La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.
La falta de avances en la construcción del puente El Congreso llevó a los habitantes de San Andrés, Santander, a bloquear la vía que comunica con Málaga. La comunidad exige respuestas por los retrasos de una obra fundamental para la movilidad de más de 2.000 familias de Laguna de Ortices y varias veredas del municipio.Laura Robayo, líder de la campaña comunitaria en la zona, denunció que el proyecto acumula varios meses de retraso y cuestionó el ritmo de ejecución de los trabajos. Según manifestó, el contratista envía únicamente dos obreros al lugar y, aunque toman fotografías de las actividades, no se evidencian avances significativos en la construcción."El contrato fue adjudicado hace más de cuatro años, durante la administración del entonces gobernador Mauricio Aguilar, después de que una avalancha destruyera el antiguo puente y dejara incomunicadas a las comunidades y hoy no hay avances considerables", señalóLa situación ha obligado a los campesinos a utilizar una tarabita para cruzar el sector, transportar sus productos agrícolas y llevar alimentos y víveres hasta sus viviendas. También deben recurrir a este mecanismo para desplazarse a citas médicas y realizar otras actividades cotidianas.La emergencia afecta especialmente a estudiantes, adultos mayores y productores rurales, quienes deben exponerse a riesgos al atravesar terrenos inestables y utilizar este sistema artesanal de transporte.Frente a los reclamos de la comunidad, la secretaria de Infraestructura de Santander, Jessica Mendoza, explicó que el proyecto fue recibido por la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus en el marco de una emergencia por calamidad pública.La funcionaria señaló que durante la ejecución se presentó un nuevo deslizamiento en el talud donde estaba prevista la construcción de uno de los estribos del puente. Esta situación obligó a modificar los diseños iniciales y realizar ajustes técnicos al proyecto.Mendoza indicó que se aprobó una prórroga de tres meses para completar los trabajos y anunció que la Gobernación espera poner en funcionamiento la infraestructura en diciembre de 2026.La construcción del puente El Congreso se convirtió en una de las principales preocupaciones de los habitantes de Laguna de Ortices y las veredas de San Andrés, luego de la destrucción de la antigua estructura por una avalancha.De acuerdo con los líderes comunitarios, el proyecto cuenta con una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos y fue planteado como la solución definitiva para recuperar la conexión de esta zona rural.Incluso, el gobernador Juvenal Díaz Mateus reconoció anteriormente dificultades en la ejecución del proyecto y atribuyó parte de los problemas a fallas de planeación.Mientras la Gobernación de Santander sostiene que los ajustes técnicos permitirán terminar la obra en diciembre, los habitantes insisten en que necesitan soluciones concretas y avances verificables. Por ahora, más de 2.000 familias continúan dependiendo de una tarabita para movilizarse, sacar sus cosechas y abastecerse de alimentos.La protesta busca que las autoridades departamentales aceleren los trabajos y garanticen el cumplimiento de los nuevos plazos de entrega de la obra.
Familiares, amigos y habitantes de Santander despidieron en medio del dolor a Paula Carley Coca Murcia, la joven de 23 años que fue asesinada mientras trabajaba en un establecimiento comercial de Pinchote. Su muerte, presuntamente a manos de un hombre de 63 años que habría desarrollado una obsesión por ella, ha generado rechazo e indignación en el departamento.La despedida de Paula estuvo marcada por las muestras de solidaridad hacia sus familiares y los mensajes que reclaman justicia por un crimen que apagó los sueños de una joven que tenía toda una vida por delante.El feminicidio ocurrió hacia las 12:40 del mediodía del domingo 1 de noviembre, en un café ubicado en el kilómetro 2 de la vía que comunica a San Gil con Socorro, en jurisdicción de Pinchote. De acuerdo con la información conocida, Paula se encontraba cumpliendo su jornada laboral cuando el hombre llegó al establecimiento y, en medio de una discusión, la atacó en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante.La joven sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, donde falleció minutos después, pese a los esfuerzos del personal médico.Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de este caso es que, según información conocida por Blu Radio, Paula se había graduado recientemente como tecnóloga en Investigación Policial y tenía el sueño de ingresar a la institución.Personas cercanas a la joven denunciaron que presuntamente venía siendo acosada por el hombre de 63 años, quien, según las primeras versiones, no aceptaba que ella tuviera una relación sentimental con otra persona.Incluso, versiones preliminares señalan que durante la discusión el hombre habría pronunciado una frase amenazante: «Si no era para mí, no es para nadie más». Este señalamiento deberá ser contrastado dentro de la investigación judicial y no ha sido establecido oficialmente como parte de los hechos probados.Después de atacar a Paula, el hombre habría escapado por la vía nacional en dirección a San Gil. La Policía activó un plan candado que permitió ubicarlo y capturarlo en el sector de la plaza de ferias de ese municipio.De acuerdo con el teniente coronel Duván Francisco Gélvez Ferreira, comandante del Distrito de Policía de San Gil, el hombre presentaba lesiones que presuntamente se había ocasionado a sí mismo al momento de ser interceptado, por lo que fue trasladado a un centro médico bajo custodia policial. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.Este martes 3 de noviembre, durante la mañana, está prevista la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el capturado, diligencia en la que la Fiscalía expondrá los elementos de la investigación ante un juez de control de garantías.Por su parte, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Santander, Waleska Quintero Jaimes, rechazó el crimen y pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales.Mientras avanza el proceso judicial, familiares y amigos de Paula le dieron el último adiós en el municipio de Valle de San José, en una despedida atravesada por el dolor y el reclamo de justicia. Su asesinato vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia contra las mujeres y las consecuencias de las conductas de acoso, persecución y control que pueden anteceder a un feminicidio.
La construcción de la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander, en San Gil, comenzó con la intervención y demolición de la antigua infraestructura del Hotel Bella Isla, donde actualmente funciona el área administrativa del Hospital Regional de San Gil.La maquinaria amarilla ya ingresó al predio para dar inicio a las primeras actividades de la obra, considerada una de las apuestas de infraestructura educativa más importantes para las provincias del sur de Santander.El avance del proyecto también implica el traslado de las oficinas administrativas del Hospital Regional de San Gil, que ocupan el inmueble bajo la modalidad de comodato y que ya comenzaron a buscar una nueva sede para continuar sus actividades.De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, denominada Construcción del nuevo campus universitario para la sede UIS San Gil, la inversión asciende a $200.965.800.477. La infraestructura tendrá un área total de 47.849 metros cuadrados, distribuidos entre espacios académicos, zonas verdes, parqueaderos y un centro de convenciones.El proyecto contempla 15.850 metros cuadrados de área académica, 14.595 metros cuadrados de parque urbano, 10.404 metros cuadrados para el centro de convenciones y 7.000 metros cuadrados de parqueaderos.La nueva sede contará con 20 aulas, 14 laboratorios y seis salas de cómputo. También tendrá una biblioteca con capacidad para 200 personas, un auditorio para 395 asistentes y un coliseo con aforo para 335 personas.Uno de los componentes destacados será el centro de convenciones, proyectado para recibir hasta 1.295 asistentes. La infraestructura incluirá, además, espacios de bienestar universitario, áreas administrativas y zonas de mantenimiento.La nueva sede busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para los habitantes de las provincias Guanentá, Comunera y Vélez, quienes contarán con una infraestructura universitaria más amplia en San Gil.Según las proyecciones del proyecto, se beneficiarán alrededor de 2.200 estudiantes y cerca de 10.000 personas de la región. La construcción deberá cumplir con las normas de seguridad y accesibilidad aplicables, con el propósito de ofrecer mejores condiciones para las actividades académicas, investigativas, culturales y de bienestar universitario.Con el inicio de las obras, San Gil avanza hacia la consolidación de un nuevo campus de la UIS que, además de ampliar la capacidad educativa, incorporará espacios para actividades culturales y encuentros regionales.
