El informe de empalme del sector salud, elaborado para la transición entre gobiernos, identifica como uno de los principales desafíos la situación financiera del sistema de salud, marcada por el crecimiento de la cartera entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), el deterioro patrimonial de varias aseguradoras y el riesgo fiscal que enfrentan hospitales públicos y Empresas Sociales del Estado (ESE).De acuerdo con el documento, las EPS reportan cuentas por pagar por $41,5 billones, de las cuales $38,4 billones corresponden a obligaciones vencidas, lo que representa que el 92,6 % de la cartera se encuentra en mora.Además, el patrimonio neto consolidado de las 23 EPS que reportaron información es de -$18,2 billones, mientras que 23,1 millones de afiliados pertenecen a EPS bajo medidas administrativas, equivalentes al 46 % del sistema. El informe también señala que entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 los pasivos crecieron un 43 %, frente a un incremento del 21 % en los activos.A esto se suma una siniestralidad del 105,6 %, lo que significa que por cada $100 que ingresan al sistema se destinan $105,6 al pago de costos y gastos asociados a la atención en salud. En consecuencia, el resultado operacional pasó de pérdidas por $600.000 millones a cerca de $2 billones.En el caso de las EPS intervenidas, el patrimonio asciende a -$12,8 billones y la siniestralidad alcanza el 117,8 %, mientras que las EPS no intervenidas registran un patrimonio negativo de $5,33 billones. El informe también advierte que el 74 % del déficit patrimonial se concentra en cinco entidades.Respecto a la red pública hospitalaria, el documento estima un riesgo fiscal por $3,55 billones, correspondiente al pasivo exigible y contingente de las Empresas Sociales del Estado. Ante este panorama, recomienda revisar de manera prioritaria la situación de las 260 ESE con Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), establecer mecanismos para evitar embargos judiciales y definir acuerdos de pago con las EPS para recuperar liquidez.Dentro del plan de acción propuesto, el informe plantea fortalecer el componente de aseguramiento y la gestión de las EPS intervenidas, priorizando los territorios donde existe una mayor brecha entre la población y la cobertura efectiva del sistema de salud. En ese análisis, Soacha aparece como el municipio con la mayor diferencia, con cerca de 294.000 personas, seguido por otros nueve municipios que presentan rezagos en cobertura.El documento también propone convocar de manera inmediata a EPS e IPS a un proceso nacional de conciliación de cartera, con el objetivo de depurar y certificar las deudas existentes, establecer acuerdos de pago y mejorar el flujo de recursos hacia la red hospitalaria. Esta estrategia toma como referencia mecanismos utilizados anteriormente, como el Acuerdo de Punto Final. Entre las acciones planteadas también se incluye la elaboración de planes de contingencia para garantizar la continuidad de servicios considerados críticos, como urgencias, hospitalización, cirugía y consulta externa, mediante la identificación de instituciones en riesgo de suspensión y la articulación de los Equipos Básicos de Salud con la capacidad instalada de las ESE.En materia de información y vigilancia en salud, el informe propone cruzar las bases de mortalidad del DANE con los registros de Sivigila para depurar posibles subregistros y duplicidades, así como fortalecer los análisis estadísticos y la desagregación territorial de los indicadores para identificar diferencias entre regiones, regímenes de afiliación y grupos poblacionales.Finalmente, el documento plantea solicitar un régimen de transición de entre 12 y 18 meses para la implementación de los cambios relacionados con la contratación del talento humano en salud, argumentando que una aplicación inmediata de las nuevas disposiciones podría afectar la continuidad de la prestación de los servicios si no se acompaña de recursos y medidas de transición.
A pocos días del cambio de gobierno, el sector hospitalario advirtió que el sistema de salud enfrenta uno de sus momentos financieros más complejos. Durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas, el gremio presentó al nuevo Ejecutivo un decálogo con diez propuestas orientadas a recuperar la liquidez, garantizar el flujo de recursos y avanzar en una reforma que permita fortalecer la prestación de los servicios.Entre las prioridades planteadas se encuentran la puesta en marcha de un plan de choque para inyectar recursos al sistema, definir el futuro de las EPS intervenidas, establecer herramientas de insolvencia para proteger a los prestadores, actualizar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con información más oportuna y aumentar el giro directo a hospitales y clínicas hasta un mínimo del 90 %, con mecanismos transparentes de asignación.El gremio también presentó un estudio realizado a 232 instituciones prestadoras de salud (IPS), que evidencia una cartera acumulada de 25,7 billones de pesos, de la cual cerca del 60 % corresponde a obligaciones vencidas. Según el informe, la mayor parte de esa deuda proviene de las EPS intervenidas y el caso más crítico es el de Nueva EPS, cuya cartera se acerca a los 7 billones de pesos, con más del 62 % en mora.Frente a este panorama, el sector expresó su preocupación por una eventual liquidación de Nueva EPS sin un esquema que garantice el pago de las obligaciones. Advirtió que experiencias anteriores muestran que, cuando una EPS entra en liquidación, hospitales y clínicas recuperan apenas entre el 10 % y el 15 % de las deudas reconocidas, pese a que ya asumieron los costos de la atención, el pago de nómina, medicamentos, insumos y dispositivos médicos.Por ello, el llamado al nuevo gobierno es a adoptar medidas inmediatas que permitan estabilizar las finanzas del sistema y evitar que la crisis de las aseguradoras termine trasladándose a los prestadores de servicios de salud. Además de atender la coyuntura financiera, el gremio insistió en que la discusión sobre la reforma debe enfocarse en mejorar los resultados en salud de la población y construir consensos que garanticen la sostenibilidad del sistema.
