Se hizo pública la denuncia de un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional sede Bogotá, en la que afirman ser víctimas de amenazas y testigos de hostigamientos por parte de un directivo del sindicato Sintraunal. La situación la han puesto en conocimiento por parte de las directivas, pero según ellos, no ven una respuesta institucional eficaz.“Durante años hemos sido víctimas y testigos de diferentes formas de violencia y hostigamiento ejercidas por el señor Diego Flores, trabajador de la facultad y presidente de Sintraunal seccional Bogotá… entre otros hechos, el señor Flores nos ha dirigido expresiones denigrantes y misóginas como “perras de Peña” y “las prostitutas de Peña”, concluye la carta.Cabe recordar que el nombre de Diego Flores fue señalado por Kevin Arrigui, el representante estudiantil víctima de agresión, de ser el presunto responsable de ese hecho y así como de la toma del edificio Uriel Gutiérrez en años anteriores y así como de más hechos de violencia que, según denuncia Arriguí, habrían sucedido dentro del campus.Esta carta se suma a la preocupación que hay dentro del campus de la Universidad Nacional por la aparición de carteles y panfletos con amenazas a profesores y estudiantes por parte del denominado grupo “Las Aguilas Negras”. En esa carta anunciaban una “limpieza social” dentro de las instalaciones de la Universidad.Entretanto, en diálogo con la vicerrectora de sede Bogotá, Lorena Chaparro, confirmó que desde junio han identificado varias amenazas hacia varios grupos de estudiantes de los profeso res y estudiantes. Por esto, se presume, por parte de la rectora, que podría ser este mismo grupo que, según fuentes consultadas, estaban desaparecidos u ocultos dentro de la universidad."Nosotros hemos venido identificando en redes sociales alertas desde el mes de junio, y fue remitida las la alerta temprana a la Alcaldía de Bogotá, la que rodó este fin de semana, es una adicional. Desconocemos cuál es la denominación, aparentemente es este grupo, pero eso no nos corresponde a nosotros determinar toda vez que, pues, no no hacemos la la la identificación puntual y la investigación, pero sí nos llama la atención que sean miembros de la comunidad universitaria que están siendo señalados en estos panfletos", apunta la rectora.Por esto mismo, desde la Vicerrectoría de la sede de Bogotá confirmaron que todos los casos ya fueron entregados a la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía de Teusaquillo, quienes están haciendo seguimiento a cada situación. Así las cosas, en la universidad se van a aplicar filtros de seguridad e identificación para saber quiénes están haciendo, entrar alcaldía campus de la Universidad Nacional y así tener seguimientos de cada caso dentro del campus.
El rector de la Universidad Nacional de Colombia, Ismael Peña, lanzó un fuerte llamado a la ciudadanía para rodear y proteger la principal universidad pública del país, en medio de la escalada de violencia, amenazas y confrontaciones que han marcado los últimos meses dentro de la institución.El pronunciamiento se produjo luego de los recientes ataques registrados entre estudiantes y del intento de asesinato del representante estudiantil Kevin Arrigui, hechos que, según el rector, no pueden analizarse de manera aislada. Peña aseguró que estos sucesos, sumados a las controversias por la elección del rector, las amenazas contra estudiantes, docentes y directivos, los intentos de incidir en el gobierno universitario y la ocupación del edificio Uriel Gutiérrez, evidencian un patrón que obliga a una reflexión nacional sobre la defensa de la autonomía universitaria y de la institucionalidad democrática.El rector recordó que la Universidad Nacional atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Señaló que lo que inicialmente parecían disturbios esporádicos terminó convirtiéndose en un fenómeno recurrente que ha afectado la convivencia, la seguridad de la comunidad universitaria y el normal funcionamiento de la institución.Como evidencia de esta situación, presentó cifras sobre los disturbios ocurridos en el entorno de la sede Bogotá. Mientras en 2022 se registraron cerca de 20 hechos de alteración del orden público, en 2023 la cifra aumentó a 28 y durante 2024 alcanzó los 35 casos. Peña enfatizó que las consecuencias de estos episodios han trascendido a la Fuerza Pública, afectando también a estudiantes, trabajadores universitarios, ciudadanos, bienes públicos y al sistema de transporte masivo de Bogotá.El rector recordó además uno de los episodios más graves, ocurrido el 23 de junio de 2023, cuando el patrullero John Freddy Rodríguez Sandoval resultó gravemente herido durante disturbios en inmediaciones del campus. Según indicó, las autoridades establecieron que el presunto responsable, Diego Fernando Perilla Carvajal, alias “Pirulo”, no tenía ningún vínculo con la Universidad Nacional, un hecho que, a su juicio, demuestra que actores externos también han incidido en la violencia alrededor de la institución.Frente a este panorama, Peña convocó a las autoridades, a los organismos de control y a toda la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia, respetar las decisiones judiciales y garantizar que los procesos de representación y gobierno universitario se desarrollen con transparencia, legalidad y plena participación. Asimismo, hizo un llamado directo a los estudiantes y a quienes hoy mantienen confrontaciones, especialmente a través de las redes sociales, para abrir espacios de diálogo que permitan reconstruir la confianza y encontrar puntos de encuentro por encima de las diferencias ideológicas o políticas. “Debemos reencontrarnos en aquello que nos une: el amor por nuestra Universidad y el compromiso con la construcción de los proyectos de vida de quienes hacen parte de ella”, sostuvo. Finalmente, el rector expresó su confianza en que la Universidad Nacional superará esta nueva crisis, como lo ha hecho a lo largo de sus 158 años de historia. Insistió en que el debate debe regresar al terreno de las ideas, el respeto y los argumentos, para que la institución pueda concentrar sus esfuerzos en los grandes desafíos de la educación superior, como la transformación pedagógica, la inteligencia artificial, el cambio climático y la construcción de conocimiento al servicio del país.
