El Instituto Nacional de Vías (Invías) avanza en las obras para la atención de la emergencia para estabilizar el tramo de la vía Bucaramanga – San Gil, en el sector de Pescadero, kilómetro 53, donde la fuerza del río Chicamocha socavó la banca de la carretera y obligó a mantener el tránsito restringido a un solo carril.Según explicó William Molano, director operativo de Invías, las labores iniciales buscan controlar el cauce del río para evitar que continúe erosionando la base de la vía. Para ello, maquinaria amarilla trabaja en la remoción de rocas y en el encauzamiento de las aguas hacia la parte central del afluente.Como parte de las medidas de mitigación también se instalarán rocas de gran tamaño en la base del talud para conformar una barrera de protección que reduzca el impacto del río sobre la carretera. Adicionalmente, el talud será recubierto para disminuir la erosión provocada por las lluvias y se construirá un jarillón que impida que el agua continúe afectando la zona inestable.Estas intervenciones temporales, que se espera concluyan en aproximadamente dos semanas, permitirán dar paso a los estudios y diseños de la solución definitiva para recuperar este corredor vial, uno de los principales ejes de conexión entre Bucaramanga y el sur de Santander.Invías estudia dos alternativas para la reconstrucción del tramo afectado. La primera consiste en construir una calzada en voladizo, soportada sobre pilares con cimentación profunda ubicados en la ladera, lo que permitiría restablecer el tránsito en ambos sentidos sin depender del terreno que resultó comprometido.La segunda opción contempla la construcción de un muro de contención en concreto con anclajes y cimentación profunda. Esta estructura permitiría estabilizar el talud, rellenar el sector afectado y recuperar la vía sobre su trazado original.Mientras se define la alternativa más conveniente, continúa vigente la restricción de tránsito para vehículos de carga pesada. En el sector solo está permitido el paso de automotores dentro del tonelaje autorizado, por lo que permanecen prohibidos los tractocamiones y los vehículos tipo doble troque.El director operativo de Invías indicó que, una vez concluyan los estudios y diseños, la entidad gestionará los recursos necesarios para ejecutar la solución definitiva y garantizar la estabilidad de este importante corredor nacional.
La preocupación por el estado de la vía nacional entre Bucaramanga y San Gil crecer, en especial entre los usuarios de la vía. Un video difundido en redes sociales evidencia el acelerado avance de la socavación en el kilómetro 58, en el sector de Pescadero, donde el río Chicamocha continúa erosionando la banca y la grieta ya se extiende hacia el otro carril de la calzada, aumentando el riesgo de un colapso total del corredor vial.En este punto de la Ruta 45A el tránsito continúa restringido a un solo carril, mientras el deterioro de la estructura vial sigue siendo visible. Las imágenes compartidas por transportadores muestran cómo el pavimento continúa fracturándose, situación que genera preocupación entre quienes diariamente utilizan este eje que comunica a Bucaramanga con San Gil, Bogotá y otras regiones del país.Uno de los transportadores que recorrió el tramo afectado advirtió sobre la gravedad de la situación y pidió a los conductores extremar las medidas de precaución."El comité de transportadores y comunidad Ruta 45, desde el peaje de Curos hacia el corregimiento de Pescadero, evidencia que el pavimento se está abriendo. Mire la grieta, ya pasa hasta el otro carril. Esto representa un riesgo inminente. Queda la evidencia para que tomen precaución de esta situación", señaló en el video publicado en redes sociales.A las denuncias se sumó Rodrigo Fernández, veedor en contratación de Santander, quien cuestionó la falta de una intervención definitiva por parte del Gobierno Nacional e Invías, entidad responsable del mantenimiento de este corredor vial nacional.A través de su cuenta en la red social X escribió: "Invías, Gustavo Petro, ¿qué esperan para intervenir la Ruta 45A en el sector de Pescadero? ¿Van a esperar que colapse la totalidad de la banca y quede totalmente incomunicada Bucaramanga con Bogotá? ¿La decisión es que la emergencia deba ser atendida por Abelardo De La Espriella?".La emergencia en este sector se mantiene desde hace 13 días debido a la fuerza del río Chicamocha, que continúa socavando la banca y comprometiendo la estabilidad de la carretera. Aunque el paso permanece habilitado de manera controlada a un carril, el avance de la grieta incrementa la incertidumbre sobre la continuidad de la movilidad por uno de los corredores viales más importantes del nororiente colombiano.Transportadores, viajeros y habitantes de la región reiteraron el llamado a Invías para que adelante una intervención urgente que permita estabilizar el terreno y evitar el colapso de la vía, una situación que podría afectar la conexión entre Santander y el centro del país, además de generar graves impactos económicos y de movilidad.
