La procuradora delegada para la moralidad pública, Olga Lucía Alfonso, emitió un fallo en primera instancia contra Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y Efraín Vargas Corvacho, exgerente de infraestructura local. Ambos, vinculados a una investigación por presuntas irregularidades en materia de contratación de pozos de agua durante la emergencia hídrica de 2014 que golpeó a la capital del Magdalena.
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La Procuraduría estableció que la sanción de Caicedo es por 12 años y la de Vargas Corvacho por 11.
Según el fallo, Caicedo incurrió en una “falta gravísima” debido a la celebración de dos contratos con la firma Ingeniería del Caribe Ltda.
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El documento señala: "con desconocimiento de los principios de igualdad (o selección objetiva), transparencia y economía que rigen la función administrativa y la contratación con recursos públicos en tanto no se garantizó en los términos de referencia ni en el contrato la idoneidad del contratista para la construcción de las obras".