La senadora Angélica Lozano advirtió que el Gobierno le recortó un 77 % de dinero a la Registraduría para 2025 en la ponencia del presupuesto general de la Nación, que será debatida y votada desde este martes 24 de septiembre. El monto pasa de $3,2 billones de pesos a $0,7 billones.Frente a esto ya se han conocido varias voces críticas, la Misión de Observación Electoral solicitó al Ejecutivo y al Congreso de la República garantizar la autonomía e independencia de la Autoridad Electoral frente al presupuesto necesario para llevar a cabo las elecciones de 2026.Lo anterior, ya que afirman que les preocupa que la propuesta presentada por el Ejecutivo en el Presupuesto General de la Nación 2025, reduzca en un 77 %, los recursos solicitados por la Registraduría Nacional. Lo anterior, recordemos de 3,2 billones de pesos a 0,7 billones de pesos, lo que equivale a una reducción de 2,5 billones.Frey Alejandro Muñoz, Subdirector de la MOE, aseguró que "una de las principales garantías para el desarrollo de las elecciones de 2026 es que la Registraduría pueda ejercer su autonomía sin ningún tipo de condicionamiento en la asignación de los recursos indispensables para cumplir con su mandato constitucional".Representantes cómo Juan Espinal del Centro Democrático señalan que el presidente Gustavo Petro busca con eso darle un golpe blando a la Registraduría y por ende a la democracia del país.Blu Radio habló con la representante, Ingrid Sogamoso del partido Conservador, quien aseguró que esto representa una gran amenaza para la legitimidad de las elecciones del año 2026.“Esta drástica reducción obviamente pone en riesgo la capacidad de la entidad y el correcto desarrollo del proceso electoral, desde la inscripción de los candidatos hasta el escrutinio de votos. Además, podría afectar gravemente la operatividad de la Registraduría, limitando la atención de la planta del personal y el uso de tecnología para el cumplimiento de sus funciones”, aseguró.El presidente del Senado, Efraín Cepeda, también se pronunció y señaló que “Si hay una entidad que debe contar con los recursos necesarios para organizar unas elecciones confiables y que den tranquilidad pública, es la Registraduría. No es el momento de generar suspicacias en un tema tan delicado. El organismo electoral debe contar con los recursos que necesite para abordar un proceso democrático de la mejor manera posible. Cuentan con nuestro apoyo”, señaló a través de sus redes sociales.Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el ministerio de Hacienda ya está trabajando para radicar una nueva proposición que restablezca el presupuesto inicial del órgano electoral. Sin embargo, la polémica también se centra en los Congresistas que habrían firmado dicha ponencia. Varios de ellos, quienes aseguran que esto se debe a un error. Incluso una gran sorpresa causó la representante de la oposición, Lina maría Garrido, quien firmó esta ponencia, de su partido Cambio Radical, ha mostrado gran descontento a varios de sus integrantes. En Blu Radio hablamos con el Senador Carlos Motoa.“Sorprende y me parece esquivado ese apoyo de la representante Garrido a la propuesta del Gobierno, es un presupuesto desfinanciado e improvisado y que no tiene en cuenta los temas importantes de inversión social y de hechos los reduce. El partido Cambio Radical no respaldó esa ponencia y sí nos llamó la atención esa decisión unilateral que tomó la representante”.A raíz de esto, varios firmantes han retirado su nombre de dicha ponencia, entre ellos Liliana Rodríguez, John Jairo Gonzales, Carlos Vallejo, Sonia Bernal, entre otros.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE), comparó el proceso de revisión de votos realizado por el Pacto Histórico en las elecciones al Congreso de 2022 con lo ocurrido con la oposición venezolana en su país.Durante una sesión en el Congreso de la República para discutir la situación en Venezuela tras las recientes elecciones, Barrios indicó que sin el ejercicio de revisión realizado por el Pacto Histórico, similar al de Venezuela, no habría sido posible verificar que los votos no habían sido sustraídos.Barrios añadió que la MOE revisó los resultados de las elecciones al Congreso a solicitud del Pacto Histórico, debido a errores en las actas E-14 que perjudicaron a dicha colectividad. Aunque en ese momento Barrios descartó la existencia de fraude, reconoció numerosos errores e inconsistencias en los formularios que afectaron la votación del Pacto.En su comparación, Barrios mencionó que, al igual que la oposición venezolana liderada por María Corina Machado y otros opositores como Edmundo González, que solicitaron observadores para prevenir fraudes, el Pacto Histórico también tomó medidas similares. Tras la declaración de Nicolás Maduro como ganador, la oposición pidió que el CNE hiciera públicas las actas y que todos los sectores protegieran las actas para evitar su pérdida.
El proyecto de ley que buscaba modificar algunas reglas de juego del sistema electoral colombiano no resistió la revisión de la Corte Constitucional, que decidió hundir el proyecto por vicios de procedimiento.El texto, que analizaron los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo, acumulaba tres iniciativas de origen legislativo (dos de Senado y uno de Cámara) y buscaba enmendar el articulado que había sido objetado por el mismo tribunal en 2022 y que fue impulsado por el entonces registrador Alexánder Vega. El proyecto de ley que tumbó la Corte este martes estuvo precedido por un intenso debate en el Congreso de la República por los costos fiscales. El Ministerio de Hacienda estimó que implementar el Código Electoral costaría aproximadamente 10,5 billones de pesos. Los costos incluyen 204.403 millones para delegados de la Registraduría, entre 639.000 y 698.000 millones para identificación biométrica y 93,4 millones por mesa para el voto electrónico mixto, según las observaciones que presentó a la Corte en 2023. A eso se suma otras observaciones de organismo como la Misión de Observación Electoral (MOE) criticó varios artículos, destacando que catalogar las actividades de la Registraduría como de seguridad y defensa nacional restringe el acceso a la información y dificulta el control político.Además, la MOE señaló dificultades en auditar el software electoral y la falta de transparencia en sus resultados.Por su parte, la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional avalar el proyecto, pero planteando que las inhabilidades para cargos públicos se limiten a condenas penales, excepto por delitos políticos. Esto excluye sanciones disciplinarias y fiscales como causales de inhabilidad.
La Misión de Observación Electoral Colombia presentó a la comunidad internacional los resultados preliminares de las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio con datos de la oposición. Según la información contenida en la base de datos, con el 73.1 % de las actas (contenidas en la plataforma web resultadosconvzla.com), el candidato Edmundo González obtiene un total de 6,392,350 votos, que corresponden al 67.2 % de la votación. Por su parte, el candidato presidencial Nicolás Maduro suma un total de 2,891,553 votos, que representan el 30.4 % de la votación.Entre los hallazgos de la MOE está que, a nivel municipal, el candidato presidente Nicolás Maduro obtiene un mayor número de votos en 28 de los 326 municipios de Venezuela, lo que representa el 8.6 % del total de unidades territoriales de Venezuela. Por su parte, el candidato Edmundo González registra una mayoría de votos en los 298 municipios restantes, lo que es equivalente al 91.4 % de las unidades territoriales del país. A nivel de estados, la sumatoria de los resultados por estado muestra que el candidato Edmundo González obtuvo la mayoría de votos en todos los estados de Venezuela.Por otra parte, la MOE señala que el segundo boletín del CNE, emitido el 2 de agosto, reporta un total de 12,335,883 votos, con el 96.87 % de las actas transmitidas. No obstante, según la base de datos consolidada por la MOE, se han contabilizado hasta ahora 9,515,322 votos con el 73.1 % de las actas. Esto implica que faltan 2,871,377 votos por contabilizar. A pesar de esta cifra, la diferencia actual entre el candidato González, que lidera con 6,392,350 votos, y el presidente Maduro, con 2,891,553 votos, es de 3,500,797 votos. Incluso si todos los votos faltantes fueran para Maduro, no alcanzaría a superar a González, ya que la diferencia seguiría siendo de 629,420 votos a favor de González.“Con el 73.1% de las actas analizadas, el candidato Edmundo González tiene el 67.2% de la votación dirigida hacia él, mientras que el candidato presidente Nicolás Maduro tiene el 30.4 % de la votación. Esto significa que hay una diferencia de 3,500,797 votos entre el candidato presidente y Edmundo González”, le dijo a Blu Radio Alejandra Barrios, directora de la MOE.Asimismo, la Misión de Observación Electoral hizo una crítica al CNE de Venezuela al no hacer públicas las actas de votación desde que se determinó que Nicolás Maduro había sido reelecto el pasado 28 de julio. “Hasta el 2 de agosto de 2024, el CNE de Venezuela no ha hecho públicas las actas de la elección del 28 de julio de 2024. Únicamente ha dado a conocer dos boletines con resultados agregados, en los que se da al candidato presidente Nicolás Maduro como ganador de la elección”.
