Después del cierre de las urnas en las elecciones regionales, en diferentes partes del país, el orden público se complicó debido a las asonadas y amenazas constantes en las calles de los municipios donde se adelantan los escrutinios para definir quién fue electo para el periodo 2024-2027.
Desde la Misión de Observación Electoral, MOE, indicaron que tienen un registro de 54 hechos de alteración del orden público, 40 de ellos relacionados con el proceso electoral y 14 manifestaciones desde el día sábado hasta el día lunes. Según la directora de la MOE, desde la semana anterior se tenían informes de Manaure, Guajira, debido a los altos niveles de polarización, y lo ocurrido en Gamarra, Cesar, que terminó con la muerte de una funcionaria de la Registraduría y otras dos personas quemadas.
"El día domingo se presentaron un total de 34 hechos. Dentro de estos, es completamente inaceptable la quema de la Registraduría de Chinú, en Córdoba, así como la destrucción de material electoral. Un ejemplo es lo ocurrido en Fonseca, Guajira, y diferentes tipos de manifestaciones", explicó Alejandra Barrios en diálogo con Blu Radio.
Desde la Misión de Observación Electoral fueron claros en indicar que las asonadas, la quema de material y otros actos vandálicos que se presentaron durante los últimos días pueden resultar en acciones judiciales por parte de las autoridades, incluso con penas de cárcel.
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"Con muchísima preocupación estamos viendo los hechos de violencia previos a las elecciones que se han presentado desde el día de ayer. El día lunes se produjo la quema de la Registraduría, lo cual es completamente condenable en Tiquicio, Bolívar, y en Manaure, Guajira. Es muy importante tener en cuenta que todas las alteraciones del orden público pueden generar judicialización, ya sea por perturbación del certamen democrático u otros delitos como el porte de armas y asesinato, como fue el caso en Gamarra", dijo Barrios.
Frente a la destrucción del material electoral y las críticas a la Registraduría en el momento del escrutinio, fue clara al explicar que ese trabajo lo realizan los jueces de la República y no los funcionarios de la Registraduría.
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"Es necesario también tener en cuenta que la Registraduría no realiza el escrutinio, son los jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos quienes lo llevan a cabo", aclaró Barrios.
Insistió en que se debe preservar el material electoral para las respectivas reclamaciones y el recuento de votos, como se ha solicitado en otras ocasiones con el fin de esclarecer los resultados de las elecciones.
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