Las fuertes lluvias que se registran en Santander mantienen en alerta a los organismos de gestión del riesgo por las emergencias reportadas en cinco municipios. El balance preliminar incluye una persona desaparecida, una vivienda afectada, un puente vehicular averiado y el cierre total de una vía rural.En Barbosa, los organismos de socorro, la Policía Nacional y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo adelantan labores de búsqueda de una persona de 23 años que desapareció tras una creciente de cañadas y arroyos durante la noche del 20 de octubre.Entre tanto, en Guaca se reportaron crecientes súbitas de las quebradas Sisota y Los Verdes, que afectaron una vivienda y ocasionaron daños en un puente vehicular. Además, permanece cerrado el paso por la vía que comunica al casco urbano con las veredas Los Ranchos y Sisota.La situación también genera preocupación en San Andrés, Cerrito y Suratá, donde las autoridades mantienen bajo monitoreo los ríos El Congreso, Servitá y Suratá, respectivamente. Asimismo, se reportan fuertes lluvias en el páramo del Almorzadero.De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las precipitaciones podrían continuar durante la noche, aumentando el riesgo de nuevas crecientes súbitas, inundaciones y movimientos en masa.Las autoridades recomendaron a las comunidades mantenerse alejadas de las riberas de ríos y quebradas, evitar el tránsito por puentes averiados y vías afectadas, y atender las indicaciones de los organismos de socorro.Los consejos municipales de gestión del riesgo mantienen el seguimiento a las emergencias para coordinar la atención y reducir los riesgos para las comunidades. La prioridad es encontrar a la persona desaparecida en Barbosa y evaluar las afectaciones ocasionadas por las lluvias.
La muerte de la ingeniera Janeth Mylene Suárez Saavedra, 11 días después de sufrir graves quemaduras por una llamarada en el restaurante Hello Life, en Bucaramanga, dejó nuevos testimonios sobre la emergencia ocurrida el pasado 2 de octubre. Su esposo, José Luis Rodríguez, también resultó gravemente lesionado.Una mujer que se encontraba en el establecimiento relató cómo se desencadenó la tragedia mientras compartía un café con una amiga y se preparaba para realizar una videollamada de cumpleaños.Según su testimonio, una pareja ingresó al restaurante y se ubicó en una mesa justo detrás de donde ellas estaban sentadas. Cuando la testigo se disponía a tomar su café, escuchó los gritos de la mujer y, al levantarse para ver qué ocurría, observó que de la mesa salían llamas que alcanzaron el cabello y el cuerpo de Janeth Mylene.“En instantes, su cabello fue alcanzado por las llamas y lo siguiente fue tragedia para enloquecer”, describió la testigo al recordar los momentos de angustia que se vivieron en el lugar.La mujer aseguró que, en medio de la desesperación, el esposo de la víctima, otra persona y ella misma intentaron apagar el fuego que se extendía por el cuerpo de Janeth Mylene. La emergencia provocó gritos, llanto y confusión entre quienes se encontraban en el establecimiento.“Aún escucho los gritos de aquella mujer, su desconsuelo ante las heridas, el pánico que se apoderó de mí cuando por fin ya no había fuego”, relató.La testigo también manifestó su preocupación por el tiempo que, según su versión, tardó en llegar la ambulancia. Durante esos momentos, la mujer lesionada pedía que llamaran a uno de sus hijos y expresaba su temor de morir. Finalmente, su hijo llegó al lugar antes que los paramédicos.El relato da cuenta de la angustia de quienes intentaron auxiliar a la pareja mientras esperaban la llegada de los organismos de emergencia.A través de un comunicado divulgado el miércoles 14 de octubre, el restaurante Hello Life lamentó el fallecimiento de Janeth Mylene Suárez Saavedra y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.El establecimiento señaló que los hechos ocurridos el 2 de octubre en sus instalaciones son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, encargadas de esclarecer las circunstancias de la emergencia.También manifestó su disposición a entregar la información requerida y atender las solicitudes que se presenten durante el proceso.Hasta el momento, no se conocen conclusiones oficiales sobre las causas de la llamarada ni sobre eventuales responsabilidades. La investigación deberá establecer cómo se produjo el incidente y qué circunstancias rodearon la manipulación del recipiente con alcohol. La muerte de la ingeniera, ocurrida 11 días después de la emergencia, mantiene la atención sobre un caso en el que el testimonio de quienes presenciaron los hechos aporta detalles de los momentos vividos dentro del restaurante, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de lo sucedido.Los actos fúnebres de Janeth Mylene Suárez Saavedra se realizará este 16 de octubre en Bucaramanga.