A pocos días de finalizar su mandato, el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico radicaron un paquete de proyectos de ley en el Congreso de la República. La estrategia busca medir las posturas políticas frente a los derechos adquiridos y dejar sentado el legado progresista mediante iniciativas resucitadas y nuevas regulaciones clave."Este proyecto del Pacto Histórico no va a renunciar a sus compromisos programáticos y vamos a seguir luchando por las reformas. Vamos a colocar en el debate y vamos a conocer cuáles van a ser la postura del nuevo gobierno, si realmente va a respetar los derechos adquiridos." Añadió el representante a la Cámara, Gabriel Becerra.Los proyectos que fueron presentados ya han sido llevados anteriormente al Congreso, pero se han quedado en los debates. Los proyectos son:Reforma a la Salud (Ministerio de Salud):El Gobierno vuelve a radicar la Reforma a la Salud insistiendo en eliminar la intermediación financiera de las EPS, prohibir la integración vertical y garantizar el giro directo de recursos a clínicas y hospitales. Además, reafirma la transición hacia un modelo preventivo y de atención primaria descentralizada."Nosotros vamos a seguir insistiendo en esos puntos que nos parecen fundamentales... Que no iban a recibir recursos, no iban a administrar recursos y que no iba a haber integración vertical. El giro directo llega directamente a quien prestó el servicio y eso mejora sustancialmente la posibilidad de que hospitales y clínicas puedan tener recursos claros", mencionó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.Estatuto del Trabajo y Salario Vital (Ministerio del Trabajo)La propuesta introduce el concepto de "salario vital" para sustituir progresivamente el salario mínimo tradicional, de modo que la remuneración no se fije únicamente por índices de inflación, sino por el costo real de una canasta de vida digna para el trabajador y su núcleo familiar. Además, consolida garantías de estabilización laboral, recargos y protección colectiva."Se trata de una iniciativa que tiene que ver con un estatuto del trabajo que es una promesa incumplida consagrada en el artículo 53 de la Constitución. Un estatuto que profundice en derechos y que incorpore el salario vital que sustituya el viejo y mezquino salario mínimo por un salario que garantice las condiciones de vida dignas", indicó el ministro del Trabajo, Antonio SanguinoEducación Superior como Derecho Fundamental (Ministerio de Educación)El Gobierno dio a la bancada del Pacto Histórico la reforma integral a la Ley 30 de 1992 para consagrar la educación superior como un derecho fundamental y no como un servicio comercial.La norma cambia la fórmula de financiación estatal para garantizar giros presupuestales permanentes que aumenten la infraestructura, amplíen la cobertura gratuita en regiones históricamente apartadas y fortalezcan la autonomía y la democracia interna en los claustros públicos."Es la reforma integral que eleva el carácter de derecho fundamental a la educación superior, genera mayores condiciones de bienestar y democracia en las universidades y traza la ruta de cambio para que las universidades públicas sigan creciendo", agregó Daniel Rojas, ministro de Educación.Reforma Tributaria Progresiva (Ministerio de Hacienda)El paquete fiscal radicado plantea una reestructuración bajo el principio de progresividad tributaria: que las personas y empresas con mayores ingresos paguen una proporción más alta. La norma endurece las penas y herramientas administrativas contra la evasión e elusión fiscal, con el objetivo de recaudar los fondos requeridos para sostener el gasto social y financiar las reformas vigentes.Jurisdicción Agraria (Ministerios de Agricultura y Justicia)El Gobierno insiste en la creación de la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria tras el bloqueo sufrido en la pasada legislatura. El objetivo es estructurar jueces y tribunales especializados que resuelvan de forma rápida e imparcial los conflictos de tierras en el país, garantizando la democratización del campo y la protección de los campesinos.Ley de Gestión Comunitaria del Agua (Ministerio de Vivienda)Este proyecto de ley otorga reconocimiento jurídico, protección patrimonial y alivios regulatorios a los acueductos comunitarios y organizaciones étnico-territoriales que administran el agua en zonas rurales y periurbanas. La medida busca desmonopolizar la prestación del servicio, asegurar subsidios estatales directos para estas redes comunitarias y priorizar la conservación de las cuencas hídricas bajo un enfoque de derecho humano fundamental de acceso al agua potable.Prohibición del Fracking (Ministerios de Ambiente y Minas)Esta iniciativa busca prohibir expresamente la exploración y explotación de hidrocarburos mediante yacimientos no convencionales y técnicas como el fracking, puesto que el gobierno saliente señala que estas prácticas representan una amenaza irreversible para las fuentes de agua subterránea, aumentan el riesgo sísmico en regiones vulnerables y contradicen los compromisos del país en materia de transición energética y mitigación del cambio climático.Regulación Ética de la Inteligencia Artificial (Ministerio de Ciencias)Y por último, el Ministerio de Ciencias reexpide la norma para regular el desarrollo de la Inteligencia Artificial bajo un marco estricto de derechos humanos. El proyecto busca estructurar soberanía de datos, infraestructura técnica, Data Centers y proteger a los ciudadanos en una época donde los algoritmos moldean la opinión pública."Hoy lo hemos vuelto a radicar porque es un tema fundamental que define el desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación... Para que su adopción y adaptabilidad a la sociedad colombiana se garantice en el marco de los derechos humanos y la soberanía nacional de datos", Yesenia Olaya, ministra de Ciencias.Con la radicación completa de este paquete legislativo, el destino de estas ocho iniciativas queda ahora en manos del nuevo Congreso de la República, que deberá definir el trámite y la viabilidad técnica de cada proyecto en las distintas comisiones.
