El informe de empalme del sector salud, elaborado para la transición entre gobiernos, identifica como uno de los principales desafíos la situación financiera del sistema de salud, marcada por el crecimiento de la cartera entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), el deterioro patrimonial de varias aseguradoras y el riesgo fiscal que enfrentan hospitales públicos y Empresas Sociales del Estado (ESE).De acuerdo con el documento, las EPS reportan cuentas por pagar por $41,5 billones, de las cuales $38,4 billones corresponden a obligaciones vencidas, lo que representa que el 92,6 % de la cartera se encuentra en mora.Además, el patrimonio neto consolidado de las 23 EPS que reportaron información es de -$18,2 billones, mientras que 23,1 millones de afiliados pertenecen a EPS bajo medidas administrativas, equivalentes al 46 % del sistema. El informe también señala que entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 los pasivos crecieron un 43 %, frente a un incremento del 21 % en los activos.A esto se suma una siniestralidad del 105,6 %, lo que significa que por cada $100 que ingresan al sistema se destinan $105,6 al pago de costos y gastos asociados a la atención en salud. En consecuencia, el resultado operacional pasó de pérdidas por $600.000 millones a cerca de $2 billones.En el caso de las EPS intervenidas, el patrimonio asciende a -$12,8 billones y la siniestralidad alcanza el 117,8 %, mientras que las EPS no intervenidas registran un patrimonio negativo de $5,33 billones. El informe también advierte que el 74 % del déficit patrimonial se concentra en cinco entidades.Respecto a la red pública hospitalaria, el documento estima un riesgo fiscal por $3,55 billones, correspondiente al pasivo exigible y contingente de las Empresas Sociales del Estado. Ante este panorama, recomienda revisar de manera prioritaria la situación de las 260 ESE con Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), establecer mecanismos para evitar embargos judiciales y definir acuerdos de pago con las EPS para recuperar liquidez.Dentro del plan de acción propuesto, el informe plantea fortalecer el componente de aseguramiento y la gestión de las EPS intervenidas, priorizando los territorios donde existe una mayor brecha entre la población y la cobertura efectiva del sistema de salud. En ese análisis, Soacha aparece como el municipio con la mayor diferencia, con cerca de 294.000 personas, seguido por otros nueve municipios que presentan rezagos en cobertura.El documento también propone convocar de manera inmediata a EPS e IPS a un proceso nacional de conciliación de cartera, con el objetivo de depurar y certificar las deudas existentes, establecer acuerdos de pago y mejorar el flujo de recursos hacia la red hospitalaria. Esta estrategia toma como referencia mecanismos utilizados anteriormente, como el Acuerdo de Punto Final. Entre las acciones planteadas también se incluye la elaboración de planes de contingencia para garantizar la continuidad de servicios considerados críticos, como urgencias, hospitalización, cirugía y consulta externa, mediante la identificación de instituciones en riesgo de suspensión y la articulación de los Equipos Básicos de Salud con la capacidad instalada de las ESE.En materia de información y vigilancia en salud, el informe propone cruzar las bases de mortalidad del DANE con los registros de Sivigila para depurar posibles subregistros y duplicidades, así como fortalecer los análisis estadísticos y la desagregación territorial de los indicadores para identificar diferencias entre regiones, regímenes de afiliación y grupos poblacionales.Finalmente, el documento plantea solicitar un régimen de transición de entre 12 y 18 meses para la implementación de los cambios relacionados con la contratación del talento humano en salud, argumentando que una aplicación inmediata de las nuevas disposiciones podría afectar la continuidad de la prestación de los servicios si no se acompaña de recursos y medidas de transición.
