A la Fiscalía y la Procuraduría han sido remitidas las denuncias ciudadanas presentadas al Gobierno sobre presunta compra de votos y constreñimiento al elector en el departamento de Sucre.La Superintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque, quien fungió como delegada de la Presidencia para las pasadas elecciones en Sucre, indicó que están investigando varios incidentes reportados en municipios como Ovejas y Guaranda."Se habló de compra de votos en el municipio de Ovejas, que estaban ofreciendo 200.000 pesos por el voto. En otro lugar, se está hablando de testigos electorales que se quitaban sus credenciales para después acompañar votantes de manera sistemática hasta las mesas de votación", dijo Rusinque."Es decir, toda una serie de conductas que hablarían de buscar, incidir, persuadir o constreñir al elector, que evidentemente son delitos, conductas que son sancionadas en nuestro régimen y que no podemos normalizar", agregó.Rusinque sostuvo que también han recibido denuncias sobre personas que habrían estado incidiendo en el voto de los adultos mayores, quienes inclusive habrían sido transportados por parte de funcionarios públicos hasta los puestos de votación. Advirtió que tienen en su poder documentos de prueba sobre los vehículos que eran utilizados para los traslados de estos adultos mayores.Desde la Misión de Observación Electoral en Sucre afirman que también recibieron múltiples denuncias sobre presunta compra de votos en Sincelejo y en los municipios de San Pedro, Betulia, Santiago de Tolú, Sincé y Corozal, además de las mencionadas poblaciones de Ovejas y Guaranda.La MOE indica que todas estas alertas circularon a través de su plataforma Pilas con el Voto, que es un mecanismo de recepción de denuncias en tiempo real conectado a la Unidad de Reacción Inmediata para Delitos Electorales, por lo que las autoridades fueron informadas “de manera oportuna” sobre estas irregularidades.
El Consejo de Estado anuló la elección de Elkin Reyes Plata como alcalde de Oiba, Santander, debido a la comprobación de delitos electorales. En fallo de segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que el alcalde debe apartarse del cargo y, en los próximos días, se definirá la fecha de las elecciones atípicas para elegir a su reemplazo.El pasado 26 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander había desestimado una demanda de nulidad contra la elección de Elkin Reyes Plata como alcalde de Oiba. El Consejo de Estado determinó que la elección de Reyes, debía ser anulada por irregularidades en el proceso electoral.El máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas, concluyó que existió una clara práctica de trasteo de votos en las elecciones locales de 2023, a través de la inscripción irregular de cédulas. Estas inscripciones fueron utilizadas para trasladar votantes de otras zonas hacia Oiba, lo que alteró el resultado de los comicios y constituyó una causal válida para la nulidad de la elección.Se comprobó que 117 personas no pertenecían al municipio y a estas, el Consejo Nacional Electoral les revocó su cédula por trashumantes, siendo así la diferencia con el otro candidato fue de 63 votos en el resultado de las elecciones para la Alcaldía de Oiba, Elkin Reyes obtuvo la victoria con 3.653, mientras Fredy Andrés Galvis obtuvo 3.590 votos, el Consejo de Estado determinó que se debe aplicar la nueva tesis jurisprudencial del "método de afectación ponderada" para evaluar el impacto de las irregularidades por trashumancia electoral.Con base en estos hechos, las autoridades electorales deben convocar a nuevas elecciones para elegir al próximo alcalde de Oiba. En su resolución, el tribunal revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, que había negado las pretensiones de la demanda, y ordenó la celebración de los comicios atípicos.Además, el Consejo de Estado hizo un llamado al Tribunal Administrativo de Santander para que, en lo sucesivo, aplique las reglas especiales que rigen el contencioso electoral, particularmente en cuanto a la acumulación de causales de nulidad.Blu Radio consultó a el abogado Carlos Alfaro, experto en derecho electoral, quién explicó que la práctica de trashumancia electoral fue uno de los factores clave en la nulidad. Según Alfaro, 117 personas vieron revocada su cédula por no poder demostrar que residían en el municipio: “Varios votantes fueron inscritos irregularmente, sin tener el arraigo necesario en la localidad, lo que violó la ley electoral”, aseguró el abogado.Contra este fallo definitivo, ya no cabe ningún recurso que permita a Elkin Reyes mantenerse en el cargo. La decisión queda en firme y, ahora, le corresponde al Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, designar un alcalde encargado para el municipio hasta la convocatoria de nuevas elecciones.
La Fiscalía General de la Nación reveló detalles de un entramado ilegal presuntamente implementado durante las elecciones locales del 29 de octubre del 2023 en Barrancabermeja, Santander. Según la investigación, el alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez, en colaboración con otras personas, habría entregado dinero y ofrecido prebendas a los votantes para asegurar su apoyo electoral, tanto para él como para otros candidatos de su grupo político.La investigación reveló que el mandatario habría pagado 100.000 pesos a cada votante a cambio de su apoyo en las elecciones locales. Además, el fiscal Joseph Berdugo afirmó que no contentos con esto comprometió cargos públicos y entregó material de construcción para influir en los resultados electorales.Las pruebas recopiladas indican que, durante el fin de semana de las elecciones, se alquilaron 17 inmuebles cerca de los puestos de votación, conocidos como ‘casas amigas’. En estos lugares, se habrían coordinado la entrega de refrigerios, agua y un pago de 100.000 pesos a cada ciudadano que comprometiera su voto por Vásquez Gómez y sus aliados.Asimismo, se presumen que se contactaron representantes comunitarios para movilizar a los electores a cambio de cargos públicos y otros beneficios. Se utilizó un sistema de fichas de colores y sellos neón para evitar pagar doble por el voto, y en algunos casos se solicitó a las votantes fotografías de los tarjetones electorales para garantizar que el dinero fuera entregado únicamente a quienes votaran por los candidatos seleccionados.Además del alcalde, la Fiscalía ha imputado a su hermano, Maycol Brandon Vásquez Gómez, y al concejal Ariel de Jesús Zambrano González, por su presunta participación en este esquema de corrupción. Los cargos incluyen concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo y constreñimiento al sufragante, a pesar de las pruebas los acusados rechazaron las acusaciones.El proceso judicial continuará, para comenzar la etapa de juicio y se espera que surjan más detalles a medida que avance la investigación.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo.“Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo. “El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio. La Administración Biden-Harris seguirá utilizando nuestras herramientas para exigir cuentas a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado.Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Estos actos, incluida la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial ganador, Edmundo González Urrutia, lo que lo obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España.Al mismo tiempo, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visas en virtud de la Proclamación Presidencial 9931 a funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión. Con estas nuevas restricciones de visas impuestas, casi 2.000 personas han sido objeto de restricciones de visas por su papel en el debilitamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos.FUNCIONARIOS VENEZOLANOS DESIGNADOSLas siguientes personas que obstruyeron la participación política democrática y socavaron el proceso electoral fueron designadas hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, “Bloqueo de la propiedad y suspensión de la entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”, en su forma enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores del Gobierno.Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta (Figueroa) es un juez que presta servicios en el TSJ alineado con Maduro desde 2014, actualmente en la Sala Constitucional del TSJ. Anteriormente, se desempeñó como magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ, según múltiples informes de prensa.Además, según la cobertura de los medios, en su calidad de juez del TSJ, Figueroa apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro ganó las elecciones. Figueroa participó en la revisión técnica pericial del TSJ en el CNE y estuvo involucrado en la citación de candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos al TSJ como parte del proceso de revisión electoral respaldado por Maduro. En 2019, Canadá sancionó a Figueroa por socavar la democracia.Malaquias Gil Rodríguez (Gil) es un juez que se desempeña como presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ; ocupa un cargo en el poder judicial desde 2010.Además, según fuentes de los medios de comunicación creíbles, Gil ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado. En 2018, Canadá sancionó a Gil por corrupción y violación de los derechos humanos.Juan Carlos Hidalgo Pandares (Hidalgo) es un juez que se desempeña como vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, Hidalgo se desempeñó como general de la Guardia Nacional Bolivariana y fiscal general de las fuerzas armadas.Además, según fuentes de los medios de comunicación, Hidalgo ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez (Rodríguez) encabeza el TSJ alineado con Maduro. Rodríguez ha sido presidenta del TSJ desde enero de 2024 y encabeza la Sala Electoral del TSJ.Además, según fuentes de los medios de comunicación, Rodríguez y la Cámara Electoral certificaron la afirmación infundada de Maduro de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de julio.Fanny Beatriz Márquez Cordero (Márquez) es la vicepresidenta del TSJ y miembro de la Cámara Electoral.Márquez estuvo entre los funcionarios de la Cámara Electoral que supervisaron el proceso de valoración técnica del material probatorio presentado por el CNE, las organizaciones políticas y los ex candidatos que participaron en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Varios medios de comunicación afirmaron que Márquez estuvo entre los funcionarios de la Cámara Electoral que certificaron la afirmación infundada de Maduro de haber ganado las elecciones.Edward Miguel Briceño Cisneros (Briceño) es el juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia alineado con Maduro con jurisdicción sobre terrorismo.Luis Ernesto Duenez Reyes (Duenez) es fiscal de la Fiscalía General de la República, alineada con Maduro. En su cargo, Duenez emitió la solicitud oficial de la orden de captura contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño. González huyó de Venezuela al exilio en España el 8 de septiembre.Rosalba Gil Pacheco (Gil Pacheco) es rectora del CNE y se desempeña desde 2023 como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, alineada con Maduro. También se desempeñó como secretaria de la Asamblea Nacional, alineada con Maduro, desde enero de 2021.Gil Pacheco ha obstruido la democracia al instituir una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, instituir irregularidades en el registro electoral y retrasar intencionalmente los procesos en los centros de votación. Además, Gil Pacheco declaró a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales sin publicar los resultados a nivel de distrito y sin realizar las auditorías requeridas del sistema de votación electrónica del país, entre otras irregularidades electorales, según informes de prensa ampliamente difundidos.Antonio José Meneses Rodríguez (Meneses) es el Secretario General del CNE desde agosto de 2023.Según informes de prensa, Meneses instituyó una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y retrasando intencionalmente los procesos en los centros de votación. Antes de servir en el CNE, también firmó el documento de la Contraloría que confirma la inhabilitación de Machado.Dinorah Yoselin Bustamante Puerta (Bustamante) es una fiscal que se desempeña en el Juzgado Primero Especial de Primera Instancia de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) alineada con Maduro.Además, según fuentes de los medios de comunicación, Bustamante obstruyó la democracia y el estado de derecho al iniciar procesos penales con motivaciones políticas, que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional de 2015 reconocida por Estados Unidos y otros funcionarios opuestos a Maduro. La Unión Europea, el Reino Unido y Suiza sancionaron a Bustamante en 2020 según las bases de datos de sanciones.Pedro José Infante Aparicio (Aparicio) se desempeña como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional alineada con Maduro. También se desempeñó como presidente de la Comisión Especial de Investigación y Procesamiento de Partidos de Oposición y Representantes de la Legislatura 2016-2021 por el Despojo y Robo de CITGO como parte de la campaña “Furia Bolivariana” lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática. En ese cargo, la comisión citó a varios miembros de la oposición en procesos aparentemente con motivaciones políticas.Domingo Antonio Hernández Larez (Hernández) es el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), alineada con Maduro, en el cargo desde julio de 2021. Hernández se desempeñó anteriormente como Comandante de la Región Estratégica de la Capital de Defensa Integral (REDI Capital).Hernández fue denunciado por un defensor de derechos humanos en 2019 como represor de parte de Maduro debido al aumento de la represión y el hostigamiento sistemático por parte de los organismos de inteligencia y seguridad registrados en las zonas bajo su control. Además, según diversas piezas de prensa, la FANB ha llevado a cabo actos de represión contra los venezolanos, incluidas detenciones arbitrarias y amenazas a quienes participan en protestas pacíficas.Elio Ramon Estrada Paredes (Estrada) es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), alineada con Maduro, en el cargo desde julio de 2023. En ese cargo, Estrada lidera la Dirección Antiterrorista de la GNB que realiza labores de inteligencia para detectar y capturar a los involucrados en presuntos planes desestabilizadores y otros delitos.Bajo el mando de Estrada y antes de las elecciones, la GNB hostigó y detuvo a venezolanos bajo sospecha de apoyar materialmente a Machado en la campaña electoral, según numerosas fuentes de noticias. Estrada lideró a la GNB en la detención de miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio.Johan Alexander Hernández Larez es el comandante de la REDI Capital de la GNB. Larez fue anteriormente el general de división de la Zona de Defensa Integral del Estado Miranda, o Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Miranda, comúnmente conocida como ZODI Estado Miranda.Asdrúbal José Brito Hernández es el director de Investigaciones Criminales de la DGCIM. Brito fue anteriormente el director de contrainteligencia del destacamento presidencial.Brito es identificado como un torturador en los informes de las Naciones Unidas y, según múltiples artículos de prensa, la DGCIM ha liderado una campaña coordinada de “Operación Toc Toc” para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones.Miguel Antonio Muñoz Palacios (Muñoz) es el subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), un servicio de inteligencia alineado con Maduro, desde 2021.El SEBIN ha llevado a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de opositores por parte de Maduro.Escuche aquí el informe:
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela informó este jueves que ha citado, por tercera vez, para el viernes, al abanderado de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia, en el marco de una investigación en su contra relacionado a la denuncia de fraude electoral que ha hecho el antichavismo."Citado por tercera vez Edmundo González Urrutia para que asista el viernes al Ministerio Público", indicó la institución en una publicación en Instagram, donde publicó la boleta de citación.La Fiscalía advirtió que, de no asistir nuevamente en la fecha indicada, le será "librada una orden de aprehensión respectiva" al considerar que se "encuentra en presencia de peligro de fuga".La investigación en contra de González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web, en la que el antichavismo asegura haber cargado "el 83,5 % de las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, según el MP.El mayor bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de "falsas", después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.Por ello, la Fiscalía citó al abanderado de la PUD -en primera instancia para el lunes pasado y, al no asistir, lo convocó para el martes, que tampoco se presentó- por "la presunta comisión los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración".El miércoles, el fiscal general, Tarek William Saab, explicó que la jurisprudencia venezolana permite que una persona pueda ser citada hasta en tres ocasiones."Hay una tercera citación que le vamos a enviar. Son tres, según la jurisprudencia de la Sala Penal. Una persona puede estar citada hasta en tres oportunidades para, en este caso, en su calidad de investigado, rendir declaración sobre un proceso en curso (...) que también vincula desobediencia a las leyes", dijo Saab en declaraciones a los medios.El pasado domingo, a través de un video publicado en redes sociales, el exembajador expresó que el MP lo "pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos".A su juicio, el fiscal general "se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político", ya que -aseveró- "condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso".
En un fallo de primera instancia, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, absolvió este jueves al empresario Julio Gerlein Echeverría, de la acusación que se le había hecho por presuntamente hacer parte de una red de corrupción electoral, por la que la exsenadora Aida Merlano Rebolledo ya fue condenada.El empresario había sido acusado de los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, en el marco de las elecciones al Congreso del año 2018.Gerlein fue señalado en el proceso de haber entregado millonarias sumas de dinero para financiar la campaña de Aida Merlano, capturada ese año en una operación que se denominó ‘La Casa Blanca’.El abogado Jaime Lombana, quien ejerció la defensa de Julio Gerlein, indicó que durante la audiencia de lectura de sentido de fallo, el juez consideró entre otras cosas, que no existía un elemento que cumplieran el nivel probatorio para llegar a una condena.“Después de muchos años de prácticas probatorias donde ningún testigo dijo haber visto a Julio haciendo parte de la organización criminal, un juez le dio el sentido de fallo absolutorio de la acusación que se le había hecho al ingeniero. En el sentido del fallo determina que no se probó que el ingeniero Julio Gerlein hubiera hecho un acuerdo criminal con la familia Char, que no se probó que el ingeniero hubiese estructurado una organización criminal de compra de votos y qué hubo declaraciones contradictorias y además no existía un elemento que cumpliera el nivel probatorio para una sentencia condenatoria”, dijo Lombana.Ahora el empresario deberá esperar una nueva audiencia programada para el próximo 9 de septiembre donde el juez dará a conocer la sentencia, por cuanto la decisión podría ser apelada.
En una señal de preocupación por la situación política en Venezuela, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, han expresado su rechazo categórico a los resultados de las recientes elecciones en el país vecino, calificándolas de fraudulentas.A través de su cuenta en la red social X, el alcalde Beltrán manifestó lo siguiente:“Es lamentable lo que está viviendo en este momento el pueblo venezolano con unas elecciones claramente fraudulentas. Manténganse unidos porque solo así se puede enfrentar la injusticia y la lucha por la libertad. Bucaramanga y Colombia están con Venezuela".Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz también expresó su descontento y preocupación: “Fuerza Venezuela”, escribió.Ambos mandatarios locales han destacado la importancia de la unidad y la solidaridad internacional frente a situaciones de injusticia y han reafirmado su apoyo a los ciudadanos venezolanos.Venezolanos en Bucaramanga rechazan resolución del Gobierno que les exigiría pasaporte "Todos los gobernantes locales y nacionales en Latinoamérica debemos rechazar un posible fraude electoral en Venezuela. Es evidente que el pueblo eligió y quieren arrebatarle el anhelo de cambio. ", advirtió el alcalde Jaime Andrés Beltrán.Estas declaraciones se suman a una serie de reacciones tanto a nivel nacional como internacional que condenan el proceso electoral en Venezuela, señalado por diversas organizaciones como manipulado y carente de transparencia.
Donald Trump orquestó un "plan delictivo" para cometer un "fraude electoral" en 2016, aseguró este lunes 22 de abril, la Fiscalía en el primer juicio penal a un expresidente estadounidense, quien aspira a volver a la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre.El magnate republicano "orquestó un plan delictivo para influir en la elección presidencial de 2016", sostuvo el fiscal Matthew Colangelo en la presentación oral de la causa en el Tribunal Supremo de Manhattan."Fue fraude electoral, pura y simplemente", dijo a los 12 jurados -y seis suplentes-, que al término de unas seis semanas de juicio tendrán que emitir un fallo unánime que sellará el futuro del político posiblemente más controvertido de la historia moderna del país.El 45º presidente, de 77 años, está acusado de 34 delitos de fraude contable para encubrir el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels con el fin de silenciar un supuesto encuentro sexual ocurrido una década antes, en la recta final de la campaña de 2016 que le llevó sorpresivamente a la presidencia.Si es declarado culpable, Trump podría ser condenado hasta cuatro años de cárcel e incluso ser despojado de su derecho a voto. Si ganara la elección de noviembre contra el aspirante demócrata, el actual presidente Joe Biden, podría convertirse también en el primer mandatario que gobierna desde una cárcel."No se trataba de una estrategia de comunicación, sino de un plan coordinado como parte de una larga conspiración (...) para ayudar a elegir a Donald Trump", dijo el fiscal."Es democracia"Para el abogado de la defensa Todd Blanche, "no hay nada malo en intentar influir en unas elecciones. Se llama democracia".Tras decirle directamente a los miembros del jurado que Trump "es una persona como usted y como yo", el "presidente" está "revestido de inocencia", sostuvo.El fiscal Alvin Bragg de Manhattan, dijo, "nunca debería haber realizado este juicio" y arremetió contra la credibilidad de los que le acusan, en particular su exabogado personal Michael Cohen.La acusación tendrá que demostrar que Trump orquestó o al menos autorizó a Cohen, el principal testigo de la causa, para que pusiera de su bolsillo el dinero para la exactriz Stormy Daniels, que después le fue devuelto en pagos fraccionados disfrazados como gastos legales, por lo que se declaró culpable y fue condenado a 3 años de cárcel en 2018. Además perdió su licencia de abogado.En la causa, la fiscalía también incluye otros acuerdos similares al de Daniels para tapar otros potenciales escándalos como el de una antigua modelo de la revista Playboy y un conserje que contó que Trump había tenido un hijo fuera del matrimonio.El primero testigo en subir al estrado antes de aplazar el juicio hasta este martes a las 9h30 de la mañana (hora local) fue David Pecker, expresidente de la empresa editora del tabloide National Enquirer, viejo amigo de Trump y ahora enemigo, que compró para enterrarlas, historias susceptibles de afectar al magnate durante su campaña electoral."Día triste para Estados Unidos" El multimillonario republicano, que se siente víctima de una "caza de brujas" y tilda el juicio de "engaño", se lamenta de que mientras su rival, el presidente demócrata Joe Biden, hace campaña, él debe acudir cada día a la vetusta sala del tribunal de Manhattan.A su llegada al tribunal, Trump tildó el juicio de "interferencia electoral". "Es un día triste para Estados Unidos", agregó."Va a ser el juicio más extraordinario probablemente de la historia del país. Lo que está en juego es casi infinito en términos de lo que podrían ser las consecuencias" para el magnate, declaró a la AFP el antiguo fiscal y actual profesor de derecho de la Universidad Pace de Nueva York, Bennett Gershman.Trump, que durante su presidencia sobrevivió a dos intentos de destitución, también se enfrenta a otras tres causas penales, dos de ellas por cargos, mucho más graves, como intentar anular su derrota electoral de 2020 y por la gestión de documentos secretos tras abandonar la presidencia, que se han retrasado tanto que es poco probable que se celebren antes de las elecciones.
