Se trata del Decreto 499, en el que quedó estipulado que las entidades estatales, en el contexto de inmediatez que demanda la situación del coronavirus, podrán contratar directamente a proveedores extranjeros para adquirir dispositivos médicos y elementos de protección personal, con el fin de agilizar los procesos sin necesidad de recurrir al estatuto general de contratación pública.
De esta manera, sin ese procedimiento que en ocasiones resulta engorroso y lento, algunos equipos que podrán llegar al país están nebulizadores, básculas para bebés, monitores de signos vitales, electrocardiógrafos, desfibriladores, balas de oxígeno y, entre otros, las necesarias camas hospitalarias y ventiladores.
“Tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo y agremiaciones de talento humano en salud. Se plantearon muchas necesidades de cara a la contención y atención del COVID-19, entre ellas, la de mejorar las condiciones para que las IPS, EPS o en general las prestadoras de servicios de salud pudiesen agilizar la compra de equipos de protección para el personal de la salud”, explicó el senados Santiago Valencia.
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El congresista hizo alusión, además, al Decreto 500, en el que el Gobierno adopta medidas de orden laboral, que tienen que ver con la destinación de los recursos de cotizaciones a las administradoras de riesgos laborales de carácter público, en el marco del estado de emergencia por el COVID-19.
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“Esto, sacándolo del estatuto de contratación y sujetándolo a las normas de derecho privado, hace que se hagan más eficientes”, explicó el senador.
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