A pocos días del cambio de gobierno, el sector hospitalario advirtió que el sistema de salud enfrenta uno de sus momentos financieros más complejos. Durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas, el gremio presentó al nuevo Ejecutivo un decálogo con diez propuestas orientadas a recuperar la liquidez, garantizar el flujo de recursos y avanzar en una reforma que permita fortalecer la prestación de los servicios.Entre las prioridades planteadas se encuentran la puesta en marcha de un plan de choque para inyectar recursos al sistema, definir el futuro de las EPS intervenidas, establecer herramientas de insolvencia para proteger a los prestadores, actualizar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con información más oportuna y aumentar el giro directo a hospitales y clínicas hasta un mínimo del 90 %, con mecanismos transparentes de asignación.El gremio también presentó un estudio realizado a 232 instituciones prestadoras de salud (IPS), que evidencia una cartera acumulada de 25,7 billones de pesos, de la cual cerca del 60 % corresponde a obligaciones vencidas. Según el informe, la mayor parte de esa deuda proviene de las EPS intervenidas y el caso más crítico es el de Nueva EPS, cuya cartera se acerca a los 7 billones de pesos, con más del 62 % en mora.Frente a este panorama, el sector expresó su preocupación por una eventual liquidación de Nueva EPS sin un esquema que garantice el pago de las obligaciones. Advirtió que experiencias anteriores muestran que, cuando una EPS entra en liquidación, hospitales y clínicas recuperan apenas entre el 10 % y el 15 % de las deudas reconocidas, pese a que ya asumieron los costos de la atención, el pago de nómina, medicamentos, insumos y dispositivos médicos.Por ello, el llamado al nuevo gobierno es a adoptar medidas inmediatas que permitan estabilizar las finanzas del sistema y evitar que la crisis de las aseguradoras termine trasladándose a los prestadores de servicios de salud. Además de atender la coyuntura financiera, el gremio insistió en que la discusión sobre la reforma debe enfocarse en mejorar los resultados en salud de la población y construir consensos que garanticen la sostenibilidad del sistema.
A pocos días de finalizar su mandato, el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico radicaron un paquete de proyectos de ley en el Congreso de la República. La estrategia busca medir las posturas políticas frente a los derechos adquiridos y dejar sentado el legado progresista mediante iniciativas resucitadas y nuevas regulaciones clave."Este proyecto del Pacto Histórico no va a renunciar a sus compromisos programáticos y vamos a seguir luchando por las reformas. Vamos a colocar en el debate y vamos a conocer cuáles van a ser la postura del nuevo gobierno, si realmente va a respetar los derechos adquiridos." Añadió el representante a la Cámara, Gabriel Becerra.Los proyectos que fueron presentados ya han sido llevados anteriormente al Congreso, pero se han quedado en los debates. Los proyectos son:Reforma a la Salud (Ministerio de Salud):El Gobierno vuelve a radicar la Reforma a la Salud insistiendo en eliminar la intermediación financiera de las EPS, prohibir la integración vertical y garantizar el giro directo de recursos a clínicas y hospitales. Además, reafirma la transición hacia un modelo preventivo y de atención primaria descentralizada."Nosotros vamos a seguir insistiendo en esos puntos que nos parecen fundamentales... Que no iban a recibir recursos, no iban a administrar recursos y que no iba a haber integración vertical. El giro directo llega directamente a quien prestó el servicio y eso mejora sustancialmente la posibilidad de que hospitales y clínicas puedan tener recursos claros", mencionó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.Estatuto del Trabajo y Salario Vital (Ministerio del Trabajo)La propuesta introduce el concepto de "salario vital" para sustituir progresivamente el salario mínimo tradicional, de modo que la remuneración no se fije únicamente por índices de inflación, sino por el costo real de una canasta de vida digna para el trabajador y su núcleo familiar. Además, consolida