La movilidad por la vía Bucaramanga–San Gil continúa afectada debido a los daños ocasionados por una creciente súbita del río Chicamocha en el sector de Pescadero, jurisdicción de Aratoca. El paso permanece habilitado únicamente a un carril en el kilómetro 53, mientras avanzan las evaluaciones técnicas para atender la emergencia.El Instituto Nacional de Vías informó que la creciente agravó la pérdida de banca y comprometió parte de la calzada, razón por la cual se implementó un cierre parcial del corredor y se mantiene la restricción para el tránsito de vehículos articulados y camiones con un peso superior a las 50 toneladas. La circulación en la zona se realiza con apoyo de señalización, controladores de tránsito y monitoreo permanente.De manera paralela, Invías y la Alcaldía de Aratoca adelantan la evaluación de alternativas que permitan mejorar las condiciones de tránsito y garantizar la seguridad de los usuarios mientras se ejecutan las obras necesarias para estabilizar el sector afectado.El director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, aseguró que la entidad mantiene su compromiso con la atención de la emergencia y la conectividad del corredor vial. "Seguiremos respondiendo con hechos para mantener este corredor al servicio de los colombianos", manifestó.Para los vehículos con restricción de paso, el Instituto recomendó utilizar como rutas alternas el corredor Tunja – Duitama – Málaga – Pamplona – Bucaramanga y, para automotores hasta categoría C3, la vía Socorro – Zapatoca – Girón.La vía Bucaramanga–San Gil hace parte de la Troncal Central (Ruta Nacional 45A), uno de los principales corredores viales del oriente colombiano, utilizado para la conexión entre Bogotá, Santander y la Costa Caribe. Invías ejecuta una inversión cercana a 63.000 millones de pesos en labores de mantenimiento y atención de puntos críticos del corredor, donde actualmente mantiene seis frentes de trabajo activos para mejorar la infraestructura y garantizar la movilidad de los usuarios.
Un contundente golpe contra las estructuras dedicadas al microtráfico y al sicariato en Santander propinaron la Policía Nacional y la Fiscalía con la desarticulación de la banda delincuencial 'Los Macabros', organización señalada de intimidar a la comunidad mediante amenazas, extorsiones y homicidios para controlar el tráfico de estupefacientes en la provincia de Guanentá.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, informó que en desarrollo de la operación fueron capturadas 11 personas por orden judicial y se imputaron cargos a otros tres presuntos integrantes que actualmente permanecen recluidos en diferentes centros carcelarios del país.Según la investigación, el cabecilla de la organización era alias 'Xavier', quien, pese a estar privado de la libertad en la cárcel de Puerto Triunfo, continuaba dirigiendo las actividades criminales del grupo. De acuerdo con las autoridades, este hombre habría establecido alianzas con la estructura delincuencial trasnacional 'Los AK-47', con el propósito de expandir el control del narcotráfico, así como la comisión de extorsiones y homicidios selectivos en esta zona del departamento.La operación fue desarrollada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con la Fiscalía Cuarta Seccional de San Gil, mediante diez diligencias de registro y allanamiento realizadas en los barrios Villa Fonce, Coovib, San Martín, El Porvenir, Villa Prado y Marcela Campestre, en San Gil, además de procedimientos en Barrancabermeja y Bucaramanga.Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, homicidio, amenazas y extorsión.Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación es que la organización utilizaba el terror como mecanismo de intimidación. De acuerdo con el coronel Arévalo, “los integrantes de la banda enviaban a sus víctimas videos de extrema violencia, algunos grabados en otras regiones e incluso en otros países, en los que aparecían personas siendo descuartizadas, con el fin de obligar a expendedores locales a someterse a sus exigencias y consolidar el control del negocio del microtráfico”.Como resultado de la investigación, las autoridades lograron esclarecer cinco homicidios, cuatro casos de tentativa de homicidio y un hecho de extorsión ocurridos en la provincia de Guanentá. Además, durante los procedimientos fueron incautados seis teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense para fortalecer las investigaciones sobre la estructura criminal.Finalmente, el coronel Arévalo invitó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencias 123, la línea 165 del Gaula y la Línea Contra el Crimen 314 358 7212, al señalar que la información de la comunidad sigue siendo fundamental para combatir las organizaciones criminales en Santander.Con esta operación, ya son cerca de 80 personas capturadas por orden judicial en los últimos siete meses en cuatro grandes intervenciones adelantadas por la Policía en esta región del departamento, de las cuales cerca del 90 % permanecen con medida de aseguramiento.
