Santa Marta atraviesa una fuerte ola de calor que ya comienza a impactar las actividades diarias en la ciudad. Según reportes del Ideam, la temperatura ha llegado hasta los 36 grados centígrados, mientras que la sensación térmica en algunos sectores alcanza los 45 grados.El incremento del calor ha obligado a muchos ciudadanos a buscar alternativas para refrescarse en medio de las altas temperaturas. En el centro de la ciudad, vendedores de bebidas frías y raspao aseguran que las ventas aumentaron en los últimos días.“Esto se mueve mucho más cuando hace este calor. La gente busca agua, jugos, raspao, cualquier cosa fría para aguantar las temperaturas”, contó Luis Camargo, vendedor en el centro histórico de Santa Marta.Ante este panorama, la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Salud Departamental, emitió varias recomendaciones para prevenir afectaciones en la salud asociadas a las altas temperaturas.Recomendaciones para ola de calor en Santa MartaLas autoridades pidieron mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, utilizar ropa ligera y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.Además, recomendaron reducir la actividad física al aire libre durante las horas más calurosas del día y acudir a centros médicos en caso de presentar síntomas como mareo, dolor de cabeza, fatiga o deshidratación.El Ideam advirtió que las altas temperaturas podrían mantenerse durante los próximos días, tanto en Santa Marta como en varios municipios del Magdalena y otras ciudades de la región Caribe.
La Alta Consejería para la Paz advirtió que los diálogos con grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta no lograron reducir la violencia y, por el contrario, habrían coincidido con el fortalecimiento de estas estructuras en el Magdalena.La funcionaria Jennifer del Toro señaló que el proceso no dejó resultados concretos en materia de desmovilización. “El tiempo ya no es suficiente para proponer una agenda realista. Se generaron expectativas, pero no se concretaron metas claras para que estas estructuras se sometieran a la justicia”, afirmó.Según el balance, grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Ejército Gaitanista de Colombia ampliaron su presencia y control en el territorio, imponiendo dinámicas como la extorsión y la regulación de actividades económicas.La funcionaria también cuestionó la falta de reglas claras en el proceso. “No hubo cronogramas ni mecanismos de verificación. Parecía que se avanzaba, pero en realidad la violencia no disminuyó. Era una obra de teatro de la paz”, indicó.Las cifras reflejan el panorama. Entre 2022 y abril de 2026 se registran más de 2.300 homicidios en el Magdalena, el departamento más afectado en la región Caribe.Para la Alta Consejería, el resultado es un territorio con mayor presencia ilegal y una población que sigue enfrentando presiones de los grupos armados. “El problema que queda en el territorio es real y está más fortalecido”, concluyó.
Tierras que durante años estuvieron bajo el dominio del paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta hoy pasan a manos de comunidades indígenas. Se trata de los predios La Fe, Quimbaya y El Refugio, que suman más de 200 hectáreas y que, según las autoridades, hicieron parte de la estructura del exjefe paramilitar Hernán Giraldo.La recuperación fue liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en un proceso que busca avanzar en la reparación de víctimas y en la transformación del territorio.Uno de los predios, La Fe, ubicado en el corregimiento de Guachaca, ya fue entregado al pueblo kogui, en lo que representa un hecho significativo para la restitución de derechos territoriales en la Sierra Nevada.Desde el territorio, el cabildo gobernador kogui, Atanasio Moscote Gil, destacó la importancia de esta entrega para las comunidades indígenas. “Hoy estamos aquí recibiendo este predio por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Para nosotros, como pueblo kogui, es muy importante para el desarrollo y el buen vivir de nuestras comunidades”, señaló.El líder indígena explicó que estos territorios no solo tienen un valor productivo, sino también espiritual y ambiental. “Esto nos permite proteger la naturaleza, las fuentes hídricas, los ríos y los sitios sagrados que están en estos predios, que son fundamentales para el equilibrio de la tierra y la vida”, agregó.La entrega de estos terrenos se enmarca en la Reforma Rural Integral y en los procesos de justicia transicional, con los que se busca devolver tierras que estuvieron ligadas al conflicto armado.
