Venezuela vive sus peores horas. La decisión ilegítima y arbitraria del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional es el más duro golpe que ha recibido la frágil democracia venezolana, desde que el chavismo llegó al poder, hace varios lustros. Para decirlo sin titubeos: en Venezuela se ha presentado un golpe de Estado y la democracia ha dejado de existir.
La separación de poderes es la máxima expresión de todo sistema democrático. Pero con lo que acaba de ocurrir, la voluntad popular -que en Diciembre de 2015 eligió a sus representantes en la Asamblea Nacional- ha sido pisoteada por Nicolás Maduro y por un organismo de su bolsillo, como es el Tribunal Supremo de Justicia. El llamado Socialismo del Siglo XXI, puesto en ejecución por Hugo Chávez Frías, se acaba de quitar la careta y muestra al mundo su verdadero rostro: el de la dictadura.
No hay democracia si no hay separación de poderes. El golpe artero propinado por el TSJ contra la Asamblea Nacional constituye el golpe de gracia que le hacía falta al moribundo sistema democrático venezolano. Pero en Venezuela tampoco se respetan los Derechos Humanos, ni la libertad de expresión. No hay garantías para la oposición, que tiene a varios de sus líderes presos, como Leopoldo López y cientos de estudiantes. El régimen chavista desprecia las libertades y promueve el autoritarismo.
La condena al golpe de Estado en Venezuela debe ser masiva y contundente. Ningún país que se precie de promover la libertad y el respeto de los Derechos Humanos puede cohonestar con las arbitrariedades y abusos cometidos por Maduro y sus aliados políticos, incluyendo -claro- al tristemente célebre Tribunal Supremo de Justicia. El ejemplo de Perú y Argentina debe ser imitado por otros gobiernos.
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Colombia debe dar pruebas de su compromiso con la defensa de todo sistema democrático, así como de su rechazo a quienes abusan del poder, tal es el caso de Maduro y sus aliados. El llamado a consultas del embajador en Caracas, Ricardo Lozano, servirá no sólo para conocer de primera mano todo lo que acontece en el vecino país, sino para hacerle ver a Maduro que Colombia rechaza la vulneración del principio fundamental de toda democracia, como es la separación de poderes.
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En ese mismo sentido, la canciller, María Ángela Holguín, debería reconsiderar su postura inicial y respaldar la aplicación en el vecino país de la Carta Democrática por parte de la OEA, propuso el secretario general de ese organismo, Luis Almagro. Llegó la hora de ponerse del lado correcto de la historia.
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