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario y formuló pliego de cargos contra el concejal de San Gil, Mario Alberto Rueda Vásquez, del partido Nuevo Liberalismo, por presuntamente ausentarse de seis sesiones del Concejo Municipal durante 2024 sin presentar una justificación ante la mesa directiva de la corporación.De acuerdo con la investigación que adelanta la Procuraduría Provincial de San Gil, el cabildante habría dejado de asistir a las sesiones realizadas los días 11, 17, 18, 21, 22 y 24 de octubre de 2024, sin solicitar permiso ni allegar una excusa que respaldara su ausencia.El organismo de control busca establecer si con estas presuntas inasistencias el concejal incumplió las obligaciones inherentes a su cargo como servidor público y vulneró los deberes que le corresponden en el ejercicio de sus funciones dentro de la corporación.Como resultado de la evaluación preliminar de los hechos, la Procuraduría profirió pliego de cargos contra Rueda Vásquez y calificó de manera provisional la conducta investigada como una falta grave cometida a título de culpa grave.Con la apertura de esta etapa del proceso disciplinario, el concejal tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presentar las explicaciones y pruebas que considere pertinentes antes de que el Ministerio Público adopte una decisión de fondo sobre el caso.
La Policía de Santander informó sobre la captura de un hombre señalado de participar en un homicidio ocurrido en el municipio de San Gil, en medio de una disputa originada por el cobro de una deuda de 60.000 pesos.Según el reporte oficial, la detención se realizó el pasado 25 de mayo de 2026 en la vereda Puente, mediante una operación adelantada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y de Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería el presunto responsable de un homicidio registrado el pasado 3 de mayo en esa misma zona. Las autoridades establecieron que el hecho se habría desencadenado por una situación de intolerancia relacionada con el reclamo de un dinero prestado.La investigación señala que, ante la negativa de pagar la suma adeudada, el hoy capturado presuntamente atacó a la víctima con un arma cortopunzante, causándole heridas que le provocaron la muerte.El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente y deberá responder por el delito de homicidio.
La intervención, anunciada por la Alcaldía de San Gil, en Santander, y ejecutada por la Concesión Incivías, busca realizar labores de mantenimiento en las juntas del puente para garantizar su adecuado funcionamiento y prolongar la vida útil de la infraestructura.La importancia de estas obras radica en que el puente Rojas Pinilla hace parte de la Ruta Nacional 45A, corredor por el que diariamente se movilizan cientos de vehículos particulares, buses intermunicipales y tractocamiones que transportan mercancías entre el centro del país y el nororiente colombiano.A partir de este lunes 1 de junio se retomarán los trabajos de mantenimiento en el puente Rojas Pinilla de San Gil, una estructura estratégica para la movilidad de Santander y uno de los principales puntos de conexión entre Bogotá, Bucaramanga y el sur del departamento.De acuerdo con el cronograma establecido, los trabajos se desarrollarán durante aproximadamente dos semanas en horario nocturno, entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. En ese periodo el tránsito estará habilitado únicamente por un carril, por lo que se prevén reducciones en la velocidad de circulación y posibles tiempos de espera para los conductores.Para minimizar las afectaciones a la movilidad, durante el día serán instaladas plataformas metálicas que permitirán mantener habilitados ambos carriles mientras avanzan las labores de mantenimiento.Las autoridades indicaron que la medida contará con el acompañamiento permanente de personal regulador de tránsito, encargado de coordinar el paso de vehículos y evitar congestiones en uno de los corredores viales más importantes del departamento.El puente Rojas Pinilla no solo comunica a San Gil con la vía hacia Bogotá, sino que también es fundamental para la conexión de municipios de las provincias Guanentá y Comunera con Bucaramanga y otras regiones del país. Por esta razón, cualquier intervención sobre la estructura tiene un impacto directo en la movilidad regional y en el transporte de carga.La administración municipal recomendó a conductores y transportadores atender la señalización instalada en el sector, programar sus recorridos con anticipación y seguir las instrucciones de las autoridades de tránsito mientras se desarrollan las obras.Finalmente, la Alcaldía agradeció la comprensión de la comunidad y destacó que estos trabajos son necesarios para garantizar la seguridad vial y el buen estado de una infraestructura considerada clave para la conectividad de Santander.
La posibilidad de trasladar residuos sólidos del municipio de Rionegro hacia San Gil generó una respuesta inmediata por parte del alcalde de San Gil, Edgar Orlando Ariza, quien desmintió públicamente que exista algún acuerdo o acercamiento para recibir basuras provenientes de esa población santandereana.El pronunciamiento se da, luego de que el alcalde de Rionegro, Héctor Santana Muñoz, señalara que una de las alternativas para atender la acumulación de residuos era trasladar las basuras hacia el sitio de disposición en San Gil, debido a las dificultades para llevar los desechos hasta Aguachica, Cesar, donde actualmente enfrentan bloqueos y protestas de ciudadanos que reclaman por el mal estado de la vía hacia el relleno sanitario.Frente a esta situación, el mandatario de San Gil fue enfático en asegurar que no existe ningún proceso en marcha para recibir residuos de otros municipios.“Sobre una posible llegada de residuos sólidos provenientes de Rionegro a nuestro San Gil, debo decir que no existe ningún acercamiento ni negociación ni mucho menos un proceso contractual para recibir residuos. Ni de Rionegro ni de ningún otro municipio”, afirmó Ariza.El alcalde aseguró que comprende la situación que atraviesa Rionegro y expresó solidaridad con la comunidad afectada por la problemática de basuras. Sin embargo, reiteró que su principal responsabilidad es garantizar el adecuado manejo ambiental y la prestación del servicio en San Gil.“Mi deber principal es con nuestro municipio de San Gil. La disposición que hace Acuasan en el municipio se maneja con todo rigor. No podemos ser irresponsables al poner en riesgo la disposición final de los residuos de los sangileños, que son los únicos de los que se recibe residuos en nuestra cárcava”, indicó.Ariza también explicó que cualquier eventual manejo de residuos provenientes de otros municipios debe cumplir con procesos técnicos y autorizaciones ambientales que no dependen de decisiones improvisadas ni de la administración municipal.“Como Acuasan, nuestra empresa de aseo, no contemplamos esa posibilidad. No voy a tomar decisiones que puedan afectar la prestación del servicio para los sangileños ni cargarle al municipio responsabilidades que no le corresponden”, agregó.El mandatario reconoció además que existe una empresa privada del sector sobre la cual la Alcaldía no tiene competencia, aunque dejó clara su postura frente al tema. “Mi posición es primero San Gil y el cuidado ambiental”, puntualizó.Mientras tanto, en Rionegro continúa la preocupación de la comunidad por la acumulación de residuos sólidos, una problemática que ya provocó protestas de habitantes que incluso dejaron bolsas de basura frente a la Alcaldía municipal exigiendo soluciones inmediatas.