En la tarde de este viernes, 31 de julio, se registraron protestas en inmediaciones del ingreso de la Universidad Nacional por la avenida El Dorado. Según la secretaría de Gobierno, agentes del UNDMO, antiguo Esmad, intervienen tras la presencia de personas encapuchadas y para levantar los bloqueos. Por esta situación, la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio estuvo fuera de servicio durante algunos minutos.De acuerdo con el reporte oficial del Distrito, el Equipo de Diálogo Social se desplazó hasta la Universidad Nacional, en la localidad de Teusaquillo, luego de recibir información sobre la presencia de personas con el rostro cubierto al interior del campus. Posteriormente, comenzó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en inmediaciones de la calle 26.Otras manifestaciones en BogotáLa Secretaría de Gobierno también informó que durante la jornada se adelantaron otras manifestaciones en distintos puntos de Bogotá. Una de ellas fue de integrantes de la comunidad campesina del Valle del Cauca, quienes realizaron un bloqueo sobre la carrera 6 con calle 9, frente al Ministerio de Vivienda, para exigir la instalación de una mesa de diálogo con las entidades competentes.Como respuesta a esa movilización, el Equipo de Diálogo Social y la Secretaría Distrital de Movilidad implementaron cierres viales preventivos con el propósito de facilitar el desarrollo de la protesta y reducir las afectaciones para los demás actores viales.En otro punto de la ciudad, frente al Ministerio del Interior, en la localidad de Candelaria, se desarrolló un plantón de mujeres.Entretanto, la Secretaría de Gobierno confirmó que finalizó el acompañamiento institucional a la manifestación del resguardo Sisapiatú de Puerto Gaitán, Meta, frente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Teusaquillo.
En un centro médico en Bogotá, el representante estudiantil Kevin Arrigui se recuperó tras recibir al menos ocho apuñaladas en el interior de la Universidad Nacional en un ataque en la noche de este miércoles, 29 de julio; en diálogo con Recap de Blu Radio, el profesor Diego Torres denunció que, al menos, 10 personas participaron en este hecho."También tuve la oportunidad de ver el video, que pues espero que se ponga a disposición de la fiscalía. No puede hacerse público de momento, pues ustedes entenderán, pero el video es terrible. Se ve como por lo menos 10 personas lo agreden, lo botan al suelo, lo apuñalan. Se ve claramente la sedicia, el nivel de violencia, y también se ve claramente quiénes lo agredieron", indicó.No obstante, dijo, aunque el estudiante ya recibió el alta médica y tendrá una incapacidad aproximada de siete a diez días, su estado emocional es delicado y su entorno analiza trasladarlo fuera de la ciudad por razones de seguridad. Por eso, el docente pidió que se haga justicia y haya una investigación a fondo por lo sucedido, además, que culpa y responsabiliza al sindicato de trabajadores "Sintraunal"."Este sindicato ha violentado varias veces a varias personas. Es muy violento realmente, tienen canales de comunicación muy fuertes. Y Kevin, que es representante estudiantil, los había denunciado en varias ocasiones. Hace poco, menos de 2 o 3 semanas, uno de sus representantes agredió físicamente a Kevin. Yo puedo darles el video, que, además es público, pero esta vez a mí no me cabe la menor duda", añadió.Torres explicó que ya fue instaurada la denuncia penal y que la Universidad Nacional adelanta actuaciones disciplinarias mientras colabora con las autoridades judiciales. Además, aseguró que los videos del ataque fueron incorporados bajo cadena de custodia como parte del material probatorio.E hizo un llamado a la tolerancia a la diferencia de ideas, no solo por Kevin Arrigui sino por todos los miembros de la institución educativa, por lo que pidió que no se estigmatice a toda la comunidad del campus, pues muchos trabajan en pro a ser profesionales para Colombia.
En la noches del miércoles, 29 de julio, dentro del campus de la Universidad Nacional se registró un grave hecho de intolerancia que deja al menos tres personas heridas, con fracturas y heridas por golpes, y una de ellas se recupera en un centro asistencial tras haber recibido al menos ocho apuñaladas. Fuentes le confirman a Blu Radio que todo habría comenzado por diferencias ideológicas entre un grupo de estudiantes y, presuntamente, un grupo de trabajadores sindicalistas de la Universidad después de un intento de retirar una pancarta que permanecía en una de las entradas al campus. Tras notar que el representante las iba a quitar, él y sus acompañantes fueron agredidos.Por su parte, fuentes le contaron a este medio que los presuntos responsables harían parte del sindicato de trabajadores “SINTRAUNAL”, del cual afirman que no sería la primera vez que tendrían altercados dentro del campus. Ante esto, según el relato de un testigo, el joven víctima ya habría sido amenazado por sindicalistas una semana antes de lo sucedido.La víctima de esta caso es el representante estudiantil Kevin Arrigui, quien, presuntamente, además de recibir las agresiones con el arma blanca, habría sido golpeado por más de diez personas al mismo tiempo. El joven estudiante se recupera en un centro médico de Bogotá. De acuerdo con el profesor Diego Torres, docente de la Universidad Nacional, Arriguí ya había recibió amenazas y agresiones por denuncias, afirma, de hechos ya comprobados.“En varias ocasiones ha recibido agresiones por parte de personas desconocidas y también por miembros de uno de los sindicatos de la Universidad Nacional por hacer y denunciar hechos probados y ciertos… absolutamente nada justifica la violencia contra los miembros de la Universidad Nacional", concluyó Torres.Una vez fue reportado el caso, llegaron dos ambulancias muy cerca al edifico de Ciencias Agrarias de la Universidad para atender a los heridos. Por esto mismo, la vicerrectoría de la sede Bogotá emitió un comunicado asegurando que lo denunciado es materia de investigación."Desde el momento que se conocieron los hechos ocurridos, se activaron los protocolos institucionales de atención, acompañamiento de las víctimas y resguardo de la información. Paralelamente se adelantaron los actos urgentes correspondientes con el propósito de contribuir en el esclarecimiento de lo ocurrido", precisó la vicerrectoría de sede.Entre tanto, según alguna fuentes consultadas, el CTI de la fiscalía hizo presencia en la mañana de este jueves, 30 de julio, para recoger pruebas materiales que permitan esclarecer lo sucedido y así avanzar en el proceso de investigación.