garantías de estabilización laboral, recargos y protección colectiva."Se trata de una iniciativa que tiene que ver con un estatuto del trabajo que es una promesa incumplida consagrada en el artículo 53 de la Constitución. Un estatuto que profundice en derechos y que incorpore el salario vital que sustituya el viejo y mezquino salario mínimo por un salario que garantice las condiciones de vida dignas", indicó el ministro del Trabajo, Antonio SanguinoEducación Superior como Derecho Fundamental (Ministerio de Educación)El Gobierno dio a la bancada del Pacto Histórico la reforma integral a la Ley 30 de 1992 para consagrar la educación superior como un derecho fundamental y no como un servicio comercial.La norma cambia la fórmula de financiación estatal para garantizar giros presupuestales permanentes que aumenten la infraestructura, amplíen la cobertura gratuita en regiones históricamente apartadas y fortalezcan la autonomía y la democracia interna en los claustros públicos."Es la reforma integral que eleva el carácter de derecho fundamental a la educación superior, genera mayores condiciones de bienestar y democracia en las universidades y traza la ruta de cambio para que las universidades públicas sigan creciendo", agregó Daniel Rojas, ministro de Educación.Reforma Tributaria Progresiva (Ministerio de Hacienda)El paquete fiscal radicado plantea una reestructuración bajo el principio de progresividad tributaria: que las personas y empresas con mayores ingresos paguen una proporción más alta. La norma endurece las penas y herramientas administrativas contra la evasión e elusión fiscal, con el objetivo de recaudar los fondos requeridos para sostener el gasto social y financiar las reformas vigentes.Jurisdicción Agraria (Ministerios de Agricultura y Justicia)El Gobierno insiste en la creación de la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria tras el bloqueo sufrido en la pasada legislatura. El objetivo es estructurar jueces y tribunales especializados que resuelvan de forma rápida e imparcial los conflictos de tierras en el país, garantizando la democratización del campo y la protección de los campesinos.Ley de Gestión Comunitaria del Agua (Ministerio de Vivienda)Este proyecto de ley otorga reconocimiento jurídico, protección patrimonial y alivios regulatorios a los acueductos comunitarios y organizaciones étnico-territoriales que administran el agua en zonas rurales y periurbanas. La medida busca desmonopolizar la prestación del servicio, asegurar subsidios estatales directos para estas redes comunitarias y priorizar la conservación de las cuencas hídricas bajo un enfoque de derecho humano fundamental de acceso al agua potable.Prohibición del Fracking (Ministerios de Ambiente y Minas)Esta iniciativa busca prohibir expresamente la exploración y explotación de hidrocarburos mediante yacimientos no convencionales y técnicas como el fracking, puesto que el gobierno saliente señala que estas prácticas representan una amenaza irreversible para las fuentes de agua subterránea, aumentan el riesgo sísmico en regiones vulnerables y contradicen los compromisos del país en materia de transición energética y mitigación del cambio climático.Regulación Ética de la Inteligencia Artificial (Ministerio de Ciencias)Y por último, el Ministerio de Ciencias reexpide la norma para regular el desarrollo de la Inteligencia Artificial bajo un marco estricto de derechos humanos. El proyecto busca estructurar soberanía de datos, infraestructura técnica, Data Centers y proteger a los ciudadanos en una época donde los algoritmos moldean la opinión pública."Hoy lo hemos vuelto a radicar porque es un tema fundamental que define el desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación... Para que su adopción y adaptabilidad a la sociedad colombiana se garantice en el marco de los derechos humanos y la soberanía nacional de datos", Yesenia Olaya, ministra de Ciencias.Con la radicación completa de este paquete legislativo, el destino de estas ocho iniciativas queda ahora en manos del nuevo Congreso de la República, que deberá definir el trámite y la viabilidad técnica de cada proyecto en las distintas comisiones.