La Procuraduría General de la Nación requirió información urgente a las directivas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de San Gil para verificar las medidas adoptadas frente al brote de tuberculosis detectado en esa cárcel y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las Personas Privadas de la Libertad.La actuación preventiva del Ministerio Público se produjo luego de conocerse, a través de medios de comunicación, la confirmación por parte de la Secretaría de Salud de San Gil sobre la aparición de un brote de tuberculosis en el penal, donde habría al menos 29 personas contagiadas entre internos y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).Ante esta situación, la Procuraduría solicitó a las autoridades penitenciarias un informe detallado sobre el número actual de casos detectados y el estado de salud de cada uno de los afectados. Además, pidió información sobre la existencia de zonas de aislamiento dentro del establecimiento, su capacidad y las condiciones en las que permanecen los pacientes.El ente de control también busca establecer qué entidad está prestando los servicios médicos y de enfermería en la cárcel de San Gil, así como conocer los protocolos sanitarios y de atención que fueron implementados para contener la emergencia de salud pública.La Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil indicó que el objetivo de estas acciones es verificar que se estén garantizando condiciones adecuadas de atención y prevención para evitar una mayor propagación de la enfermedad dentro del centro penitenciario.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil formuló pliego de cargos contra el alcalde de ese municipio, Edgar Orlando Pinzón Rojas, por presuntas irregularidades en la contratación de una funcionaria durante la vigencia 2024.La investigación disciplinaria se originó tras una denuncia presentada por una ciudadana, en la que se señala que el mandatario habría suscrito un contrato de prestación de servicios con Daisy Yaneth Rodríguez Bayona, pese a que presuntamente existía una inhabilidad contractual.Según el organismo de control, la mujer contratada sería pariente en segundo grado de consanguinidad de Germán Yesid Anaya, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario de Hacienda del municipio de San Gil.La Procuraduría investiga si con esa contratación se vulneró el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido para la contratación pública, al considerar que existía un posible vínculo familiar que impediría la celebración del contrato.Dentro del proceso, el ente disciplinario también advirtió que la conducta investigada podría constituir una falta disciplinaria relacionada con el desconocimiento de los principios de transparencia y legalidad en la administración pública.Ahora, el alcalde deberá responder dentro del proceso disciplinario mientras la Procuraduría avanza en el análisis de pruebas y determina si existió responsabilidad en los hechos investigados.
Una alerta técnica fue presentada ante la Gobernación de Santander por el estado de dos puentes metálicos considerados estratégicos para la conectividad del departamento: el puente Baraya, ubicado sobre el río Fonce en la Ruta del Petróleo, y el puente sobre el río Suárez que comunica con los municipios de El Hato y Palmar.La advertencia fue realizada por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuyos integrantes, durante un recorrido reciente por la Ruta del Petróleo, identificaron varias afectaciones que, según advierten, requieren una intervención prioritaria para evitar riesgos en la seguridad vial y en la estabilidad de las estructuras.Uno de los puntos que genera mayor preocupación está en el puente Baraya. La sociedad señala que el estribo norte de la estructura estaría en riesgo de perder estabilidad debido a la socavación que ha sufrido el lecho del río.De acuerdo con la alerta, “a pocos metros aguas abajo del puente funciona una concesión minera dedicada a la extracción de material pétreo. Los ingenieros advierten que, según lo manifestado por habitantes de la zona, antes de que comenzara esta explotación el nivel del río coincidía con la base de la pila, mientras que actualmente el cauce habría descendido cerca de tres metros”.La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió que la autoridad ambiental revise el impacto de esta actividad y ejerza los controles correspondientes sobre la explotación minera y sobre otras operaciones similares ubicadas en puntos considerados críticos para la infraestructura vial de Santander.El segundo llamado de atención corresponde al puente sobre el río Suárez, ubicado en el ramal que conduce hacia El Hato y Palmar. Allí, los ingenieros encontraron un deterioro aún mayor de la pintura anticorrosiva y una afectación en uno de los elementos de la estructura metálica.Según el documento, la primera diagonal de la cercha norte, en el costado occidental, fue golpeada por un vehículo y permanece doblada. La Sociedad Santandereana de Ingenieros advierte que esta deformación afecta las condiciones de trabajo de la estructura y genera riesgos para su estabilidad. Aunque aparentemente la baranda fue reparada, el elemento estructural no habría recibido la misma intervención.La organización recordó que ambos puentes tienen cerca de un siglo de construcción. Fueron levantados en 1938 y, pese a su antigüedad, continúan prestando servicio y hacen parte de la red vial del departamento, con importancia para la movilidad, la actividad económica y el turismo.Ante este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al gobernador Juvenal Díaz Mateus instruir a la Secretaría de Infraestructura para que realice una inspección técnica prioritaria, determine el alcance de los daños y establezca las intervenciones necesarias.También pidió coordinar con las autoridades ambientales la revisión de la licencia y de la operación de la concesión minera ubicada cerca del puente Baraya, debido a la preocupación por la posible relación entre la extracción de material y la acelerada socavación del lecho del río.
Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.