Lo que comenzó como una denuncia por ruido terminó en una golpiza. Dave Rivard, ciudadano canadiense residente en el sector de Nueva Galicia, en Santa Marta, asegura que fue agredido luego de reclamar por problemas de convivencia que, según él, venían ocurriendo desde hace más de un año.Cuenta que desde marzo de 2025, junto a su familia y al menos 16 vecinos, ha presentado denuncias formales por música a alto volumen, uso de viviendas como talleres de motocicletas y otras actividades que alteran la tranquilidad del sector.Sin embargo, asegura que las respuestas no han sido efectivas. Incluso relata que en varias visitas oficiales las autoridades no lograron evidenciar el ruido en el momento exacto, pese a que —según él— la situación era constante.Tras sus constantes quejas, Rivard afirma que fue agredido físicamente luego de reclamar por el ruido y por la devolución de un equipo de medición de decibeles que, asegura, le había sido retirado.La agresión fue violenta. Tuvo que ser atendido en un centro médico, donde quedó registrado que presentaba múltiples lesiones y una fractura en el tabique, producto de la golpiza.Un día después, el ciudadano formalizó la denuncia ante la Fiscalía. Dice que no busca privilegios, sino garantías para él, su familia y los vecinos que han acompañado las quejas. “Hoy no pido favores, pido protección, investigación seria y cumplimiento efectivo de la ley”, señaló.Blu Radio consultó a las autoridades sobre este caso. Indicaron que la situación está siendo atendida y que se adelantan las investigaciones correspondientes. Aun así, Rivard sostiene que no ha recibido acompañamiento ni medidas de protección tras la agresión.El caso deja una preocupación abierta. Un conflicto de convivencia que no fue resuelto a tiempo terminó en violencia y hoy una comunidad insiste en que sus denuncias no pueden seguir siendo ignoradas.
La tensión continúa en el Centro Transitorio de Detención (CTD) Norte de Santa Marta, luego de un motín que dejó una persona muerta, varios heridos y al menos 35 reclusos fugados, según reportes de defensores de derechos humanos.El hecho ha generado preocupación entre autoridades, comerciantes y organizaciones sociales, especialmente porque ocurre a pocos días de iniciar la temporada turística de Semana Santa. De acuerdo con el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, la situación evidencia fallas en la planificación de seguridad frente a un problema que, asegura, ya había sido advertido.“Esto ya había ocurrido antes, incluso, con personas de alta peligrosidad que se fugaron y regresaron a los grupos armados. Hoy se vuelven a escapar decenas de detenidos, la mayoría procesados por hurto y concierto para delinquir, en una ciudad donde el robo a mano armada es una constante”, señaló.Para Dimas, la fuga masiva refleja la falta de planes de contingencia frente a motines o intentos de escape, pese a que el centro de reclusión ya había registrado situaciones similares en el pasado. “El problema no era desconocido. Era una bomba de tiempo. La pregunta es dónde estaban los planes de contingencia de la Alcaldía y de la Policía para evitar que esto ocurriera”, afirmó.Tras lo ocurrido, el alcalde de Santa Marta solicitó públicamente al presidente Gustavo Petro que facilite una reunión urgente en la ciudad con el ministro de Justicia y el director del Inpec, con el fin de buscar soluciones a la crisis carcelaria que enfrenta el distrito.Según el mandatario, el motín dejó tres policías y cinco detenidos heridos, además de una persona fallecida. La administración distrital insiste en que el problema del hacinamiento en estaciones de Policía y centros transitorios requiere una respuesta del Gobierno nacional.La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, cuestionó el manejo que el Distrito le ha dado a la situación carcelaria y señaló que la crisis responde a la falta de medidas para descongestionar estos centros. “La rebelión obedece al crítico manejo que el distrito le ha dado al hacinamiento y a la negligencia para suscribir convenios con la Cárcel Rodrigo de Bastidas”, afirmó.La mandataria indicó que desde la Gobernación se adelantaron gestiones con el Inpec que permitieron el traslado de 194 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía del departamento, como medida para aliviar la presión en estos espacios.Mientras tanto, la situación también impacta la actividad comercial del Centro Histórico de Santa Marta. La directora de la Corporación Centro Histórico, Diana Giraldo, señaló que el temor por los hechos ha provocado el cierre de varios establecimientos.“La gente está sumamente preocupada. El comercio de las calles 10, 11 y 12 está prácticamente cerrado por la situación de seguridad”, explicó. Según indicó, los comerciantes aún evalúan las pérdidas económicas mientras esperan un pronunciamiento oficial de las autoridades.Hasta el momento, ni la Policía Metropolitana de Santa Marta ni otras autoridades judiciales han entregado un balance oficial completo sobre la fuga ni sobre el número exacto de detenidos recapturados.Entre tanto, en la ciudad persiste la preocupación por las consecuencias que esta situación pueda tener en materia de seguridad, especialmente en vísperas de una de las temporadas turísticas más importantes del año.
