El partido Cambio Radical pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes acelerar las investigaciones relacionadas con el expresidente Gustavo Petro y evitar que las demoras en los procesos acaben en impunidad.
En la carta fechada el 26 de octubre de 2026, el codirector de la colectividad, Enrique Vargas Lleras, planteó la necesidad de dar prioridad a varios expedientes y adelantar las actuaciones probatorias correspondientes, además de informar al país sobre sus avances y resultados, dentro de los límites legales.
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Entre los asuntos señalados está el denominado “Pacto de Valledupar”, por presuntas reuniones de funcionarios del gobierno anterior con exjefes paramilitares, que habrían buscado afectar a dirigentes políticos de la entonces oposición como el hoy presidente Abelardo De La Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, mediante declaraciones o acusaciones falsas.
También se pide acelerar las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en contratos de prestación de servicios en entidades estatales, particularmente en el entorno de la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior; y que habrían sido utilizados para favorecer a mujeres a cambio de servicios o favores sexuales. El partido pide esclarecer las acusaciones con garantías para las denunciantes y establecer si hubo utilización indebida de recursos públicos.
Otro asunto corresponde a la adquisición de aviones de combate Gripen a Suecia. La colectividad solicita que se determine la legalidad y transparencia de la operación, así como las responsabilidades de quienes intervinieron, y cuestiona la justificación del contrato y el cumplimiento de los requisitos de planeación.
Finalmente, el partido pide que también se impulsen las demás denuncias que cursan ante esa comisión y que se evite que el vencimiento de términos o la falta de actuaciones oportunas impidan esclarecer los hechos. La colectividad sostuvo que su solicitud no busca anticipar responsabilidades ni desconocer el debido proceso, sino exigir que las instituciones investiguen y adopten las decisiones que correspondan conforme a la ley.