Varias subregiones de Antioquia registran emergencias por las recientes precipitaciones y fuertes vientos. Las autoridades reportan daños en viviendas, cultivos y vías en los municipios de Santa Bárbara, Apartadó, Carepa y Chigorodó.En el municipio de Santa Bárbara, un fuerte vendaval afectó sectores urbanos como la calle Sucre, Alto de las Guacas y Alto de las Hermanas, así como las veredas Corozal, Los Charcos, El Vergel, La Úrsula y Guayabales. El saldo preliminar es de 40 familias damnificadas por daños en cubiertas, interrupciones en el servicio de energía y afectaciones en cultivos de plátano, café y mango.Por otra parte, en la subregión del Urabá antioqueño, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y desbordamientos. En Apartadó, los habitantes sufren su cuarta inundación del año debido al desbordamiento de afluentes, a pesar de las obras de mitigación realizadas previamente con muros de contención con llantas recicladas y cemento.En Carepa, el desborde del río Vijagual y las anegaciones en el barrio El Oasis dejaron cerca de 30 personas afectadas y problemas de movilidad; una damnificada del municipio cuenta lo que perdió tras la inundación."Era de día, empezó a llover, yo no pensé que se subía. Y, a pesar de que atranqué mi puerta con bolsas, trapos, cuñas, siempre entró como dos hileras de adobe. Se mojó mi basecama, pero pude salvar lo de más", indicó la mujer afectada.Entre tanto, en Chigorodó, las intensas lluvias generaron familias damnificadas y daños viales críticos en la vereda Remigio, donde la pérdida total de la banca dejó incomunicada a la comunidad. Asimismo, las autoridades evalúan procesos erosivos en la zona. "Se mantienen activos todos los protocolos y los procesos de atención de la emergencia para control de inundaciones. Y en el municipio de Chigorodoque se presenta afectación vial de una de las veredas principales. Ya el Dagran dispuso maquinaria en territorio para dar conectividad inmediata a las personas que se encuentran incomunicadas en este momento", señaló la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes Zúñiga.Los consejos municipales de gestión del riesgo de Carepa y Apartadó, en articulación con el Dagran, mantienen activos los protocolos de atención desde el pasado 6 de febrero para adelantar la caracterización de daños, la entrega de ayudas humanitarias y la recuperación de las vías afectadas en el Urabá.
Los terremotos registrados en Colombia y Venezuela durante los últimos meses ocurrieron en zonas diferentes y a profundidades muy distintas, pero ambos hacen parte de una dinámica geológica regional que los expertos identifican como un mismo “contexto tectónico”.La explicación fue entregada por Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en entrevista con la agencia EFE, al analizar el movimiento de magnitud 7,4 registrado en Colombia y compararlo con los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.Para el especialista, la conexión está en la interacción de las placas tectónicas que atraviesan esta parte de Suramérica. Sin embargo, esto no significa que el terremoto ocurrido en Colombia haya sido provocado directamente por los sismos de Venezuela.¿Qué relación tienen los terremotos de Colombia y Venezuela?Pérez explicó que ambos fenómenos se encuentran dentro de una misma configuración tectónica regional, aunque las placas involucradas directamente no son exactamente las mismas.En Venezuela, la actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. En el occidente colombiano, por su parte, interviene la placa de Nazca, que interactúa con la placa Sudamericana.El geólogo explicó que, al seguir la estructura geológica asociada con la zona donde se produjeron los terremotos venezolanos hacia el oeste y hacia abajo, se llega al área relacionada con los eventos sísmicos registrados en Colombia.Por eso, Pérez habla de un mismo contexto tectónico, pero no de un único terremoto ni de una conexión directa de causa y efecto.Hay una diferencia clave entre ambos terremotosAunque existe esa relación regional, los terremotos presentan una diferencia fundamental: la profundidad a la que ocurrieron.Los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio tuvieron profundidades cercanas a los 10 kilómetros, mientras que el movimiento colombiano ocurrió aproximadamente a 100 kilómetros de profundidad.También existe una considerable distancia geográfica. De acuerdo con Pérez, los epicentros de ambos eventos están separados por alrededor de 1.000 kilómetros.Estas diferencias hacen que las consecuencias sobre la superficie puedan ser distintas, incluso cuando los dos fenómenos se encuentran dentro de un contexto tectónico relacionado.