La reciente disputa entre Laura Sarabia, actual canciller, y Armando Benedetti, ministro del Interior, ha vuelto a encender las alarmas sobre la estabilidad política en el entorno más cercano del presidente Gustavo Petro.
El conflicto, avivado por publicaciones en redes sociales, filtraciones de audios comprometedores y señalamientos cruzados, ha dejado en evidencia, una vez más, las tensiones que persisten al interior del Gobierno.
El analista político Gabriel Cifuentes, en conversación con Sala de Prensa, fue enfático al describir la situación como un “temblor político” que descompone aún más un gabinete que, según él, ya está “descocido”. “El gabinete sigue estando roto, sigue sin tener una unidad y el presidente ha sido absolutamente incapaz de contener este fuego amigo”, afirmó.
Este nuevo episodio se suma a una larga cadena de enfrentamientos entre figuras clave del oficialismo, lo que plantea serias dudas sobre la gobernabilidad y la capacidad del Ejecutivo de enfrentar los desafíos legislativos y sociales que se avecinan.
Uno de los puntos más inquietantes que planteó Cifuentes tiene que ver con la permanencia de Sarabia y Benedetti en el círculo presidencial. A pesar de los escándalos que han rodeado a ambos, la protección o tolerancia del presidente Petro hacia sus actuaciones ha sido motivo de especulación.
Lo que no se puede explicar es que el presidente no haya sido capaz de liderar un gabinete y de controlar este fuego amigo que no le hace sino daño a su imagen y a su Gobierno
Cifuentes subrayó que ambos personajes podrían estar resguardados por la información privilegiada que manejan, particularmente sobre la financiación de la campaña presidencial.
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Esta sospecha cobra mayor peso con la más reciente revelación de Sarabia, quien estaría dispuesta a colaborar con la justicia entregando audios y evidencias sobre la posible relación entre Benedetti y altos funcionarios de la Fiscalía, incluyendo al exfiscal Gabriel Jaimes.
En medio de este conflicto emergen nuevas aristas que complican aún más el panorama. Según Cifuentes, “hay elementos que podrían indicar un ánimo extorsivo de Benedetti, quien presuntamente habría intentado regresar al gobierno utilizando su cercanía con la Fiscalía como herramienta de presión”. A esto se suma la participación del exfiscal Jaimes, quien habría facilitado reuniones confidenciales con Benedetti, sin claridad sobre el contenido de dichas conversaciones.
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Estas revelaciones sugieren que la pelea Sarabia-Benedetti no es solamente un enfrentamiento personal, sino parte de un entramado más complejo que podría tener repercusiones judiciales de largo alcance. “El proceso está abierto y las declaraciones tanto de la canciller como del ministro del Interior serán clave”, enfatizó Cifuentes.
La reforma a la Salud
Mientras el escándalo crece, el Gobierno enfrenta semanas decisivas en el Congreso. La discusión sobre la reforma a la salud, la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional y una eventual nueva reforma tributaria se entrelazan en una coyuntura legislativa crítica.
El presidente Petro ha optado por mecanismos excepcionales, como decretos de emergencia y conmoción interior, para sortear los obstáculos institucionales. Sin embargo, Cifuentes advierte sobre el desgaste y los riesgos jurídicos de esta estrategia: “Gobernar a punta de decreto es un acto de desespero y representa una quiebra frente al espíritu de la Constitución”.
El analista también recuerda que, a pesar de los estados de excepción declarados, como la conmoción interior en el Catatumbo, no se han logrado resultados visibles. “Ya se fue el primer término de la conmoción y no hay resultados. Ni siquiera invocando estados excepcionales, el Gobierno ha sido capaz de responder frente a situaciones críticas”, señaló.
La pelea entre Sarabia y Benedetti no solo amenaza con desestabilizar al gabinete de Petro, sino que también pone en entredicho la eficacia del gobierno para ejecutar su agenda. En palabras de Cifuentes, “el presidente ha asumido estas crisis como un costo político que va a factorizar, pero no parece haber intención de hacer cambios profundos”.
Entre las acusaciones cruzadas, las filtraciones judiciales y las tensiones internas, el Ejecutivo enfrenta un serio desafío de credibilidad y cohesión. El país observa con preocupación cómo las diferencias personales entre altos funcionarios podrían derivar en consecuencias institucionales, mientras los grandes temas nacionales —como la reforma a la salud, la crisis fiscal y la seguridad— quedan relegados a un segundo plano.
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