La Procuraduría General de la Nación intensificó el seguimiento preventivo al corredor vial Bucaramanga-San Gil, ante las condiciones de deterioro que presenta la Ruta Nacional 45A y los compromisos que, según el organismo de control, aún están pendientes con las comunidades y el sector transportador de Santander.Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el PR 53, donde se han registrado procesos de socavación, pérdida de banca e inestabilidad del terreno. Frente a esta situación, la Procuraduría le solicitó al Instituto Nacional de Vías, Invías, entregar información detallada sobre el estado de la emergencia, las medidas de mitigación implementadas, los recursos ejecutados y las obras previstas para garantizar la seguridad y la movilidad por este corredor.El seguimiento también incluye los acuerdos alcanzados durante las mesas de diálogo con transportadores y comunidades. La entidad pidió conocer los avances físicos y financieros de las obras, el cumplimiento de los cronogramas y los compromisos relacionados con las tarifas diferenciales de los peajes, el estudio socioeconómico para una eventual reubicación del peaje de Saboyá y la instalación de mesas técnicas.Otro de los asuntos que está bajo la lupa es la suspensión del Servicio de Atención al Usuario, SAU. La Procuraduría pidió al Invías explicar las razones de esta decisión y las alternativas habilitadas para atender incidentes y emergencias que puedan presentarse en la carretera.El Ministerio Público advirtió que mantendrá la vigilancia sobre este corredor vial y las actuaciones de las entidades responsables, con el propósito de que se adopten soluciones oportunas y se garantice la seguridad de quienes transitan entre Bucaramanga y San Gil.
La crisis que atraviesa el corredor vial Bogotá–Bucaramanga, Ruta de los Comuneros, será objeto de una mesa de trabajo con el Invías, manifestantes, veedores y otros actores, en la que se buscará definir acciones inmediatas para atender las dificultades que presenta esta conexión estratégica para Santander y el nororiente del país.El representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto Rueda, coordinador de la Comisión Accidental de Seguimiento al corredor Bogotá–Bucaramanga, anunció que en el encuentro se planteará al Invías la necesidad de ejecutar obras urgentes y conocer de primera mano los avances y cronogramas previstos para recuperar la movilidad."Entre las propuestas está el mantenimiento correctivo y preventivo de algunos tramos, la construcción de un tercer carril o zona de adelantamiento en el sector de Pescadero y la terminación de la variante de San Gil", dijo el congresista. También se solicitará avanzar en la construcción de una segunda variante en el corredor, que podría corresponder a Oiba o Socorro, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.Desde esta instancia, afirmó, se exigirá al Ministerio de Transporte, Invías y la ANI información clara sobre los contratos, las obras y los cronogramas relacionados con Pescadero, además del manejo de los recursos de los peajes en Santander.“Bucaramanga no puede darse el lujo de perder esta conexión con el centro del país”, manifestó el congresista, quien anunció un seguimiento permanente a la situación de la carretera.Uno de los principales puntos de preocupación continúa siendo el sector de Pescadero, donde las afectaciones asociadas a la erosión en el Cañón del Chicamocha han generado restricciones y dificultades para el transporte.Pinto Rueda cuestionó los retrasos en las soluciones anunciadas y aseguró que el plazo establecido por Invías para avanzar en el restablecimiento del paso de carga pesada ya se cumplió.Ante esta situación, se anunció la presentación de un derecho de petición ante Invías para conocer las medidas preventivas adoptadas, el diagnóstico técnico de la zona y los cronogramas de las acciones previstas.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, también ha cuestionado el manejo de los recursos provenientes de los peajes instalados en el departamento.“Es una vía nacional, los peajes los recauda el Gobierno nacional. Nosotros firmamos el convenio Los Comuneros para que esos peajes se inviertan en esa vía, no se ha cumplido”, señaló el mandatario.Díaz Mateus indicó que se encuentra pendiente una reunión con el Ministerio de Transporte para exigir que se dé cumplimiento al convenio y que los recursos sean destinados a las necesidades del corredor vial.El ingeniero y excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Carlos Bueno, también se pronunció sobre la situación y aseguró que se espera que las inversiones anunciadas para Santander permitan solucionar de manera definitiva las dificultades de infraestructura que afectan al departamento.La discusión sobre la Ruta de los Comuneros vuelve así al centro de la agenda regional, en medio de las afectaciones que genera el estado del corredor para transportadores, comunidades, comerciantes y el sector turístico.El desafío ahora será que las entidades nacionales definan recursos, responsables y fechas concretas para las intervenciones, especialmente en Pescadero, mientras Santander reclama el cumplimiento de los compromisos relacionados con los peajes y la modernización de esta conexión estratégica con el centro del país.
