En los próximos días la Contraloría de Santander recibirá el informe técnico que concluirá cuales fueron las causas del colapso de la represa de La Batanera, en Vélez (Santander), que significó una descalabro de al menos 10 mil millones de pesos de recursos públicos.
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Mientras tanto, el ente de control confirmó la vinculación de varios funcionarios y contratistas en el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta por el escándalo.
“En este caso el contratista que ejecutó la obra es uno de los principales responsables, pero además hay varios exfuncionarios de la Gobernación de Santander y la gerencia de la ESANT que tendrán que dar sus explicaciones en el proceso fiscal y penal”, explicó el contralor Ariza en entrevista con BLU Radio.
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La fallida obra, que no alcanzó ni a ser inaugurada porque colapsó, no solamente provocó un despilfarro de los millonarios recursos de su ejecución sino que sigue siendo una carga fiscal por inversiones que se han tenido que mantener para evitar una tragedia.
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El jefe del organismo de control confirmó que el exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, ESANT, Edwin Ballesteros, fue vinculado al proceso de responsabilidad fiscal, señalando que se hallaron serias irregularidades en cuanto a la recepción de la obra terminada.
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“Es muy posible que el informe que nos entregue la ESANT, la Sociedad Santandereana de Ingenieros y la UIS confirme que la represa de Vélez no tiene arreglo, lo que significaría que estamos frente a unos de los casos más graves de detrimento en las finanzas públicas de la región”, señaló el contralor.
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