La Procuraduría General de la Nación inició una actuación preventiva para verificar la legalidad del proceso de conformación de la terna y designación del representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional. El organismo de control dirigió un exhorto al Ministerio de Educación Nacional, al CESU y a las autoridades competentes para que el procedimiento se desarrolle con pleno cumplimiento de las normas y los principios que rigen la función pública.La decisión se produce luego de que se conocieran públicamente cuestionamientos sobre una presunta omisión en la convocatoria de la totalidad de los rectores de instituciones de educación superior públicas que tendrían derecho a participar en este proceso. Según advirtió la Procuraduría, de confirmarse esta situación, la conformación de la terna podría presentar un vicio de procedimiento que afectaría la validez de la designación, al desconocer el derecho a la participación y el principio de igualdad entre quienes estaban habilitados para intervenir.Ante este panorama, la Delegada Segunda para la Vigilancia de la Función Pública solicitó información detallada sobre el desarrollo del proceso y pidió a las autoridades responsables adoptar las medidas necesarias para garantizar los principios de legalidad, transparencia, participación, igualdad y debido proceso, con el propósito de prevenir riesgos que puedan comprometer la legitimidad de la decisión.La Procuraduría precisó que esta actuación tiene carácter exclusivamente preventivo y no constituye un pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento ni representa una intervención en la autonomía universitaria. El ente de control señaló que su objetivo es promover que las decisiones se adopten conforme al ordenamiento jurídico y evitar eventuales controversias que puedan afectar el proceso de designación del representante del CESU ante el máximo órgano de dirección de la Universidad Nacional.
La Universidad Nacional de Colombia enfrenta una nueva controversia institucional luego de que su rector, José Ismael Peña, calificara como "indignante y aberrante" el proceso mediante el cual el Gobierno Nacional adelanta la elección de un nuevo representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU). Según el directivo, la rapidez y la falta de transparencia en la conformación de la terna evidenciarían un intento de mantener influencia política en el máximo órgano de dirección de la institución.Rector cuestiona el proceso para elegir representante ante el Consejo Superior UniversitarioEl centro de la polémica es la provisión de una vacante en el CSU. De acuerdo con Peña, el proceso para elegir a los representantes de los rectores de universidades públicas ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), organismo encargado de designar al delegado que ocupará ese asiento en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, se desarrolló sin las garantías suficientes."Se hace un proceso de selección de nuestros representantes de manera secreta. Nunca nos enviaron un correo electrónico diciendo que podíamos participar o que podíamos votar", afirmó el rector durante una entrevista con Mañanas Blu.Según explicó, el cronograma fue publicado el pasado 15 de julio y el plazo para postularse y votar se cerró ese mismo día, en apenas cuatro horas, lo que permitió que únicamente cuatro personas participaran en la definición de la terna. Para Peña, esta situación ha generado preocupación entre varias instituciones de educación superior, que consideran que el procedimiento careció de transparencia y de condiciones democráticas.Elección de decanos en la Universidad Nacional preocupa al rectorEl rector aseguró que la principal inquietud radica en las decisiones que deberá tomar el Consejo Superior Universitario durante los próximos meses. En septiembre, este organismo participará en la elección de 24 decanos en las distintas sedes de la Universidad Nacional, por lo que la incorporación de un nuevo integrante podría influir en esas designaciones."Esa persona, como dije antes, va a participar con mayorías para la elección de decanos. Lo que está en juego aquí es un asunto que debería ser académico, donde las comunidades universitarias seleccionen a sus decanos, y un Gobierno pretenda abusivamente intervenir en la autonomía universitaria", manifestó Peña.El rector también sostuvo que el periodo del nuevo representante será de dos años, por lo que, en su concepto, la decisión tendría efectos incluso después de un eventual cambio de Gobierno."Ellos creen que pueden manipular a los estudiantes y convertirlos en grupos políticos", afirmó el directivo al referirse a lo que considera un intento de incidir en la vida universitaria.Rector pide al Ministerio de Educación proteger la autonomía universitariaFrente a este escenario, José Ismael Peña hizo un llamado al Ministerio de Educación para que retire este punto del orden del día en la próxima sesión del CESU y garantice un proceso transparente para la elección del representante.El rector destacó la disposición que, según dijo, ha mostrado la ministra designada, Vivian Morales, frente al respeto por la autonomía de las universidades públicas.Finalmente, recordó que la Universidad Nacional de Colombia cuenta con 150 años de trayectoria académica y científica, razón por la que insistió en que los representantes del Estado ante sus órganos de gobierno deben responder a criterios académicos y no políticos."No queremos que la universidad continúe en procesos políticos de proselitismo, que son ajenos a la vida académica de nuestra institución", concluyó Peña, al reiterar el llamado para preservar la autonomía universitaria y evitar cualquier tipo de interferencia externa en las decisiones del centro de educación superior.