Savia Salud inició una nueva etapa tras la intervención del Gobierno nacional con la elección de una nueva Junta Directiva y el nombramiento de un nuevo gerente. Aunque la EPS retoma su funcionamiento ordinario, enfrenta una compleja situación financiera, con deudas que superan los $1,5 billones y el desafío de garantizar la atención de 1,6 millones de afiliados.La nueva Junta Directiva fue elegida por la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín y Comfama, accionistas de la entidad. Además, fue designado como gerente el odontólogo de la Universidad de Antioquia, Carlos Mauricio Martínez Flórez, quien asumirá la dirección de la EPS en esta nueva etapa.Con estas decisiones, Savia Salud reanuda su funcionamiento normal luego del proceso de empalme y del cumplimiento de las determinaciones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia. La nueva administración tendrá como prioridad recuperar la estabilidad de la entidad.La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano, aseguró que el principal reto será mantener la prestación de los servicios de salud pese a la difícil situación económica que atraviesa la EPS. La funcionaria señaló que el compromiso es garantizar la continuidad en la atención de todos los afiliados."A pesar de la situación compleja financiera que llega ya a más de $1,5 billones en deudas, el reto es asumido por esta nueva gerencia, por el equipo y sus socios para poder garantizar la prestación de servicios de salud a todos los usuarios. El compromiso y la continuidad se deben mantener", afirmó Solano. Entre las primeras tareas de la nueva administración estará la realización de una auditoría forense para establecer con claridad lo ocurrido durante el periodo de intervención. El objetivo es adoptar las medidas necesarias para recuperar la estabilidad financiera y fortalecer la prestación de los servicios.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
Después de un trino y una declaración del presidente Gustavo Petro sobre el estancamiento de la apelación al archivo de la reforma al sistema de salud, el ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó medidas frente a la inasistencia de congresistas a las sesiones.Petro envió un mensaje a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para que remitan al Consejo de Estado los listados de ausencias en comisiones y plenarias, con el fin de aplicar las sanciones contempladas en la ley, porque según el mandatario, el Gobierno ha emitido mensajes de urgencia e insistencia sobre proyectos que deben avanzar conforme a las normas y no se han discutido.Entre las iniciativas que requieren debate prioritario, para no hundirse por falta de trámite, antes del 20 de julio de 2026 cuando finaliza la legislatura, se encuentran la jurisdicción agraria y la reforma a la salud.En línea con la directriz de Petro, Benedetti envió una solicitud formal a los presidentes del Senado, Lidio García Turbay, y de la Cámara de Representantes, Julián López Tenorio. En la carta, el ministro expresó la preocupación del Gobierno por un “creciente fenómeno de inasistencia” en sesiones de comisiones constitucionales y plenarias.El documento solicita entregar al Consejo de Estado los registros de inasistencia durante los periodos 2025-2026, con el objetivo de evaluar posibles procesos de pérdida de investidura y aplicar sanciones correspondientes.Además, Benedetti pidió trasladar copias a las comisiones de Ética del Congreso para eventuales acciones disciplinarias, así como a las áreas administrativas de Senado y Cámara, con el fin de que se apliquen descuentos salariales cuando corresponda.La razón de la discordia y el desatino del presidenteEn medio de la controversia, Petro afirmó que la apelación al archivo de la reforma a la salud permanece sin trámite porque el proyecto estaría “guardado” en el despacho del secretario del presidente del Senado, sin que se haya convocado a plenaria para discutirlo.Sin embargo, el avance del proceso depende de un informe que debe presentar una comisión accidental encargada de sustentar los conceptos de varios congresistas sobre la apelación y conformada por por los presidentes de las comisiones constitucionales. Dicho documento, que aún no ha sido entregado es requisito previo para que la plenaria decida si aprueba o no reabrir el debate de la reforma.
La Procuraduría General de la Nación concluyó que la muerte del menor Kevin Arley Acosta, ocurrida el pasado 13 de febrero, estuvo relacionada con fallas graves en la prestación del servicio de salud por parte de la Nueva EPS, en un caso que ahora enciende las alarmas sobre la atención de pacientes con hemofilia y enfermedades de alto costo en Colombia.En entrevista con Mañanas Blu, la procuradora delegada para la Salud, Mónica Andrea Ulloa, explicó que el organismo inició una actuación preventiva tras conocer el fallecimiento del menor, lo que permitió reconstruir la trazabilidad de su atención médica. El resultado fue contundente: hubo negligencia en el suministro oportuno del medicamento vital.“La falta del suministro oportuno del medicamento incidió en el deterioro del estado de salud que pudo generar su fallecimiento”, afirmó Ulloa, quien además confirmó que se solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias y la compulsa de copias a la Fiscalía.Deudas millonarias y ruptura de contratos: el origen del problemaUno de los hallazgos más relevantes del informe de ocho páginas elaborado por la Procuraduría tiene que ver con la ruptura de la red de prestación de servicios para pacientes con hemofilia.Según explicó Ulloa, el menor estaba asignado a Medicarte, una IPS que prestaba el servicio hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el contrato no fue renovado debido a una deuda superior a los 53 mil millones de pesos por parte de la Nueva EPS.