Santander busca asegurar recursos nacionales para atender el atraso en su infraestructura vial. El representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto Rueda radicó ante el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías y la Agenda Vial Estratégica de Santander 2026-2030, una propuesta que reúne nueve prioridades para que sean incluidas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.La agenda contempla seis corredores primarios: la Ruta de los Comuneros, San Gil-Charalá-Duitama, Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, Bucaramanga-Pamplona, la Transversal del Carare y Los Curos-Málaga.También incluye el corredor secundario San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga, con una posible conexión hacia Cerinza, Boyacá, que deberá ser estudiada; el rescate de la Variante de San Gil, cuya ejecución está pendiente, y el programa Caminos del Tigre, orientado a recuperar las vías terciarias que conectan a las comunidades rurales.La propuesta plantea que cada proyecto tenga un responsable institucional, una fuente de financiación y metas anuales. Además, establece una hoja de ruta con plazos de 30, 60, 90 y 180 días desde su radicación, así como un tablero público para hacer seguimiento trimestral a los avances.“Presentamos una hoja de ruta técnica para sacar a Santander del atraso vial y hacer seguimiento hasta convertir estas prioridades en obras”, afirmó Pinto, quien anunció que impulsará el seguimiento desde la Comisión Accidental de la Ruta de los Comuneros, junto con la bancada parlamentaria del departamento y las comunidades.El senador Gustavo Moreno también se refirió a la articulación de los congresistas del departamento con el Ministerio de Transporte para gestionar los proyectos de infraestructura, independientemente de las diferencias políticas.Entre las obras mencionadas por el senador están los corredores Bucaramanga-Barbosa y Bucaramanga-Pamplona, la vía Yuma, Los Curos-Málaga y la Transversal del Carare.Moreno señaló que Santander aporta, según sus declaraciones, el 7 % del producto interno bruto (PIB) nacional y sostuvo que la gestión conjunta debe traducirse en inversiones para mejorar la conectividad del departamento.“Las vías que necesitamos deben estar por encima de los intereses políticos”, afirmó el congresista.En la agenda de gestión también figuran la habilitación del paso de carga pesada por el sector de Pescadero, la instalación de un sistema permanente de atención al usuario en la vía Bucaramanga-Bogotá y la definición de la ruta jurídica y ambiental para avanzar en una nueva contratación de la Variante de San Gil.El reto para los congresistas será lograr que las prioridades presentadas ante el Gobierno nacional queden respaldadas por decisiones concretas de financiación, contratación y ejecución. La inclusión de los proyectos en la agenda constituye una gestión ante el Ejecutivo, pero no significa que los recursos estén aprobados ni que las obras tengan garantizado su inicio.
Una emergencia se registró durante la noche de este lunes en la vía que comunica a Bucaramanga con San Gil, en Santander, luego de que varias rocas cayeran sobre dos vehículos que transitaban por este corredor vial, según un reporte ciudadano.Uno de los automotores afectados sería una buseta de servicio público de la empresa Transsander, que recibió el impacto de una roca y presentó daños materiales. De acuerdo con la información preliminar conocida, el segundo vehículo también resultó afectado por la caída de material sobre la carretera. El hecho se habría presentado en el sector conocido como 15 Letras, entre Curití y Pescadero, una zona donde las lluvias pueden aumentar el riesgo de desprendimientos de rocas y tierra sobre la calzada.Según el reporte ciudadano, no se registraron personas lesionadas en el incidente. Sin embargo, se recomienda a los conductores transitar con precaución por este corredor vial, reducir la velocidad y estar atentos a posibles obstáculos en la carretera, especialmente durante las lluvias.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro, Santander, condenó a seis personas por delitos relacionados con la contratación pública y el manejo de recursos del municipio de San Gil. Entre los sentenciados se encuentran los exalcaldes Ariel Fernando Rojas Rodríguez y Urbano Ballesteros Rangel, así como el concejal Edinson Rangel.De acuerdo con la decisión judicial, Rojas Rodríguez fue condenados a 66 meses de prisión, equivalentes a cinco años y medio, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. También recibió una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 80 meses y una multa de 68,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.Por su parte, Urbano Ballesteros Rangel fue condenado a 80 meses de prisión, es decir, seis años y ocho meses, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Además, deberá pagar una multa de $51.676.917 y quedó inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de la pena.En el