En el mes de julio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en el vecino país de Venezuela. Sin embargo, Colombia descarta enviar una Misión de Observación Electoral. Así lo informó el canciller Luis Gilberto Murillo este jueves, 30 de mayo.“Teníamos la intención obviamente de enviar unos observadores, hicimos las reuniones con la MOE para hacerlo. Sin embargo, por el tiempo no se podría estructurar una observación con las características técnicas que exigía”, dijo el canciller.Por otro lado, añadió que algunas personalidades colombianas van a estar, y con eso esperan que se puedan superar discusiones que habían percibido para así poder contribuir a Venezuela.A esto se le suma que la autoridad electoral de Venezuela anunció que retiraba la invitación a la Unión Europea para observar precisamente estas elecciones presidenciales, esto después de que el bloque ratificara sanciones individuales contra altos dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro.Con estas elecciones, el presidente Maduro buscará un tercer mandato que lo proyectaría a 18 años en el poder. Sin embargo, su mayor adversario es Edmundo González Urrutia, designado por la principal alianza opositora en representación de la líder inhabilitada María Corina Machado.
En el marco de la celebración de los 18 años de la Misión de Observación Electoral en Colombia, MOE, desde el organismo señalan la urgencia de que en el país se avance en una serie de reformas políticas y electorales que permitan profundizar y ampliar la democracia colombiana. Entre estas, la necesidad de reformar la arquitectura electoral colombiana, de manera particular, el origen y la conformación del Consejo Nacional Electoral.De acuerdo con Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la Misión de Observación Electoral “es necesario contar con una autoridad electoral independiente y sin origen partidista, con una gran capacidad técnica en la vigilancia y control de la financiación de campañas políticas, y la suficiente autonomía para la supervisión de las organizaciones políticas”.La MOE además celebró la resolución de la CIDH, que reconoce a los observadores electorales como defensores de derechos humanos; sin embargo, rechazan el incremento de losdiscursos polarizantes y estigmatizantes en la política nacional, además del considerable aumento de hechos de violencia y la expansión de grupos armados ilegales, que conlleva a la vulnerabilidad creciente de los liderazgos sociales, comunales y políticos.Solamente en los primeros cuatro meses del año, de acuerdo a la MOE se han presentado 104 hechos de violencia contra funcionarios públicos electos en las elecciones locales de 2023.
En medio de la tormenta por la licitación de pasaportes en el país, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, insistió en la presunta corrupción de Thomas Greg & Sons por ser la empresa que históricamente ha manejado no solo los pasaportes, sino las elecciones en Colombia. Ese hecho, de acuerdo con el jefe de Estado, los hace los dueños de las bases de datos de todos los colombianos y los convierte en los que controlan las elecciones, lo que podría llevar “a un fraude electoral” y a “afectar definitivamente la democracia”.“Se pasaron por la faja la orden del Consejo de Estado que ordenaba cambiar el software en la Registraduría y ahora tiene toda la cedulación y quieren completar con los pasaportes”, escribió el presidente Petro este martes, 27 de febrero.Al respecto habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien dijo que de ese comentario del mandatario se pueden resumir “cuatro ideas muy fuertes”, que, incluso, se podrían “acercan” a lo que posiblemente podría pasar con esa licitación, pero insistió que “hay otras que se distan mucho de lo que realmente pasa cuando se hacen las contrataciones en los procesos electorales”.En ese estricto sentido, recalcó, la unión temporal de la que hace parte Greg & Sons “no controla la base de datos de los colombianos en la Registraduría”.Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contradijo al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y dijo que sí hay plata para pagarle a Thomas Greg & Sons."La plata de ese contrato estaba prevista. Usted no puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal. Es lo primero que le van a pedir. ¿Tiene el certificado de disponibilidad presupuestal? Sí, entonces abra la licitación. Por lo tanto, la plata está ahí", dijo el ministro de Hacienda.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
