Pablo Victoria defiende su pensión de $21 millones: “es un derecho adquirido”

que hoy tiene en llamado a indagatoria a los magistrados que tomaron la decisión.

Pablo Victoria fue congresista durante dos periodos y por eso logró jubilarse hace 18 años, a los 53 de edad, con $21 millones de mesada. Sin embargo, desde el año pasado vio recortado su cheque en $7 millones luego de la Corte Constitucional declarara inequidad en las pensiones que percibían congresistas y magistrados por un régimen especial.

Lo que reclama Victoria ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes es que el fallo viola el derecho de no retroactividad y que cualquier modificación en las pensiones debe ser hacia adelante sin afectar decisiones del pasado.

“No hubo debido proceso, se violaron los derechos adquiridos (…) En ningún país se puede permitir que el Estado renuncie a su propia jurisdicción (…) No estoy pidiendo que haya inequidades, pido que se respete el principio fundamental del derecho y no tengo porque renunciar a uno adquirido”, afirmó en la entrevista con Mañanas BLU.

Victoria pidió además “hacer justicia” sobre lo que él llamó una cascada de delitos en la sala de la Corte Constitucional. Recordó que el acto legislativo 1 de 2005 dice que las pensiones del régimen especial solo podrán ser revisadas desde el 2010 hacia adelante y no hacia atrás; y denunció que el exmagistrado Manuel José Cepeda, uno de los cinco que falló a favor del tope pensional, tiene contratos con el estado por $3.480 millones por los que debería estar inhabilitado para decidir a favor el Estado.

“Cómo así que la ley es únicamente para el Congreso y no para las altas cortes”, cuestionó.

Por lo pronto, Manuel José Cepeda deberá rendir indagatoria el 8 de mayo; Juan Carlos Henao, el 22 de mayo; Alejandro Venegas, el 5 de junio; Jorge Pretelt, el 12 de junio, y Luis Guillermo Guerrero, el 19 de junio en la comisión de acusaciones, por los presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión.