Existen pruebas de nexos Fujimori con Pablo Escobar, dice procuradora de Perú

La procuradora antidrogas de Perú, Sonia Medina, afirmó que existen muchas pruebas que relacionaron al Gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) con el narcotráfico y consideró que ahora se quiere "poner en blanco y negro una historia muy dolosa". "Que hoy se quiera negar la participación de ciertos personajes es algo muy distante de la historia verdadera", señaló Medina en declaraciones publicadas por el diario El Comercio a raíz de unas declaraciones del hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, aseguró el sábado que la DEA (oficina antidroga de EE.UU.) intentó chantajear a su familia para que dijera públicamente que Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos hicieron negocios ilícitos con su padre. Añadió que ese ofrecimiento fue a cambio de que la esposa y los dos hijos del que fuera jefe del cartel de Medellín obtuvieran visas para salir de Colombia tras la muerte del capo y pudieran vivir seguros en Estados Unidos. Medina consideró que será "muy difícil" que la historia que cuenta Escobar pueda eclipsar las supuestas pruebas que relacionan al Gobierno de Fujimori con el narcotráfico en los años 90. "Había mucha evidencia de que, efectivamente, los personajes de la mafia de Fujimori y Montesinos estuvieron comprometidos en diversos delitos, entre ellos el narcotráfico, del cual salieron bien librados", comentó. La procuradora dijo que, tras la caída del régimen fujimorista, en el año 2000, muchos de esos casos fueron archivados y "toda la crema y nata del narcotráfico quedó libre de polvo y paja". El sábado, las declaraciones del hijo de Escobar generaron la reacción de la congresista fujimorista Martha Chávez, una de las figuras más representativas de esa agrupación, quien consideró "una maldad" la supuesta intención de vincular a Fujimori con el narcotraficante colombiano. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad en los casos de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. El expresidente ha recibido además tres sentencias por delitos de corrupción que ya se cumplieron y actualmente es enjuiciado por el cargo de peculado (mal uso de fondos públicos), por el que se ha pedido ocho años de prisión. Con EFE