El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante decisión judicial, resolvió a favor del dirigente Carlos Caicedo aprobar dos de las medidas cautelares que interpuso ante dicho despacho judicial, en aras de frenar un posible incremento de las tarifas del servicio que Electricaribe le presta a un gran sector de los habitantes de la costa y suspender el proceso de contratación de terceros operadores.
A través de la decisión judicial, el Tribunal ordenó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe en gran parte de la costa Atlántica, se programen y evacuen dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los departamentos afectados, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las tarifas a modificar y a adoptar.
De igual manera, se ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y a cualquier otra entidad que resulte competente, que antes de escoger el nuevo operador que remplace a la empresa Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación en cada uno de estos departamentos afectados, a fin de que en estas se realicen audiencias de socialización en las que participen todas las partes implicadas.
Luego de los abusos y la mala prestación del servicio de energía que presta Electricaribe, el dirigente Carlos Caicedo se dio a la tarea de estructurar una acción popular para lograr que el Estado recuperara la titularidad del servicio, al igual que se frenaran los aumentos de las tarifas de la energía y que realizara las inversiones que se requieren para mejorar la infraestructura. La acción popular fue presentada en septiembre del 2017.