Savia Salud inició una nueva etapa tras la intervención del Gobierno nacional con la elección de una nueva Junta Directiva y el nombramiento de un nuevo gerente. Aunque la EPS retoma su funcionamiento ordinario, enfrenta una compleja situación financiera, con deudas que superan los $1,5 billones y el desafío de garantizar la atención de 1,6 millones de afiliados.La nueva Junta Directiva fue elegida por la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín y Comfama, accionistas de la entidad. Además, fue designado como gerente el odontólogo de la Universidad de Antioquia, Carlos Mauricio Martínez Flórez, quien asumirá la dirección de la EPS en esta nueva etapa.Con estas decisiones, Savia Salud reanuda su funcionamiento normal luego del proceso de empalme y del cumplimiento de las determinaciones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia. La nueva administración tendrá como prioridad recuperar la estabilidad de la entidad.La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano, aseguró que el principal reto será mantener la prestación de los servicios de salud pese a la difícil situación económica que atraviesa la EPS. La funcionaria señaló que el compromiso es garantizar la continuidad en la atención de todos los afiliados."A pesar de la situación compleja financiera que llega ya a más de $1,5 billones en deudas, el reto es asumido por esta nueva gerencia, por el equipo y sus socios para poder garantizar la prestación de servicios de salud a todos los usuarios. El compromiso y la continuidad se deben mantener", afirmó Solano. Entre las primeras tareas de la nueva administración estará la realización de una auditoría forense para establecer con claridad lo ocurrido durante el periodo de intervención. El objetivo es adoptar las medidas necesarias para recuperar la estabilidad financiera y fortalecer la prestación de los servicios.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
Después de un trino y una declaración del presidente Gustavo Petro sobre el estancamiento de la apelación al archivo de la reforma al sistema de salud, el ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó medidas frente a la inasistencia de congresistas a las sesiones.Petro envió un mensaje a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para que remitan al Consejo de Estado los listados de ausencias en comisiones y plenarias, con el fin de aplicar las sanciones contempladas en la ley, porque según el mandatario, el Gobierno ha emitido mensajes de urgencia e insistencia sobre proyectos que deben avanzar conforme a las normas y no se han discutido.Entre las iniciativas que requieren debate prioritario, para no hundirse por falta de trámite, antes del 20 de julio de 2026 cuando finaliza la legislatura, se encuentran la jurisdicción agraria y la reforma a la salud.En línea con la directriz de Petro, Benedetti envió una solicitud formal a los presidentes del Senado, Lidio García Turbay, y de la Cámara de Representantes, Julián López Tenorio. En la carta, el ministro expresó la preocupación del Gobierno por un “creciente fenómeno de inasistencia” en sesiones de comisiones constitucionales y plenarias.El documento solicita entregar al Consejo de Estado los registros de inasistencia durante los periodos 2025-2026, con el objetivo de evaluar posibles procesos de pérdida de investidura y aplicar sanciones correspondientes.Además, Benedetti pidió trasladar copias a las comisiones de Ética del Congreso para eventuales acciones disciplinarias, así como a las áreas administrativas de Senado y Cámara, con el fin de que se apliquen descuentos salariales cuando corresponda.La razón de la discordia y el desatino del presidenteEn medio de la controversia, Petro afirmó que la apelación al archivo de la reforma a la salud permanece sin trámite porque el proyecto estaría “guardado” en el despacho del secretario del presidente del Senado, sin que se haya convocado a plenaria para discutirlo.Sin embargo, el avance del proceso depende de un informe que debe presentar una comisión accidental encargada de sustentar los conceptos de varios congresistas sobre la apelación y conformada por por los presidentes de las comisiones constitucionales. Dicho documento, que aún no ha sido entregado es requisito previo para que la plenaria decida si aprueba o no reabrir el debate de la reforma.