mismo proceso, Rosaura Bayona Vargas, Jhon Heyneman Amézquita Artunduaga y Edison Rangel Guerrero fueron condenados a 74 meses de prisión, equivalentes a seis años y dos meses, por el delito de peculado por apropiación. Cada uno recibió, además, una inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término y una multa de $51.676.917, correspondiente al valor de los recursos apropiados. Entre tanto, Jesús David Flórez Roncancio, fue condenado a 66 meses de prisión.El proceso se originó por un contrato suscrito entre la Alcaldía de San Gil y la fundación Fundasander por un valor cercano a los 130 millones de pesos. El convenio tenía como objetivo suministrar alimentación durante un mes a un grupo de uniformados que cumplirían labores específicas en el municipio.Sin embargo, según la investigación adelantada por las autoridades, las supuestas raciones alimentarias no habrían sido entregadas en las condiciones contratadas. Además, se estableció que varios de los policías que aparecían como beneficiarios no estaban prestando servicio en San Gil durante ese periodo. Algunos se encontraban de vacaciones e incluso otros ya estaban pensionados.La decisión judicial también incluyó absoluciones por algunos de los cargos. Ariel Fernando Rojas Rodríguez fue absuelto del delito de peculado por apropiación, mientras que Rosaura Bayona Vargas y Edison Rangel Guerrero fueron absueltos del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.Adicionalmente, el juzgado declaró prescrita y extinguida la acción penal por algunos delitos de falsedad documental. En el caso de Bayona Vargas, la decisión cobijó los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Para Jhon Heyneman Amézquita Artunduaga y Edison Rangel Guerrero, la prescripción se declaró por falsedad en documento privado.El juzgado negó a los sentenciados la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Sin embargo, dispuso que permanezcan en libertad de manera provisional hasta que la sentencia quede en firme.Una vez la decisión quede ejecutoriada, se emitirán las órdenes de captura para que los condenados sean trasladados al centro penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).Frente a la reparación económica de los perjuicios ocasionados al municipio, el despacho judicial aplazó la decisión hasta que se adelante el incidente de reparación integral solicitado por los representantes de las víctimas. Contra la sentencia procede el recurso de apelación.
A pesar de que el Invías había anunciado transito normal para toda clase de vehículos por el kilómetro 53, sector Pescadero, en la vía entre Bucaramanga y San Gil, a partir de este 1 de octubre, seguirá restringido el paso para vehículos con carga por este punto. Según la entidad, se requieren obras adicionales para estabilizar la vía y evitar nuevas pérdidas de banca.La afectación se originó por la socavación provocada por el río Chicamocha, que ocasionó la pérdida de un tramo de la banca y obligó a restringir el tránsito mientras se adelantan trabajos para estabilizar el terreno.De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías, los estudios geotécnicos más recientes determinaron que todavía es necesario avanzar en las obras de refuerzo antes de permitir el paso de vehículos de cuatro o más ejes que circulen cargados.En particular, “se requiere culminar la instalación de pernos de anclaje para fortalecer la estabilidad del terreno”, explicó Invías.Sin embargo, a partir de este jueves 1 de octubre se modifican parcialmente las condiciones de circulación. Los vehículos articulados tipo C4, C5 y superiores que transiten sin carga podrán pasar por el sector, en un solo carril y bajo señalización y control permanente.La restricción continúa para los vehículos C3, C4 y C5 que circulen con carga, así como para los vehículos superiores a C5 en esas mismas condiciones.Invías explicó que entre las obras adelantadas en el sitio se encuentra la construcción de un enrocado para proteger el pie del talud de la corriente del río Chicamocha, el recubrimiento de la ladera con concreto lanzado y la instalación de pernos de anclaje de hasta 12 metros de longitud.Mientras avanzan estos trabajos, el instituto también mantiene un sistema de monitoreo del comportamiento de la vía, con puntos de control topográfico instalados cada cinco metros a lo largo del carril habilitado.“La apertura total del paso para vehículos de carga dependerá de la culminación de las intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de la zona y reducir los riesgos para quienes transitan por este corredor”, señaló Invías.Como alternativas, los vehículos pueden utilizar la ruta Tunja–Duitama–Málaga–Pamplona–Bucaramanga. Para vehículos de hasta tres ejes también está disponible el recorrido por Socorro–Zapatoca–Girón.Invías pidió a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal que permanece en el sector, además de planificar los desplazamientos con anticipación mientras continúan las obras de recuperación de la vía.