Para este miércoles, 15 de noviembre, se tiene previsto comienzen las entrevistas para la elección de quien será el próximo registrador nacional, en reemplazo de la actual cabeza de la Registraduría, Alexander Vega.Para hablar sobre lo que sigue en este proceso de elección, en el que se entrevistarán a los diez elegidos de una gran lista de personas que se presentaron a este concurso, se conectó a Mañanas Blu, con Camilia Zuluaga, el coordinador del Observatorio Electoral, Camilo Mancera."Ya mañana se inicia la última fase, que es la de las entrevistas, pues ya pasamos por lo que fue la selección de la convocatoria abierta, donde se verificaban requisitos. Después se hizo la prueba de conocimientos. De ahí salió la lista corta para realizar la entrevista de esta lista corta, pues salieron diez personas y la entrevista que iniciaría ya el día de mañana es es una entrevista que se realiza frente a las Cortes, pero que tradicionalmente se ha hecho a puerta cerrada", comenzó explicando Mancera.Sobre esto último, que se realizan las entrevistas a puerta cerrada, dijo el coordinador que que desde la MOE han "insistido en la importancia de hacer pública estas entrevistas que se puedan escuchar las posturas, las posiciones que se tienen desde la Registraduría para lo que sería el desarrollo de las distintas elecciones".Por otro lado, en las elecciones de este cargo, por lo general, llegan cuestionamientos de diferentes secotores, como en el proceso pasado en el que salió elegido el registrador Vega, que partía como favorito en todo ese concurso.Por lo que, el coordinador de la MOE reconoció que en este proceso para la elección del próximo registrador nacional han habido problemas y que, por eso mismo, solicitan que haya transparencia."Desde la primera etapa que les mencionaba de la convocatoria pública, encontramos que fueron excluidas seis personas que posteriormente, vía recursos, fueron incluidas porque sí estaban cumpliendo los requisitos, entonces no había justificación para la exclusión. Después, cuando se iba a desarrollar la prueba de conocimiento, vimos algunos problemas en la medida que se necesitó suspender la prueba de conocimientos por presuntos problemas con el sistema, luego que se realizó la nueva prueba de conocimiento se presentaron algunos problemas con las respuestas", explicó el coordinador de la MOE."Entre el listado se encuentran varios exmagistrados del Consejo Nacional Electoral y pues lo que es José Joaquín Vives y Virgilio Almanza, que son quienes tuvieron las pruebas más altas de conocimientos. Pero también se encuentran exmagistrados del CNE, como Armando Nova, como Hernán Penagos; por ejemplo, un exregistrador delegado para la electoral que fue Jaime Hernando Suárez; son personas que han estado vinculados a la organización electoral desde ya hace varios procesos electorales anteriores", agregó.Asimismo, el coordinador Mancera se refirió a cuál es el tipo de presiones políticas detrás de estos cinco que, se dice, son los más opcionados para el puesto de registrador, y dijo que es "difícil caracterizar", pero es "un cargo que tiene una posibilidad de contratación bastante amplia"."Es difícil caracterizar o catalogar las presiones políticas, pero es un cargo que tiene una posibilidad de contratación bastante amplia solo para los procesos electorales. Estamos hablando de 935 millones de dólares sin contar todo lo que toda la contratación, que también viene con lo que es la identificación de las personas en el país. Entonces, por ejemplo, lo que vimos en este último proceso, que fue la implementación de la cédula digital, los cambios de documentación, esa contratación también pasa por la Registraduría. Entonces, de lo que estamos hablando es de un cargo que está administrando una alta carga de recursos de contratación por un lado", resaltó el coordinador."En este momento no tenemos, no tenemos como una información que nos pueda decir que ya hay una persona establecida. Hay unas personas que son destacadas, pero básicamente que por los resultados y por la visibilidad y el reconocimiento que tienen, que uno podría destacarlos, pero no podríamos decir desde la MOE que hay una persona, ya que va a ocupar el cargo, que es la más opcional", sentenció al respecto de si hay, o no, una persona ya definida para quedarse con el puesto.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Después del cierre de las urnas en las elecciones regionales, en diferentes partes del país, el orden público se complicó debido a las asonadas y amenazas constantes en las calles de los municipios donde se adelantan los escrutinios para definir quién fue electo para el periodo 2024-2027.Desde la Misión de Observación Electoral, MOE, indicaron que tienen un registro de 54 hechos de alteración del orden público, 40 de ellos relacionados con el proceso electoral y 14 manifestaciones desde el día sábado hasta el día lunes. Según la directora de la MOE, desde la semana anterior se tenían informes de Manaure, Guajira, debido a los altos niveles de polarización, y lo ocurrido en Gamarra, Cesar, que terminó con la muerte de una funcionaria de la Registraduría y otras dos personas quemadas."El día domingo se presentaron un total de 34 hechos. Dentro de estos, es completamente inaceptable la quema de la Registraduría de Chinú, en Córdoba, así como la