El reciente asesinato de una pareja de abuelos en el municipio de Ocamonte, Santander, por robarlos, despertó la alarma entre las autoridades departamentales por la presencia de algunos grupos delincuenciales organizados por ciudadanos venezolanos.
El alto flujo de migrantes en el municipio de San Gil, que es el corredor vial más importante para llegar a Bogotá, obligó a crear ese puesto de control para revisar que la estadía de los venezolanos en Colombia sea legal.
“En este consejo extraordinario de seguridad hemos tomado la decisión de instalar este puesto que será de control para verificar la regularidad de nuestros migrantes venezolanos en este territorio, y recalcarles que los operativos serán constantes”, dijo el secretario del Interior de Santander, Andrés Fandiño.
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Según informó el funcionario, en lo que va del 2019 y tras esos operativos han sido retornados 320 ciudadanos del vecino país a zona fronteriza.
“Hemos despejado el espacio público tras los controles que hacemos en toda la provincia Guanentina y Comunera, estamos dando un parte de tranquilidad”, añadió.
Entre tanto, las autoridades aún siguen buscando a un grupo de tres venezolanos responsables del asesinato de la pareja de abuelos en Ocamonte.