La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a ocho jurados de votación que habrían votado dos veces en las elecciones de 2022, al parecer, votaron en la mesa a la que fueron asignados y en los puestos donde estaban inscritas sus cédulas. Estas ocho personas deben responder por el delito de voto fraudulento.Para el ente acusador, al parecer, los jurados de votación en su ejercicio transitorio de servidores públicos transgredieron lo dispuesto en el Código Electoral, que indica a los jurados que solo pueden votar en el punto en el que prestan su servicio.Los citados a formulación de cargos son:Jaider Enrique Guisamo España, jurado en Tumaco (Nariño).Paula Andrea Guerra de la Ossa y Jairo Gabriel Paz Ballesteros, jurados de votación en Montería (Córdoba). Daza Muñoz y Jhon Wilton López Benavides, jurados en Argelia (Cauca).Yira Marcela Vargas Mora y Angélica María Acevedo Gómez, jurados en PuertoEscondido (Córdoba).Carina Margarita Pulido Villamil, jurado en Zona Bananera (Magdalena).Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputará a estas personas el delito de voto fraudulento. Las audiencias se realizarán en las fechas que fije la Judicatura.Le podría interesar:
Autoridades ultiman detalles en Antioquia de cara a la segunda vuelta presidencial: evalúan medidas de seguridad en el Norte y Nordeste en medio de denuncias por constreñimiento y alistan logística en las zonas más alejadas, como el corregimiento Puntas de Ocaidó en Urrao. El PMU nacional se instala este martes en Bogotá.Luego de que el gobernador Andrés Julián Rendón indicara que hay presuntas denuncias de constreñimiento electoral en Angostura y Campamento, en el Norte de Antioquia, las autoridades continúan evaluando medidas para garantizar el derecho al voto de los habitantes de zonas como Norte, pero también el Nordeste del departamento.En su visita a Medellín, el registrador nacional Hernán Penagos indicó que sigue habiendo las mismas alertas electorales, identificadas por el Ministerio de Defensa, en 29 municipios en el país, entre ellos los ubicados en el Catatumbo y el Nordeste de Antioquia. Por ello, este martes se instalará el PMU, que se hará de manera anticipada justamente para revisar estas alertas.“vamos a instalar el puesto de mando unificado para que garantizar el traslado del material electoral con la presencia de la fuerza pública, la presencia perimetral del ejército, de la armada o de la policía en esos puestos de votación que garantice no solamente que los actores electorales tengan seguridad, me refiero a votantes, festivos y jurados, sino que la ciudadanía pueda votar libremente”, afirmó.A nivel regional, el delegado Diego Sepúlveda confirmó que aunque las denuncias de estas subregiones deben ser resueltas por Ejército y Policía, quienes dictarán las medidas si es del caso, esto se adelantará hasta el último comité electoral previo a la jornada. De momento, los esfuerzos se concentran en la logística para llevar el material a los municipios, la cual inicia los primeros días de esta misma semana en municipios no zonificados, es decir los más pequeños, que no registran más de 20.000 cédulas en el censo electoral.Frente a las novedades que se registraron en el corregimiento Puntas de Ocaidó, en Urrao, la única localidad que arrancó cerca de dos horas después las votaciones de primera vuelta, indicó que se espera que esta vez las condiciones del clima sean favorables para inciar a tiempo.“Urrao siempre ha tenido esa esa situación y es como ese puesto, ese helicoportado, siempre los problemas climáticos nos hacen iniciar el proceso electoral un poquitico más tarde, pero ya es, digamos, como que se normalizó ese ese tema aclarando que antes se hacían los tres corrimientos, Punta de Ocaído, Mande y Nendó, se hacían helicoportados. Ahorita solamente estamos haciéndole Punta de Ocaído”, aseguró.De momento sigue sin haber traslados de puestos de votación por razones de orden público. En lo que sí hubo cambios en primera vuelta, que persisten para esta ocasión, es en los mismos ocho puestos de votación en Medellín, Cañasgordas, Salgar, Remedios, Ituango, Betania, Campamento y Urrao, debido a afectaciones en infraestructura; además, se cerró un puesto en la cárcel del municipio de El Bagre por falta de votantes, confirmaron las autoridades.Según destacó la Registraduría, el material electoral es custodiado todo el tiempo para evitar que llegue a manos de otras personas antes de la jornada, y para el caso de Medellín, su área metropolitana y los municipios antioqueños más grandes la distribución comienza a las 3:00 de la mañana del mismo domingo. El departamento cuenta con 14.309 jurados de votación, 1.280 puestos y 15.800 mesas habilitadas para un total de 2.796.016 mujeres y 2.608.910 hombres aptos para votar, para un censo total de 5.404.926 personas.