destrucción de material electoral. Un ejemplo es lo ocurrido en Fonseca, Guajira, y diferentes tipos de manifestaciones", explicó Alejandra Barrios en diálogo con Blu Radio.Desde la Misión de Observación Electoral fueron claros en indicar que las asonadas, la quema de material y otros actos vandálicos que se presentaron durante los últimos días pueden resultar en acciones judiciales por parte de las autoridades, incluso con penas de cárcel."Con muchísima preocupación estamos viendo los hechos de violencia previos a las elecciones que se han presentado desde el día de ayer. El día lunes se produjo la quema de la Registraduría, lo cual es completamente condenable en Tiquicio, Bolívar, y en Manaure, Guajira. Es muy importante tener en cuenta que todas las alteraciones del orden público pueden generar judicialización, ya sea por perturbación del certamen democrático u otros delitos como el porte de armas y asesinato, como fue el caso en Gamarra", dijo Barrios.Frente a la destrucción del material electoral y las críticas a la Registraduría en el momento del escrutinio, fue clara al explicar que ese trabajo lo realizan los jueces de la República y no los funcionarios de la Registraduría."Es necesario también tener en cuenta que la Registraduría no realiza el escrutinio, son los jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos quienes lo llevan a cabo", aclaró Barrios.Insistió en que se debe preservar el material electoral para las respectivas reclamaciones y el recuento de votos, como se ha solicitado en otras ocasiones con el fin de esclarecer los resultados de las elecciones.Vea también
Una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas -dos de ellas policías- después de que una turba prendiera fuego este sábado a la sede local de la Registraduría Nacional en la localidad de Gamarra, en el departamento de Cesar.El ataque que destruyó la sede de la Registraduría, entidad que organiza las elecciones, ocurrió tan solo unas horas antes de que este domingo se abran las urnas para las elecciones locales y regionales en Colombia.Según las autoridades, la candidatura inhabilitada por el CNE es la de Fernando Márquez, del movimiento político En Marcha, por haber firmado contratos públicos el año antes de las elecciones.Las mesas electorales abrieron este domingo a las 8:00 de la mañana para las elecciones locales y regionales, que se celebran en un ambiente de tensión por un aumento de la violencia política.La directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró, minuto después de la apertura de las mesas de votación que preocupa que, hechos de violencia, como los de Gamarra, Cesar, se repitan en el marco de la jornada.Barrios rechazó el hecho que dejó una persona muerta, “rechazo contundente lo que pasó en Gamarra es absolutamente inaceptable lo que pasó en ese municipio y eso nos lleva a que la prioridad de los candidatos sea cómo va a ser el proceso de transmisión, pero sobre todo de recepción de la información de resultados electorales por parte de las diferentes candidaturas”, dijo.Y agregó: “nos preocupa que se repitan acciones o situaciones como las que se presentaron en Gamarra, que aprovecho para extender mi solidaridad y la solidaridad de la MOE a la familia y a todos los miembros de la Registraduría”.Este domingo, los colombianos están llamados a las urnas para elegir los alcaldes y gobernadores para el periodo 2024-2027, así como concejales, diputados y ediles, pero las elecciones se celebran en un clima de aumento de la violencia, a pesar de que hay vigentes ceses al fuego con dos grupos armados, el Estado Mayor Central y la guerrilla del ELN.Escuche la entrevista completa aquí:
Blu Radio conoció el documento, que ya cuenta con más de 120 firmas de senadores y representantes a la Cámara que respaldan la eliminación del artículo siete de la reforma a la justicia, que cabe recordar, busca la reducción a la mitad de la pena a los abusadores de niños y niñas.Hay que mencionar que esta controvertida propuesta se basa puntualmente en reducir las condenas para agresores de menores. Lo anterior bajo la premisa del Gobierno nacional, donde se argumentaba que penas más efectivas podrían combatir la impunidad.Recordemos que el asesinato de la niña Sofía Delgado, volvió a prender las alarmas en Colombia sobre este punto del proyecto que estaría en tránsito en el Congreso de la República.Por su parte, esta proposición cuenta con la firma de congresistas como David Luna, Juan Espinal, Catherine Juvinao, Carolina Arbeláez, Katherine Miranda, entre otros.Hay que dejar claro que lo que hace esta proposición no es eliminar el artículo de una vez, pero sí deja un precedente de que, al contar con tanto apoyo, al momento de ser votado, sí podría quedar eliminado este punto durante el debate. Especificando también que aún no hay ponencia y será en la comisión primera donde se discuta si se modifica dicho artículo mencionado anteriormente.
Avanzan las concentraciones en los municipios de Caucasia, Valdivia y Santo Domingo, Antioquia, donde cerca de 500 personas que dependen de la minería aseguran, en medio del paro minero, que hay incumplimientos por parte del Gobierno nacional, especialmente con la destrucción de la maquinaria amarilla por parte de las autoridades y la falta de formalización.De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, se registran dos bloqueos totales: uno en el sector Primax, donde hay 200 personas, cinco vehículos de carga y 50 vehículos represados; y el otro en la vía Caucasia - La Apartada, con aproximadamente 150 personas. A su vez, se presentan bloqueos intermitentes en sector Porcesito de la vía a Santo Domingo, con la presencia de 120 personas, cinco vehículos de carga, 15 de servicio público y 16 particulares; además, en Valdivia en el sector EDS Texaco, con el bloqueo de 150 personas.Anderson Quiceno, director nacional de la Asociación de Transportadores de Carga, manifestó que no solo el suelo antioqueño es donde más bloqueos se han registrado, sino que las pérdidas rondan los 800.000 millones de pesos para este departamento. También lamentó que los conductores sean intimidados para atravesar sus vehículos."Tampoco estamos bajo la línea de que se utilicen los vehículos de carga y pasajeros precisamente por quienes están bloqueando determinados puntos de las vías a que obligan a estos conductores a atravesar los vehículos y que estos sean amenazados, inclusive hasta con incendiarles el vehículo si no atraviesan los mismos", detalló el líder. Quiceno lamentó que Antioquia se vea tan afectada por los bloqueos, a pesar de que tiene condiciones de seguridad que pueden brindar algo de garantías para los transportadores. De otro lado, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón manifestó que maquinaria amarilla de la gobernación fue llevada al Bajo Cauca, para atender casos de árboles que bloquean la vía u otros elementos, como parte de esta manifestación."En el PMU estamos presentes, llevamos también unos frentes de maquinaria para el sector del Bajo Cauca, el Nordeste de manera especial para mirar en el momento en que requiramos de hacer alguna tensión por árboles que se tumben o alguna cosa, nosotros con la maquinaria y con el equipo podamos solucionar la transitabilidad pronto", .Finalmente, el vocero de los transportadores de carga le pidió al Gobierno nacional que de manera urgente active al máximo los estamentos de seguridad que tiene el Estado, para que se proteja la vida y el patrimonio, cada una de las mercancías que quedan en medio de los bloqueos por el paro minero.
Durante la inauguración de la Zona Verde de la COP16, el presidente Gustavo Petro aseguró que la tierra fértil en el Valle del Cauca está dedicada en un solo cultivo y está en manos de unos pocos propietarios y por eso, según él, los campesinos y los indígenas tiene que salir hacia las selvas, porque no tienen otra oportunidad para vivir.Finalmente, este martes, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, que hace parte de una familia propietaria de uno de los ingenios azucareros más importantes de la región, le respondió a Petro. El mandatario caleño dijo que el presidente desconoce el empleo y el bienestar que genera ese sector de la economía para el Valle y para el país."El comentario del presidente no es nada nuevo, los colombianos ya lo conocemos y creo que tristemente hay mucho desconocimiento de esta industria. No olvidemos que el Valle del Cauca se debe en la industria azucarera, que es la única industria circular que hay en Colombia", indicó.El alcalde Eder fue más allá y explicó que no es el azúcar el que está acabando con el medioambiente en el país, sino que son las economías ilegales las que golpean la biodiversidad y los ecosistemas."Si lo que nos preocupa es el medio ambiente, no olvidemos que el principal destructor del medio ambiente en Colombia son las economías ilegales como los cultivos de coca y la producción de cocaína", puntualizó. Mientras tanto, los gremios económicos del Valle también se unieron a la defensa del sector azucarero que genera más de 280.000 empleos para la región."El sector agroindustrial de la caña beneficia a más de 50 municipios, genera energías limpias a partir del bagazo de caña y esta generación de energías es suficiente para iluminar hogares y su propia operación", señaló Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del comité intergremial del Valle del Cauca.