La designación del nuevo representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia volvió a generar controversia. La ministra de Educación designada por el presidente electo Abelardo De La Espriella, Viviane Morales Hoyos, pidió suspender el proceso al considerar que existen cuestionamientos jurídicos e institucionales sobre la conformación de la terna y que la decisión debería quedar en manos del Gobierno entrante.En una carta enviada este 27 de julio al CESU, Morales solicitó abstenerse de realizar el nombramiento hasta que se aclaren las presuntas irregularidades advertidas y se posesionen los nuevos representantes del Gobierno Nacional en ese organismo.La petición surge en medio de denuncias sobre el procedimiento adelantado por el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI), adscrito al Ministerio de Ciencia, para escoger a uno de los integrantes encargados de conformar la terna que será presentada al CESU.De acuerdo con los cuestionamientos conocidos, el proceso de convocatoria, inscripción, votación y designación se habría desarrollado en un periodo reducido y sin que todas las instituciones de educación superior públicas y privadas fueran convocadas. También se señala que únicamente participaron cuatro universidades en la votación para elegir al rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Augusto Choachí González, como representante ante el CONACTI.Posteriormente, ese organismo conformó una terna integrada por Saúl Franco, Darío Restrepo y Darío Fajardo, cuyos nombres deberán ser evaluados por el CESU para escoger al nuevo delegado ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional.En su comunicación, la ministra designada sostiene que durante el proceso se habría incumplido el procedimiento previsto en la Resolución 0417 de 2024 al no garantizar la participación de todos los rectores de las instituciones públicas de educación superior. A su juicio, esa situación podría afectar la validez de la conformación de la terna.Morales también argumentó que el representante del CESU participa en el máximo órgano de dirección de la Universidad Nacional y que las decisiones que allí se adopten tienen efectos sobre la administración y el rumbo de la institución, por lo que considera conveniente que el nombramiento sea realizado con la participación de los nuevos delegados del Gobierno Nacional.El debate se produce mientras distintos sectores universitarios han manifestado preocupación por el proceso de designación y por las decisiones recientes del Consejo Superior Universitario. La Universidad Nacional también ha expresado la necesidad de revisar el procedimiento antes de avanzar con el nombramiento.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro entregó a la bancada del Pacto Histórico el proyecto de reforma integral a la Ley 30, norma que regula la educación superior en Colombia. La iniciativa, que ahora deberá ser discutida por el Congreso de la República, propone modificar el funcionamiento del sistema de educación superior, la forma en que se financian las instituciones públicas y la estructura de gobierno de las universidades.Uno de los ejes de la propuesta es reconocer la educación superior como un derecho y un bien común. En materia financiera, el proyecto establece que los aportes de la Nación a las universidades públicas aumentarán cada año en un porcentaje no inferior al 70 % del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB). Además, plantea incrementar de manera gradual del 2 % al 5 % el presupuesto destinado al bienestar universitario y dispone que las instituciones públicas asignen, como mínimo, el 10 % de sus recursos a investigación, innovación y producción de conocimiento.La reforma también propone avanzar en la formalización de las plantas docentes y administrativas, así como modificar la composición de los Consejos Superiores Universitarios. Según el articulado, se duplicaría la representación de estudiantes y profesores e ingresarían nuevos representantes de sectores territoriales y sociales, lo que implicaría cambios en la toma de decisiones dentro de las instituciones públicas.Otro de los puntos del proyecto es la creación de nuevas instancias para la coordinación del sistema. Entre ellas están los Consejos Territoriales de Educación Superior (CTES), encargados de articular a las instituciones con los gobiernos locales; el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE), que reemplazaría al actual Sistema Universitario Estatal (SUE); y la figura de los Multicampus, con la que se busca compartir infraestructura, programas académicos y servicios entre instituciones. Además, se propone crear un Plan Decenal de Educación Superior para definir la planeación del sector a largo plazo. El proyecto también redefine las funciones del ICFES, que asumiría un papel técnico en el seguimiento y evaluación del sistema de educación superior. En el caso del ICETEX, la propuesta plantea reorientar la entidad para priorizar la financiación de estudios de posgrado y programas de formación en el exterior mediante esquemas de retribución social.Aunque el Gobierno sostiene que la iniciativa desarrolla los cambios iniciados con la Ley 2568 de 2026 sobre financiación de las universidades públicas, el trámite legislativo deberá definir aspectos como el impacto fiscal de las nuevas obligaciones presupuestales, la implementación de los nuevos organismos de coordinación, los efectos de los cambios en la autonomía universitaria y el alcance de las modificaciones al ICETEX e ICFES.La discusión comenzará en las comisiones del Congreso, donde el Gobierno deberá buscar los apoyos necesarios para que la reforma avance en un debate que involucra el modelo de financiación, la gobernanza y la organización del sistema de educación superior en Colombia.