La Universidad Industrial de Santander avanza en el fortalecimiento de su infraestructura educativa y científica con la construcción del nuevo Edificio de Ingenierías Fisicomecánicas en Bucaramanga y la consolidación de su nueva sede en San Gil, proyectos que buscan ampliar la cobertura y mejorar las condiciones para la formación de los estudiantes.El nuevo Edificio de Ingenierías Fisicomecánicas cuenta con una inversión aproximada de $105.000 millones, de los cuales $92.745 millones corresponden a la obra física y $11.700 millones a dotación.La infraestructura supera los 25.000 metros cuadrados y está conformada por cuatro niveles, sótano y una terraza equipada. El proyecto incorpora además paneles solares orientados a la autosuficiencia energética."Uno de los principales componentes son sus 28 laboratorios especializados, que permitirán fortalecer la formación práctica y la investigación, además de salas de conferencias, zonas de coworking y nuevos espacios académicos y administrativos", dijo el rector Hernán Porras. La obra responde al crecimiento de la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas, que actualmente cuenta con 9.099 estudiantes, 11 programas de pregrado y 26 de posgrado. Con los nuevos espacios se proyecta ampliar la cobertura para 2.960 estudiantes adicionales.La UIS también apuesta por San Gil. En la provincia de Guanentá, la Universidad Industrial de Santander proyecta una nueva sede con una inversión de $200.965.800.477 y más de 47.000 metros cuadrados de infraestructura.El nuevo campus integrará espacios académicos, culturales, deportivos y de bienestar, con capacidad para beneficiar directamente a 2.200 estudiantes y generar impacto en cerca de 10.000 personas de las provincias Guanentá, Comunera y Vélez."La sede contará con 14 laboratorios, seis salas de cómputo, 20 aulas, centro de convenciones, auditorio, coliseo, biblioteca, parque urbano, parqueaderos, áreas de Bienestar Universitario y espacios administrativos", afirmó el rector de la UIS. Los proyectos hacen parte de la apuesta de la UIS por modernizar y ampliar su infraestructura, fortalecer la capacidad científica y tecnológica y llevar mayores oportunidades de educación superior a las diferentes provincias de Santander.Mientras el edificio de Ingenierías Fisicomecánicas busca responder al crecimiento de la comunidad universitaria y mejorar las condiciones para la investigación en Bucaramanga, la sede de San Gil representa una expansión de la presencia institucional de la UIS en las provincias del departamento.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) avanza en las obras para la atención de la emergencia para estabilizar el tramo de la vía Bucaramanga – San Gil, en el sector de Pescadero, kilómetro 53, donde la fuerza del río Chicamocha socavó la banca de la carretera y obligó a mantener el tránsito restringido a un solo carril.Según explicó William Molano, director operativo de Invías, las labores iniciales buscan controlar el cauce del río para evitar que continúe erosionando la base de la vía. Para ello, maquinaria amarilla trabaja en la remoción de rocas y en el encauzamiento de las aguas hacia la parte central del afluente.Como parte de las medidas de mitigación también se instalarán rocas de gran tamaño en la base del talud para conformar una barrera de protección que reduzca el impacto del río sobre la carretera. Adicionalmente, el talud será recubierto para disminuir la erosión provocada por las lluvias y se construirá un jarillón que impida que el agua continúe afectando la zona inestable.Estas intervenciones temporales, que se espera concluyan en aproximadamente dos semanas, permitirán dar paso a los estudios y diseños de la solución definitiva para recuperar este corredor vial, uno de los principales ejes de conexión entre Bucaramanga y el sur de Santander.Invías estudia dos alternativas para la reconstrucción del tramo afectado. La primera consiste en construir una calzada en voladizo, soportada sobre pilares con cimentación profunda ubicados en la ladera, lo que permitiría restablecer el tránsito en ambos sentidos sin depender del terreno que resultó comprometido.La segunda opción contempla la construcción de un muro de contención en concreto con anclajes y cimentación profunda. Esta estructura permitiría estabilizar el talud, rellenar el sector afectado y recuperar la vía sobre su trazado original.Mientras se define la alternativa más conveniente, continúa vigente la restricción de tránsito para vehículos de carga pesada. En el sector solo está permitido el paso de automotores dentro del tonelaje autorizado, por lo que permanecen prohibidos los tractocamiones y los vehículos tipo doble troque.El director operativo de Invías indicó que, una vez concluyan los estudios y diseños, la entidad gestionará los recursos necesarios para ejecutar la solución definitiva y garantizar la estabilidad de este importante corredor nacional.