Este miércoles, 11 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación continuará con la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que busca establecer su presunta vinculación con hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia, entre ellos el denominado Bloque Metro.La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y hace parte de un expediente en el que Uribe, quien también fue gobernador de Antioquia, es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado, además de hechos relacionados con la presunta conformación de organizaciones armadas paramilitares.La primera sesión de la indagatoria se realizó el pasado 4 de septiembre en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación. En esa oportunidad, el expresidente se refirió a los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” y rechazó que existieran acuerdos o favorecimientos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.A su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de "Petro-uribismo" para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la nación. Al Gobierno Petro la combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.Durante esa primera jornada, el exmandatario también hizo referencia a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro y sostuvo que, frente a cualquier ciudadano, debía garantizarse el debido proceso.“A pesar que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó Uribe.La investigación tiene antecedentes en denuncias iniciadas desde el año 2000 y en una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.Dentro del expediente también se analiza la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la administración de Uribe como gobernador de Antioquia. De igual manera, se investigan los señalamientos relacionados con un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.
Coomeva Cooperativa recibió en Madrid el reconocimiento Trayectoria Excelente del Premio Iberoamericano de la Calidad, durante la clausura del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, realizado el pasado 4 de noviembre en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.La cooperativa colombiana fue distinguida junto con la Alcaldía de Málaga y el Banco Santander España, en un evento que congregó a destacados líderes gubernamentales y empresariales de Iberoamérica. El reconocimiento fue recibido por Francisco Parmenio Echeverri, presidente del Consejo de Administración de Coomeva, en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI de España y mandatarios de la región.Esta distinción, coordinada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y gestionada por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), destaca a organizaciones que han obtenido el galardón Oro en dos o más ediciones del Premio Iberoamericano de la Calidad, como evidencia de la excelencia, sostenibilidad y continuidad de sus modelos de gestión.Para Coomeva, que obtuvo el reconocimiento Oro en 2016, esta nueva distinción representa un respaldo internacional a la solidez de su modelo organizacional y al aporte del cooperativismo colombiano al desarrollo empresarial y social.Alfredo Arana, presidente ejecutivo del Grupo Coomeva, destacó la importancia de este logro: “Es un hito que una empresa colombiana, y máxime de índole cooperativa, reciba este reconocimiento por la trayectoria en su gestión, esto demuestra nuestro compromiso con la mejora continua en cada uno de nuestros procesos”.Con este reconocimiento, Coomeva fortalece su posicionamiento internacional y ratifica su compromiso con la calidad, la innovación y la mejora continua, consolidándose como referente del modelo cooperativo colombiano.
Una llamada a la línea de emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael alertó sobre la desaparición de un menor en las aguas del balneario El Castillito. De inmediato se desplegó un operativo de rescate en este municipio del Oriente antioqueño, pero lamentablemente el joven, de 17 años, perdió la vida por inmersión.Hasta el sitio se desplazaron cuatro unidades de bomberos equipadas con trajes de buceo, chalecos salvavidas y herramientas de seguridad acuática. Al llegar a la zona, los familiares y acompañantes informaron que el adolescente había ingresado al río aproximadamente 40 minutos antes y que, transcurrido ese tiempo, perdieron todo contacto visual con él, lo que motivó el inicio inmediato de las maniobras de búsqueda subacuática.Debido a la profundidad y al ancho del cauce en esa zona del balneario, el personal de rescate capacitado tuvo que realizar tres inmersiones consecutivas hasta lograr la localización del cuerpo sin vida del joven. Tras el hallazgo bajo el agua, los rescatistas procedieron con las maniobras técnicas de extracción hacia la orilla del río.Las operaciones de recuperación se adelantaron en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, quienes asumieron la custodia del sitio y apoyaron el posterior traslado del cadáver hacia la morgue municipal de San Rafael. Las autoridades locales iniciaron los trámites correspondientes para formalizar la entrega del cuerpo a sus familiares.
En Medellín, un conflicto ocurrido durante una fiesta desencadenó el desplazamiento forzado de una pareja en el sector de Cándamo, barrio Buenos Aires. Las agresiones e intimidaciones comenzaron luego de que un hombre bailara con la compañera sentimental de un presunto integrante del grupo delincuencial 'Caicedo', hecho que derivó en agresiones físicas y la exigencia de un millón de pesos a la víctima para abandonar la zona.De acuerdo con las investigaciones del caso, los hechos de violencia y las amenazas constantes se prolongaron por varios días, obligando al afectado y a su pareja a dejar su lugar de residencia. Tras la salida de los habitantes, la vivienda fue ocupada por la estructura ilegal que delinque en la comuna 9 de la capital antioqueña."Presuntos integrantes de esta estructura delictiva le exigieron que se fuera del lugar. Cuando la víctima llegó a su vivienda, varios de los sospechosos ingresaron por la fuerza, entre ellos alias Guajiro, alias Legal o el Calvo y alias Frito. En el sitio volvieron a golpearlo y ocasionaron múltiples daños en las puertas y enseres de su propiedad", afirmó el fiscal del casoPosteriormente, las autoridades hicieron efectiva la captura de Edison Pino Beitar, conocido con el alias de 'Tuerto', a quien se le atribuye la participación directa en las presiones contra la pareja. Las indagaciones señalan que el procesado formaría parte de la organización desde comienzos de 2024, coordinando el cobro de extorsiones a comerciantes, la venta ilegal de lotes, la distribución de estupefacientes y la imposición de cobros por conexiones irregulares a servicios públicos en las comunas Villahermosa, Buenos Aires y La Candelaria."Era el encargado de cobrar las famosas multas a los ciudadanos que no cumplían las normas impuestas por este grupo delincuencial. Asimismo, ejecutaba las agresiones contra quienes no pagaban estas exigencias, a quienes golpeaban y desplazaban del barrio, sumado a su responsabilidad en el cobro de extorsiones al sector comercial", agregó.Tras ser presentado ante las autoridades judiciales, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a Pino Beitar los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Pese a que el procesado no aceptó los cargos presentados por el ente investigador, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.
El Festival Disonarte 2026 será el escenario de la última presentación de Monsieur Periné en Colombia antes de su separación. La agrupación colombiana se despedirá del público del país el próximo domingo 15 de noviembre, durante la segunda jornada del evento, que tendrá lugar en el Complejo Cultural Panóptico de Ibagué, Tolima.El festival, en su edición número doce, se realizará los días 14 y 15 de noviembre y reunirá diferentes propuestas musicales que abarcan géneros como rock, pop, indie, reggae, ska, electrónica, jazz, fusión y música tradicional. Entre los artistas invitados también se encuentran The Mills, El Kalvo, Sr. Moskato, Enkelé y la Sonora Barón, agrupación chilena.Para la organización de Disonarte, recibir a Monsieur Periné en esta presentación de despedida representa un momento especial para la historia del festival y para la escena musical de la región.“Es un honor y un momento profundamente emotivo para el festival. Sabemos lo que significa Monsieur Periné para la cultura nacional y que elijan nuestra casa para cerrar este ciclo en Colombia ratifica a Disonarte como un puente vital para la circulación de los grandes exponentes de la música latinoamericana”, señaló Yeison Gómez, director del evento.Además de reunir artistas nacionales e internacionales, Disonarte busca fortalecer la circulación y proyección de los proyectos musicales que se desarrollan en la capital musical del país. Para esta edición, la organización recibió más de 60 propuestas locales y, después de un proceso de curaduría, seleccionó diez agrupaciones de la ciudad.Se trata de Afro Fresh, Ensamble Cantaima, Senseless, Atrapamoskas Ska, Zentrópico, Común Desigual, Ocobo, The Other Room y Mr. Bufus, que tendrán la oportunidad de compartir escenario con los demás artistas de la programación.La apuesta del festival también contempla espacios de formación y relacionamiento para los músicos de la región, entre ellos Mercados Disonare y ENDI, iniciativas que buscan conectar a los artistas con agentes de la industria musical, promotores y actores de la circulación cultural en Colombia y otros países.En cuanto a la programación, la primera jornada, el sábado 14 de noviembre, contará con The Mills, El Kalvo, Sr. Moskato, Común Desigual, Ocobo, The Other Room, Lu Lozano y Zentrópico, además de las presentaciones audiovisuales de VJ Paola Balam y Ftzstudio.El domingo 15 de noviembre será el turno de Monsieur Periné, junto con la Sonora Barón, Enkelé, Afro Fresh, Cantaima, Atrapamoskas, Senseless y Mr. Bufus.Las entradas se venden por jornadas independientes, por lo que quienes deseen asistir los dos días deberán adquirir una boleta para cada fecha. El evento está habilitado para mayores de 12 años y los menores de edad deberán ingresar acompañados de un adulto responsable, quien también deberá contar con su respectiva entrada.