La Procuraduría General de la Nación concluyó que la muerte del menor Kevin Arley Acosta, ocurrida el pasado 13 de febrero, estuvo relacionada con fallas graves en la prestación del servicio de salud por parte de la Nueva EPS, en un caso que ahora enciende las alarmas sobre la atención de pacientes con hemofilia y enfermedades de alto costo en Colombia.En entrevista con Mañanas Blu, la procuradora delegada para la Salud, Mónica Andrea Ulloa, explicó que el organismo inició una actuación preventiva tras conocer el fallecimiento del menor, lo que permitió reconstruir la trazabilidad de su atención médica. El resultado fue contundente: hubo negligencia en el suministro oportuno del medicamento vital.“La falta del suministro oportuno del medicamento incidió en el deterioro del estado de salud que pudo generar su fallecimiento”, afirmó Ulloa, quien además confirmó que se solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias y la compulsa de copias a la Fiscalía.Deudas millonarias y ruptura de contratos: el origen del problemaUno de los hallazgos más relevantes del informe de ocho páginas elaborado por la Procuraduría tiene que ver con la ruptura de la red de prestación de servicios para pacientes con hemofilia.Según explicó Ulloa, el menor estaba asignado a Medicarte, una IPS que prestaba el servicio hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el contrato no fue renovado debido a una deuda superior a los 53 mil millones de pesos por parte de la Nueva EPS.“Esta relación contractual se termina no solo por la vigencia, sino por la deuda que tenía la Nueva EPS (…) nunca se concretaron los acuerdos de pago”, señaló.Tras la finalización del contrato, la EPS debía garantizar la continuidad del tratamiento con otro prestador. No obstante, esto no ocurrió de manera efectiva. La siguiente entidad, Integral Solutions, también reportó falta de pagos y ausencia de información clínica del paciente.Fallas en la red de atención y traslado críticoEl caso también evidenció fallas estructurales en la red de atención. Luego de un accidente el 8 de febrero, Kevin fue atendido inicialmente en Palestina (Huila) y remitido a Pitalito. Allí, los médicos confirmaron que no contaban con el medicamento necesario ni con la capacidad resolutiva para tratar su condición.A pesar de existir opciones en la región, el menor fue trasladado vía aérea a Bogotá, donde finalmente falleció: “Vemos la insuficiencia que tiene la Nueva EPS de contar con una red disponible (…) el efecto de los cierres de servicios por falta de reconocimiento y no pago de cartera”, explicó Ulloa.Pacientes con hemofilia, en riesgo latenteMás allá del caso individual, la Procuraduría lanzó una advertencia sobre el riesgo que enfrentan otros pacientes con hemofilia afiliados a la Nueva EPS.“Estamos ante un grave riesgo (…) hoy no contamos con una red garantizada para que atienda a estos menores o a toda la población con estas enfermedades”, aseguró la funcionaria.La preocupación se extiende a otras patologías de alto costo, debido a la falta de continuidad en los tratamientos y la inestabilidad en la red de prestadores.Crisis estructural del sistema de saludEl informe también pone en evidencia problemas estructurales en el sistema de salud colombiano, particularmente en las EPS intervenidas. La Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, presenta indicadores en deterioro, según la Procuraduría.“Tenemos un deterioro grave (…) no tenemos una red de prestación de servicios garantizada y el riesgo es latente para todos los afiliados”, advirtió Ulloa. Entre los síntomas de esta crisis se encuentran el aumento de peticiones, quejas y reclamos (PQR), así como el incremento de tutelas e incidentes de desacato, lo que refleja fallas en la garantía del derecho fundamental a la salud.Consecuencias legales en cursoTras las conclusiones del informe, la Procuraduría solicitó formalmente la apertura de investigaciones disciplinarias y remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para determinar posibles responsabilidades penales.Aunque Ulloa evitó calificar jurídicamente los hechos, dejó claro que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer si existen delitos como el homicidio culposo.Un caso que expone fallas sistémicasEl caso de Kevin Acosta no solo revela una presunta negligencia individual, sino que expone fallas sistémicas en la operación de la Nueva EPS y en el modelo de atención a pacientes vulnerables.La Procuraduría advirtió que, en las condiciones actuales, sería inviable que la entidad asuma una mayor carga de afiliados, lo que agrava el panorama del sistema de salud en Colombia.