En Santa Marta, una testigo electoral terminó haciendo las veces de jurado, por una supuesta confusión por parte de ella. El caso ya está en manos de la Procuraduría.El casoPor presunto “desconocimiento”, según su testimonio a las autoridades, una testigo electoral del Partido Nuevo Liberalismo habría ejercido las funciones de jurado de votación en uno de los 389 puestos habilitados en Magdalena.Puntualmente, el caso se registró en la mesa 18, del puesto de votación de la Institución Educativa Distrital El Parque, ubicado frente a la terminal de transportes de Santa Marta, donde Yamith Paola Algarín Estrada llegó al comienzo de la jornada y suscribió los formularios E-9, que corresponde al de sello de urna, y el E-11, que es el de la instalación.Algarín suscribió estos formatos como si fuera jurado de votación, siendo que su rol es el de testigo y no debía diligenciar estos documentos.La delegada de la Procuraduría levantó de inmediato el acta correspondiente y reportó la novedad en el sistema en línea de dicho ente de control.
La Defensoría del Pueblo informó que la reapertura del parque este 5 de marzo se acordó tras mesas de trabajo con entidades del Estado y representantes del pueblo Kogui, con el objetivo de garantizar la protección ambiental del parque y el respeto por su valor cultural y espiritual.La entidad señaló que los diálogos se adelantaron desde el 18 de febrero, con la participación de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y autoridades indígenas, entre otras instituciones.De acuerdo con la Defensoría, las conversaciones permitieron avanzar en acuerdos para la reapertura del parque bajo lineamientos concertados, orientados a proteger el área natural y a garantizar el bienestar de las comunidades que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta.Según explicó la entidad, durante este proceso se desplegó un equipo técnico y humano para acompañar la búsqueda de soluciones a las problemáticas identificadas en el territorio y facilitar espacios de concertación entre las partes.Es importante recordar que el Tayrona había sido cerrado temporalmente el pasado 17 de febrero, mediante la Resolución 091 de 2026, como una medida preventiva para proteger la vida y la integridad de visitantes, comunidades y funcionarios, así como para restablecer condiciones de seguridad dentro del área protegida.La decisión se tomó luego de una serie de situaciones registradas en los accesos al parque, entre ellas bloqueos en entradas como El Zaino y Neguanje, intimidaciones al personal de la entidad y cobros no autorizados a visitantes, lo que llevó a las autoridades a suspender el ingreso.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
A través de un comunicado, Dimayor dio a conocer las fechas y horarios en que se disputarán las semifinales de la Liga BetPlay 2026, que dejó que el primer duelo será este sábado, 16 de mayo, entre Deportes Tolima y Atlético Nacional en el estadio Manuel Murillo Toro.El duelo entre verdolagas y pijaos quedó programado para las 6:00 de la tarde y, curiosamente, los mayores beneficiados por esta decisión fueron los seguidores del cuadro paisa debido a que sí habrá ingreso de hinchada visitante para este compromiso, así lo hizo saber el cuadro tolimense en sus redes sociales.Los hinchas interesados en este compromiso podrán adquirir su boleta en TuBoleta: https://tuboleta.com/es/eventos/deportes-tolima-vs-nacional-semifinalPrecios y localidades para Tolima vs. NacionalOccidental Numerada — $174.200 + $10.500 | Aforo: 550Occidental General — $133.900 + $8.100 | Aforo: 3.300Oriental — $96.200 + $5.800 | Aforo: 7.000Lateral Norte — $55.900 + $3.400 | Aforo: 3.750Lateral Sur — $46.800 + $2.900 | Aforo: 8.000Nor Occidental Visitante — $104.000 + $6.300 | Aforo: 2.000¿Final adelantada?El duelo entre pijaos y verdolagas será algo apasionante, en especial por el historial fases decisivas entre ambos equipos. Arrancará el 16 de mayo en Ibagué y cerrará el 23 en Medellín, en donde serán 180 minutos para definir a uno de los finalistas que buscarán bordar la estrella de mitad de año en el FPC.Ambos clubes llegan en un excelente nivel y con una ambición alta de lograr un buen resultado. Pero la "ventaja" que tendrá Atlético Nacional será la carga del Tolima en Copa Libertadores, que aún define si clasifica o no a los octavos de final, mientras que ellos tendrán la semana para descansar y preparar el duelo de vuelta.Este se ha convertido en uno de los duelos más comunes en la historia de los torneos cortos del fútbol colombiano, en especial por la calidad de cada uno.