Una jueza de control de garantías negó la solicitud de medida de aseguramiento en cárcel contra el cantante de música urbana Blessd y otras tres personas de su equipo. La decisión judicial se tomó dentro de la investigación por una denuncia de presunto secuestro ocurrida en Medellín, luego de que el despacho asegurara que no hubo inferencia razonable sobre el delito de secuestro extorsivo.La funcionaria judicial desestimó los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, la cual buscaba privar de la libertad al cantante argumentando la gravedad de las denuncias interpuestas en su contra.La Fiscalía había solicitado la detención intramural de Blessd y de varios miembros de su equipo de trabajo, incluido su mánager conocido como 'Dímelo Jara'. El ente acusador argumentaba que la medida era necesaria debido a la presunta reiteración de conductas similares, aclarando que el requerimiento no obedecía a antecedentes penales, ya que el procesado no registra capturas previas.La petición de la delegada de la Fiscalía buscaba garantizar la comparecencia de los ciudadanos y la protección de la comunidad, desestimando opciones menos gravosas como la detención domiciliaria. Sin embargo, la jueza de garantías consideró que los elementos presentados no fueron suficientes para demostrar la existencia del delito imputado en esta etapa procesal.Cuáles son las denuncias que investiga la Fiscalía contra BlessdEl caso principal por el cual se originó la audiencia corresponde a la denuncia de Andrés Felipe Sánchez, conocido como "Yo me llamo Ozuna", quien acusó al artista de retención ilegal y amenazas en la capital de Antioquia.A este expediente la Fiscalía le sumaba un segundo hecho que involucra al cantante Pirlo y a integrantes de su equipo de trabajo. Según la hipótesis del ente acusador, estas personas habrían sido retenidas, amenazadas y despojadas de sus celulares en medio de una disputa por el supuesto robo de unas joyas pertenecientes a Blessd, episodio en el cual incluso se denunció la realización de pruebas de sangre sin consentimiento. Tras la decisión de la jueza, los procesados afrontarán la investigación en libertad.
La protección de perros y gatos en Funza da un paso significativo con la puesta en marcha del primer Punto Fijo de Esterilización Animal de carácter municipal en Colombia, una iniciativa que busca garantizar el bienestar de los animales de compañía mediante servicios permanentes, gratuitos y respaldados por personal especializado.Este nuevo espacio, impulsado por la Alcaldía de Funza, representa un avance en las políticas públicas orientadas al cuidado animal y al control responsable de la población de perros y gatos. Además, posiciona al municipio como referente nacional en la implementación de estrategias enfocadas en la protección de los animales domésticos.Un proyecto alineado con la Ley SalvaLa apertura de este centro adquiere especial importancia en el contexto de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Salva, que establece que los municipios de primera categoría deberán contar antes de 2027 con programas permanentes de esterilización y la infraestructura necesaria para desarrollarlos. Con esta iniciativa, Funza se adelanta al cumplimiento de dicha normativa y consolida una solución de largo plazo para promover el control ético y responsable de la población animal.Durante la inauguración, la alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago destacó que este proyecto responde a un compromiso adquirido con la comunidad y busca brindar a las mascotas un servicio en condiciones adecuadas, con atención profesional y acompañamiento durante todo el proceso.Uno de los aspectos más destacados del nuevo Punto Fijo de Esterilización Animal es la incorporación de tecnología que normalmente no está presente en jornadas masivas de este tipo. El centro utilizará anestesia inhalada para los procedimientos gratuitos, una herramienta que permite incrementar la seguridad anestésica, disminuir riesgos quirúrgicos y facilitar una recuperación más rápida de los pacientes.Monitoreo permanente durante las cirugíasLas intervenciones también estarán respaldadas por equipos multiparámetros que permiten monitorear en tiempo real los signos vitales de cada animal durante la cirugía. Gracias a este sistema, el personal veterinario podrá responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad y garantizar un mayor nivel de seguridad durante los procedimientos.Recuperación y seguimiento posteriorEl modelo implementado por el municipio no se limita al acto quirúrgico. El centro dispone de áreas adecuadas para la recuperación de los pacientes y contempla un esquema de seguimiento posterior que permitirá acompañar a los cuidadores responsables después de cada intervención. Este proceso incluye la verificación de la evolución de las mascotas y la atención oportuna de recomendaciones médicas cuando sea necesario.De esta manera, la estrategia busca promover una atención integral que contribuya a una recuperación segura y refuerce las prácticas de tenencia responsable dentro de la comunidad.El Punto Fijo de Esterilización Animal opera bajo protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección establecidos por la normativa vigente. Asimismo, las instalaciones cuentan con concepto favorable de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) por parte de la Secretaría de Salud, lo que certifica el cumplimiento de los requisitos técnicos, sanitarios y ambientales exigidos para este tipo de servicios.Un nuevo modelo para acceder a las esterilizacionesLa Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal será la entidad encargada de liderar la operación del servicio. Con este sistema se dejarán atrás las filas y las jornadas masivas tradicionales para dar paso a un esquema basado en inscripción y agendamiento previo. El objetivo es ofrecer una atención más organizada, reducir los tiempos de espera y garantizar mejores condiciones para cada animal atendido.El nuevo mecanismo permitirá que cada procedimiento sea realizado bajo un proceso estructurado y acompañado por profesionales especializados en todas las etapas de la atención.