El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de las EPS en quiebra tras la suspensión de su decreto de reordenamiento de afiliados por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia. El mandatario calificó la decisión judicial como una "política de atranque" y cuestionó la competencia del tribunal para tumbar una norma de carácter nacional que buscaba trasladar a tres millones de usuarios hacia la Nueva EPS.Durante el consejo de ministros, Petro arremetió contra el fallo judicial, asegurando que el tribunal "no tenía competencia" para anular el decreto. Según el jefe de Estado, esta medida impide la eficiencia del sistema preventivo regional y agrava la crisis financiera. "El tribunal acaba completamente la posibilidad de eficiencia. Evitó la solución del Gobierno y eso conduce a que hoy todas las EPS estén quebradas", afirmó.Ante este escenario y el archivo de la reforma en el Congreso, la orden del mantario fue: "Todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera". El Gobierno, sin embargo, insistirá el 20 de julio radicando nuevamente la reforma a la salud y una tributaria para buscar salidas al modelo actual.Para proteger a la Nueva EPS, el mandatario ordenó al Ministerio de Hacienda tramitar el CONFIS para pagar las deudas que el Estado tiene como copropietario. "Eso puede generar que no esté en causal de liquidación", explicó Petro, enfatizando que el saneamiento es vital para mantener la operatividad de la entidad que recibiría a los afiliados de las cajas insolventes.EPS intervenidas y afiliadosNueva EPS: 10,8 millones de usuariosFamisanar: 2,9 millones de usuariosCoosalud: 3,2 millones de usuariosAsmet Salud: 1,8 millones de usuariosEmssanar: 1,7 millones de usuariosSavia Salud: 1,6 millones de usuariosServicio Occidental de Salud: 750.000 usuariosCapresoca: 170.000 usuariosEn conjunto, estas ocho entidades reúnen alrededor de 23 millones de afiliados, lo que representa cerca del 43% de la población del país. Esta situación plantea retos para el sistema de salud, especialmente en el proceso de transición, donde se prevé una mayor presión sobre hospitales y clínicas, así como posibles afectaciones en la continuidad de tratamientos, la entrega de medicamentos y la atención a los usuarios.
Un grupo de 19 exministros y exviceministros de Salud y Protección Social, entre ellos Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, Augusto Galán y otros exfuncionarios, expresaron su respaldo a la decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma a la salud.En una carta dirigida a la opinión pública, los firmantes señalaron que el proyecto archivado no resolvía los problemas de fondo del sistema y que, por el contrario, generaba riesgos en aspectos clave como el aseguramiento, la gestión del riesgo en salud y la continuidad en la atención a los pacientes.Según el documento, la iniciativa no ofrecía garantías claras sobre el flujo de recursos ni sobre el pago oportuno a los prestadores de servicios de salud.Uno de los puntos centrales expuestos por los exministros fue la falta de aval fiscal del proyecto. Indicaron que la reforma no contaba con una estimación creíble de costos ni con fuentes de financiación suficientes y sostenibles, un requisito considerado básico para cualquier cambio estructural en el sistema. Esta situación, afirmaron, generaba incertidumbre sobre la viabilidad de las nuevas funciones y responsabilidades que se pretendían crear.La carta también hace referencia a la situación que enfrentan actualmente los usuarios del sistema de salud. Los exfuncionarios señalaron problemas como el desabastecimiento de medicamentos, la suspensión de tratamientos de alto costo y de enfermedades huérfanas, el cierre de servicios y el deterioro de la red hospitalaria, así como el aumento de acciones de tutela y PQRS.Además, recordaron recientes decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación del sistema de salud y señalaron que el Gobierno no obtuvo la prórroga solicitada para el cumplimiento de esas órdenes.En ese contexto, hicieron un llamado a que las definiciones sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos para 2026 se adopten con base en la metodología vigente y con la información completa necesaria.Finalmente, el grupo de exministros y exviceministros invitó al Gobierno nacional a promover un diálogo con los distintos actores del sistema y a avanzar en ajustes que permitan responder a las necesidades de los pacientes, sin improvisaciones ni decisiones que aumenten la incertidumbre en la atención en salud.
Desde el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el alcalde Alejandro Char firmó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe –CAF– la financiación de hasta USD 50 millones para proyectos ambientales y de impacto social, contemplados en el plan de desarrollo de la capital del Atlántico.El acto se realizó con la participación del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados y, en el acuerdo, se estipuló la recuperación ambiental de la ciénaga de Mallorquín y el arroyo León, el programa Todos al Parque y el mejoramiento de los espacios urbanos."Y qué mejor que pensar en nuestra naturaleza, en nuestro patrimonio natural, ambiental, todo el tema de aves, peces... hoy están aportando unos 50 millones de dólares y unos recursos adicionales no reembolsables para para potencializar todo esto, después de tres años de mucho estudio, de revisarlo a fondo", expresó el alcalde Char."Teníamos dificultades también con el Ministerio de Hacienda, pero bueno, ya pasamos todo eso, aprendimos y aquí para adelante a impulsar a Barranquilla como debe ser", agregó el mandatario barranquillero. A su turno, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, valoró que Barranquilla siga siendo un gran faro para todo el Caribe."Esto es un punto de partida, no es un punto de llegada. Vemos esta relación como una en la cual el banco quiere contribuirle a la ciudad con recursos técnicos, humanos y financieros para desplegar su pleno potencial, que sabemos que es mucho más", expresó Díaz-Granados."La ciudad ha alcanzado, en estos 20 años de transformación, grandes logros, pero podemos seguir siendo un gran faro para todo el Caribe. Vemos a la ciudad como un espejo de toda la región, del cierre de brechas de desigualdad, de pobreza", agregó.La CAF y la Alcaldía Distrital suscribieron además dos cooperaciones técnicas no reembolsables. La primera fortalecerá la Estrategia de Internacionalización del Distrito, con apoyo a la Oficina de Relaciones Internacionales y una hoja de ruta a 2030. La segunda, en el marco de la Iniciativa de Rutas Migratorias de las Américas, apoyará la estructuración del Plan de Recuperación del Arroyo León como corredor ecológico para aves migratorias.
Cerca del final de obras en Hidroituango, EPM ya piensa en poner andar otro proyecto: el alcalde Federico Gutiérrez indicó que ante el Gobierno nacional ya avanzan las gestiones para reactivar la central Espiritu Santo. La megaobra se desarrollaría aguas abajo del actual complejo y generaría hasta 600 megavatios de energía. A buen ritmo avanza EPM para entregar las turbinas de la fase 2 de Hidroituango, en donde las unidades de generación de energía 5 y 6 ya superan el 70% de labores de instalación y estarían listas para entrar en operación antes de finalizar 2027. Por su parte, las turbinas 7 y 8 podrían entrar a operar durante el primer trimestre del 2028.El reporte lo entregó el gerente general del Grupo EPM, Jhon Maya Salazar: “Y esperamos que para el próximo año ya tengamos también muy adelantado y ojalá funcionando dos máquinas de la segunda parte de las 5 a la 8. Vamos muy bien, vamos cumpliendo cronograma y esperamos dar la buena noticia a final del segundo semestre del próximo año”.Mientras avanzan estas obras, y en medio de la visita a la central en compañía de los ministras de Minas y Energía María Nohemi Arboleda y el de Ambiente Fabio Arjona, Empresas Públicas de Medellín ahora piensa en desengavetar uno de los proyectos clave para la generación de energía sobre el río Cauca.Se trata de la central Espíritu Santo, ubicada 18 kilómetros abajo de la presa de la Hidroituango, en el corregimiento de Puerto Valdivia, y cuyo desarrollo se pospuso en los últimos años, entre otras cosas, por la atención a la contingencia de 2018 en el proyecto.El alcalde Federico Gutiérrez destacó que este proyecto que aprovecharía aguas del Cauca podrá generar hasta 600 megavatios de energía, una cuarta parte de la que será capaz de producir Hidroituango con sus ocho turbinas operando.“Yo como presidente de la junta de EPM desde el primer momento en que volvimos al Gobierno pedí sacar de los anaqueles ese proyecto, volverlo a presentar y que sea una realidad, no solo para Antioquia, sino para el país. Colombia necesita energía firme”, aseguró Gutiérrez.Tras la adquisición en 2013 de la compañía Espíritu Santo Energy por 70 millones de dólares, EPM había llegado hasta una etapa de prefactibilidad de dicha central.Ahora, la empresa de servicios públicos busca alcanzar la factibilidad, formular estudios de impacto ambiental y recorrer todos los trámites que finalmente culminen en autorizaciones para desarrollar obras en límites entre Ituango, Briceño y Valdivia.El alcalde Gutiérrez destacó que Espíritu Santo se convierte en un proyecto clave en medio de la necesidad de más iniciativas para la producción de energía limpia en el país, especialmente en el contexto del cambio climático y situaciones como el fenómeno de El Niño.
Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que la reconstrucción de Cali será un proceso de largo aliento que tomará hasta cuatro años, y pidió paciencia a los damnificados que todavía esperan soluciones de vivienda. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales el mandatario aseguró que la prioridad de la Alcaldía son las 700 familias que perdieron por completo sus hogares porque sus edificios colapsaron.“En tres meses que cumplimos hoy, uno no se recupera o no reconstruye después de un terremoto. Hay que tener eso en cuenta”, dijo Eder, quien recordó que desde el primer día advirtió a los caleños sobre la magnitud del reto: “Tenemos que estar preparados porque iniciábamos a correr una maratón que dura 4 años y llevamos los primeros 3 meses de 4 años”.El mandatario ya había anticipado en ocasiones anteriores que la reconstrucción de Cali tomaría varios años. Según explicó, la atención pasó por una fase de rescate, luego por la recuperación de las víctimas, y hoy está concentrada en resolver el problema de vivienda.Bonos de vivienda para familias damnificados en CaliEder detalló que la Alcaldía mantiene contacto con los afectados a través de grupos de WhatsApp y que, de las 700 familias priorizadas, unas 400 han manifestado interés en acceder a las bonificaciones. La Alcaldía entregará bonos de 50 millones de pesos a hogares que perdieron su casa sin perder a un familiar, mientras que el Fondo Milagro otorga apoyos a quienes perdieron a un ser querido durante el sismo o se encuentran en situación de alto riesgo o vulnerabilidad socioeconómica.“Las bonificaciones pues no alcanzan para adquirir un apartamento, pero tienen forma de dar el cierre financiero”, explicó el alcalde, quien espera que desde la próxima semana decenas de familias comiencen a recibir sus viviendas.La apuesta, según Eder, es por viviendas nuevas, debido a que cumplen con los códigos antisísmicos actualizados y porque en la ciudad existe un inventario disponible de cerca de 900 unidades. El Gobierno nacional también anunció nuevas viviendas y mejoramientos para damnificados del Valle a través del Fondo Milagro.Los colapsos y demoliciones se concentran en las comunas 19, 2, 17 y 18, principalmente en la Comuna 19, una zona que, de acuerdo con el alcalde, alberga un importante sector de servicios médicos, entre ellos el Hospital Universitario del Valle.Demoliciones en Cali: hasta 120 estructurasEl alcalde explicó que en la ciudad se revisaron cerca de 14.000 edificios y que hasta ahora hay 85 inmuebles identificados para demolición, entre edificios y casas, de los cuales 20 ya fueron demolidos. Actualmente, la Alcaldía adelanta la demolición de cinco, privados con sus aseguradoras trabajan en otros tres y el Fondo Milagro iniciaría labores en una lista de 11. La cifra total, advirtió, podría llegar a entre 100 y 120 estructuras.“Demoler no es como que, bueno, ese edificio se ve mal, túmbelo. No, toca entrar, toca mirarlo, tienen que ver los ingenieros”, señaló Eder sobre la complejidad de las demoliciones de edificios afectados.Sobre la reconstrucción de nuevos edificios en los predios demolidos, el mandatario precisó que los estudios de suelo y los diseños tardan unos seis meses y la construcción otros 18 meses. Mientras tanto, las familias pueden usar los bonos para adquirir vivienda en otro sector. Eder agregó que en cuatro o cinco edificios las asambleas de copropietarios ya decidieron no reconstruir: “Esto es una tragedia. Aquí vivían familias, aquí habían memorias. En algunos de ellos murió gente”.El alcalde destacó además que, de las 20.000 personas evacuadas de sus casas, el 34 % tiene más de 62 años, y que la mayoría de los afectados pertenece a los estratos 4 y 5, una población para la que, según dijo, no están pensados los programas de apoyo social en Colombia.La situación en ChiminangosFrente a la desesperación de los damnificados, reflejada en las acciones que la Alcaldía adelanta para atender las afectaciones en el sector de Chiminangos tras las protestas de sus habitantes, Eder insistió en que “aquí no hay solución fácil”. De acuerdo con el alcalde, en ese sector del norte de Cali hay 288 torres construidas antes de 1985, antes de los códigos sísmicos, de las cuales 156 tienen sello rojo. Seis presentan daños muy graves y las otras 150 tienen afectaciones sobre todo en las escaleras. Los ingenieros entregarán los diseños de intervención en las próximas semanas, en un proceso que podría tardar hasta un mes antes de iniciar las obras. Aquí puede consultar cómo avanza la recuperación de Chiminangos.“Yo entiendo que hay desesperación, pero nosotros tenemos contacto permanente con la comunidad”, afirmó. El mandatario estimó que pasarán unos dos años hasta que estén terminadas las primeras torres de vivienda.Colegios y hospitales afectados por el terremotoEder reveló que más de 200 colegios resultaron afectados, 70 de gravedad, y ocho permanecen cerrados. En un momento llegaron a ser cerca de 60.000 estudiantes sin clases; hoy la cifra se acerca a los 15.000, y la meta es que todos regresen a las aulas antes de diciembre.Con recursos del sector privado se intervienen planteles como el Eustaquio Palacios, uno de los más grandes de la ciudad, a cargo de la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama; el Nuevo Latir, en el oriente, donde ya iniciaron obras, y la institución educativa Antonio José Camacho, con 92 años de historia.En salud, el alcalde anunció mejoras en el Hospital Carlos Holmes Trujillo y aseguró que los cuatro hospitales nuevos que construye su administración resistieron el sismo sin problemas.Donaciones del sector privado para la reconstrucciónSobre los aportes de grandes donantes, Eder aseguró que los recursos están llegando a la gente: “100 % está llegando a la gente y creo que es un acto de tremenda generosidad”. Según sus cifras, el sector privado donó 1,6 billones de pesos a nivel nacional y cerca de 400.000 millones en Cali.El alcalde aclaró que ese dinero no ingresa al presupuesto público, sino que lo ejecutan las fundaciones privadas con direccionamiento de la Alcaldía. “No se dejen cuentear”, advirtió.Mercados para damnificados y partido de la SelecciónEder también destacó un programa con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con aportes de un millón de dólares de Cali y otro millón de la agencia de Naciones Unidas, para entregar tarjetas de mercado a 20.000 familias. Según dijo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, le confirmó que las ganancias del partido de la Selección en la ciudad irán para los damnificados y para apoyar este programa. Colombia y Chile se enfrentarán en un amistoso el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, como se informó al anunciarse el partido. Al cierre, el mandatario reiteró que la recuperación trascenderá su mandato: “Yo seré el alcalde de Cali durante 1 año y 2 meses más y le voy a entregar todo cuerpo y alma a esta misión”. Y añadió: “Esto no es solo cifras, no solo edificios, hay familias y hay personas que lo perdieron todo”.