A través de su cuenta en X, Benedetti aseguró que las afirmaciones del magistrado “son mentira” y defendió la gestión del Gobierno. “El CORMPE ha brindado garantías de seguridad como nunca antes en el país”, afirmó.La reacción del ministro se produjo luego de conocerse la carta fechada el 6 de mayo de 2026, en la que Prada expresó preocupación por el deterioro del orden público y el impacto que tendría sobre el derecho al voto en condiciones de libertad y seguridad. En el documento, el magistrado señaló que la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales representa un riesgo para candidatos, líderes políticos y votantes. Además, citó alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE), según las cuales 185 municipios del país estarían en riesgo electoral, de los cuales 94 tendrían riesgo extremo.Prada también cuestionó la falta de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, mecanismos que considera fundamentales para que partidos y campañas puedan exponer situaciones de riesgo y coordinar respuestas institucionales.Sin embargo, Benedetti sostuvo que el magistrado sí ha sido convocado a esos espacios, incluida una reunión realizada recientemente en Manizales, a la que asistieron cinco magistrados del CNE. “Si usted no asiste pues no va a tener información actualizada y veraz de cómo va el proceso electoral”, escribió el ministro en su publicación.El jefe de la cartera política también aseguró que la carta divulgada por Prada ya había sido respondida desde el pasado 8 de mayo y reiteró que la invitación a participar en la Comisión de Garantías Electorales fue enviada originalmente el 5 de mayo. Finalmente, Benedetti cuestionó el tono de la denuncia del magistrado y afirmó que sus declaraciones “parecen más un show de mala leche que una preocupación real sobre el proceso electoral”.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aceptó la renuncia irrevocable de Pedro Fabián Acosta a su cargo como asesor de esa cartera mientras que en materia penal se adelantan las investigaciones en su contra por su presunta responsabilidad por la presunta comisión del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años.La Fiscalía General de la Nación imputó en 2024 a Pedro Fabián Acosta por la presunta comisión del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, según el ente acusador, las víctimas serían las dos hijastras menores de edad del funcionario.La investigación incluye los testimonios de las niñas y varios registros audiovisuales que, presuntamente, habría realizado el exasesor del MinTic mientras las menores dormían o en espacios privados, como el baño o su habitación.“El señor Pedro Fabián Acosta se le metía al cuarto y se acostaba al lado de ella y le hacía tocamientos por encima de la ropa, cuando ella quería levantarse la agarraba fuerte de los brazos y no la dejaba salir y qué pasó en muchas ocasiones”, narró la Fiscalía durante la audiencia de imputación contra el exasesor de MinTic.De acuerdo con la denuncia, la madre de las menores y las presuntas víctimas aseguran estar enfrentando un escenario de amenazas e intimidaciones durante el desarrollo del proceso judicial. También aseguran que el funcionario habría mencionado supuestas influencias políticas por su participación activa en la campaña del actual gobierno.Las denunciantes además aseguran haber sido señaladas en procesos por presunta extorsión, hechos que consideran una forma de presión y revictimización en medio de la investigación penal.
