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Alcaldes del Caribe piden a la Corte mantener decreto de emergencia por daños que dejó frente frío

Los mandatarios solicitaron formalmente a la Corte una audiencia en la que puedan ser escuchados, al considerar que los decretos garantizan las acciones de recuperación en sus territorios.

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Alcaldes de municipio de la Región Caribe.
Foto: suministrada

Alcaldes de municipios del Caribe afectados por el frente frío hicieron un llamado urgente a la Corte Constitucional para que analice con criterios técnicos los decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica expedidos por el presidente Gustavo Petro. Piden que estos se mantengan vigentes para poder avanzar en la recuperación de sus territorios.

Los mandatarios locales advirtieron que si bien el agua ha empezado a retirarse de varios municipios, estos siguen en emergencia y sin recursos para poder superar la crisis y avanzar en la reconstrucción, sobre todo porque las inundaciones no solo dañaron viviendas que deben ser reconstruidas, sino que también afectaron canalizaciones de arroyos, vías, acueductos y alcantarillados.

Hugo Armando Pinedo, alcalde de Ayapel advirtió que de levantarse estos decretos se afectaría la capacidad institucional para reconstruir las poblaciones afectadas.

"Hoy le imploramos, le pedimos con todo respeto que examinen bien la decisión que van a tomar y que mantengan en firme este decreto de emergencia social, económica y ambiental, que es la esperanza que tenemos los alcaldes de Córdoba y de estos otros departamentos para la reconstrucción de nuestro territorio, para la reconstrucción de nuestra economía, de nuestras vías", expresó Ponedo.

Los frentes fríos dejaron más de 120 mil familias damnificadas en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.

El llamado de los alcaldes a la Corte Constitucional se produjo en medio de un foro de recuperación temprana que se celebró este martes en la ciudad de Montería, en el que también participó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

El alto funcionario respaldó el llamado de los mandatarios regionales y advirtió que tumbar los decretos afectaría a más de 120 mil familias damnificadas en ocho departamentos del país.

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