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De acuerdo con Camilo Vargas, coordinador del observatorio político-electoral de la MOE, vender el voto en Colombia constituye un delito, lo que significa que quien lo haga podría entrar en proceso de investigación.
La Ley 1864 fortaleció las penas que cobijan a quienes corrompen a la ciudadanía y aquellos que cometen este delito que otorga penas desde multas económicas hasta la cárcel.
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