La ley de aguinaldos de Duque al gran capital: opinión de Aurelio Suárez

Conté 15 beneficios tributarios para personas jurídicas, entiéndase especialmente corporaciones, y en particular extranjeras. Hay toda clase de aguinaldos, justificados en que “ni son ricas ni pobres”. El publicitado impuesto al patrimonio no las toca: se impone solo a personas naturales, gozando con estas, a la vez, de un “mico” en la normalización de activos escondidos en el exterior, los cuales no incidirán sobre ningún otro tributo, sea renta o sea IVA, y libre de cualquier acción penal o sanción tributaria. Entre las más mimadas están las CHC (compañías holding colombianas), definidas como “sociedades (…) con objeto principal tenencia de valores, inversión o holding de acciones o participaciones en sociedades”. Esto es, las matrices de grupos económicos y meganegocios financieros no pagarán impuesto sobre los dividendos recibidos de las compañías subordinadas. Tanto o más sucede con los fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado, extranjeros o nacionales, eximidos de ser contribuyentes. A los primeros –además– cuando inviertan en TES, se les reduce al 5% la tasa de renta del 14% que pagaban fruto de lo devengado por intereses sobre la respectiva deuda pública. Una ofrenda a la especulación internacional. Recordemos también los deducibles al ciento por ciento, en el impuesto de renta, de tasas y contribuciones y otros impuestos como Industria y Comercio y predial; del 50% de lo pagado por Cuatro por Mil y del descuento -en el impuesto sobre la renta- del IVA pagado por adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos, por cinco periodos gravables. También aparece otra criatura: las megainversiones. Se refiere a aquellas de algo más de un billón de pesos y que creen mínimo 250 empleos: tendrán tarifa de renta de 27% –tres por ciento menos del resto de empresas, a las cuales se les bajará también del 33% al 30%– y se les establecen contratos de estabilidad que les garantizarán beneficios y demás condiciones aun si se modifican de forma adversa los favorecimientos otorgados u otra norma que tenga relación directa. Será el director de la DIAN, hace poco avezado abogado corporativo, quien va a aprobar los contratos. Cabrán allí las megainversiones de antes de enero de 2024 como proyectos viales 4G, macroproyectos energéticos, HidroItuango, también solares y otros renovables. Un festín en el que los hoteles gozarán de tarifa de renta del 9% y será de 0% para la “economía naranja”; para planes agrarios de más de $800 millones; forestales con aserríos; constructoras de vivienda VIS y VIP y energías limpias. En el capítulo “obras por impuestos”, la piñata es gorda. Firmas con ingresos brutos de mil millones celebrarán “convenios con entidades públicas del nivel nacional, por los que recibirán a cambio títulos negociables para el pago del impuesto sobre la renta”, que “se regirán por las normas de derecho privado”. Bocado para petroleras y mineras, que “son las que saben hacer”, como dijera una ministra. ¡Ah!, y en 2020 la renta presuntiva desaparecerá. ¿Quién pagará la bacanal? En línea con la OCDE, los ajustes “en tasas marginales de Imporrenta (del 33% al 35%-37-39%%), la unificación de cédulas y reducción de topes deducciones-exenciones e Impopatrimonio” y en casos con tarifas de retención en la fuente hasta del 20%, se les cargarán a las personas naturales, mayormente de clase media, hasta con tres billones más para el recaudo (ANIF). El IVA al consumo básico crecerá. Tanto por la imposición en cervezas y gaseosas como porque, al salir de la lista de servicios excluidos la trilla y el secamiento de productos agrícolas y el procesamiento de los pesqueros, parte sustancial en la transformación de alimentos como el maíz y el arroz, el costo que esto conllevará se traslada a los hogares. En 2016, el valor agregado en el beneficio del arroz, de paddy a blanco, sumó $910 mil millones (DANE, 2016), por lo cual –en la lógica de ese nuevo IVA– reportaría decenas de miles de millones de recaudo adicional. También contribuirá el impuesto a las motos, al “empaque y selección” de bienes agropecuarios sin procesar, que causará que frutas y verduras “arregladas” también estén gravadas, y la ampliación del conjunto de restaurantes, que cobran impuesto al consumo por “corrientazo”. Todo esto se aproximará a dos billones más. En 2020, como dice ANIF, quedarán sin respaldo las ventajas otorgadas por $10 billones a los “grandes contribuyentes” (¿seguirán llamándose así?). Advierte que volver “al camino errado de la supuesta confianza inversionista” producirá “serios desbalances fiscales”, como acaeció “hasta en Estados Unidos”. Así crecerá la desigualdad y desvirtuará totalmente el discurso equitativo de Duque: basta con darse una vuelta por esta ley de aguinaldos al gran capital.

La ley de aguinaldos de Duque al gran capital: opinión de Aurelio Suárez

Columna de opinión de Aurelio Suárez Montoya