“Esta relación contractual se termina no solo por la vigencia, sino por la deuda que tenía la Nueva EPS (…) nunca se concretaron los acuerdos de pago”, señaló.Tras la finalización del contrato, la EPS debía garantizar la continuidad del tratamiento con otro prestador. No obstante, esto no ocurrió de manera efectiva. La siguiente entidad, Integral Solutions, también reportó falta de pagos y ausencia de información clínica del paciente.Fallas en la red de atención y traslado críticoEl caso también evidenció fallas estructurales en la red de atención. Luego de un accidente el 8 de febrero, Kevin fue atendido inicialmente en Palestina (Huila) y remitido a Pitalito. Allí, los médicos confirmaron que no contaban con el medicamento necesario ni con la capacidad resolutiva para tratar su condición.A pesar de existir opciones en la región, el menor fue trasladado vía aérea a Bogotá, donde finalmente falleció: “Vemos la insuficiencia que tiene la Nueva EPS de contar con una red disponible (…) el efecto de los cierres de servicios por falta de reconocimiento y no pago de cartera”, explicó Ulloa.Pacientes con hemofilia, en riesgo latenteMás allá del caso individual, la Procuraduría lanzó una advertencia sobre el riesgo que enfrentan otros pacientes con hemofilia afiliados a la Nueva EPS.“Estamos ante un grave riesgo (…) hoy no contamos con una red garantizada para que atienda a estos menores o a toda la población con estas enfermedades”, aseguró la funcionaria.La preocupación se extiende a otras patologías de alto costo, debido a la falta de continuidad en los tratamientos y la inestabilidad en la red de prestadores.Crisis estructural del sistema de saludEl informe también pone en evidencia problemas estructurales en el sistema de salud colombiano, particularmente en las EPS intervenidas. La Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, presenta indicadores en deterioro, según la Procuraduría.“Tenemos un deterioro grave (…) no tenemos una red de prestación de servicios garantizada y el riesgo es latente para todos los afiliados”, advirtió Ulloa. Entre los síntomas de esta crisis se encuentran el aumento de peticiones, quejas y reclamos (PQR), así como el incremento de tutelas e incidentes de desacato, lo que refleja fallas en la garantía del derecho fundamental a la salud.Consecuencias legales en cursoTras las conclusiones del informe, la Procuraduría solicitó formalmente la apertura de investigaciones disciplinarias y remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para determinar posibles responsabilidades penales.Aunque Ulloa evitó calificar jurídicamente los hechos, dejó claro que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer si existen delitos como el homicidio culposo.Un caso que expone fallas sistémicasEl caso de Kevin Acosta no solo revela una presunta negligencia individual, sino que expone fallas sistémicas en la operación de la Nueva EPS y en el modelo de atención a pacientes vulnerables.La Procuraduría advirtió que, en las condiciones actuales, sería inviable que la entidad asuma una mayor carga de afiliados, lo que agrava el panorama del sistema de salud en Colombia.
El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de las EPS en quiebra tras la suspensión de su decreto de reordenamiento de afiliados por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia. El mandatario calificó la decisión judicial como una "política de atranque" y cuestionó la competencia del tribunal para tumbar una norma de carácter nacional que buscaba trasladar a tres millones de usuarios hacia la Nueva EPS.Durante el consejo de ministros, Petro arremetió contra el fallo judicial, asegurando que el tribunal "no tenía competencia" para anular el decreto. Según el jefe de Estado, esta medida impide la eficiencia del sistema preventivo regional y agrava la crisis financiera. "El tribunal acaba completamente la posibilidad de eficiencia. Evitó la solución del Gobierno y eso conduce a que hoy todas las EPS estén quebradas", afirmó.Ante este escenario y el archivo de la reforma en el Congreso, la orden del mantario fue: "Todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera". El Gobierno, sin embargo, insistirá el 20 de julio radicando nuevamente la reforma a la salud y una tributaria para buscar salidas al modelo actual.Para proteger a la Nueva EPS, el mandatario ordenó al Ministerio de Hacienda tramitar el CONFIS para pagar las deudas que el Estado tiene como copropietario. "Eso puede generar que no esté en causal de liquidación", explicó Petro, enfatizando que el saneamiento es vital para mantener la operatividad de la entidad que recibiría a los afiliados de las cajas insolventes.EPS intervenidas y afiliadosNueva EPS: 10,8 millones de usuariosFamisanar: 2,9 millones de usuariosCoosalud: 3,2 millones de usuariosAsmet Salud: 1,8 millones de usuariosEmssanar: 1,7 millones de usuariosSavia Salud: 1,6 millones de usuariosServicio Occidental de Salud: 750.000 usuariosCapresoca: 170.000 usuariosEn conjunto, estas ocho entidades reúnen alrededor de 23 millones de afiliados, lo que representa cerca del 43% de la población del país. Esta situación plantea retos para el sistema de salud, especialmente en el proceso de transición, donde se prevé una mayor presión sobre hospitales y clínicas, así como posibles afectaciones en la continuidad de tratamientos, la entrega de medicamentos y la atención a los usuarios.