El estudio, desarrollado entre 2014 y 2018, examinó cómo los concursos de belleza para niñas se han convertido en una práctica socialmente aceptada en diferentes regiones del país. Para ello, la investigadora recorrió ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Tunja, Pereira, Santa Rosa de Cabal y Bogotá, observando reinados escolares, municipales, comerciales y nacionales.Uno de los casos más controvertidos documentados fue el de “Miss Tanguita”, certamen realizado en Barbosa, Santander, donde niñas desfilaban en bikini a orillas del río Suárez. Las imágenes se difundieron internacionalmente y generaron fuertes críticas por la sexualización de menores de edad. Sin embargo, las autoridades locales defendieron la actividad argumentando que contaba con permisos oficiales.Según el estudio, el episodio evidenció que no se trataba de situaciones aisladas, sino de una práctica profundamente normalizada y respaldada por distintos sectores de la sociedad. Según la investigación, algunos concursos reproducen dinámicas similares a las de los reinados de belleza para mujeres adultas, incluyendo maquillaje, peinados especializados, entrenamiento en pasarela y evaluaciones centradas en la apariencia física.La investigación también identificó el papel fundamental de madres y abuelas en la transmisión de estas tradiciones. En varias regiones, las familias relataron historias de tres generaciones consecutivas de mujeres que habían participado en reinados, consolidando estos eventos como parte de la construcción de la identidad femenina.Otro hallazgo relevante fue el impacto económico detrás de estos certámenes. Muchas familias invierten importantes sumas de dinero en vestidos, maquillaje, clases de modelaje y desplazamientos, con la expectativa de que los concursos representen oportunidades de ascenso social o acceso al mundo de la publicidad y el modelaje infantil.El estudio señala además que estas prácticas atraviesan distintos niveles socioeconómicos y contextos culturales, mientras algunos reinados están asociados a festividades tradicionales y celebraciones folclóricas, otros son organizados por colegios, centros comerciales, alcaldías o empresas privadas, contribuyendo a que los concursos sean percibidos como “actividades normales e incluso deseables”.Como resultado de debates públicos sobre la exposición de menores en este tipo de eventos, departamentos como Risaralda y Antioquia han prohibido los reinados infantiles en instituciones educativas. No obstante, la práctica continúa vigente en gran parte del territorio nacional.
Al menos 12 personas murieron y otras 46 resultaron heridas en dos accidentes múltiples registrados este martes en la autopista Trakia, en el sureste de Bulgaria. En los siniestros estuvieron involucrados cerca de 50 vehículos, entre automóviles, furgonetas y camiones, de acuerdo con el balance entregado por la ministra de Sanidad, Katya Ivkova.Los choques ocurrieron en inmediaciones de la ciudad de Yambol, entre los enlaces de Zimnitsa y Kabile. El primero se registró poco después de las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 289, en sentido hacia Burgas. Minutos después, cuando la vía ya estaba bloqueada por los vehículos accidentados, se produjo una segunda colisión múltiple en la calzada contraria, en dirección a Sofía.Las autoridades señalaron que la niebla densa habría reducido la visibilidad y dificultado la circulación. A esto se sumaron las condiciones resbaladizas de la carretera, que habrían complicado las maniobras de los conductores.¿Cómo ocurrió el accidente múltiple en Bulgaria?Según el gobernador regional de Sliven, Mihail Kasherov, el choque inicial se habría producido entre un autobús y un camión que transportaba cereales. Ambos vehículos se incendiaron. El funcionario indicó que más de 70 automotores podrían estar involucrados, aunque el primer balance oficial reportó cerca de 50.Un testigo relató al canal Nova TV que la visibilidad no superaba los 50 metros. También contó que salió de su vehículo para auxiliar a una persona atrapada en un taxi en llamas y que, poco después, escuchó cómo comenzaban a chocar los vehículos de la calzada contraria.Uno de los pasajeros del autobús describió escenas de pánico: “Todas las ventanas estaban rotas, llovían fragmentos de cristal y estábamos amontonados unos encima de otros. Algunos se habían caído, otros estaban heridos y otros atrapados”.¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el choque?La autopista Trakia fue cerrada en ambas direcciones para facilitar las labores de rescate y retirar los vehículos. En el operativo participan policías, bomberos, personal sanitario y unidades del Ejército.Los heridos fueron trasladados a centros médicos de la región. Además, dos aviones militares de transporte con equipamiento médico quedaron disponibles en el aeropuerto de Burgas para llevar a pacientes graves a hospitales de otras ciudades, si es necesario.El primer ministro, Rumen Radev, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció la cancelación de su agenda de trabajo tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también manifestó su solidaridad con Bulgaria.El balance de fallecidos y lesionados es provisional. Las autoridades continúan con las labores de atención e investigan las circunstancias de las dos colisiones.
Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que las donaciones del sector privado para los damnificados del terremoto en Cali están llegando en su totalidad a la población afectada. En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario detalló que solo en la capital del Valle del Cauca los aportes de empresas y fundaciones suman cerca de 400.000 millones de pesos. Esos recursos se están invirtiendo en colegios, hospitales y ayudas para las familias que perdieron sus viviendas.“100% está llegando a la gente y creo que es un acto de tremenda generosidad”, afirmó Eder. Según el alcalde, el sector privado donó en total 1,6 billones de pesos a nivel nacional tras la emergencia.Las donaciones no entran al presupuesto de la Alcaldía de CaliAnte los cuestionamientos ciudadanos sobre el destino de esos recursos, el alcalde pidió a la opinión pública no dejarse engañar. Explicó que la plata de los donantes nunca entra al presupuesto público de Cali, porque la manejan directamente los privados.“Esa plata la ejecutan los mismos privados a través de sus fundaciones”, señaló. Como ejemplo, citó a un grupo de empresarios que se agrupó a través de Propacífico e hizo una donación de alrededor de 250.000 millones de pesos. Las intervenciones se definen en mesas de trabajo conjuntas. Entre los aportantes, Eder mencionó también a Tecnoquímicas y a la Fundación Gilinski.Sobre el modelo de ejecución, el mandatario indicó: “Esto todo se hace con el direccionamiento desde la alcaldía, pero la ejecución la hacen las fundaciones privadas, que muchas veces son más eficientes y más rápidas que la ejecución pública”.El papel de la Primera Dama en la reconstrucción de CaliEntre los aliados en la atención de la emergencia, el alcalde destacó a la fundación de la Primera Dama, Ana Lucía Pineda. Junto a la Fundación Gilinski, esa fundación está a cargo de la recuperación de la institución educativa Eustaquio Palacios, uno de los colegios más grandes de Cali, que quedó devastado por el sismo. Eder resaltó la gestión de la Primera Dama en este proceso y la calificó como “un gran liderazgo”.La alianza también llega al sector salud. Con la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama, la Alcaldía trabaja en el Hospital Carlos Holmes Trujillo, en el oriente de la ciudad. Según el mandatario, allí no solo se repararán los daños causados por el terremoto, sino que también se mejorará el hospital.Colegios y hospitales afectados por el terremoto en CaliSegún el alcalde, con estos recursos ya se intervienen o están por intervenirse 18 colegios. Uno de ellos es la institución educativa Eustaquio Palacios, uno de los más grandes de la ciudad, que quedó devastado por el sismo. De ese plantel se encargan la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama.Las obras ya empezaron en el Colegio Nuevo Latir, en el oriente de la ciudad, con el acompañamiento de la gestora social Taliana Vargas. El siguiente será la institución educativa Antonio José Camacho, un colegio de 92 años que también resultó afectado.Eder dimensionó el impacto en la red escolar: más de 200 colegios afectados, 70 de ellos con daños graves y ocho cerrados. En algún momento cerca de 60.000 estudiantes no podían asistir a clases, y hoy esa cifra está más cerca de 15.000. “Estamos trabajando para que todos puedan estar en el colegio de aquí a diciembre”, aseguró.En salud, el alcalde dijo que las donaciones también financian la recuperación del Hospital Carlos Holmes Trujillo, en el oriente de Cali, que además será mejorado. Paralelamente, la administración construye cuatro hospitales nuevos, entre ellos una clínica de cáncer de mama en el norte de la ciudad. Según Eder, estas obras resistieron el sismo sin problemas.Vivienda para las 700 familias que lo perdieron todoLa prioridad de la Alcaldía son las 700 familias cuyas viviendas colapsaron o fueron demolidas. La mayoría se concentran en las comunas 19, 2, 17 y 18, y en especial en la Comuna 19.Para atenderlas existen dos tipos de apoyo. Por un lado están unas bonificaciones gestionadas ante el Fondo Milagro, cercanas a 159 millones de pesos según el alcalde. Están dirigidas a familias que perdieron a un ser querido o que están en situación de alto riesgo. Por otro lado están los bonos de 50 millones de pesos de la Alcaldía para quienes perdieron su casa.El mandatario explicó que se buscan viviendas nuevas, porque cumplen los códigos antisísmicos actualizados, y que en Cali hay un inventario de cerca de 900 unidades. De las 700 familias, unas 400 ya expresaron interés en las bonificaciones. “Las bonificaciones pues no alcanzan para adquirir un apartamento, pero tienen forma de dar el cierre financiero”, precisó. Eder espera que desde la próxima semana decenas de familias empiecen a recibir sus viviendas.Demoliciones y reconstrucción: un proceso de añosEn Cali se revisaron cerca de 14.000 edificaciones. Hasta ahora hay 85 inmuebles identificados para demolición, entre edificios y casas, y ya se han demolido 20. El alcalde estima que esa cifra podría llegar a entre 100 y 120 estructuras. Esto se suma a las demoliciones anunciadas en semanas anteriores.Eder advirtió que levantar edificios nuevos tomará cerca de dos años: unos seis meses de estudios y diseños, y otros 18 meses de obra. “Uno no construye un edificio nuevo en 2 semanas”, dijo.Sobre las protestas en Chiminangos, el alcalde detalló que ese sector tiene 288 torres construidas antes de 1985, de las cuales 156 tienen sello rojo. Seis de ellas presentan daños muy graves, y las demás tienen daños principalmente en las escaleras. Los diseños de intervención tardarán semanas, posiblemente hasta un mes. “Yo entiendo que hay desesperación, pero nosotros tenemos contacto permanente con la comunidad”, afirmó.Mercados y partido de la Selección Colombia para los damnificadosEder anunció que Cali y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) aportaron cada uno un millón de dólares para entregar tarjetas de mercado a 20.000 familias damnificadas. Esta iniciativa se suma a los bonos de mercado que ya se entregan en la ciudad.Además, el alcalde contó que habló con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. Según Eder, la Federación donará todas las ganancias del partido de la Selección Colombia en Cali a los damnificados y quiere apoyar el programa de alimentos. El amistoso será contra Chile este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, como informó Blu Radio. bluradio“No hay una varita mágica”El alcalde reiteró que la recuperación será una “maratón” de cuatro años. Recordó que le queda un año y dos meses de gobierno. “Desafortunadamente no hay una varita mágica. Esto es un proceso”, sostuvo.Al cierre de la entrevista hizo un llamado a mantener la solidaridad: “Esto no es solo cifras, no solo edificios, hay familias y hay personas que lo perdieron todo”.
