La JEP afirma que no está acreditado que los agentes de la DEA que siguieron la operación contra Jesús Santrich hubieran respetado las leyes colombianas para el recaudo de pruebas
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La Jurisdicción Especial de Paz también afirma que, bajo instrucciones de esos mismos agentes de la DEA, se adelantaron actuaciones ilegales en territorio colombiano.
La JEP reitera que para validar si las pruebas contra Santrich son legales, debe tenerse en cuenta si esas evidencias son legales y lícitas, algo que por supuesto ponen en entredicho y hace una curiosa comparación: “por ejemplo, una declaración obtenida mediante tortura debe, bajo el ordenamiento jurídico colombiano, decretarse nula de pleno derecho”.
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La JEP afirma que es un atentado a la soberanía nacional que entren a territorio colombiano informantes, testigos cooperantes o agentes estatales con el fin de adelantar investigaciones penales sin atender las normas colombianas.
La JEP critica severamente la actuación del agente de la DEA Brian Witek y de dos testigos protegidos, uno de ellos sería Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, quienes son identificados en el indictment como CW1 y CW2.
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De Witek dicen que es un testigo de oídas porque cita a los otros testigos protegidos, que según la JEP, actuaron de manera irregular porque en el operativo no participaron autoridades colombianas.
La JEP dice que Estados Unidos violó derechos fundamentales de Jesús Santrich con este operativo, como la inviolabilidad del domicilio. “Se trata de límites que no pueden ser traspasados por ningún Estado, a menos que se cuente con una autorización de un juez de Control de Garantías”, dice el documento.
La JEP dice que las declaraciones del fiscal general Nestor Humberto Martínez sobre el caso Santrich en Blu Radio y otros medios de comunicación han generado irregularidades de trascendencia en el caso, “que han podido influir en la población colombiana, haciendo que esta se forme preconcepciones de responsabilidad y culpabilidad en los hechos que la jurisdicción ha conocido sin que el trámite llegara a su culminación”, y los califica como “juicios paralelos” de fiscal.
Sobre las interceptaciones telefónicas, entre otras cosas la JEP dice que una de ellas demuestra la persistencia de Marlon Marín para reunirse con Santrich, sin que la conversación revele que el exjefe de las Farc estuvo incurso en delitos de narcotráfico.
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Y deja entrever que Marín puede ser uno de los informantes de la DEA en la operación.
De otra conversación, la JEP dice que solo se puede deducir que Marlon Marín le hace saber a Santrich que quiere que atienda a unas personas que vienen de lejos para hablar de proyectos productivos. Aquí hay un elemento clave:
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Dice la JEP que la falta de pruebas que al final no entregó Estados Unidos no les permitió constatar esa reunión en detalle.
La JEP dice que para ellos la no extradición de Santrich no implica que este hombre no haya cometido el delito de narcotráfico, y deja esto en últimas en manos de los jueces penales. Es decir, Santrich sí podría ser investigado por narcotráfico en Colombia.
Al final del documento, la JEP pide al consejo superior de la judicatura y a la oficina de control interno investigar las irregularidades cometidas por funcionarios de la Fiscalía, incluido Néstor Humberto Martínez, durante el trámite de asistencia judicial para el recaudo probatorio en territorio nacional.
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