Un grupo de 19 exministros y exviceministros de Salud y Protección Social, entre ellos Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, Augusto Galán y otros exfuncionarios, expresaron su respaldo a la decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma a la salud.En una carta dirigida a la opinión pública, los firmantes señalaron que el proyecto archivado no resolvía los problemas de fondo del sistema y que, por el contrario, generaba riesgos en aspectos clave como el aseguramiento, la gestión del riesgo en salud y la continuidad en la atención a los pacientes.Según el documento, la iniciativa no ofrecía garantías claras sobre el flujo de recursos ni sobre el pago oportuno a los prestadores de servicios de salud.Uno de los puntos centrales expuestos por los exministros fue la falta de aval fiscal del proyecto. Indicaron que la reforma no contaba con una estimación creíble de costos ni con fuentes de financiación suficientes y sostenibles, un requisito considerado básico para cualquier cambio estructural en el sistema. Esta situación, afirmaron, generaba incertidumbre sobre la viabilidad de las nuevas funciones y responsabilidades que se pretendían crear.La carta también hace referencia a la situación que enfrentan actualmente los usuarios del sistema de salud. Los exfuncionarios señalaron problemas como el desabastecimiento de medicamentos, la suspensión de tratamientos de alto costo y de enfermedades huérfanas, el cierre de servicios y el deterioro de la red hospitalaria, así como el aumento de acciones de tutela y PQRS.Además, recordaron recientes decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación del sistema de salud y señalaron que el Gobierno no obtuvo la prórroga solicitada para el cumplimiento de esas órdenes.En ese contexto, hicieron un llamado a que las definiciones sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos para 2026 se adopten con base en la metodología vigente y con la información completa necesaria.Finalmente, el grupo de exministros y exviceministros invitó al Gobierno nacional a promover un diálogo con los distintos actores del sistema y a avanzar en ajustes que permitan responder a las necesidades de los pacientes, sin improvisaciones ni decisiones que aumenten la incertidumbre en la atención en salud.
Familiares y amigos continuaban buscando este martes con la ayuda de los medios de comunicación y las redes sociales a allegados en paradero desconocido tras el potente terremoto del lunes en Colombia, que causó la muerte del al menos 169 personas, así como el derrumbe de decenas de edificios, principalmente en las ciudades de Pereira y Cali, sin que se hayan ofrecido datos oficiales sobre desaparecidos.La tierra tembló en Colombia a las 07:34 de la mañana por un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, un pueblo del departamento del Chocó, en la región del Pacífico, situado en límites con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, entre los más afectados por la tragedia.En Cali, donde hay al menos 85 fallecidos, según cifras preliminares de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), y en Pereira, con 66 víctimas mortales confirmadas, la gente pide ayuda para encontrar a los suyos.Se espera que el número de víctimas suba a lo largo del día, a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate, cruciales en las primeras 72 horas tras el sismo para el hallazgo de supervivientes."Juan Romero vive en Pereira, Risaralda. Ayúdanos a encontrarlo". "Henry Palacio y Sonia de la Pava, dos personas de la tercera edad son buscadas, no han tenido comunicación con ellos. Estaban en la Unidad Residencial Verona I de Pereira". "Se busca a la familia Lozano Mora en Cali, ayúdanos a encontrarlos". Estos son algunos de los mensajes que inundan hoy las redes sociales.Entre las personas que no han podido ser localizadas después del terremoto hay 164 españoles, según informó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.Una de ellas es Alicia Cabrera Zagalaz, de 32 años, cuya tía, Julia María Cabrera Ruiz, se comunicó en Bogotá para tratar de obtener información sobre su sobrina y otros familiares."Necesitaría saber noticias de mi sobrina Alicia Cabrera Zagalaz. Es una chica española de la provincia de Jaén que ha salido con su madre, María Dolores