El abecé de la reforma a la salud

En el proyecto quedó establecido que el Ministerio de Salud deberá formular un plan nacional de salud pública cada cinco años y que uno de sus puntos centrales será la promoción y prevención en los riesgos de salud con metas a nivel nacional y territorial.

También se estableció en el proyecto de ley que el ministerio, junto a las secretarías de Salud, deberán definir cuáles son las acciones que serán cubiertas y el plan de acción que se actualizará cada dos años con el fin de verificar las metas y objetivos establecidos.

Así mismo, las secretarías de Salud tendrán la tarea de construir planes territoriales que deberán incluir los principales riesgos epidemiológicos y, sobre estos, acciones promocionales con indicadores que se apliquen a cada municipio.

Las aseguradoras de salud tendrán la tarea de ayudar a cumplir el plan en todo el territorio nacional con el fin de garantizar el servicio a toda la población; si la aseguradora incumple con alguna de las metas, se puede ver afectado el pago a la IPS e, incluso, se le podría retirar el servicio de especialidad que presta.

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Las EPS desaparecerán y se convertirán en Aseguradoras de Salud y tendrán que garantizar el acceso al servicio en todo el territorio. Los nuevos operadores deberán impulsar el uso de la telesalud, atención de consulta y hospitalización domiciliaria, de ser necesario.

Las empresas aseguradoras de salud deberán cumplir con unos mínimos que garanticen la prestación del servicio, en caso de no hacerlo desaparecerán y los pacientes podrán ser incluidos en otras aseguradoras.

El régimen contributivo y subsidiado se integrarán en un periodo de dos años y los beneficios serán los mismos para toda la población.

Todos los afiliados estarán adscritos a un prestador primario y a un médico con enfoque de familia, quienes deberán cumplir con un equipo mínimo para garantizar el servicio a la salud como enfermeras, auxiliares de salud, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y los servicios de soporte de diagnóstico y terapeuta que sean necesarios, quienes tendrán la capacidad de resolver hasta un 70% de las enfermedades.

Dentro de la reforma que se presenta al Congreso se busca fortalecer los hospitales públicos, que sean autosostenibles y se limitaría la tercerización de servicios. También se plantea que el Instituto Nacional de Cancerología tenga personería jurídica, administración autónoma y patrimonio propio.

El Ministerio de Salud deberá establecer las condiciones y porcentajes en las que deberán ser contratados los servicios con la red pública.

En el talento humano se buscarán incentivos para la formación de personal en el área de la salud de acuerdo con las necesidades del momento y de las mismas IPS.

El personal requerido en todas las instituciones o empresas públicas o privadas en el área de la salud no podrá estar vinculado a través de figuras que hagan intermediación laboral, es decir, que queda prohibida la tercerización laboral en la salud.

Las IPS deberán presentar al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Financiera todo un plan para garantizar el funcionamiento del centro de salud para no llegar a la quiebra, si hay deudas de las EPS, estas deberán ser canceladas antes de convertirse en aseguradoras; de no hacerlo, el Adres realizaría el giro directo a la IPS.

Las EPS deberán crear un plan de pago que no supere los 90 días si quieren continuar funcionado como aseguradoras de salud. También se contempla la creación de un fondo de garantías que estará adscrito al Ministerio de Salud que será financiado con recursos de las entidades de salud y tendrán la capacidad de respuesta ante problemas económicos.

La implementación y cambios a esta ley para todos los agentes será en un periodo de un año; las empresas prestadoras de salud tendrán el mismo periodo para transformarse.