¿Por qué sorprendió tanto el terremoto de Colombia?Para el geólogo del IGME, uno de los aspectos que deberán estudiar con especial atención es la cantidad de daños producidos por un terremoto que ocurrió a una profundidad considerable.Pérez calificó el fenómeno colombiano como “bastante complejo” y señaló que será necesario analizarlo a fondo, precisamente porque un sismo de estas características y profundidad puede presentar particularidades importantes.El experto explicó que se trató de un terremoto relacionado con la dinámica de la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.La profundidad también es relevante para entender cómo se propagaron las ondas y por qué el movimiento pudo sentirse en una amplia zona del país.¿Por qué en algunas zonas el terremoto se sintió durante más tiempo?Otro elemento que ayuda a explicar las diferencias en la percepción del terremoto es el llamado efecto de sitio.Pérez explicó que las propiedades geológicas y mecánicas del terreno pueden modificar el comportamiento de las ondas sísmicas. En determinadas condiciones, el suelo puede amplificar tanto la frecuencia como la amplitud del movimiento.Esto no solo puede hacer que las personas perciban el terremoto durante más tiempo, sino que también puede incrementar el impacto sobre las construcciones ubicadas sobre determinados terrenos.El especialista recordó, sin embargo, que los terremotos no pueden predecirse y que el seguimiento posterior permite evaluar escenarios, no anticipar con certeza la hora o magnitud de un próximo movimiento.Por otro lado, Pérez mencionó el caso del volcán Puracé, que se encuentra en actividad moderada y presentó cambios que, según el experto, deben ser objeto de seguimiento.En este punto, el análisis científico busca establecer si existe algún tipo de interacción entre los diferentes procesos geológicos y evaluar su evolución.
La Gobernación de Antioquia y los consejos de gestión del riesgo desplegaron una operación de apoyo humanitario y técnico hacia los departamentos vecinos de Chocó y Risaralda, afectados por la emergencia.Desde el Puesto de Mando Unificado, encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón, se coordinó el envío de cuatro helicópteros civiles con 18 rescatistas especializados de la Cruz Roja y la Defensa Civil hacia el Chocó.Adicionalmente, por vía terrestre se movilizaron 100 soldados del Ejército, 22 unidades de la Cruz Roja y 11 de la Defensa Civil, acompañados de tres binomios caninos expertos en búsqueda y rescate. Edwin Montoya es coordinador de la misión por parte de la Cruz Roja."En total, la Cruz Roja se movilizó con 30 voluntarios de rescate. Vamos conectados con colegas de la defensa civil y vamos a conectar allá con bomberos locales. Ahí habrá un equipo de coordinación que nos conectará con las entidades que estén allá desarrollando acciones para nosotros entrar a apoyarlos de la mejor manera posible", expuso.Por su parte, desde la ciudad de Medellín se enviaron a Quibdó un equipo especializado de 21 bomberos, 2 ingenieros expertos en estructuras y 2 caninos de búsqueda, con equipos de rescate, drones, sistemas de localización y capacidad para levantar cargas.Asimismo, el municipio de Sabaneta desplegó un equipo especializado de 12 bomberos y 5 perros de búsqueda rumbo a Pereira. "Que se han desplazado a la ciudad de Pereira, 12 de nuestros bomberos más 5 caninos, acompañados por nuestro capitán Carlos Andrés, de nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de Sabaneta, para apoyar las labores de búsqueda y rescate", destacó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz.Mientras tanto, el DAGRAN dispuso el desplazamiento del grupo COL-26, unidades de Ponalsar y más cuerpos de socorro hacia territorio risaraldense para apoyar las labores de salvamento. "Desde el departamento de Antioquia hemos desplegado toda nuestra capacidad operativa e institucional para atender esta emergencia y, sobre todo, la valoración de daños. Ya enviamos unidades de apoyo de la defensa civil y de la Cruz Roja a este, a la ciudad de Quibdó, y muy seguramente el día de mañana, vía terrestre, estamos enviando equipos y más personal de apoyo", expuso Vanessa Paredes Zúñiga, directora del DAGRAN.En cuanto al balance preliminar en Antioquia se evalúan afectaciones en 80 municipios, las autoridades reportan una persona fallecida, 12 lesionadas, 697 viviendas con daños, 39 iglesias afectadas y 122 instituciones educativas con perjuicios en su infraestructura.