La preocupación por el estado de la vía nacional entre Bucaramanga y San Gil crecer, en especial entre los usuarios de la vía. Un video difundido en redes sociales evidencia el acelerado avance de la socavación en el kilómetro 58, en el sector de Pescadero, donde el río Chicamocha continúa erosionando la banca y la grieta ya se extiende hacia el otro carril de la calzada, aumentando el riesgo de un colapso total del corredor vial.En este punto de la Ruta 45A el tránsito continúa restringido a un solo carril, mientras el deterioro de la estructura vial sigue siendo visible. Las imágenes compartidas por transportadores muestran cómo el pavimento continúa fracturándose, situación que genera preocupación entre quienes diariamente utilizan este eje que comunica a Bucaramanga con San Gil, Bogotá y otras regiones del país.Uno de los transportadores que recorrió el tramo afectado advirtió sobre la gravedad de la situación y pidió a los conductores extremar las medidas de precaución."El comité de transportadores y comunidad Ruta 45, desde el peaje de Curos hacia el corregimiento de Pescadero, evidencia que el pavimento se está abriendo. Mire la grieta, ya pasa hasta el otro carril. Esto representa un riesgo inminente. Queda la evidencia para que tomen precaución de esta situación", señaló en el video publicado en redes sociales.A las denuncias se sumó Rodrigo Fernández, veedor en contratación de Santander, quien cuestionó la falta de una intervención definitiva por parte del Gobierno Nacional e Invías, entidad responsable del mantenimiento de este corredor vial nacional.A través de su cuenta en la red social X escribió: "Invías, Gustavo Petro, ¿qué esperan para intervenir la Ruta 45A en el sector de Pescadero? ¿Van a esperar que colapse la totalidad de la banca y quede totalmente incomunicada Bucaramanga con Bogotá? ¿La decisión es que la emergencia deba ser atendida por Abelardo De La Espriella?".La emergencia en este sector se mantiene desde hace 13 días debido a la fuerza del río Chicamocha, que continúa socavando la banca y comprometiendo la estabilidad de la carretera. Aunque el paso permanece habilitado de manera controlada a un carril, el avance de la grieta incrementa la incertidumbre sobre la continuidad de la movilidad por uno de los corredores viales más importantes del nororiente colombiano.Transportadores, viajeros y habitantes de la región reiteraron el llamado a Invías para que adelante una intervención urgente que permita estabilizar el terreno y evitar el colapso de la vía, una situación que podría afectar la conexión entre Santander y el centro del país, además de generar graves impactos económicos y de movilidad.
