Consejo de Estado ordena suspender temporalmente la venta de Isagen

de fondo tres demandas para evitar daños al interés público. El alto tribunal tomó la decisión dentro de una demanda de nulidad, radicada contra el decreto mediante el cual se avalaba la venta, en la que el Estado pretendía recibir cerca de 5 billones de pesos. Justamente hoy, el vicepresidente German Vargas Lleras encabezaba una discusión sobre la necesidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para darle trámite a las obras de cuarta generación que están pendientes por falta de financiación. Hace un día, el Gobierno habia fijado en $3.399 el precio base de la venta de Isagen, lo que quiere decir que los tres interesados internacionales que pujarán por esta electrificadora el próximo martes 19 de mayo debieron poner sobre la mesa como mínimo una oferta por este valor para cada acción de la compañía. Las compañías GDF Suez de Francia, Colbún de Chile y Brookfield de Canadá presentaron garantías de seriedad de oferta por $100.000 millones para participar en la subasta de la generadora. Teniendo esto en cuenta, la Nación recibirá mínimo $5,33 billones para sus planes de infraestructura por la venta del 57% de Isagen. El proceso de subasta tendría dos fases: en la fase inicial cada Inversionista precalificado podrá presentar su oferta económica inicial a través de su comisionista de bolsa y de la cual se elegirán las dos ofertas económica de aquellos dos inversionistas precalificados con ofertas económicas aceptables más altas por la totalidad de las acciones. En la fase final, en que participarán solo los dos inversionistas precalificados seleccionados en la fase inicial, quienes tendrán una sola oportunidad de presentar, a través de su comisionista, una nueva oferta económica. Cabe señalar que son tres demandas las que están actualmente acumuladas, en las cuales se argumenta que el Estado no puede vender las acciones del Estado. En su momento la Procuraduría General de la Nación había sugerido no vender Isagen argumentando que en curso hay varias acciones judiciales, cuyas decisiones podrian ser contrarias a los intereses de la Nación, lo que afectaría tanto la estabilidad jurídica del negocio como el patrimonio público.