todos estos señores por una mercancía que no se vendió. Si la mercancía fue aprehendida en su totalidad, dígame cómo se vendió y se convirtió en dinero y cómo después lavaron activos con ese dinero. Es imposible”. El planteamiento de la defensa se conoce además en medio de las decisiones adoptadas por jueces de control de garantías sobre elementos probatorios de la investigación. En actuaciones anteriores, jueces han declarado ilegales pruebas obtenidas por la Fiscalía, mientras continúa el proceso judicial contra los nueve señalados.Ahora, el proceso entra en una nueva etapa. La próxima semana, un juez deberá definir si impone o no una medida de aseguramiento contra los ocho investigados. La decisión determinará su situación jurídica mientras avanza la investigación por los hechos que les atribuye la Fiscalía.
Organizaciones ambientalistas y defensores del agua en Santander expresaron su rechazo a la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de revocar la resolución que había establecido una protección ambiental definitiva sobre cerca de 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, dentro del ecosistema de Santurbán.La medida fue adoptada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, con la que el Ministerio revocó directamente la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”, en la zona del páramo de Santurbán. La decisión generó fuertes cuestionamientos entre sectores ambientalistas, que consideran que la eliminación de esta figura de protección abre nuevamente la discusión sobre el futuro de la minería a gran escala en una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Santander.“Está en riesgo el agua de cerca de 2 millones de personas”, señalaron sectores ambientalistas, quienes anunciaron acciones jurídicas y movilizaciones para defender el páramo de Santurbán y rechazaron cualquier decisión que, según ellos, pueda favorecer proyectos mineros en la región.La controversia también está relacionada con el proyecto minero Soto Norte, de la multinacional Aris Mining, cuyo desarrollo ha sido objeto de un amplio debate ambiental, social y jurídico en Santander.Frente a las críticas, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que la decisión no implica eliminar la obligación de proteger La Baja, sino retrotraer el procedimiento para garantizar la participación efectiva de los diferentes actores involucrados.Según el funcionario, la decisión adoptada por el anterior Gobierno un día antes de finalizar su mandato presentó problemas jurídicos y procedimentales, entre ellos la existencia de recusaciones contra la entonces ministra Irene Vélez y una tutela que había sido admitida y se encontraba pendiente de resolución por una posible vulneración del derecho a la participación.Arjona sostuvo que un juez ordenó reiniciar el procedimiento por posibles vulneraciones de ese derecho. Por esta razón, el Ministerio considera necesario realizar nuevamente una evaluación técnica y jurídica integral sobre la protección de La Baja.“Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja”, explicó el ministro, al señalar que el proceso debe garantizar la participación de las comunidades y demás actores involucrados en el tema de Santurbán. El funcionario defendió además que las decisiones ambientales deben contar con respaldo científico, seguridad jurídica, transparencia y participación efectiva.El Comité por la Defensa de Santurbán le respondió al ministro Arjona. "La resolución que usted tumbó no es la de delimitación progresiva. Es la que prohibía la minería en cerca de 1.500 hectáreas en Santurbán, casualmente justo donde está el título de la multinacional Aris Mining, la misma empresa que usted ha puesto en medios como ejemplo de minería para replicar en Santurbán". Señalan los ambientalistas que "el fallo judicial ordenaba rehacer la consulta, no revocar la reserva ambiental definitiva. No vamos a permitir que desmonten la normatividad que protege Santurbán para abrirle la puerta a las multinacionales". La revocatoria vuelve a poner a Santurbán en el centro del debate ambiental de Santander. El páramo es considerado un ecosistema estratégico por su importancia en la regulación hídrica y el abastecimiento de agua de numerosas comunidades.La discusión enfrenta nuevamente dos posiciones: por un lado, organizaciones ambientales y sectores ciudadanos que reclaman mayores garantías para proteger las fuentes hídricas y los ecosistemas de Santurbán; y por otro, sectores que cuestionan decisiones adoptadas sin suficiente participación o sustento jurídico y que reclaman procesos ambientales con mayor rigor técnico.Para los ambientalistas, la revocatoria representa una señal de alerta y anunciaron que continuarán con acciones jurídicas y de movilización sociales para defender la protección del páramo.Desde el Ministerio, entretanto, se insiste en que la decisión no constituye una autorización automática para desarrollar actividades mineras en La Baja, sino el reinicio del procedimiento para definir, bajo nuevas evaluaciones técnicas y jurídicas, cuál debe ser la figura de protección aplicable al área.La quebrada La Baja se encuentra en el municipio de California, en el área de influencia del Macizo de Santurbán, territorio donde durante años se ha desarrollado una intensa controversia alrededor de la minería y la protección de las fuentes de agua.La Resolución 0994, expedida el 6 de agosto, había establecido una reserva definitiva sobre aproximadamente 1.499 hectáreas y, entre sus efectos, restringía el otorgamiento de nuevos contratos, autorizaciones o licencias para proyectos de mediana y gran minería dentro del área protegida.Con la Resolución 1037 del 13 de agosto, esa medida fue revocada directamente. El Ministerio sostiene que ahora deberá adelantarse un nuevo proceso que garantice la participación de todos los actores y permita determinar, con criterios científicos y jurídicos, las medidas de protección que deberán aplicarse en La Baja.La decisión promete mantener abierto uno de los debates ambientales más sensibles de Santander y el país: cómo garantizar la protección del agua y la biodiversidad de Santurbán mientras se definen las condiciones jurídicas para cualquier actividad económica en este territorio.
