Álvaro Cruz aceptó cargos por el carrusel de la contratación

El exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aceptó cargos por los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza calificado, cometidos dentro del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Horas antes, en los juzgados de Paloquemao la juez 71 con Función de Control de Garantías de Bogotá, legalizó las capturas del exgobernador y del procurador judicial Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, y quien no aceptó cargos por el presunto soborno que recibió para desviar la investigación que corría en contra de Cruz. Así mismo se conoció que el abogado Augusto Ramírez Cuéllar, amigo del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, declaró ante el ente acusador haber sido contactado por el procurador judicial para que influyera en favor de Álvaro Cruz en la investigación por el carrusel de la contratación. El exgobernador fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía en la noche del jueves en el norte de Bogotá, en medio de la investigación que se adelanta en su contra por su presunta vinculación con el ‘carrusel de los contratos’. (Escuche también: No es cierto que hayamos robado la plata para no ejecutar obras: Emilio Tapia) Algunos de los bienes allanados por la Fiscalía al exgobernador son un apartamento en el exclusivo sector de Santa Bárbara en Bogotá y la mitad de 4 locales comerciales, pues la otra parte corresponde a su esposa. Al procurador Jovel Muñoz le incautaron un vehículo sedán, una camioneta marca Audi y un Mini Cooper, bienes que habría adquirido con los dos mil millones que presuntamente recibió. Cruz, quien pasó la noche en el búnker de la Fiscalía, está siendo investigado por supuestamente haber pagado unos sobornos al exconcejal Hipólito Moreno para que le adjudicaran unos contratos de construcción. El pasado 11 de agosto Cruz presentó su carta de renuncia al cargo, en medio de las investigaciones en su contra por el carrusel de la contratación en Bogotá. El exgobernador de Cundinamarca se encontraba preacordando con la Fiscalía comprometiéndose a devolver 800 millones de pesos que habría pagado a concejales e intermediarios para que entregaran a una empresa que sería de su propiedad contratos para el suministro de asfalto para la malla vial de Bogotá.