Desde el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el alcalde Alejandro Char firmó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe –CAF– la financiación de hasta USD 50 millones para proyectos ambientales y de impacto social, contemplados en el plan de desarrollo de la capital del Atlántico.El acto se realizó con la participación del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados y, en el acuerdo, se estipuló la recuperación ambiental de la ciénaga de Mallorquín y el arroyo León, el programa Todos al Parque y el mejoramiento de los espacios urbanos."Y qué mejor que pensar en nuestra naturaleza, en nuestro patrimonio natural, ambiental, todo el tema de aves, peces... hoy están aportando unos 50 millones de dólares y unos recursos adicionales no reembolsables para para potencializar todo esto, después de tres años de mucho estudio, de revisarlo a fondo", expresó el alcalde Char."Teníamos dificultades también con el Ministerio de Hacienda, pero bueno, ya pasamos todo eso, aprendimos y aquí para adelante a impulsar a Barranquilla como debe ser", agregó el mandatario barranquillero. A su turno, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, valoró que Barranquilla siga siendo un gran faro para todo el Caribe."Esto es un punto de partida, no es un punto de llegada. Vemos esta relación como una en la cual el banco quiere contribuirle a la ciudad con recursos técnicos, humanos y financieros para desplegar su pleno potencial, que sabemos que es mucho más", expresó Díaz-Granados."La ciudad ha alcanzado, en estos 20 años de transformación, grandes logros, pero podemos seguir siendo un gran faro para todo el Caribe. Vemos a la ciudad como un espejo de toda la región, del cierre de brechas de desigualdad, de pobreza", agregó.La CAF y la Alcaldía Distrital suscribieron además dos cooperaciones técnicas no reembolsables. La primera fortalecerá la Estrategia de Internacionalización del Distrito, con apoyo a la Oficina de Relaciones Internacionales y una hoja de ruta a 2030. La segunda, en el marco de la Iniciativa de Rutas Migratorias de las Américas, apoyará la estructuración del Plan de Recuperación del Arroyo León como corredor ecológico para aves migratorias.
Cerca del final de obras en Hidroituango, EPM ya piensa en poner andar otro proyecto: el alcalde Federico Gutiérrez indicó que ante el Gobierno nacional ya avanzan las gestiones para reactivar la central Espiritu Santo. La megaobra se desarrollaría aguas abajo del actual complejo y generaría hasta 600 megavatios de energía. A buen ritmo avanza EPM para entregar las turbinas de la fase 2 de Hidroituango, en donde las unidades de generación de energía 5 y 6 ya superan el 70% de labores de instalación y estarían listas para entrar en operación antes de finalizar 2027. Por su parte, las turbinas 7 y 8 podrían entrar a operar durante el primer trimestre del 2028.El reporte lo entregó el gerente general del Grupo EPM, Jhon Maya Salazar: “Y esperamos que para el próximo año ya tengamos también muy adelantado y ojalá funcionando dos máquinas de la segunda parte de las 5 a la 8. Vamos muy bien, vamos cumpliendo cronograma y esperamos dar la buena noticia a final del segundo semestre del próximo año”.Mientras avanzan estas obras, y en medio de la visita a la central en compañía de los ministras de Minas y Energía María Nohemi Arboleda y el de Ambiente Fabio Arjona, Empresas Públicas de Medellín ahora piensa en desengavetar uno de los proyectos clave para la generación de energía sobre el río Cauca.Se trata de la central Espíritu Santo, ubicada 18 kilómetros abajo de la presa de la Hidroituango, en el corregimiento de Puerto Valdivia, y cuyo desarrollo se pospuso en los últimos años, entre otras cosas, por la atención a la contingencia de 2018 en el proyecto.El alcalde Federico Gutiérrez destacó que este proyecto que aprovecharía aguas del Cauca podrá generar hasta 600 megavatios de energía, una cuarta parte de la que será capaz de producir Hidroituango con sus ocho turbinas operando.“Yo como presidente de la junta de EPM desde el primer momento en que volvimos al Gobierno pedí sacar de los anaqueles ese proyecto, volverlo a presentar y que sea una realidad, no solo para Antioquia, sino para el país. Colombia necesita energía firme”, aseguró Gutiérrez.Tras la adquisición en 2013 de la compañía Espíritu Santo Energy por 70 millones de dólares, EPM había llegado hasta una etapa de prefactibilidad de dicha central.Ahora, la empresa de servicios públicos busca alcanzar la factibilidad, formular estudios de impacto ambiental y recorrer todos los trámites que finalmente culminen en autorizaciones para desarrollar obras en límites entre Ituango, Briceño y Valdivia.El alcalde Gutiérrez destacó que Espíritu Santo se convierte en un proyecto clave en medio de la necesidad de más iniciativas para la producción de energía limpia en el país, especialmente en el contexto del cambio climático y situaciones como el fenómeno de El Niño.
Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que la reconstrucción de Cali será un proceso de largo aliento que tomará hasta cuatro años, y pidió paciencia a los damnificados que todavía esperan soluciones de vivienda. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales el mandatario aseguró que la prioridad de la Alcaldía son las 700 familias que perdieron por completo sus hogares porque sus edificios colapsaron.“En tres meses que cumplimos hoy, uno no se recupera o no reconstruye después de un terremoto. Hay que tener eso en cuenta”, dijo Eder, quien recordó que desde el primer día advirtió a los caleños sobre la magnitud del reto: “Tenemos que estar preparados porque iniciábamos a correr una maratón que dura 4 años y llevamos los primeros 3 meses de 4 años”.El mandatario ya había anticipado en ocasiones anteriores que la reconstrucción de Cali tomaría varios años. Según explicó, la atención pasó por una fase de rescate, luego por la recuperación de las víctimas, y hoy está concentrada en resolver el problema de vivienda.Bonos de vivienda para familias damnificados en CaliEder detalló que la Alcaldía mantiene contacto con los afectados a través de grupos de WhatsApp y que, de las 700 familias priorizadas, unas 400 han manifestado interés en acceder a las bonificaciones. La Alcaldía entregará bonos de 50 millones de pesos a hogares que perdieron su casa sin perder a un familiar, mientras que el Fondo Milagro otorga apoyos a quienes perdieron a un ser querido durante el sismo o se encuentran en situación de alto riesgo o vulnerabilidad socioeconómica.“Las bonificaciones pues no alcanzan para adquirir un apartamento, pero tienen forma de dar el cierre financiero”, explicó el alcalde, quien espera que desde la próxima semana decenas de familias comiencen a recibir sus viviendas.La apuesta, según Eder, es por viviendas nuevas, debido a que cumplen con los códigos antisísmicos actualizados y porque en la ciudad existe un inventario disponible de cerca de 900 unidades. El Gobierno nacional también anunció nuevas viviendas y mejoramientos para damnificados del Valle a través del Fondo Milagro.Los colapsos y demoliciones se concentran en las comunas 19, 2, 17 y 18, principalmente en la Comuna 19, una zona que, de acuerdo con el alcalde, alberga un importante sector de servicios médicos, entre ellos el Hospital Universitario del Valle.Demoliciones en Cali: hasta 120 estructurasEl alcalde explicó que en la ciudad se revisaron cerca de 14.000 edificios y que hasta ahora hay 85 inmuebles identificados para demolición, entre edificios y casas, de los cuales 20 ya fueron demolidos. Actualmente, la Alcaldía adelanta la demolición de cinco, privados con sus aseguradoras trabajan en otros tres y el Fondo Milagro iniciaría labores en una lista de 11. La cifra total, advirtió, podría llegar a entre 100 y 120 estructuras.“Demoler no es como que, bueno, ese edificio se ve mal, túmbelo. No, toca entrar, toca mirarlo, tienen que ver los ingenieros”, señaló Eder sobre la complejidad de las demoliciones de edificios afectados.Sobre la reconstrucción de nuevos edificios en los predios demolidos, el mandatario precisó que los estudios de suelo y los diseños tardan unos seis meses y la construcción otros 18 meses. Mientras tanto, las familias pueden usar los bonos para adquirir vivienda en otro sector. Eder agregó que en cuatro o cinco edificios las asambleas de copropietarios ya decidieron no reconstruir: “Esto es una tragedia. Aquí vivían familias, aquí habían memorias. En algunos de ellos murió gente”.El alcalde destacó además que, de las 20.000 personas evacuadas de sus casas, el 34 % tiene más de 62 años, y que la mayoría de los afectados pertenece a los estratos 4 y 5, una población para la que, según dijo, no están pensados los programas de apoyo social en Colombia.La situación en ChiminangosFrente a la desesperación de los damnificados, reflejada en las acciones que la Alcaldía adelanta para atender las afectaciones en el sector de Chiminangos tras las protestas de sus habitantes, Eder insistió en que “aquí no hay solución fácil”. De acuerdo con el alcalde, en ese sector del norte de Cali hay 288 torres construidas antes de 1985, antes de los códigos sísmicos, de las cuales 156 tienen sello rojo. Seis presentan daños muy graves y las otras 150 tienen afectaciones sobre todo en las escaleras. Los ingenieros entregarán los diseños de intervención en las próximas semanas, en un proceso que podría tardar hasta un mes antes de iniciar las obras. Aquí puede consultar cómo avanza la recuperación de Chiminangos.“Yo entiendo que hay desesperación, pero nosotros tenemos contacto permanente con la comunidad”, afirmó. El mandatario estimó que pasarán unos dos años hasta que estén terminadas las primeras torres de vivienda.Colegios y hospitales afectados por el terremotoEder reveló que más de 200 colegios resultaron afectados, 70 de gravedad, y ocho permanecen cerrados. En un momento llegaron a ser cerca de 60.000 estudiantes sin clases; hoy la cifra se acerca a los 15.000, y la meta es que todos regresen a las aulas antes de diciembre.Con recursos del sector privado se intervienen planteles como el Eustaquio Palacios, uno de los más grandes de la ciudad, a cargo de la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama; el Nuevo Latir, en el oriente, donde ya iniciaron obras, y la institución educativa Antonio José Camacho, con 92 años de historia.En salud, el alcalde anunció mejoras en el Hospital Carlos Holmes Trujillo y aseguró que los cuatro hospitales nuevos que construye su administración resistieron el sismo sin problemas.Donaciones del sector privado para la reconstrucciónSobre los aportes de grandes donantes, Eder aseguró que los recursos están llegando a la gente: “100 % está llegando a la gente y creo que es un acto de tremenda generosidad”. Según sus cifras, el sector privado donó 1,6 billones de pesos a nivel nacional y cerca de 400.000 millones en Cali.El alcalde aclaró que ese dinero no ingresa al presupuesto público, sino que lo ejecutan las fundaciones privadas con direccionamiento de la Alcaldía. “No se dejen cuentear”, advirtió.Mercados para damnificados y partido de la SelecciónEder también destacó un programa con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con aportes de un millón de dólares de Cali y otro millón de la agencia de Naciones Unidas, para entregar tarjetas de mercado a 20.000 familias. Según dijo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, le confirmó que las ganancias del partido de la Selección en la ciudad irán para los damnificados y para apoyar este programa. Colombia y Chile se enfrentarán en un amistoso el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, como se informó al anunciarse el partido. Al cierre, el mandatario reiteró que la recuperación trascenderá su mandato: “Yo seré el alcalde de Cali durante 1 año y 2 meses más y le voy a entregar todo cuerpo y alma a esta misión”. Y añadió: “Esto no es solo cifras, no solo edificios, hay familias y hay personas que lo perdieron todo”.