La movilidad por la vía Bucaramanga–San Gil continúa afectada debido a los daños ocasionados por una creciente súbita del río Chicamocha en el sector de Pescadero, jurisdicción de Aratoca. El paso permanece habilitado únicamente a un carril en el kilómetro 53, mientras avanzan las evaluaciones técnicas para atender la emergencia.El Instituto Nacional de Vías informó que la creciente agravó la pérdida de banca y comprometió parte de la calzada, razón por la cual se implementó un cierre parcial del corredor y se mantiene la restricción para el tránsito de vehículos articulados y camiones con un peso superior a las 50 toneladas. La circulación en la zona se realiza con apoyo de señalización, controladores de tránsito y monitoreo permanente.De manera paralela, Invías y la Alcaldía de Aratoca adelantan la evaluación de alternativas que permitan mejorar las condiciones de tránsito y garantizar la seguridad de los usuarios mientras se ejecutan las obras necesarias para estabilizar el sector afectado.El director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, aseguró que la entidad mantiene su compromiso con la atención de la emergencia y la conectividad del corredor vial. "Seguiremos respondiendo con hechos para mantener este corredor al servicio de los colombianos", manifestó.Para los vehículos con restricción de paso, el Instituto recomendó utilizar como rutas alternas el corredor Tunja – Duitama – Málaga – Pamplona – Bucaramanga y, para automotores hasta categoría C3, la vía Socorro – Zapatoca – Girón.La vía Bucaramanga–San Gil hace parte de la Troncal Central (Ruta Nacional 45A), uno de los principales corredores viales del oriente colombiano, utilizado para la conexión entre Bogotá, Santander y la Costa Caribe. Invías ejecuta una inversión cercana a 63.000 millones de pesos en labores de mantenimiento y atención de puntos críticos del corredor, donde actualmente mantiene seis frentes de trabajo activos para mejorar la infraestructura y garantizar la movilidad de los usuarios.
Un contundente golpe contra las estructuras dedicadas al microtráfico y al sicariato en Santander propinaron la Policía Nacional y la Fiscalía con la desarticulación de la banda delincuencial 'Los Macabros', organización señalada de intimidar a la comunidad mediante amenazas, extorsiones y homicidios para controlar el tráfico de estupefacientes en la provincia de Guanentá.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, informó que en desarrollo de la operación fueron capturadas 11 personas por orden judicial y se imputaron cargos a otros tres presuntos integrantes que actualmente permanecen recluidos en diferentes centros carcelarios del país.Según la investigación, el cabecilla de la organización era alias 'Xavier', quien, pese a estar privado de la libertad en la cárcel de Puerto Triunfo, continuaba dirigiendo las actividades criminales del grupo. De acuerdo con las autoridades, este hombre habría establecido alianzas con la estructura delincuencial trasnacional 'Los AK-47', con el propósito de expandir el control del narcotráfico, así como la comisión de extorsiones y homicidios selectivos en esta zona del departamento.La operación fue desarrollada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con la Fiscalía Cuarta Seccional de San Gil, mediante diez diligencias de registro y allanamiento realizadas en los barrios Villa Fonce, Coovib, San Martín, El Porvenir, Villa Prado y Marcela Campestre, en San Gil, además de procedimientos en Barrancabermeja y Bucaramanga.Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, homicidio, amenazas y extorsión.Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación es que la organización utilizaba el terror como mecanismo de intimidación. De acuerdo con el coronel Arévalo, “los integrantes de la banda enviaban a sus víctimas videos de extrema violencia, algunos grabados en otras regiones e incluso en otros países, en los que aparecían personas siendo descuartizadas, con el fin de obligar a expendedores locales a someterse a sus exigencias y consolidar el control del negocio del microtráfico”.Como resultado de la investigación, las autoridades lograron esclarecer cinco homicidios, cuatro casos de tentativa de homicidio y un hecho de extorsión ocurridos en la provincia de Guanentá. Además, durante los procedimientos fueron incautados seis teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense para fortalecer las investigaciones sobre la estructura criminal.Finalmente, el coronel Arévalo invitó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencias 123, la línea 165 del Gaula y la Línea Contra el Crimen 314 358 7212, al señalar que la información de la comunidad sigue siendo fundamental para combatir las organizaciones criminales en Santander.Con esta operación, ya son cerca de 80 personas capturadas por orden judicial en los últimos siete meses en cuatro grandes intervenciones adelantadas por la Policía en esta región del departamento, de las cuales cerca del 90 % permanecen con medida de aseguramiento.