Docentes en el departamento de Santander marcharán en apoyo al presidente Gustavo Petro, en contra del supuesto golpe de estado, en apoyo al estado social de derecho y la democracia y mejoras al sistema de Salud de los docentes.Heriberto Delgado, uno de los delegados del Sindicato de Educadores en Santander, hizo un llamado a que las empresas permitieran marchar a los trabajadores: “Vamos a defender la democracia las reformas sociales, la unidad y la paz del pueblo colombiano”, señaló.Así será la marcha de profesores en BucaramangaEl magisterio anunció que, por esta marcha, habrá cese de actividades de 24 horas, donde 250 mil estudiantes no tendrán clases en 87 municipios de Santander, se espera que cerca de 15 mil docentes marchen en Bucaramanga, a partir de las 2:00 de la tarde en el punto conocido como La Puerta del Sol, para tomar la vía principal de la Carrera 27 y llegar al centro de la ciudadAsí mismo Delgado ratificó que es necesario como lo dijo en su momento el presidente “Un golpe blando, donde la clase trabajadora respalde estas reformas que han sido bloqueadas por otros sectores.De igual manera, confirmó que en las cabeceras de provincias del Departamento se registrarán marchas como lo son San Gil, Socorro, Málaga, Barrancabermeja y Vélez, en respaldo a la marcha en la ciudad capital.Otro de los puntos importantes en la marcha del Sindicato de Educadores en Santander es la salud el magisterio por lo que exigen el pago de los operadores del servicio de salud y en especial a la auditoria de la empresa D&G para que cumpla con los pagos, y la Fiduprevisora, con una buena atención a los docentes
El reciente discurso del presidente Gustavo Petro en la inauguración de una zona verde en la COP16, en Cali, generó polémica. En su intervención, criticó abiertamente la industria azucarera, señalando que empresas hacen concentración de tierra que “excluye a los campesinos” y que el monocultivo de caña obliga a muchos a “desplazarse a zonas marginales”.Estas palabras, que representan una crítica contundente hacia un sector clave de la economía local, no tardaron en recibir respuesta. En este caso, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, se pronunció en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga y resaltó la importancia histórica y económica de la caña de azúcar en el Valle del Cauca."Este cultivo, la caña de azúcar en el Valle geográfico del río Cauca, es un cultivo especializado, un cultivo que durante 170 años se ha especializado y a pesar de que somos el 1.4 % de la producción mundial de caña y de azúcar, permanecemos gracias a esa ciencia, tecnología e innovación. Un cultivo que está en cinco departamentos, 51 municipios, 238.000 hectáreas que son propiedad de 11.000 familias en este Valle geográfico del río Cauca. El 75 % del área sembrada pertenece a esas 11.000 familias y el resto a 13 ingenios azucareros”, detalló.A pesar de las críticas, la industria azucarera ha tomado medidas importantes para mitigar su impacto ambiental, centrando esfuerzos en el uso sostenible del agua y la conservación de cuencas hidrográficas, según dijo."Estamos comprometidos con este sector, con el medio ambiente y con la gente, porque entendemos que el bienestar de nuestras comunidades es el bienestar nuestro, que, si cuidamos los recursos naturales, pues estamos haciendo también próspera esta agroindustria. Así que yo lo veo y quisiera mostrarlo en un tono muy positivo, esta agroindustria, sin duda alguna, piensa en el Valle geográfico del río Cauca y aquí estamos", añadió.Así, también destacó iniciativas recientes que buscan establecer corredores biológicos para conectar ecosistemas y fomentar la biodiversidad en la región. Sin embargo, la idea de que el monocultivo pueda generar un daño irreparable a la biodiversidad no puede ser ignorada.En ese sentido, la presidenta de Asocaña reafirmó el compromiso de la industria con prácticas más sostenibles."Nosotros en los últimos 10 años hemos venido reduciendo el consumo de agua para riego. Hoy podemos decir que nuestro consumo se ha reducido en el 50 % de lo que consumíamos hace un poco más de una década. De igual manera, hemos venido no solamente haciendo un uso racional y sostenible del agua, sino que hemos venido protegiendo y conservando las cuencas hidrográficas en un ejercicio que venimos haciendo hace 14 años en 26 cuencas hidrográficas, a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar", sostuvo.