Zagalaz, y una tía de vacaciones a Colombia. Ellas viajaron el jueves", dijo la mujer en un mensaje de audio.Entre los casos que más repercusión han tenido están el de Darío Patiño Rivera, padre del periodista Darío Fernando Patiño, quien vivía en el edificio Torres del Limonar, de Cali; o el de la niña Violeta Guerrero, quien estaba en casa de su abuela, Amparo Jaramillo, en el Conjunto Residencial Guadalupe, uno de los que colapsó con el terremoto y de quienes nada se sabe desde entonces.Los equipos de rescate buscan sin descanso entre los escombros a los centenares de personas que siguen desaparecidas y sobre las cuales las autoridades no tienen cifras consolidadas, como tampoco de muertos y heridos por esta tragedia, la peor de Colombia en este primer cuarto del siglo XXI.
La Fiduprevisora deberá terminar anticipadamente un proceso de contratación por $33.127.881.408, destinado a suministrar equipos de cómputo de escritorio y portátiles bajo la modalidad CaaS, conocida como Computer as a Service.La decisión se produjo después de las advertencias realizadas por la Procuraduría General de la Nación sobre posibles irregularidades en las condiciones del proceso. El organismo de control intervino de manera preventiva y encontró varios riesgos que podían comprometer el desarrollo de la contratación. Entre ellos, señaló posibles problemas relacionados con la publicidad, la transparencia y la igualdad que deben garantizarse en este tipo de procedimientos.La Procuraduría, a través de la Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública, puso además la lupa sobre los requisitos exigidos a las empresas interesadas en presentar sus ofertas. Según las observaciones, algunas de estas condiciones podrían dificultar la participación de más proponentes y reducir la competencia.Ante estas advertencias, la Fiduprevisora decidió poner fin al proceso antes de que avanzara hacia las siguientes etapas de contratación. La decisión fue adoptada teniendo en cuenta los riesgos identificados por el Ministerio Público y la necesidad de garantizar que los recursos y procedimientos de la entidad se manejen bajo las reglas establecidas.La Procuraduría recordó que la contratación de la Fiduprevisora debe garantizar principios como la transparencia, publicidad, igualdad, economía, responsabilidad y selección objetiva, además de permitir la participación de los posibles oferentes en condiciones de competencia.
Para cualquier entusiasta del turismo, no hay mejor "souvenir" de una escapada bajo el sol que una piel radiante y dorada. Sin embargo, el regreso de las vacaciones suele traer una pequeña decepción: ese tono que lucía perfecto frente al mar empieza a desvanecerse apenas desempacamos la maleta. Lo que muchos viajeros ignoran es que la duración de ese brillo no depende solo de las horas bajo el sol, sino de lo que ocurre después de la exposición.El secreto para evitar que el bronceado desaparezca rápidamente reside en la hidratación profunda. Cuando la piel pierde agua, se reseca y se descama, eliminando de forma acelerada las células superficiales que contienen la melanina. Por ello, los productos aftersun han evolucionado de ser simples lociones refrescantes a verdaderos tratamientos reparadores. Expertos en cosmética natural destacan ingredientes innovadores como la eritrulosa, un componente derivado del azúcar que proporciona un efecto de bronceado gradual y natural. Al combinarlo con extractos como el del alga porphyridium cruentum, se estimulan los mecanismos naturales que mantienen el tono de la piel por más tiempo. Otros aliados esenciales para el viajero son el aceite de burití por su poder antioxidante, el aceite de semillas de higo chumbo por su capacidad regeneradora y el infaltable ácido hialurónico para retener la humedad. Hábitos del viajero para una piel radiante Más allá de las cremas, la rutina diaria es vital. Se aconseja evitar las duchas excesivamente calientes, ya que resecan la piel, y secarse con la toalla dando toques suaves en lugar de frotar con fuerza.Asimismo, una alimentación rica en betacarotenos y vitaminas C y E ayuda a sostener el color desde el interior. Un consejo que suele pasar desapercibido es realizar una exfoliación antes del viaje y no después; esto prepara la piel para un bronceado más uniforme y duradero.
El Gobierno de Estados Unidos destinó 15,5 millones de dólares en ayuda inicial para Colombia tras el terremoto registrado este lunes. Los recursos serán utilizados para atender necesidades relacionadas con refugios de emergencia, alimentación, protección y evaluación de los daños ocasionados por el sismo.Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que Washington mantiene una comunicación permanente con el Gobierno colombiano para determinar qué otros apoyos pueden ser necesarios durante la atención de la emergencia. La funcionaria destacó que la administración de Donald Trump está preparada para responder a las solicitudes que formule Colombia.¿En qué se usarán los US$15,5 millones enviados por EE. UU.?Molano explicó que la ayuda inicial contempla suministros para las personas que quedaron sin vivienda y elementos necesarios para quienes participan en las labores de atención en las zonas afectadas.“Muchas veces son suministros específicos para los refugios, claro, para tener un lugar en donde dormir día a día”, señaló la funcionaria. También mencionó artículos como máscaras, guantes y equipos de protección personal para quienes trabajan directamente en la emergencia.Los recursos también permitirán apoyar la evaluación de los daños y las necesidades que dejó el terremoto, información que será determinante para establecer las siguientes acciones de asistencia.¿Estados Unidos aumentará la ayuda para Colombia?La portavoz del Departamento de Estado dejó abierta la posibilidad de ampliar el apoyo económico y logístico. La decisión dependerá de la evaluación que realicen las autoridades colombianas y de las necesidades que sean comunicadas a Washington.“Estamos listos para apoyar al presidente De La Espriella y las necesidades que ellos nos comuniquen”, afirmó Molano, quien reiteró que existe una línea de comunicación abierta entre ambos gobiernos.La funcionaria también explicó que Estados Unidos mantiene como prioridad la asistencia consular a sus ciudadanos que se encuentran en Colombia. La embajada en Bogotá permanece en contacto con las autoridades y ofrece canales de atención para quienes requieran información o asistencia.Sobre la posibilidad de enviar rescatistas o personal estadounidense, Molano indicó que Washington está dispuesto a apoyar al Gobierno colombiano mientras se evalúa la situación. “Seguimos muy listos para monitorear siempre toda la situación”, afirmó.La ayuda anunciada constituye, por ahora, el primer paquete de asistencia de Estados Unidos para responder a la emergencia y podrá ajustarse conforme avance la evaluación de los daños.
Autoridades de gestión del riesgo en Manizales avanzan en las labores de inspección de estructuras afectadas por el fuerte sismo de las últimas horas en medio de las evacuaciones preventivas ordenadas para evitar riesgos a los habitantes.El alcalde Jorge Eduardo Rojas manifestó que un centenar de ingenieros ya están desplegados en diferentes sectores de la capital caldense adelantando estas acciones que en profundidad podrían tardar hasta tres horas por inmueble.No obstante, advirtió que ya las solicitudes de revisión superan las mil y por eso en las próximas horas se espera la llegada de expertos para fortalecer esta labor por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Universidad Nacional."Ahora tenemos que hacer inspección ocular, eso es una visita de más de dos horas. De un ingeniero estructural allá metido, inclusive con equipos y cosas, mirando qué tenemos que hacer para retornar. Entonces, eso apenas va a empezar a hacerse, y puede que se demore unos días, porque son demasiadas estructuras", señaló el mandatario local.El mandatario advirtió que la red hospitalaria se ha visto afectada con al menos cuatro estructuras con daños y en el caso de colegios públicos 15 de ellos con situaciones catalogadas como estructurales severas y por eso se suspendieron las clases en toda la ciudad inicialmente hasta el próximo viernes 14 de agosto.En la ciudad ya también se expidieron los respectivos actos administrativos para establecer la urgencia manifiesta y la calamidad pública.
