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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, entregó a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado las recomendaciones para el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.
En las mismas, la CIDH recomienda al Estado colombiano adelantar los cambios legales a los mecanismos que tiene la Procuraduría General para sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular.
Considera el organismo que, tal como está establecido en la legislación colombiana, va en contravía de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Las recomendaciones de la CIDH no son de obligatorio cumplimiento. La Corte Constitucional ha sostenido que estas son de obligatorio cumplimiento solamente cuando está de por medio el derecho a la vida y a la libertad.
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A propósito, en entrevista con BLU Radio, el exalcalde dijo que a ningún ciudadano colombiano se le pueden quitar los derechos políticos por vía administrativa, porque, de lo contrario, se incurre en un abuso de poder.
En ese sentido, el hoy precandidato presidencial, manifestó que cuando un funcionario administrativo actúa de esta manera no existe democracia, sino una dictadura.
“Todo parece indicar que la CIDH le dice al Gobierno lo que ya la Constitución colombiana dice y es que a cualquier ciudadano colombiano si es elegido, los derechos políticos se le pueden quitar solamente por decisión de un juez”, agregó.
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Petro manifestó que no tiene ninguna inhabilidad para aspirar a la Presidencia de la República.
“En este momento no estoy inhabilitado, independiente de la decisión de la CIDH. Han salido dos medidas judiciales colombianas que siguen vigentes”, dijo.
Petro explicó que la sanción de la Procuraduría general no está vigente por cuenta de dos decisiones judiciales: “La del magistrado Arenas, que expidió medidas cautelares a mi favor. Y por el lado del contralor distrital, el Tribunal de Cundinamarca también suspendió los efectos de la multa por casi 80 millones de dólares que me impuso por no subir las tarifas de TransMilenio”.
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