El procedimiento hizo parte de una serie de intervenciones que la Alcaldía viene adelantando en distintos puntos de Bogotá para frenar la invasión del espacio público y mejorar la movilidad en sectores con alta congestión.Una de las localidad intervenidas fue Kennedy, en donde varias grúas retirando motocicletas que ocupaban andenes y zonas peatonales. En total, 21 motos fueron inmovilizadas durante el operativo de control.Durante la jornada, agentes de tránsito verificaron motos estacionadas sobre andenes, ciclorrutas y espacios destinados al paso de peatones. Algunos conductores reaccionaron con molestia ante las sanciones, mientras residentes del sector apoyaron los controles y aseguraron que el problema se ha vuelto frecuente.El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que este tipo de operativos continuarán en diferentes localidades de la ciudad y afirmó que el objetivo es recuperar zonas peatonales y reducir riesgos para ciclistas y transeúntes.“Lo que buscamos es que el espacio público pueda ser usado por todos y que haya respeto por las normas”, señaló el mandatario.La administración distrital también indicó que las acciones se mantendrán de manera conjunta entre autoridades de tránsito y seguridad, especialmente en puntos donde las quejas ciudadanas por invasión del espacio público han aumentado en los últimos meses.
Desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Bogotá, Néstor Lorenzo entregó la prelista de 55 convocados a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El argentino dio detalles de los nombres elegidos, al igual de algunos ausentes en donde resaltó el nombre de Radamel Falcao García si merecía un "último baile" o no con la Tricolor."Falcao es jugador de fútbol todavía, o sea, sería una falta de respeto. Yo lo pensé como jugador al principio del proceso, es decir, si hubiera tenido un nivel de competitivo con el resto de los compañeros que están en la lista, él estaría, porque lo que representa para el fútbol. Lo que pasa que acá el criterio también es el rendimiento deportivo y bueno, y la competencia que tiene con los compañeros. Pero yo lo adoro, lo quiero tener siempre al lado mío. Y me gustaría tenerlo en el área rival, ¿no? Pero bueno, esto es así. Hay que elegir, y yo sé que es duro. A mí me pasó, yo fui también jugador de selección, y cuando quedaba afuera te quiere matar. Yo entiendo a los muchachos", fueron las palabras de Lorenzo sobre por qué no llamó al '9' de Millonarios.Sin embargo, pese a que no será tenido en cuenta para el Mundial 2026, para Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y Blog Deportivo de Blu Radio, la Selección Colombia sí le debe algo al 'Tigre': un homenaje, que, para él, debe ser pronto y no esperar hasta que se retire y le pidió a Lorenzo tenerlo presente para una próxima convocatoria."Sí y es cierto, pero la campaña no termina. La Selección Colombia le debe un homenaje a Falcao García. Totalmente. Le debe un homenaje a Falcao García. No sé cuándo se lo van a hacer, que no sea cuando, cuando, cuando Falcao esté por ahí de 55, 60. No, no, nada. Ahorita que será ahorita, claro", fueron las palabras del director del Gol Caracol.Lo cierto es que en este momento el 'Tigre' no está sumando minutos en el fútbol colombiano por una lesión y, este semestre, no ha sido protagonista con Millonarios ante el gran nivel que ha mostrado Rodrigo Contreras en partidos determinantes. En total, Radamel ha disputado 104 partidos con la camiseta de Tricolor en donde anotó 36 goles en donde se volvió en uno de los máximos goleadores del equipo, por lo que esta petición es apenas lógica por la importancia e influencia del 'Tigre' en la historia de la selección.