Universidad Nacional niega haber manejado contenido electoral en contrato con Alcaldía de Medellín

No se detiene la polémica por el millonario contrato de la Alcaldía de Medellín que habría buscado apoyar, favorecer o costear, con recursos públicos las campañas políticas del algunos miembros del movimiento Independientes, entre los que está Juan Carlos Upegui, primo de la gestora social, Diana Osorio y ficha del alcalde Daniel Quintero para ser su sucesor.Después de que la Universidad Nacional anunciara una investigación interna para aclarar la situación alrededor del contrato interadministrativo, por más de 9 mil millones de pesos, con la Alcaldía de Medellín para temas comunicacionales y en el que se habrían filtrado piezas para las campañas de algunos aspirantes cercanos al alcalde, la institución explicó, a través de un comunicado, que no ha habido tales irregularidades.Dentro de la comunicación, la Universidad Nacional explica que “se ha cumplido con el objeto del contrato y se han entregado las evidencias al respecto, y ninguna corresponde a las carpetas de acceso público con el contenido electoral que se ha difundido a la opinión pública”.De igual manera, asegura desconocer ese material y que ninguna de las piezas que ha levantado crítica son de dominio institucional de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas ni de la universidad como tal.En los últimos días el alcalde Daniel Quintero también cuestionó lo sucedido y además de calificar la investigación abierta por la Procuraduría como un “desgaste de la justicia”, aseguró que todo se trata de una carpeta pública que simplemente fue alterada con otros fines.Pese a estas afirmaciones de las partes implicadas en la controversia, los enlaces a las carpetas donde supuestamente estaba este material, y que ahora están restringidas, sí hacían parte del informe de ejecución del contrato entregado para el mes de marzo.Blu Radio pudo constatar que por lo menos uno de los enlaces a la nube compartidos por Gloria Patricia Jaramillo, quien evidenció la presunta irregularidad en sus redes sociales, coincide con el que la Universidad agregó en la página 73 del citado informe de ejecución. Jaramillo aseguró que inicialmente el contenido era público y al poco tiempo de conocerse su denuncia se limitó el acceso.Para esclarecer lo ocurrido al inicio de sus investigaciones ya la Procuraduría pidió una copia del Manual de Contratación; una certificación expedida por el tesorero donde se indique el valor de los recursos asignados, así como otras copias del proyecto y del cuestionado contrato.Le puede interesar: