Ley de salud mental y crisis migratoria: balance de la salud a un año del Gobierno

El Acuerdo de Punto Final es el logro que más se destaca en el primer año de Gobierno en el sector de la salud. Este se enfoca en saldar las deudas históricas entre el gobierno y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que oscilan entre los 7 y los 12 billones de pesos.El pasado 23 de julio se hizo el primer desembolso de 514 mil millones de pesos de las deudas reconocidas en el proceso de liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, y $172 mil millones para el pago de deudas reconocidas por el mecanismo transversal a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres.En pocas palabras, las glosas son objeciones por inconsistencias en las facturas de la prestación de servicios de salud. “Esos pagos se harán soportados en un contrato de transacción entre los agentes del sector donde nos vamos a comprometer a no repetir y a cambiar nuestros hábitos de consumo”, explicó la viceministra Diana Cárdenas.Lea también: Lo que dejó el primer año de gobierno de Duque en materia de economía. Para Augusto Galán, exministro de salud y actual director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, ha habido un esfuerzo importante para sanear las deudas y mejorar el servicio. No obstante, “debe ser un punto final y no se ve todavía claro cómo se va a lograr que no se vuelva a repetir la acumulación de deuda”, explicó. Además, recuerda que hace diez años sucedió algo bastante similar: “hubo una crisis financiera del sector salud por un desfinanciamiento de los recobros, que mostraba, esencialmente, el mismo problema que tenemos hoy. Ahí está la verdadera pregunta, ¿cómo se evitará que no vuelva a repetirse?”.Esto contrasta con la cifra de tutelas de 2018 revelada por la Defensoría del Pueblo: 207 734 correspondieron a transgresiones al derecho a la salud, lo que representa la cifra más alta desde la Constitución de 1991. Los lugares en los que más tutelas se presentaron fueron Antioquia (24%), seguido por Valle del Cauca (11%), Bogotá (7%), Norte de Santander (6%) y Santander con (6%).Asimismo, la Defensoría asegura que las entidades con más demandas en el derecho a la salud, que fue establecido, desde 2008, como uno de los fundamentales, son las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), con el 85%. Medimás es la más demandada con el 12% de acciones en contra, seguida por Coomeva con 11%, Nueva EPS 11%, Savia Salud 11%, Asociación Mutual La Esperanza – ASMET 4% y Salud Total con el 4%.Por su parte, el Ministerio de Salud también logró que desde enero haya regulación de precios de 902 medicamentos, lo que generó un ahorro de 360 mil millones de pesos en los bolsillos de los colombianos. Además, está la nueva política nacional de salud mental, la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas y la firma del pacto internacional para eliminar la malaria.“Es un programa que nos va a permitir concentrar mejores prácticas mundiales y recursos en doce municipios del Chocó, que sumados con Buenaventura y con Tumaco, expresan más del 60% de los más de 60 mil casos anuales que tenemos en Colombia de malaria”, dijo el ministro Juan Pablo Uribe.Por otra parte, y en cuanto a los hospitales, el sector presenta nueve centros médicos intervenidos por la Superintendencia de Salud y uno bajo vigilancia. El Programa de Acción Inmediato AiHospital para el fortalecimiento de los hospitales públicos de Colombia contempla acciones específicas para mejorar la calidad de la atención, inversiones en infraestructura física y dotación, fortalecimiento del talento humano y pago de pasivos, entre otros, pero por ahora solo está en ocho hospitales públicos del país.Entre otros, vale la pena resaltar la atención en salud a migrantes para los cuales se han girado 110 mil millones de pesos a hospitales del país. No obstante, ante la llegada continua y masiva de personas desde Venezuela, queda la duda sobre la capacidad verdadera de un sistema que necesita fortalecerse para poder atenderlos a todos, pero también a los miles de colombianos que a diario, se quejan del sistema de salud.Al respecto, Galán se refiere a lo que se podría llamar “población flotante y polidomiciliaria” de personas que no viven en Colombia, sino que pasan por el país y reciben atención en salud: “los que se quedan acá al menos se van incorporando a la economía, muchos ingresan al sector formal. De la población que pasa la frontera en busca de atención médica, la recibe y se regresa a su país o sigue hacia otro, no tenemos cifras claras y eso sí puede ser problemático”.