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El proyecto de ley que buscaba modificar algunas reglas de juego del sistema electoral colombiano no resistió la revisión de la Corte Constitucional, que decidió hundir el proyecto por vicios de procedimiento.
El texto, que analizaron los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo, acumulaba tres iniciativas de origen legislativo (dos de Senado y uno de Cámara) y buscaba enmendar el articulado que había sido objetado por el mismo tribunal en 2022 y que fue impulsado por el entonces registrador Alexánder Vega.
El proyecto de ley que tumbó la Corte este martes estuvo precedido por un intenso debate en el Congreso de la República por los costos fiscales.
El Ministerio de Hacienda estimó que implementar el Código Electoral costaría aproximadamente 10,5 billones de pesos.
Los costos incluyen 204.403 millones para delegados de la Registraduría, entre 639.000 y 698.000 millones para identificación biométrica y 93,4 millones por mesa para el voto electrónico mixto, según las observaciones que presentó a la Corte en 2023.
A eso se suma otras observaciones de organismo como la Misión de Observación Electoral (MOE) criticó varios artículos, destacando que catalogar las actividades de la Registraduría como de seguridad y defensa nacional restringe el acceso a la información y dificulta el control político.
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Además, la MOE señaló dificultades en auditar el software electoral y la falta de transparencia en sus resultados.
Por su parte, la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional avalar el proyecto, pero planteando que las inhabilidades para cargos públicos se limiten a condenas penales, excepto por delitos políticos. Esto excluye sanciones disciplinarias y fiscales como causales de inhabilidad.
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