Un operativo de la Policía permitió afectar la estructura delictiva conocida como ‘Lucifer’, señalada de dedicarse al tráfico de estupefacientes en el barrio La Favorita, localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.La intervención contó con la participación de más de 300 uniformados de diferentes especialidades, quienes adelantaron procedimientos simultáneos en 10 establecimientos conocidos como ‘pagadiarios’, utilizados, según las autoridades, para actividades relacionadas con el tráfico y comercialización de drogas.Durante el operativo fueron capturadas cinco personas mediante orden judicial, señaladas de pertenecer al Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) ‘Lucifer’. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Entre los capturados se encuentran alias ‘La Negra’, quien, según la investigación, cumpliría funciones como administradora de la estructura, y alias ‘Vicente’, ‘Mechas’, ‘Gafas’ y ‘El Viejo’, señalados como expendedores de estupefacientes en la zona.De acuerdo con la Policía, la organización criminal obtenía rentas cercanas a los $5 millones diarios producto de la comercialización de drogas. Durante los procedimientos fueron incautadas 1.300 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y cocaína.Además, las autoridades encontraron más de $3 millones en efectivo, un arma traumática y varias armas cortopunzantes, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro del proceso judicial. Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue que dos de los inmuebles intervenidos tenían medidas vigentes de extinción de dominio desde 2018. A pesar de esta medida, según la Policía, los predios continuaban siendo utilizados como puntos para el expendio de estupefacientes.Las autoridades también señalaron que los capturados registran anotaciones judiciales por diferentes conductas, entre ellas fuga de presos, hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, amenazas, lesiones personales y violencia contra servidor público.
Gremios y empresas privadas de Antioquia y del Valle del Cauca concretaron una bolsa de recursos que asciende a los 420.000 millones de pesos para afrontar la crisis humanitaria y la restauración de la infraestructura destruida en el territorio nacional.La directora ejecutiva de Propacífico, María Isabel Ulloa, confirmó en Mañanas Blu que las compañías del suroccidente colombiano aseguraron un fondo inicial de 220.000 millones de pesos para intervenir las regiones con mayores afectaciones."Alrededor de 30.000 millones estar muy enfocados en esta emergencia, en la emergencia que, como bien lo ha dicho el gobierno, esta etapa dura al menos 3 meses más", explicó Ulloa.La vocera gremial precisó que la prioridad operativa del empresariado vallecaucano se concentrará en Cali, Buenaventura y los municipios del norte del departamento, priorizando el levantamiento de colegios y centros asistenciales golpeados.Por su parte, la presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez, informó que el sector empresarial de su región comprometió 200.000 millones de pesos. Los fondos se canalizarán a través del Fondo Milagro, fundaciones y organizaciones territoriales.Velásquez destacó que los trabajadores de las firmas asociadas también realizan aportes voluntarios directos desde sus nóminas para fortalecer la bolsa de ayuda humanitaria."En Proantioquia tenemos aproximadamente 70 afiliados que deben estar reuniendo alrededor de los 400.000 empleados en todo el país", afirmó la presidenta de la entidad.La líder de la organización antioqueña planteó formalmente al Gobierno nacional la creación del esquema 'reconstrucción por impuestos', inspirando la propuesta en el modelo de obras por impuestos.Esta alternativa busca ampliar el cupo del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para ejecutar intervenciones directas en las poblaciones declaradas en estado de desastre.