Rechazo e indignación ha generado en Neiva la violenta agresión de la que fue víctima una adulta mayor durante un intento de hurto en el barrio Los Parques de la comuna ocho, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad.Según se conoció, el caso ocurrió cuando el presunto delincuente, que habría ingresado a la vivienda por el techo y al ser sorprendido por la mujer de 72 años, reaccionó de manera violenta antes de emprender la huida. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la violencia con la que actuó el presunto delincuente.“Una señora de la tercera edad resultó lesionada en su residencia. Los hechos se registraron en el barrio Los Parques, de la comuna Ocho de Neiva, cuando un presunto ladrón ingresa por el techo de la vivienda y, al ser sorprendido por la víctima, la agrede y emprende la huida”, señaló el coronel Héctor Jairo Betancourth, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Tras conocer el caso, las autoridades activaron un operativo que incluyó la revisión de cámaras de seguridad, labores de vecindario y la recolección de información en el sector. Gracias a estas acciones, el presunto agresor fue ubicado horas después en el barrio Versalles.“Una vez se verifican las grabaciones del hecho y ante lo aberrante de las mismas, se activan todas las capacidades institucionales, logrando la ubicación del presunto agresor”, indicó el oficial.El presunto responsable fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial en su contra.
En un informe que ha encendido las alarmas sobre la integridad del proceso democrático en Colombia, el Centro de Estudios sobre la Paz de la Universidad Externado de Colombia reveló la existencia de una “votación atípica” en 22 municipios del país. Durante la primera vuelta presidencial, se identificaron mesas donde un solo candidato obtuvo el 100% de los sufragios, un fenómeno que, según los expertos, exige una intervención inmediata del Estado para prevenir el constreñimiento electoral.Andrés González, director del centro y exministro de Justicia, explicó en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que el hallazgo se concentra principalmente en el andén del Pacífico, abarcando departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y el Valle del Cauca. "El hecho de partida lo constituye un conjunto de mesas de votación en las cuales el 100% de los votos que aparecen en algunas de las mesas son depositados por los sufragantes para un solo candidato", señaló el académico.Factores de riesgo y “gobernanza mafiosa”Para los investigadores del Externado, estos resultados no pueden leerse de forma aislada. La confluencia de factores como la ausencia de presencia institucional, la proliferación de economías ilícitas y, sobre todo, la dominación de grupos armados organizados crea un entorno propicio para la manipulación.González enfatizó que, en estas zonas, los grupos armados no solo actúan como actores violentos, sino que ejercen una "gobernanza mafiosa". "Hay lugares en los cuales los grupos armados determinan quién entra o quién sale del municipio, los carnetizan, ejercen regulaciones, piden normas, incluso resuelven casos de justicia. Es decir, hay una gobernanza mafiosa en la cual esos grupos sustituyen al Estado", advirtió el director.El informe destaca casos preocupantes en municipios como Alto Baudó, donde 22 mesas registraron resultados unánimes, así como situaciones similares en Bojayá (9 casos), Guapi (10 casos) y Timbiquí (11 casos). Incluso en Buenaventura se detectaron dos mesas donde más de 200 votos fueron dirigidos hacia una sola opción política, el Pacto Histórico.Hipótesis sobre la coacción electoralAnte la pregunta de si los grupos armados están obligando a los ciudadanos a votar por candidatos específicos, González fue cauteloso pero contundente al plantear las hipótesis. "Una es que los grupos armados están ejerciendo influencia en la voluntad electoral por la gobernanza y el control territorial que ejercen. En especial, subrayaría yo, es en los casos en que esos grupos ejercen un control hegemónico", explicó.No obstante, el académico también reconoció que, aunque menos probable en estas condiciones, no se puede descartar del todo una tendencia política histórica en ciertas regiones, la cual requiere un análisis cultural más profundo. Sin embargo, el riesgo de constreñimiento es la principal preocupación debido a la presencia activa de estructuras como el Clan del Golfo, el ELN y diversas disidencias de las FARC, que operan en los territorios mencionados.Necesidad de intervención institucionalEl Centro de Paz del Externado hizo un llamado urgente a las autoridades electorales, especialmente a la Procuraduría General de la Nación, para que realicen investigaciones precisas y actúen con fines preventivos. González insiste en que no se trata de una tarea para el día de las elecciones, sino de una labor de seguimiento constante."Es muy importante la presencia de la Procuraduría, la presencia de la observación electoral tanto de organizaciones nacionales como internacionales, y algo muy importante: la articulación de la nación con los departamentos para prevenir", concluyó. La integridad de las elecciones futuras depende, según el experto, de la capacidad del Estado para recuperar el control territorial y garantizar que el voto sea un ejercicio libre y exento de presiones violentas.