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario y formuló pliego de cargos contra el concejal de San Gil, Mario Alberto Rueda Vásquez, del partido Nuevo Liberalismo, por presuntamente ausentarse de seis sesiones del Concejo Municipal durante 2024 sin presentar una justificación ante la mesa directiva de la corporación.De acuerdo con la investigación que adelanta la Procuraduría Provincial de San Gil, el cabildante habría dejado de asistir a las sesiones realizadas los días 11, 17, 18, 21, 22 y 24 de octubre de 2024, sin solicitar permiso ni allegar una excusa que respaldara su ausencia.El organismo de control busca establecer si con estas presuntas inasistencias el concejal incumplió las obligaciones inherentes a su cargo como servidor público y vulneró los deberes que le corresponden en el ejercicio de sus funciones dentro de la corporación.Como resultado de la evaluación preliminar de los hechos, la Procuraduría profirió pliego de cargos contra Rueda Vásquez y calificó de manera provisional la conducta investigada como una falta grave cometida a título de culpa grave.Con la apertura de esta etapa del proceso disciplinario, el concejal tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presentar las explicaciones y pruebas que considere pertinentes antes de que el Ministerio Público adopte una decisión de fondo sobre el caso.
La Policía de Santander informó sobre la captura de un hombre señalado de participar en un homicidio ocurrido en el municipio de San Gil, en medio de una disputa originada por el cobro de una deuda de 60.000 pesos.Según el reporte oficial, la detención se realizó el pasado 25 de mayo de 2026 en la vereda Puente, mediante una operación adelantada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y de Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería el presunto responsable de un homicidio registrado el pasado 3 de mayo en esa misma zona. Las autoridades establecieron que el hecho se habría desencadenado por una situación de intolerancia relacionada con el reclamo de un dinero prestado.La investigación señala que, ante la negativa de pagar la suma adeudada, el hoy capturado presuntamente atacó a la víctima con un arma cortopunzante, causándole heridas que le provocaron la muerte.El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente y deberá responder por el delito de homicidio.
La intervención, anunciada por la Alcaldía de San Gil, en Santander, y ejecutada por la Concesión Incivías, busca realizar labores de mantenimiento en las juntas del puente para garantizar su adecuado funcionamiento y prolongar la vida útil de la infraestructura.La importancia de estas obras radica en que el puente Rojas Pinilla hace parte de la Ruta Nacional 45A, corredor por el que diariamente se movilizan cientos de vehículos particulares, buses intermunicipales y tractocamiones que transportan mercancías entre el centro del país y el nororiente colombiano.A partir de este lunes 1 de junio se retomarán los trabajos de mantenimiento en el puente Rojas Pinilla de San Gil, una estructura estratégica para la movilidad de Santander y uno de los principales puntos de conexión entre Bogotá, Bucaramanga y el sur del departamento.De acuerdo con el cronograma establecido, los trabajos se desarrollarán durante aproximadamente dos semanas en horario nocturno, entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. En ese periodo el tránsito estará habilitado únicamente por un carril, por lo que se prevén reducciones en la velocidad de circulación y posibles tiempos de espera para los conductores.Para minimizar las afectaciones a la movilidad, durante el día serán instaladas plataformas metálicas que permitirán mantener habilitados ambos carriles mientras avanzan las labores de mantenimiento.Las autoridades indicaron que la medida contará con el acompañamiento permanente de personal regulador de tránsito, encargado de coordinar el paso de vehículos y evitar congestiones en uno de los corredores viales más importantes del departamento.El puente Rojas Pinilla no solo comunica a San Gil con la vía hacia Bogotá, sino que también es fundamental para la conexión de municipios de las provincias Guanentá y Comunera con Bucaramanga y otras regiones del país. Por esta razón, cualquier intervención sobre la estructura tiene un impacto directo en la movilidad regional y en el transporte de carga.La administración municipal recomendó a conductores y transportadores atender la señalización instalada en el sector, programar sus recorridos con anticipación y seguir las instrucciones de las autoridades de tránsito mientras se desarrollan las obras.Finalmente, la Alcaldía agradeció la comprensión de la comunidad y destacó que estos trabajos son necesarios para garantizar la seguridad vial y el buen estado de una infraestructura considerada clave para la conectividad de Santander.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.