Justo cuando tenían sometida a una empleada para que les entregara el dinero, la Policía capturó a dos hombres que estarían relacionados con varios hurtos a establecimientos comerciales de una misma cadena en el Valle de Aburrá. Según las autoridades, estos negocios son atendidos en su mayoría por mujeres cabeza de familia, quienes han sido víctimas de los asaltos.El procedimiento más reciente se registró hacia las 4:40 de la madrugada en la comuna 11, Laureles, cuando los uniformados fueron alertados sobre un hurto al interior de uno de estos establecimientos.La información fue suministrada oportunamente por el funcionario encargado del sistema de vigilancia, lo que permitió la reacción de la Policía y la captura de los dos presuntos responsables en flagrancia, como lo destacó el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá."Gracias a la alerta oportuna del funcionario encargado del sistema de vigilancia, nuestros uniformados fueron advertidos sobre el hurto al interior del establecimiento. Durante el procedimiento, los uniformados sorprendieron a dos hombres sometiendo a una mujer auxiliar de la tienda, mientras sustraían aproximadamente 400.000 pesos de la caja registradora", indicó.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola con un proveedor que contenía 11 cartuchos. Además, establecieron que los hombres habrían coordinado previamente la utilización de un vehículo de transporte solicitado mediante una plataforma digital, con el propósito de facilitar su huida después de cometer el robo.Fajardo confirmó que los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.De acuerdo con el comandante, las verificaciones iniciales permitieron obtener información que apuntaría a la posible participación de estos hombres en otros hurtos contra establecimientos comerciales de la misma cadena en el área metropolitana.
Seis personas fueron capturadas en Bogotá por su presunta participación en una estructura delincuencial dedicada a vender drogas en pequeñas cantidades y cometer asesinatos por encargo.Sus principales víctimas eran habitantes en condición de calle, a quienes afectaban con la comercialización de estupefacientes en diferentes sectores del sur de la capital. Según las autoridades, el grupo obtenía cerca de 100 millones de pesos mensuales producto de sus actividades ilegales.Se trata del grupo delincuencial ‘Illimani’, desarticulado en desarrollo de la operación Kratos, adelantada por la Policía Nacional, a través de la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.La investigación duró un año e incluyó seis allanamientos en la localidad de Ciudad Bolívar, seguimientos, agentes encubiertos y recolección de pruebas para identificar a sus integrantes y establecer cómo funcionaba la organización.Según las autoridades, esta estructura controlaba varios puntos de venta de drogas en el parque Illimani, la zona conocida como la invasión de la 14 y los alrededores del TransMiCable, en Ciudad Bolívar. Allí comercializaban estupefacientes en pequeñas dosis, distribuidas en cápsulas y papeletas, directamente a los consumidores.Para evitar que la Policía encontrara las drogas, los integrantes las escondían dentro de las paredes y debajo de las escaleras de diferentes viviendas. Además, cuando advertían la presencia policial, suspendían inmediatamente las ventas y se refugiaban en casas cercanas.Pero el negocio de las drogas también estaba acompañado de violencia. Las autoridades atribuyen a esta organización cuatro homicidios cometidos, presuntamente, por disputas para mantener el control de los lugares donde vendían los estupefacientes.Entre los casos investigados está el asesinato de un taxista, ocurrido el 15 de enero de 2025 en el barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, y un doble homicidio registrado el 9 de abril de ese año cerca del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba, que dejó además tres personas heridas.Entre los seis capturados está alias ‘Teresa’, señalada como la cabecilla de la organización y encargada de coordinar las actividades criminales. Según la investigación, habría utilizado su propia vivienda para almacenar y preparar las drogas y presuntamente habría involucrado a integrantes de su familia en el transporte de las sustancias hacia los vendedores.También fue identificado alias ‘Roger’, segundo al mando, quien coordinaba la distribución de los estupefacientes y habría tenido un papel principal en la organización de los homicidios.Mientras tanto, los otros señalados integrantes son alias ‘La Gorda’, ‘Gancho’, ‘Tratra’ y ‘Perro Loco’, quienes se encargaban de vender las drogas. Además, alias ‘Gancho’ y ‘Tratra’ cumplían funciones de campaneros: vigilaban los movimientos de las posibles víctimas y alertaban a los sicarios sobre su ubicación para facilitar los asesinatos.Alias ‘Roger’ ya estaba en prisión desde agosto de 2025, cuando fue capturado en el barrio Sierra Morena por porte ilegal de armas de fuego.La Policía informó que cinco de los seis integrantes registraban anotaciones por tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fuego, hurto y amenazas. La Fiscalía les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
