Secretaría de Movilidad defiende consultas al RUNT tras investigación de la Contraloría de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad se pronunció luego de que la Contraloría de Bogotá abriera un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $6.501 millones, relacionado con los pagos realizados por consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) entre 2021 y 2024.

A través de un comunicado, la entidad aclaró que la decisión del organismo de control corresponde únicamente a la apertura de una actuación fiscal y enfatizó que, por ahora, no existe una determinación de fondo sobre la existencia de un daño al patrimonio público ni sobre la responsabilidad de las personas vinculadas al proceso.

"La actuación se encuentra en una etapa inicial", señaló la Secretaría, que además aseguró que entregará toda la información requerida y colaborará con la Contraloría para que la investigación avance con transparencia.

La entidad también explicó que las notificaciones fueron dirigidas a exdirectivos y contratistas que desempeñaron funciones durante el periodo analizado, quienes podrán ejercer plenamente su derecho a la defensa conforme a la legislación vigente.

Frente al fondo de la investigación, la Secretaría sostuvo que las consultas al RUNT hacen parte de procedimientos contemplados en la normativa para el ejercicio de las funciones de control, la imposición de comparendos y otros trámites de tránsito.

En ese sentido, dice la entidad que las consultas realizadas corresponden al acceso a datos oficiales específicos y no pueden equipararse con las consultas gratuitas disponibles para los ciudadanos.

Dicho proceso fue abierto después de que la Contraloría de Bogotá estableciera que entre 2021 y 2024 la Secretaría Distrital de Movilidad realizó 5.467.476 consultas al RUNT, por las cuales se pagaron $6.501.689.565 con recursos públicos, a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

Según el organismo de control, parte de la información obtenida mediante esas consultas también estaba disponible en plataformas internas de la entidad, como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON, lo que llevó a cuestionar la necesidad de incurrir en esos gastos.

La investigación busca determinar si esos pagos se ajustaron a los principios de economía, eficiencia y necesidad del gasto público o si, por el contrario, ocasionaron un presunto detrimento patrimonial para el Distrito.

El gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, Juan Camilo Corredor Pardo, indicó que el objetivo del proceso es establecer si existió una afectación a los recursos públicos y definir las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Dentro de este proceso fueron vinculados varios exsecretarios y exfuncionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como un directivo de ETB.